Follari: “Muchos intelectuales rechazan al neopopulismo por una cuestión de piel, por un habitus de clase”

Roberto Follari es Doctor y Licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de San Luis y está presentando su último libro: “La alternativa neopopulista. El reto latinoamericano al republicanismo liberal”. Profesor titular de Epistemología de las Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales).

También ha sido director de la Maestría en Docencia Universitaria de la Universidad de la Patagonia. Es autor de 14 libros publicados en diversos países, y de unos 150 artículos en revistas especializadas en Filosofía, Educación y Ciencias Sociales.

¿Qué aporta la Universidad a los procesos “neopopulistas” que están teniendo lugar en Latinoamérica?

Desde la universidad se han logrado apoyos importantes a los procesos concretos que están en curso en Latinoamérica, de parte de alumnos, administrativos y docentes. También se ha discutido considerablemente sobre estos procesos, por vía de conferencias, mesas redondas y otras actividades.

Sin embargo, el rechazo de la derecha liberal y de la izquierda situada en marxismos cerrados, tiene un peso importante (tanto en Argentina, como en Venezuela y Ecuador). Por cierto que la base teórica de los movimientos neopopulistas ha sido escasamente pensada; la compatibilidad entre marxismo y neopopulismo que personalmente postulo (en tanto no son teorías excluyentes, pues una refiere a lo social en su conjunto y la otra a lo exclusivamente político) funciona de hecho para muchos intelectuales y militantes, pero no ha sido conceptualmente desarrollada. Y ésa es una tarea que correspondería a los universitarios.

¿Cómo evalúa la intervención de los intelectuales?

Esta respuesta se superpone considerablemente con la anterior, en tanto los intelectuales trabajan mayoritariamente en las universidades, dentro de Latinoamérica.

Muchos de esos intelectuales rechazan al neopopulismo por una cuestión de piel, por un habitus de clase. Hablar mal de Moyano y en él condensar -y condenar- a todos “los de abajo”, rechazar las reformas sociales desde la radicalidad de teorías sin práctica concurrente, es algo que muchos intelectuales argentinos realizan de manera constante.

Una considerable cantidad de intelectuales jamás han hecho alguna práctica política; desconocen sus complejidades, la necesidad de estrategias, compromisos, esperas y alianzas. Desde la abstracción de un platónico ideal juzgan los hechos concretos, los cuales están siempre manchados por el barro de la realidad y sus contradicciones; y, por ello, rechazan siempre lo real en nombre de esa abstracción “perfecta”.

Por ello es que puede plantearse el “teorema del apoyo político”, según el cual se apoya a un proceso político cuanto menos se lo conozca, es decir, cuanto más lejos esté. El apoyo a los procesos políticos es, bajo circunstancias similares, proporcional al cuadrado de la distancia respecto de los mismos. Por eso el consabido apoyo a Chávez , desde Argentina, por parte de muchos que a la vez rechazan a los Kirchner; pero si vivieran en Venezuela, serían kirchneristas y antichavistas. En cualquier caso se trata de apoyar lo que se desconoce y por ello se llena con ideas e ilusiones, y descartar lo que se conoce, respecto de lo cual existe información que muestra sus avances, pero también sus contradicciones inherentes. Por ello se prefiere siempre lo lejano, arropado en idealizaciones de todo tipo.

¿Qué relación debería haber, según su juicio, entre los planes de estudio de las carreras universitarias y la demanda de profesional del mercado?

No puede simplemente reproducirse la demanda del mercado; ello sería someter la universidad a las condiciones de una economía que no es racional, en tanto desplanificada. Pero a contrario sensu, no cabe suponer que se trata solamente de responder a lo que el mercado pida.

Hay que formar en pensamiento crítico, algo que el mercado no suele valorar. Hay que formar en competencias que vayan más allá de lo que el mercado pide hoy, dado que con el tiempo cambiarán los requerimientos y los egresados debieran saber adaptarse a las nuevas exigencias.

Pero por cierto que sería absurdo “formar para la desocupación”. Desde este punto de vista las universidades deben formar profesionales para prácticas alternativas y emergentes de las profesiones, pero deben también formar en las habilidades requeridas por sus prácticas hegemónicas, pues son aquellas que permiten la posibilidad de empleo a corto plazo, lo cual es decisivo como demanda de los estudiantes.

¿Cuáles son los efectos más notorios que ha dejado en la región el monopolio y la concentración de medios de comunicación por parte de algunas pocas empresas?

Nos toca asistir a la campaña de medios privados más perversa e incisiva que se registre en la historia contemporánea de la región. La concentración de medios no sólo impide una sana variedad de programas y puntos de vista en todas las áreas del entretenimiento y la cultura, sino que monopoliza la palabra en torno de lo político, de modo que empresarios que nadie votó, se permiten juzgar y atacar insidiosamente a las autoridades que han sido elegidas legítimamente por millones de personas.

El derecho de unos pocos empresarios a emitir (mal llamado “libertad de prensa”) tiene por delante un derecho mucho más decisivo y generalizado, pues abarca a mucha más población. Es el “derecho a la recepción de versiones variadas”, que se une al unánime “derecho a la emisión de opinión” (ya no el de unos pocos). Ambos son dejados de lado por los oligopolios y monopolios mediáticos, los que en nombre de poder hablar son los únicos que hablan, y así condenan al silencio a millones de personas, gracias al hecho de detentar el poder económico-empresarial de dirigir empresas mediáticas.

Esos derechos sociales a la emisión generalizada y a la recepción variada, debieran ser garantizados por organismos públicos constituidos desde la sociedad civil (intelectuales, agentes de medios comunitarios, políticos prestigiosos), que tuvieran potestad para hacer observancia sobre los medios privados, a fin de evaluar si éstos cumplen con la función pública que les corresponde; pues que su propiedad sea privada no significa que no hagan una función pública, que como tal debiera ser regulada para responder a los principios que he expuesto más arriba.