UBA: CONADU intervino en la I Jornada de Salud Mental, Política y DD.HH.
Carlos De Feo, Secretario General de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) participó de una de las mesas de la I Jornada de Salud Mental, Política y Derechos Humanos, que se realizó en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. También participaron el Profesor Consulto de la UBA, Enrique Saforcada y Mariano Recalde, doctor en derecho de la UBA y Presidente de Aerolíneas Argentinas, entre otros especialistas en la materia.
La Federación participó, junto a FEDUBA -Gremio de base de CONADU en la UBA- de la organización de las jornadas en conjunto con la Cátedra I de Salud Pública y Salud Mental, el Programa de Extensión Derechos Humanos y Alternativas a la Privación de la Libertad de la misma facultad, y la agrupación La Cámpora. La apertura fue una mesa sobre Política y Salud; y en el cierre presentaron la Ley Nacional de Salud Mental.
El mercado de la enfermedad
En el primer panel,sobre Política y Sociedad, Enrique Saforcada se lamentó de que la salud no haya entrado en la agenda política «de profundas transformaciones de los gobiernos de América Latina». «La excepción es Uruguay, donde se esta realizando un trabajo espectacular», dijo.
«Cuando hablamos de salud pública, tenemos que considerar la enfermedad pública: es aquella que pudiendo ser evitada, no es evitada. De ahí que la condición de salud de la población debe partir de estos dos componentes. La enfermedad pública es un grave problema que insume gran cantidad de gastos y dificultades para nuestro país, por ejemplo», analizó el profesor consulto de la UBA.
«A nivel internacional, la OMS, que se organiza después que la OPS, se ha mostrado muchas veces como cómplice de los grandes negociados de la salud pública, como fue el reciente caso de la gripe porcina, en la que anunciaron el fin de la «pandemia»con sólo 368 muertos sobre 7 mil millones de habitantes en el mundo. Pero no han dicho nada sobre los agroquímicos vinculados al agronegocio, como ha probado Andres Carrasco, que el Glisfosato produce serias deformaciones fetales», describió. Según Saforcada, «queda claro que estos organismos internacionales no están trabajando por el bien de la humanidad: por eso no podemos aceptar las cosas que bajan de la OMS como si fueran inocentes o neutrales».
En ese contexto, cabe revisar también el rol de la formación profesional, en el que «Las universidades tienen la gran responsabilidad de promover la salud publica y no profesionales de la enfermedad para instituciones privadas», dijo. Porque el problema es bien complejo: «Para analizar la situación de la salud pública no alcanza con analizar los servicios de salud, sino que es necesario tener una visión abarcadora del problema, que incluya los poderes del estado, la población y su nivel de desarrollo salubrista -que en nuestro país es muy bajo- y también el complejo industrial profesional corporativo (grandes multinacionales químico farmacéuticas que se integran con el poder profesional corporativo, que se lleva la menor parte de la tajada) y su vinculación con el capital financiero. La interacción de este conjunto de componentes determina la configuración, alcance y funcionamiento del mercado de la enfermedad» en nuestra sociedad.
«Para ello hay que cuestionar ideas centrales: la idea de desarrollo o crecimiento ilimitado, así como las trampas ideologice-técnicas basadas en el avance de la ciencia per se», concluyó Saforcada.
Función Social de la Universidad
En el segundo panel, sobre la Función Social de la Universidad, junto a Carlos De Feo y Mariano Reclade, expuso sus puntos de vista Laura Alonso, directora del Programa de Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación. «Este modelo puso como protagonistas y en el centro de la escena a los trabajadores, recuperando 5 millones de puestos de trabajo», dijo en referencia al proyecto de nación puesto en marcha en 2003. «Tal como afirmó Cristina (Fernández de Kirchner) en el acto de Huracán: este es uno de los procesos de mayor densidad democrática de nuestra historia, porque se han transformado reivindicaciones históricas en políticas de Estado», coincidió. También repasó las medidas más importantes en materia de educación pública desde 2003 y planteó que existen dos modelos. «En este momento debemos institucionalizar el modelo que venimos definiendo desde las políticas de Estado», concluyó.
En ese marco, intervino el Secretario General de CONADU: «Creo y sostengo que la universidad tiene que tener un fuerte compromiso con la sociedad», comenzó, «pero para ello debemos reconocer que como trabajadores intelectuales nuestras prácticas profesionales, de formación e investigación han sido permeadas por concepciones neoliberales y trabajar para su transformación».
«Es necesario transformar la Universidad, partiendo de sus mecanismos internos de funcionamiento, donde vemos aun la impronta neoliberal: en la definición de los planes académicos, que en general responden más a las necesidades individuales de los investigadores para avanzar en sus carreras que a un diagnóstico certero sobre las necesidades del desarrollo nacional; en la articulación de los programas de extensión, muchas veces al servicio de las necesidades de grandes corporaciones; y en la propia lógica académica, donde los docentes son víctimas de arbitrariedades en el manejo de las relaciones laborales en virtud de la necesidad de acotar la participación política en los órganos de gobierno», analizó De Feo desde esta mesa. Y también reflexionó sobre uno de los pilares del modelo de universidad que es la autonomía: «Se ha transformado en una patente de corso para la realización de cualquier tipo de actividades, incluso vulnerando los derechos de los trabajadores», sentenció.
«Por todo ello, sostenemos la necesidad de avanzar en una profunda transformación de la Universidad que supone, por supuesto, la reforma del marco político institucional, y por eso seguimos trabajando por la derogación de la Ley de Educación Superior menemista y la sanción de una nueva norma acorde a las necesidades de profundización del modelo, pero también por una nueva orientación de las Políticas Universitarias, que han dado un gran salto en materia de financiamiento, pero en su orientación siguen con la inercia tendiente a la mercantilización. Y, por último, hay que trabajar por la modificación de la propia práctica docente, haciendo que de una vez por todas, ingresen los derechos sociales en las universidades públicas, a través de la sanción de un Estatuto del Docente Universitario, a través de un Convenio Colectivo de Trabajo para el sector».
«Sólo con una acción gremial y política capaz de operar sobre estos tres planos: el marco legal-institucional, el diseño de las políticas y la labor cotidiana de los docentes
