Si el gobierno no abre las paritarias, habrá conflicto en las universidades nacionales
Buenos Aires, 19 de febrero de 2016.- La CONADU resolvió ayer en su Plenario de Secretarios Generales exigir la inmediata reapertura de las paritarias y marchar el 24 de febrero a Plaza de Mayo junto con la CTA de los Trabajadores que conduce Hugo Yasky. Además, reclamar un aumento de, al menos, el 40% en los haberes e incluir una cláusula de revisión de acuerdos que garantice una nueva discusión a comienzos del segundo semestre, ante la incertidumbre de la escalada inflacionaria.
“Es necesario que las autoridades del gobierno nacional y los rectores entiendan que debemos comenzar a la brevedad el proceso de la paritaria salarial. El deterioro de los ingresos es importante, como se refleja en innumerables discusiones públicas de nuestro país, a raíz de los aumentos de precios producidos tras la devaluación”, explicó Pedro Sanllorenti, Secretario General.
Por su parte, la Secretaria Adjunta Verónica Bethencourt se explayó sobre otro de los ejes de discusión: “Queremos expresar una profunda preocupación por la campaña de estigmatización que está llevando a cabo el gobierno Nacional y algunos sectores de prensa contra el conjunto de Universidades del conurbano bonaerense, al menospreciar su gran aporte en la garantía del derecho a la educación superior de sectores postergados de la población. Y, en esta línea, la supresión de una enorme cantidad de convenios de distintas áreas del Estado Nacional por medio del Decreto 336”.
Con la presencia de 23 asociaciones de base en su sede de Buenos Aires, durante el Plenario se analizó también la situación político sindical actual: “Vivimos un nuevo embate de las políticas de neto corte neoliberal, que significan que el rumbo que adquiere el Estado garantiza una enorme transferencia de capital de los sectores de menores recursos a los grupos económicos concentrados e internacionales que operan en el país. Además, y a través de la ola de despidos, suba de precios, y criminalización de la protesta social, comienza a generar las bases para seguir debilitando a la clase trabajadora”, manifestaron entre las resoluciones.
Finalmente, se repudió el nuevo Protocolo para las Protestas emitido por el Ministerio de Seguridad que amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar las manifestaciones.
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