En la 39ª Asamblea de la UNESCO en Paris, la Secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU, Yamile Socolovsky, denunció que el gobierno argentino: “desprecia y procura desacreditar y silenciar la genuina representación colectiva de la docencia”, como parte de una estrategia que procura viabilizar el ajuste, la reforma laboral y el avance del mercado sobre los derechos de los trabajadores.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, se solidariza con el compañero Héctor Recalde y repudia las expresiones del Presidente de la Nación, absolutamente infundadas y notablemente agraviantes, que intensifican la ofensiva gubernamental contra los derechos laborales y las instituciones democráticamente establecidas para su defensa, que el propio Héctor Recalde denunciara en una Carta Abierta a los Trabajadores recientemente difundida, y cuyos términos suscribimos plenamente.

Tras el Plenario de Secretarios Generales de CONADU, en la sede de ADIUC, el cronograma de lucha es el desarrollado de la siguiente manera:
24 al 28 de abril: Acto unificado en La Plata, 27 de abril.
1 al 5 de mayo: Acto unificado en Mendoza.
8 al 12 de mayo: Semana de Paro Nacional Universitario
16 de mayo: Marcha Federal Universitaria.
A su vez, se definió participar de la Marcha con la CTA y el conjunto de los trabajadores el 1º de Mayo.

Tras conocerse el seguro rechazo en el plenario de secretarios generales de Conadu a la propuesta del 13 de mayo que probablemente vaya acompañado de un nuevo plan de lucha, el Ministro Bullrich convocó a una nueva reunión mañana jueves a las 11 hs. Sería la 8va en lo que va del conflicto.

Como parte de las actividades de protesta en defensa de la Universidad Pública, los docentes de universidades nacionales de Buenos Aires y el Conurbano agrupados en CONADU realizarán clases públicas en el Obelisco y un banderazo bajo el lema «Defendamos la Universidad Pública». El eje de la actividad será la denuncia del fallo del juez Pablo Cayssials que suspendió los artículos 2 y 4 de la Ley, que establecían que el Estado debe “garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso”, y que “todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta” a la universidad.