El martes 21 de febrero Yamile Socolovsky, Secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU y Secretaria de Formación de CTA Nacional, participó de un segundo encuentro para debatir sobre la construcción de herramientas desde las organizaciones sindicales para enfrentar la problemática de la violencia de género. En principio se hizo un repaso del debate de la primera jornada del 31 de enero, recordando los principales acuerdos a los que se había llegado, así como los puntos centrales a debatir.

Este material intentará aportar un marco de análisis a partir del cual se encare discusión de la recomposición salarial para el periodo enero-diciembre de 2017. Este es un documento en el que sólo se analiza el poder adquisitivo del salario para el periodo noviembre 2015-diciembre de 2016. Esta decisión se basa en que la última etapa de recomposición salarial del año 2015 fue en noviembre, por lo cual es necesario evaluar la evolución del poder adquisitivo respecto de este mes de referencia.

En virtud de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores docentes durante el 2016, a causa del incumplimiento por parte del gobierno de la cláusula de monitoreo de inflación que requería una recomposición salarial, y de las previsiones inflacionarias para 2017, la federación resolvió plantear la exigencia de un aumento salarial del 35%.

“Hemos acordado adherir al paro del 8M y convocar a los sindicatos de base de Conadu presentes en cada universidad del país a realizar acciones de visibilización sobre la problemática de la violencia contra las mujeres y las condiciones de trabajo de las mujeres y sumarnos a las movilizaciones que se realicen en cada ciudad. Y por supuesto, a la marcha a la Plaza de Mayo. También lanzaremos una campaña gráfica”, precisó a este diario Yamile Socolovsky, secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) presentó una acción de amparo que solicita la nulidad del decreto 54/2017 que modificó el régimen de Riesgos de Trabajo (ART). Entre otros ejes, la medida lesiona el derecho de acceso a la jurisdicción y a la integridad psicofísica de todos los trabajadores docentes universitarios del país.