«La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está plenamente vigente. Eso significa que hay que hacerla cumplir»

Néstor Busso, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y al frente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), compartió en “CONADU en el medio” cómo viene la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También, el fallo de la Corte Suprema que puso un tope a la medida cautelar de Clarín, y los debates y desafíos pendientes.

– Cristina Pauli (CP): El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual es una de las nuevas figuras que genera la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el fin de que haya más participación de los distintos sectores que hacen a la comunicación. ¿Es así?

– Néstor Busso (NB): Claro. El Consejo Federal está integrado por todas las provincias, por representantes de radios comunitarias, de empresarios privados, trabajadores de la comunicación, de pueblos originarios, de las universidades y de las entidades gestoras de derechos. Es decir, es un consejo asesor y de control de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).

– CP: ¿En qué estado está la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?

– NB: La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está plenamente vigente. Eso significa que hay que hacerla cumplir. Ya lleva dos años y medio desde que fue aprobada y ha habido dificultades en su implementación; dificultades políticas, jurídicas y de gestión. La oposición no integró los organismos que la ley crea y buscó dificultar la aplicación de la ley.

A nivel judicial hubo suspensión en la aplicación de la ley durante casi un año. Hasta hoy está suspendido el artículo 161, que establece el plazo para desarmar los monopolios y oligopolios. Este plazo tiene fecha de vencimiento: 07 de diciembre, porque así lo ha dictaminado la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el 07 de diciembre es la fecha límite en la cual los grupos deberán cumplir con lo que la ley establece y por lo tanto no podrán tener más de tres servicios en una misma localidad, no más de diez en todo el país y no más de 24 servicios por suscripción o televisión por cable en la práctica en todo el país. Así que estas dificultades judiciales están siendo superadas y ahora corresponde a la gestión del Estado hacer cumplir, tener la fuerza necesaria y la capacidad para que todos cumplan con la ley, con lo que es una ley votada en el Congreso por amplias mayorías y que debe regir en la radio y en la televisión definitivamente.

Se está trabajando y avanzando también con algunas cosas más concretas. Por ejemplo, el llamado a adjudicación de frecuencias de baja potencia en zonas de amplia disponibilidad. O sea, en los pueblos y localidades más aisladas o de menor tamaño podrán tener sus radios legalizadas. Además, se están otorgando autorizaciones a comunidades de pueblos originarios, se han otorgado autorizaciones a todas las universidades nacionales tanto para radio como para televisión, a todas las provincias del país, a todos los municipios. También hay un llamado a concurso en agosto para radios de frecuencia modulada. Se está avanzando y hay mucho por hacer.

– CP: En lugares como la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde existe una gran cantidad de radios comunitarias ¿se van a unificar algunas frecuencias y limpiar un poco el aire?

– NB: La ley establece un período de normalización en el cual tendrán que legalizarse las radios, tanto las llamadas comerciales como las sin fines de lucro o comunitarias, para las cuales está reservado un 33% del espectro. Todo esto tiene que ordenarse y es necesario normalizar a la nueva ley.

– CP: ¿Esto se está realizando?

– NB: Todavía no. Se ha comenzado por diez u once provincias donde ya se han llamado a concursos para hacer este proceso de normalización, pero todavía está pendiente en las zonas más difíciles —lo que en el AFSCA se llama las zonas de conflicto—, donde hay mayor cantidad de demandas de frecuencias que disponibilidad de frecuencias. Eso está pendiente.

– CP: Y eso puede traer algunas dificultades, por ejemplo con quienes tengan que dejar sus espacios…

– NB: Es un proceso complejo. Yo creo que si están funcionando sin interferencias quiere decir que pueden seguir funcionando, pero en muchos casos hay conflicto e interferencias. Es una cuestión que hay que definirla técnica y políticamente.

– CP: ¿Y en cuanto a las formas de funcionamiento dentro de las emisoras? Por ejemplo la contratación del personal, si se le paga según convenios, etc. ¿Cómo regula la ley ese tipo de cuestiones?

– NB: Hay diferentes situaciones. Hay cosas que tienen que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero otras, como las relaciones laborales, competen en todo caso al Ministerio de Trabajo. Lo mismo que es obligación de los Municipios cumplir con la salubridad de los locales. No se le puede pedir todo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

– CP: ¿Pero existe alguna exigencia a los pliegos de los concursos?

– NB: La exigencia es lo que explica la ley: que no haya deuda o situaciones irregulares con trabajadores de las emisoras. Y en ese sentido se solicita, según los casos, una declaración jurada o una certificación de que no hay deudas sindicales ni tampoco con entidades gestoras de derechos.

Cuando hay un patrón y empleados la situación es muy clara: la ley de trabajo y los convenios colectivos. Pero cuando se trata de un emprendimiento autogestionado por un grupo de vecinos, de un grupo de trabajadores que se desempeñan en la misma emisora a veces voluntariamente o con algún pequeño ingreso producto de la publicidad o de otros proyectos que la organización ejecuta, hay que ver en cada caso cuál es la situación y si hay dependencia laboral o no. Evidentemente, hay que tener en cuenta nuevas formas de trabajo en esta economía social y solidaria sin que signifique disfrazar relaciones laborales o explotar trabajadores.

La ley establece una diferenciación entre entidades sin fines de lucro y los privados de carácter comercial, porque hay muchos pequeños radiodifusores privados que dicen ser comunitarios pero su forma jurídica es de propiedad privada-comercial, y en ese caso tienen empleados que deben regirse por los convenios colectivos de trabajo, por la legislación laboral. En cambio, los comunitarios o sin fines de lucro son de propiedad social, de propiedad de organizaciones sociales y ahí hay mucho de trabajo autogestionado, mucho de trabajo voluntario, porque no hay un patrón que se lleve lucro, no hay un capital que obtenga ganancia sino trabajo solidario que se pone en común. Eso supone una relación de trabajo diferente.

– CP: Otra de las cosas que dijiste era que la oposición no ocupaba los espacios que tenía que ocupar. ¿Se puede hacer algo para que se pueda cumplir la ley en su totalidad y que la oposición esté representada en los espacios que tiene que estar?

– NB: En su momento el oposicionismo duro rechazó debatir la ley y después integrar la comisión bicameral de seguimiento de la comunicación audiovisual, y eso hizo que no se pudiera designar al defensor del público. Ahora dicen que quieren integrar los organismos. Me llamó la atención que hace unos días hubo una jornada organizada por el radicalismo: ahora dicen que la ley es buena y que hay que cumplirla, cuando antes decían que la ley era poco menos que perversa y, de hecho, no participaron del debate parlamentario.

Esperamos que cambien la actitud, que integren la comisión bicameral y a partir de eso tienen los dos lugares que le corresponde a la oposición: en el directorio de la autoridad federal, también en el directorio de radio y televisión argentina, y que además se pueda asignar al defensor del pueblo. Son todas cuestiones pendientes.

– CP: Otra pregunta que se hacen muchos es si los grandes grupos, los que se tienen que desprender del cable, radios y canales para estar en cumplimiento con la ley, lo están haciendo…

– NB: Todavía el grupo Clarín, que es el más poderoso, no lo ha hecho. Debe hacerlo y la Corte ha fijado el 07 de diciembre como plazo para hacerlo. Hay otros grupos, empresas que tienen más servicios de lo que la ley permite, que están buscando adecuarse. Algunos ya lo han hecho y otros están buscando la forma de hacerlo.

– CP: ¿Y para hacerlo pueden vender ellos? Porque la ley no permite vender las licencias…

– NB: Justamente la única excepción a la prohibición de transferencias es esta primera etapa de adaptación al régimen de multiplicidad de licencias de la ley. Así que pueden vender ellos y presentar el plan de adecuación. Para hacerlo tienen que pedir permiso antes, ser autorizados los nuevos operadores y el plan de transferencias que se programan.

– CP: Néstor, sabés que todos los materiales que se producen en FARCO y, sobre todo, en ALER son utilizados por suerte en casi todas las cátedras de comunicación de todas las universidades nacionales. Realmente, el trabajo que ustedes han realizado, produciendo conocimiento y luchando por la democratización de la comunicación, ha sido muy importante y han marcado las agendas y hasta las currículas de las facultades de comunicación.

– NB: Gracias por ese reconocimiento, que no es hacia mi trabajo sino al trabajo de la radio popular-comunitaria en América Latina que ya lleva años y que ha sido muy trabajada, estudiada y sistematizada. Que ese material llegue a las universidades y que sirva para multiplicar estas experiencias es una forma de ejercer el derecho a la comunicación de todas las personas.

Entrevista desgrabada por Gabriel Di Battista.