«Profundizar las transformaciones en las universidades nacionales», por Federico Montero
Frente a las visiones tecnocráticas siempre preocupadas por asuntos tales como el gerenciamiento, o las pretensiones de una política “pura”, quienes militamos en el campo gremial sabemos desde siempre que las condiciones de trabajo son cuestiones eminentemente políticas. Así se ve en el caso del debate de los docentes universitarios con los rectores para acordar por primera vez un Convenio Colectivo para uno de los pocos sectores del trabajo en la Argentina que -tras 30 años de recuperada la democracia y 10 años de paritarias- aún no cuenta con un piso mínimo de derechos exigibles.
Esta articulación entre la agenda gremial y la agenda política está presente en un entramado de conflictos que se vivieron en las universidades en los últimos años. A pesar de que las demandas de “democratización” se orienten en general al sistema de gobierno, el trasfondo generalmente es la persistencia de distintas formas de flexibilización, arbitrariedad e informalidad en el trabajo de los universitarios, a contramano de la tendencia a la democratización y ampliación de derechos que se puso en marcha en nuestro país desde 2003. Una situación que se justifica en una llamativa interpretación de la autonomía universitaria según la cual universidades como la UBA son parte del estado para recibir los fondos públicos pero no para cumplir con las leyes que protegen los derechos de los docentes.
En La Rioja, la rueda se puso en marcha por una “cuestión sindical”. La cesantía de un grupo de docentes de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) generó una imprevista reacción en la comunidad académica.En septiembre de 2013, las primeras movilizaciones de estudiantes y docentes a la Plaza 25 de mayo, pusieron en el centro geográfico y político de la provincia el tema de la democracia en una universidad gobernada durante más de 20 años por un régimen político conocido como el “tellismo”, nombre que se deriva de Tello Roldán, ex rector y mandamás.
La historia que sigue excede largamente estas líneas y merece ser contada por sus protagonistas. La toma de la universidad y el rectorado, la conformación de una asamblea que reemplazó a las autoridades y las crecientes movilizaciones, que llegaron a convocar a 40 mil personas, precipitaron la renuncia de las autoridades y la elección de un gobierno provisorio que aún tiene como tarea un programa de cambios para institucionalizar un régimen democrático en la UNLaR.
En ese escenario, de final aún abierto, el modelo sindical de los docentes también entró en crisis. Razones no faltaron, entre la persecución y la asimilación al régimen, los docentes cobraban 7 u 8 meses por año, en vez de los 13 sueldos que establece la ley (uno por mes y el aguinaldo). En los últimos meses, un grupo de docentes viene sosteniendo que la organización gremial y política es un capítulo imprescindible del proceso de democratización, no sólo para garantizar que el gobierno provisorio cumpla con la reforma de los estatutos, sino para poder avanzar en los grandes desafíos que se abren para discutir un modelo de universidad abierta a las necesidades de la comunidad riojana. Ante la ausencia de organizaciones de base legitimadas para representar a los docentes, la CONADU trabaja en asambleas y cuerpo de delegados en la apertura de las paritarias como herramienta clave del nuevo escenario político.
La crisis de la UNLAR pone de manifiesto que, a pesar de los grandes avances logrados en estos años en materia presupuestaria, salarial y de ampliación del sistema universitario a partir de la paritaria con el gobierno nacional, aún resta un debate profundo con los rectores sobre las transformaciones pendientes dentro de las universidades públicas.
Hacer click sobre la nota para agrandar la imagen
