«Las mujeres se hacen abortos con ley o sin ley»
El 28 de septiembre, en el marco del Día Latinoamericano y del Caribe por la despenalización del aborto, desde “CONADU en el medio” conversamos con Elsa Schvartzman, socióloga del equipo de investigación y docencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
– ¿ Qué está haciendo la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito?
El Día se nominó como tal en el encuentro feminista de 1990 en la localidad de San Bernardo, como iniciativa de un grupo de mujeres de Uruguay y de Argentina participantes de un taller. Este año hubo actividades en todo el país y en varios puntos del continente. Como Campaña estuvimos en una carpa en una sentada muy numerosa, con mucha circulación de personas y referentes que pasaban y se adherían.
La Campaña nació en 2005 con el objetivo fundamental, para el que nos constituimos, de luchar por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y en eso estamos, incidiendo colectivamente en el Congreso y socialmente en todos los lugares que podemos para que nuestro proyecto de ley sea tratado en la Cámara de Diputados.
– ¿Por qué es tan importante que exista la posibilidad a un aborto seguro, legal y gratuito?
Los abortos existen, es una realidad concreta y alarmante porque son muchos. En la República Argentina los cálculos aproximados del Ministerio de Salud en base a estadísticas hablan de 500 mil abortos por año. Estas cifras, conservadoras, nos colocan en uno de los primeros lugares de América.
La situación es que el aborto está permitido en el Código Penal en dos causales: violación y por salud de la madre. Con diferentes interpretaciones: algunas más restrictivas, que son las que llevan adelante los médicos cuando denuncian y los jueces cuando no dan lugar a los casos de abortos no punibles. Y las interrupciones voluntarias por su condición de clandestinidad, que atraviesa a todas las clases sociales, traen varias consecuencias. Pero, fundamentalmente, son las mujeres jóvenes y pobres las que sufren las peores consecuencias porque se realizan abortos en condiciones de precariedad, insalubres. Esto trae consecuencias físicas, psíquicas y alrededor de 100 mujeres muertas por año por abortos inseguros y asépticos.
Entonces, lo que se propone con la despenalización y legalización por decisión de la mujer hasta las 12 semanas, como dice nuestro proyecto de ley, es que los abortos se puedan realizar en los hospitales públicos y en las obras sociales como cualquier otra práctica médica. Con los cuidados, con las garantías médicas, con la contención y asepsia, para que así no constituya ningún peligro para las mujeres.
Los abortos no los inventamos nosotros, los abortos existen, lo que queremos es que disminuyan. Y en el caso de que una mujer decida, porque los otros métodos fallaron, porque vivió situaciones que no pudo controlar, entonces que lo haga en las mejores condiciones de salud posible. Que sea un derecho universal, porque hoy en día este derecho existe solo para quienes lo pueden pagar, aunque estamos todas atravesadas por la ilegalidad y la clandestinidad… situación que también favorece el negocio clandestino, que mueve muchísimo dinero.
– ¿Es fácil para una mujer tomar la decisión de hacerse un aborto?
Las decisiones son tensiones y son difíciles de tomar cuando son decisiones de tanta importancia. Las mujeres se hacen abortos con ley o sin ley. En este momento la prohibición solamente ejerce una eficacia de control social, porque los abortos se realizan igual. Entonces, por el hecho de que se sancione una ley no van a existir más abortos. Como tampoco hubo más divorcios.
Yo creo que son argumentos que colocan a las mujeres en lugares muy sub-valorados, de poca decisión e inteligencia y son mal intencionados. Es decir, no tienen en cuenta ni la realidad ni la condición autónoma de la decisión de las mujeres.
– ¿Qué pasa con la implementación de la ley?
Nosotros proponemos un cambio cultural y una posibilidad de discusión y de debate. En este momento hay muchas trabas para la implementación de las leyes ya existentes, por ejemplo en los casos de abortos no punibles: cuando se judicializa innecesariamente, cuando se dilata el tiempo, cuando organizaciones privadas interrumpen en la vida de estas personas tratando de hacerlas cambiar de opinión coercitivamente.
Yo creo que hay que diferenciar el accionar de las instituciones privadas, que no podemos ejercer ninguna influencia, pero sí podemos exigir que desde el Estado y sus funcionarios públicos cumplan la ley. Tanto el personal de salud como el personal judicial. Es un deber del funcionario público oponerse con la ley que existe a este accionar de grupos privados. El día que se discuta y se sancione nuestro proyecto de ley también vamos a tener que seguir trabajando para que se pueda implementar. Porque, por ejemplo, la ley de educación sexual integral tiene dificultades enormes y diversas en el territorio de nuestro país. Es decir, es muy diversa y dificultosa la distribución de anticoncepción gratuita en los hospitales y entre los efectores públicos. Y estas son trabas culturales, trabas sociales. A veces los insumos están y no se entregan o los manuales de educación sexual se devuelven. Las leyes están y no se cumplen. Entonces, en este momento tenemos que trabajar fuertemente para que el Poder Legislativo discuta y sancione la ley, y después para que el Estado garantice el cumplimiento de las leyes que garantizan los derechos.
– ¿Cuál es la situación frente al debate parlamentario?
Tenemos un apoyo transversal explícito de 50 firmas de diputados y diputadas de un amplio espectro de todos los partidos. Son diputados y diputadas adherentes y firmantes de nuestro proyecto. Esta representación es diferente en las distintas comisiones por las que debe atravesar el proyecto.
La primera comisión que lo debe tratar, para posteriormente ser tratada en el recinto, es la de Legal-Penal; audiencia que iba a realizarse el 27 de septiembre y se postergó para el 01 de noviembre, post elecciones. El problema es que fueron llamados para debatir los proyectos de despenalización y legalización de aborto, y los proyectos de abortos no punibles. Entonces, lo que nosotros exigimos es que se debata el proyecto de despenalización y legalización solamente. Los proyectos de abortos no punibles están superados en la historia y reglamentados por la normativa vigente y por la práctica. Además, solamente la despenalización y legalización va a garantizar que el Estado garantice todos los abortos, porque mientras no exista la legalización siempre va a estar esta zona gris que da lugar a incumplimientos varios.
Por eso decimos que no hay etapas, tenemos que resolverlo ya. La etapa del aborto no punible se dio desde 1921 hasta ahora. Tenemos que seguir avanzando en la historia.
– ¿Cuál es la posición de las universidades?
El consejo Superior de la UBA adhirió al tratamiento del proyecto de ley. Yo soy docente de la facultad de Ciencias Sociales que también adhirió, lo mismo que la facultad de Filosofía y Letras, la universidad de Córdoba, la Universidad Nacional del Comahue, de La Pampa, de La Plata e institutos de otras universidades. Hay alrededor de doce adhesiones. Es decir, la posición de las universidades es ampliamente favoritaria al debate, a la discusión y al apoyo de la necesidad de que se sancione una ley que proteja el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
La abstención en el Consejo Superior fue en la facultad de Medicina y en otras universidades también. Es una corporación que se opone muy fuertemente desde siempre, con argumentos que se basan en paradigmas filosóficos y poco científicos. Pero también hay un no reconocimiento de las mujeres como autónomas. Seguimos siendo pacientes. Y las mujeres, en un acto de resistencia en los abortos que nos realizamos y de lucha cuando nos unimos para lograr el derecho al aborto legal, nos estamos oponiendo a esta categoría de ser pacientes.
