Trabajo doméstico: el CEMyT presentó un informe sobre sus condiciones
“El combate contra la informalidad y precariedad laboral debe incluir en particular las condiciones de acceso al empleo para las mujeres. La utopía de la igualdad entre ambos sexos sólo es imaginable si se dan los pasos concretos para derribar las barreras materiales y culturales que aún persisten”, de este modo el informe del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo (CEMyT) resume el espíritu del trabajo presentado para hacer aportes al Proyecto de Ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional para dar marco regulatorio a las actividades de las trabajadoras domésticas.
La iniciativa, que todavía no ha sido tratada por las resistencias de los legisladores de la oposición, y que es acompañada por CONADU, fue presentada en la Secretaría de DD.HH. de la Nación, en el marco de la necesidad de dar a conocer los datos que describen el cuadro de situación en el cual este sector de los trabajadores desarrolla su actividad.
“Este trabajo nos permite entender la urgencia para que el Congreso sancione cuanto antes un nuevo marco regulatorio. Para que los indicadores de precariedad laboral mejoren, entendemos que habrá que atravesar un largo proceso. De sancionarse la ley, podremos reducir la informalidad laboral en dos o tres años”, explicó Estela Díaz, coordinadora del CEMyT.
El mismo destaca que el empleo doméstico es una de las ocupaciones con más alto nivel de precarización laboral y revela que en el país hay más de un millón de mujeres que se desempeñan como trabajadoras domésticas. De ese total, un 85 por ciento está en la informalidad, y que sólo es comparable con la situación de los trabajadores rurales.
El informe está hecho en base a la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, que hace sus mediciones en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. De acuerdo al documento, un 37,2 por ciento del total de las trabajadoras domésticas es migrante: un 24,4 por ciento proviene de otra provincia y un 12,8 por ciento pertenece a un país limítrofe. En total, las mujeres que se desempeñaron en este sector durante el segundo trimestre del año representaron el 22,2 por ciento del total de asalariadas del país.
Durante la presentación Hugo Yasky, Secretario General de la CTA, aseguró que “tenemos que contribuir a la construcción de la identidad de las trabajadoras domésticas como sujeto de derechos”, pues la legislación vigente sitúa a los trabajadores en el contexto político, social y económico del año 1956 y una legislación renovada permite avanzar en el otorgamiento de derechos sociales sobre una tarea que no tenía marco regulatorio.
Secretaría de Prensa CONADU
