Ahora en Córdoba se estudiará sin arancel

Así lo resolvió el Consejo Superior de esa Universidad Nacional. Con la medida, se pone fin a un esquema de arancelamiento cuyo fin era el de financiar las “actividades paraeducativas” vinculadas al funcionamiento administrativo y que históricamente fueron financiadas por el estado nacional. En su lugar habrá una “contribución voluntaria” en la que podrán participar docentes, alumnos, graduados, personal de apoyo y personas físicas.

Esta semana, y luego de un intenso debate, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba decidió derogar la polémica ordenanza 5/90 que fuera aprobada en el año 1990 y cuyo objetivo era el de fijar una “contribución estudiantil” para  recaudar dinero aportado por los alumnos para solventar gastos varios y becas para estudiantes. De este modo, con 27 votos a favor, tres abstenciones y tres en contra, se pone fin a un esquema de “arancelamiento” fuertemente cuestionado por distintos sectores de esa universidad que impedía a los alumnos estudiar, rendir o inscribirse en las materias o matricularse, si no pagaban. En su reemplazo, la UNC, creó un Sistema de Aportes Voluntarios y Solidarios que ratifica que el Estado es el responsable de financiar la educación pública.

La iniciativa, nacida en tiempos de Menem y en momentos en los que Francisco Delich estaba al frente del rectorado, fue diseñada para recaudar dinero y destinarlo a “actividades paraeducativas”, como por ejemplo la cobertura de gastos de limpieza o papelería administrativa que históricamente solventó el Estado.

Con el nuevo esquema se deja atrás un mecanismo que generaba ingresos que directamente iban a las arcas de cada una de las facultades, para sustituirlo por uno nuevo que implica que un alumno, docente, graduado, personal de apoyo y personas físicas aporten voluntariamente y elijan el destino de esos fondos. Para ello habrá una serie de opciones que ya no serán las “actividades paraeducativas”, sino las unidades académicas de origen, el Programa de Asistencia Social Solidaria, que brinda cobertura médica primaria a los estudiantes sin mutual, o el Fondo Único de Becas.

Con la vieja 5/90, los fondos surgidos a través de la contribución estudiantil –alrededor de seis millones de pesos anuales– eran direccionados a gastos de funcionamiento de las facultades: limpieza, mantenimiento, seguridad e insumos, movilidad para trabajos prácticos, servicios de apoyo psicopedagógico y equipamiento, entre otros. Con la nueva ordenanza en funcionamiento, el dinero destinado a cubrir esos gastos será contemplado por el presupuesto que se le asigna a cada unidad académica, proveniente de los recursos que gira el gobierno nacional.

CONADU saluda este nuevo avance en la recuperación de las legítimas reivindicaciones de los estudiantes y en la profundización democrática de esa universidad nacional y destaca el compromiso asumido por las autoridades de esa casa de altos estudios, pues cumplen con el compromiso asumido por su rectora, Carolina Scotto, quien había asegurado durante su reelección su decisión de avanzar en la “derogación” del arancel.