Yamile Socolovsky en la OIT: «No podemos hablar del futuro del trabajo sin discutir un presente en el que los derechos fundamentales son avasallados por el poder del capital»
Compartimos la intervención de Yamile Socolovsky, Secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU, en el plenario de la 108º Conferencia de la OIT en representación de la Internacional de la Educación.
«A 100 años de la creación del organismo que se propuso promover el desarrollo de sociedades democráticas centradas en el principio de la justicia social favoreciendo la resolución concertada de los conflictos derivados de la contradicción entre el capital y el trabajo, no es posible ignorar que el mundo no está en paz.
La creciente desigualdad en y entre países y regiones, con la exclusión de millones de personas del acceso a mínimos niveles de bienestar; la destrucción del medio ambiente por la voracidad inmediatista del mercado; el desplazamiento forzado de personas con el desarrollo de modernas formas de esclavitud junto a antiguas prácticas de explotación; la exacerbación del racismo, la xenofobia, la violencia de género; la expansión de un dispositivo ideológico de captura autoritaria de la democracia, hablan de una situación en la que los consensos normativos internacionales que pudieron lograrse en una etapa se ven desafiados por la brutalidad de un poder que no admite someterse a la regulación del derecho.
En este contexto, la discusión sobre el futuro del trabajo exige una reflexión sobre un presente en el que es urgente intervenir, si queremos direccionar las transformaciones actuales hacia el logro de la igual dignidad y libertad de las personas.
La educación tiene un rol decisivo en este proceso. El informe de OIT sobre el Futuro del Trabajo enfatiza la importancia del aprendizaje a lo largo de toda la vida y del logro de las competencias requeridas por la transformación del mundo del trabajo. Pero en tanto el desafío sea lograr que los cambios que el desarrollo tecnológico hace posibles mejoren la vida de la humanidad, ese rol no puede reducirse al entrenamiento adaptativo y la adquisición de capacidades instrumentales para el trabajo. La educación pública es fundamental en el desarrollo de la democracia en cuanto contribuye a la formación integral de una ciudadanía informada, solidaria, crítica, creativa y comprometida con el valor de los derechos humanos y la justicia social.
Como Federación sindical mundial que representa a más de 30 millones de docentes, personal de apoyo educativo, investigadoras e investigadores, subrayamos que no es posible asegurar una educación de calidad para todas y todos si no se garantizan condiciones adecuadas para el ejercicio de nuestra tarea. Sin embargo, la actualidad del trabajo es, también en el sector educativo, alarmante.
La precarización del trabajo educativo avanza aceleradamente, mientras se intensifica la tendencia global a la privatización y la mercantilización de la educación y el conocimiento. El reporte del CEART confirma este panorama: un pobre reconocimiento material y simbólico de la tarea educativa, la incidencia creciente de actores privados transnacionales con fines de lucro en el diseño de las políticas educativas de los Estados, la proliferación de formas de contratación inseguras, la falta de condiciones para el desarrollo profesional, una fuerte presión para adaptar la enseñanza a las exigencias de la empleabilidad y la imposición de evaluaciones estandarizadas que valoran el aprendizaje y la investigación por sus resultados cuantificables. En algunos países, la ausencia de libertad sindical y el bloqueo de la negociación colectiva, muchas veces en el marco de graves situaciones de persecución a las organizaciones y sus dirigentes, perpetúan estas condiciones y atentan contra los derechos humanos y la democracia.
Mientras el presente del trabajo proyecta sombras sobre el futuro, es la potencia de la organización y la voz colectiva de las y los trabajadores la que trae esperanzas. Los sindicatos educativos reafirmamos nuestro compromiso en la lucha por asegurar la educación pública como un derecho humano fundamental y como un factor determinante en la construcción de sociedades democráticas, con igualdad, libertad y justicia social».
