Ley de Educación Superior: Nueva jornada organizada por el IEC-CONADU
El Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) – CONADU dio inicio al Ciclo de Debates: LA UNIVERSIDAD PÚBLICA: POLÍTICAS DE ESTADO PARA UNA TRANSFORMACIÓN NECESARIA. Hacia una nueva Ley de Educación Superior, con la 1º JORNADA: UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN y POLÍTICAS DE ESTADO que contó con la presencia de los panelistas Abraham Gak (Director del Plan Fénix), Blanca Osuna (Presidenta de la Comisión de Educación del Senado de la Nación), Carlos De Feo (Secretario General CONADU) y fue moderada por la Coordinadora del IEC Yamile Socolovsky en la Facultad de Ingeniería (UBA).
En la 1° Jornada, Yamile Socolovsky abrió el ciclo de paneles que inician el debate sobre las políticas universitarias y el rol de Estado en función de la sanción de la futura Ley de Educación Superior (LES).
Allí, la Coordinadora del IEC planteó la necesidad de implementar transformaciones pensadas como políticas de estado a partir de los requerimientos sociales del país y la región que demandan la participación de todos los actores al concebir la Educación Superior como bien público.
Carlos De Feo, destacó que hay que enmarcar la LES en el contexto latinoamericano caracterizado por los procesos de cambio iniciados en el 2001 con nuevos mandatarios en los países de la región que modificaron el rumbo de las políticas neoliberales generando otra relación entre la Universidad y el Estado aún en disputa.
Mientras en la década del ’90 se consideró a la Universidad como autárquica, autónoma, es decir, por fuera del Estado, actualmente CONADU la recupera como institución estatal. Esto lleva a discutir, por un lado, las políticas de Estado y, por el otro, la intervención de la Universidad en dichas políticas, según De Feo.
«La Universidad tiene la obligación de intervenir como institución en el debate por la disputa del rol y el rumbo del Estado», sentenció De Feo. A la vez que planteó la necesidad de que exista una estructura estatal por encima del CIN que permita definir las políticas de Estado hacia la Universidad.
Luego problematizó tres cuestiones pertinentes al debate en torno a la Universidad, como son la autonomía, el rol docente y los criterios de evaluación y acreditación.
En cuanto a la autonomía, El Secretario General de CONADU planteó que existen dos niveles: uno vinculado a las formas de organización y a la estructura académica de la Universidad; otro, relacionado con las políticas de Estado; nivel en el que la LES tiene que avanzar ya que la Universidad no puede quedar por fuera de ellas.
A su vez, la implementación de políticas de Estado claras contribuyen transparentar los criterios de evaluación y acreditación, así como el modo de financiamiento de la Universidad. Si bien De Feo instó al avance en las formas de evaluación y acreditación resaltó que «de no existir la CONEAU tendríamos 80 universidades privadas».
Por último, destacó que para avanzar en la democratización es necesaria la presencia activa de los docentes con el fin de integrar en las políticas de la Universidad y en el cogobierno a todos los actores ya que no sólo con el voto directo logramos más participación, y, en este sentido saludó la iniciativa del Congreso que se esfuerza por incorporar a los universitarios en la discusión en torno a la LES.
Por su parte, Blanca Osuna, destacó que si bien desde el Congreso promulgaron en los últimos dos años leyes que modificaron la ingeniería educativa del país, aún falta la LES que generó diferentes debates y ámbitos de encuentro con sectores pertenecientes a la Universidad y por fuera de ella.
Asimismo, destacó que el sentido de la LES es formular una definición de la educación como bien público en tanto derecho humano del que el Estado es responsable. Osuna aseguró que «podemos discutir sobre cuestiones operativas pero hay un contexto que forma parte de todos los procesos políticos de diversos actores».
Dicho contexto propicia debates que no terminarán planteados en el propio texto de la Ley pero si alimentarán a las políticas educativas para que el derecho a la educación se cumpla como servicio del Estado, según Osuna.
En este sentido, aclaró que una mayor partida presupuestaria no resuelve todos los problemas de la Universidad y que hoy «tenemos en mano la oportunidad de generar debates que, una vez sancionada la Ley, superen su texto y empujen su aplicación junto a políticas colaterales».
A su turno, Abraham Gak expresó que esta Ley redondearía el proceso de cambio ya que la descentralización del sistema educativo permitió la existencia de una Argentina de primera, una de segunda y una de tercera.
Para Gak es importante modificar la Ley porque la experiencia que marca la discusión ayudará a ver en qué medida las universidades públicas asumirán un compromiso en el proceso de cambio del país.
La tarea de la Universidad es, centralmente, la formación de recursos humanos y hoy queda en segundo plano la investigación; pero la LES tiene que modificar esta situación para crear conocimiento endógeno. El país debe financiar investigaciones para el desarrollo científico y tecnológico, opinó Gak.
Con respecto a la tarea de los diputados y senadores sobre la LES, si bien Gak se mostró asombrado por los avances, admitió que no sabe cómo van a conciliar las propuestas de los 9 proyectos existentes y aseguró que le preocupa que el tema no este socialmente instalado.
Además, planteó que en los proyectos hay consensos que permiten por un lado, la evaluación privada, por el otro, la evaluación mixta y en tercer lugar, un único sistema de evaluación externo oficial.
Si bien considera que el Estado es el único que debe evaluar, le preocupa que en los proyectos no cobre relevancia el tema de la evaluación interna, ya que sólo ella es motivadora de cambios. Así, según Gak, la evaluación externa debería basarse en la que realizan las propias universidades.
Para Gak la educación superior universitaria pública debe ser financiada por el Estado pero no concibe que suceda lo mismo con la educación superior privada, ya que debe buscar sus propios recursos.
A la vez que planteó la necesidad de preparar las condiciones para la demanda de acceso de los sectores pobres que deben ingresar a la Universidad porque si sólo acceden los ricos replican el sistema de injusticia que se expresa, por ejemplo, en el sistema actual de becas que examina a los sectores vulnerables mientras el rico no debe preocuparse.
Secretaría de Prensa FEDUBA-CONADU
