“La educación es un derecho y como tal es nuestra obligación política garantizar el efectivo ejercicio de este derecho”


Ariel Gordon, politólogo de la UBA y docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y del Centro Redes, habló en “CONADU en el medio” a partir de la nota que publicó refutando afirmaciones de Alieto Guadagni sobre el acceso y la gratuidad del sistema universitario argentino en comparación con el chileno.

Ariel Gordon (AG): Creo que los dichos de Alieto Guadagni son una provocación, a la luz de la discusión que están teniendo en Chile a raíz del acceso a la educación superior. En realidad, marco dos cuestiones: la cuestión del acceso y de la gratuidad. El principal problema es que Guadagni comete una falacia porque presenta datos sobre los problemas que tenemos de deserción y de retención dentro de la propia universidad. Nuestro sistema tiene un alto nivel de acceso, pero es cierto que tenemos problemas de deserción, es decir una baja tasa de graduación. Guadagni la falacia que comete es presentar a esto como un indicador de lo costoso de la universidad pública argentina, haciendo la operación de dividir el costo de la educación superior universitaria por sus productos, como si los graduados fueran su único producto, cuando la universidad produce también investigación, realiza tareas de extensión. etc. Además, considerando que el paso por la universidad también forma no solo académicamente o profesionalmente, sino ciudadanamente. Incluso en aquellos casos donde no se logra obtener el título.

– Cristina Pauli (CP): Además, hay carreras que no llegan a graduarse por la demanda laboral, como es el caso de informática por ejemplo.

AG: Exacto. Las realidades son muy diversas. Uno de los problemas en las carreras de informática es que tienen tal nivel de demanda que los pibes abandonan la carrera por las distintas ofertas laborales. Pero además creo que tenemos que complejizar la discusión. O sea, es muy importante atacar el tema de la graduación, pero hacer de esto un caballito de batalla para el arancelamiento de los estudios superiores me parece gravísimo en términos políticos, pero además es falso en términos técnicos. Porque Guadagni presenta, por ejemplo, las bajas tasas de graduación de distintas universidades nacionales, menciona la Universidad del Nordeste y de Salta, y no es casualidad que estas universidades atiendan a poblaciones de bajos recursos. Entonces, en vez de plantear la necesidad de diseñar distintos instrumentos, mecanismos económicos para favorecer la permanencia en la universidad y la graduación de los sectores de menores ingresos, plantea el arancelamiento de los sectores de mayores ingresos de esa universidad para compensar las bajas tasas de graduación. Esto es una falacia.

– CP: Guadagni plantea que en nuestras universidades los sectores populares no se gradúan mucho. Y en cambio en Chile, a pesar del sistema rentado, un 17% de los estudiantes matriculados son de sectores económicos bajos.

AG: En Chile hay algunos programas de becas para los sectores de menores recursos que tienen un alcance limitado. Pero los sectores de clase media-baja y clase media-media no pueden acceder a estos esquemas de arancelamiento. Igual, creo que se están mezclando las discusiones: sin duda tenemos que buscar más y mejores mecanismos para favorecer el ingreso y la permanencia en la universidad de los sectores de menores recursos. Porque, además, tiene que ver con cómo evaluamos. Por ejemplo, nosotros evaluamos el paso por el sistema educativo de un graduado del Nacional Buenos Aires que luego hace su licenciatura en la Universidad de Buenos Aires y se doctora. Ese es un indicador del éxito de nuestro sistema. En cambio, ¿cómo evaluamos el paso del hijo de una familia obrera que accede con muchas dificultades a la universidad y que en el mejor de los casos logra graduarse no en los tiempos estipulados y en otros casos abandona? Esto es analizado como un fracaso y no es así. Tiene que ver con el capital cultural con el que accede cada uno de estos dos sujetos a la universidad y qué mecanismos le da la universidad para poder favorecer su desempeño en el tránsito por la universidad. Y, como decía antes, es formativo en un montón de aspectos: cambia la perspectiva de las personas en términos políticos, ciudadanos, académicos. Entonces, reducir la evaluación del desempeño universitario a la tasa de graduación y, además, presentarlo como un indicador de lo costoso que es nuestro sistema es sencillamente una falacia. Es sacar una conclusión errónea de argumentos que no apuntan a esta cuestión.

Federico Montero (FM): Me parece importante destacar que los argumentos que se construyen a favor del arancelamiento toman como base problemas que son temas a resolver, pero la trampa está en que la solución que proponen difícilmente permitirían resolver estas cuestiones, sino que en el caso argentino contribuirían a empeorarlas. Y además, se construye una comparación con un sistema totalmente diferente. Entonces, por un lado es importante difundir y desmitificar las afirmaciones de Guadagni, pero también, como actores de la universidad, nos cabe hacernos cargo de que efectivamente el sistema universitario en Argentina necesita de ciertas reformas, que esos problemas son indicadores que hay que resolver e intervenir en función de otras alternativas para que esto se mejore.

AG: Estoy absolutamente de acuerdo. Una cuestión es defender a la universidad pública frente a este tipo de cuestionamientos, pero como actores sociales y políticos que estamos comprometidos con la universidad pública nuestra obligación es ser críticos y exigirnos cada vez más. Entonces, el tema de la baja tasa de graduación de los sectores de menores ingresos y la dificultad en el acceso es sin duda un problema que tenemos que atacar. Entonces, la discusión pasa por ahí: cómo ampliar el acceso para los sectores de menores recursos y cómo asegurar dar las herramientas para potenciar ese tránsito por la universidad y lograr el título. Pero eso supone una discusión de medidas, pero no utilizarlo como argumento para promover el arancelamiento, porque es políticamente gravísimo y técnicamente incorrecto.

FM: En todo caso ahí creo que tendríamos que plantearnos cómo hacemos para garantizar que la educación superior como derecho efectivamente se cumpla para un número creciente de ciudadanos en nuestros país. Pero si lo cambiamos de paradigma y lo llevamos al tema de servicios va a pasar como en los noventa, cuando los teléfonos andaban mal y la solución era privatizarlos. Sabemos cómo terminó ese paradigma en relación a cambiar el acceso a determinados bienes culturales desde la perspectiva de los derechos y reemplazarlos por la perspectiva de los servicios…

AG: Totalmente de acuerdo. Creo que analizar a la educación simplemente como un problema de mercado imperfecto y proponer instrumentos para la solución desde una perspectiva neoclásica, como propone Guadagni, es muy grave. La educación es un derecho y como tal es nuestra obligación política garantizar el efectivo ejercicio de este derecho. Y creo que, en ese sentido, estamos en un momento único. Una vez superadas montones de urgencias, a partir de la ampliación del presupuesto universitario y de ciencia y tecnológica, sin dudas tenemos mucho más camino que recorrer y mejorar las condiciones, pero creo que es un indicador de madurez que podamos estar dando estas discusiones y avanzando y corriendo la agenda y exigiendo cada vez más. Y en ese sentido, también me parece necesario que discutamos algunos tabúes en política universitaria. Por ejemplo, cómo orientamos la currícula, cuáles son las carreras que estamos formando, con qué sentido, para qué modelo de país. Me parece que discutir estas cuestiones es sano y un indicador del momento.

 

Ver nota “La universidad argentina no es más inclusiva que la chilena”