LA DOCENCIA UNIVERSITARIA RECLAMA EL BONO DEL ESTADO NACIONAL
Sabemos que compartimos con el actual gobierno la convicción de que la universidad pública es un recurso estratégico para el desarrollo soberano y con justicia social, y que la educación universitaria es un derecho de nuestro pueblo. Mucho se ha celebrado la excelencia de la formación en nuestras universidades públicas, y la tarea de quienes se gradúan en ellas y contribuyen con su conocimiento a la resolución de los problemas que enfrentamos en incontables áreas de la vida social. Esta valoración, destacada frente a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia, pero también presente en la apuesta a construir el camino de salida de la crisis actual reparando injusticias sociales, desequilibrios productivos y deudas históricas con los sectores más postergados, debe reconocer que nada de lo que se hace en la universidad sería posible sin el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores y trabajadoras.
Con ese esfuerzo y compromiso, las y los docentes de las Universidades Nacionales hemos asegurado la continuidad educativa, la investigación, las acciones de vinculación y el acompañamiento de las políticas públicas en todo el territorio. Hemos reconocido, además, que la legítima demanda de recomposición de nuestros salarios deberá obtener satisfacción en el marco de un proceso que permita dar respuesta a las necesidades del conjunto. No hemos pretendido ningún privilegio ni prioridad. Sin embargo, resulta inadmisible que se discrimine nuestra situación en el marco de las condiciones que se ofrecen al sector público. El financiamiento de las Universidades Nacionales es responsabilidad del Estado, que debe asegurar los recursos para sostener las actividades que se desarrollan en ellas, lo cual implica, en primer término, proveer un salario digno para sus trabajadores. Cabe señalar que aún deberemos esperar a febrero del 2022 para que se cumpla el objetivo de lograr en este ciclo una recuperación salarial que supere a la inflación, de modo que nuestro sector no goza de beneficios especiales que justifiquen su exclusión de las medidas adoptadas por el gobierno, en esta coyuntura, para las personas empleadas por el Estado. Por ello reclamamos que la decisión de pagar un bono de fin de año por 20 mil pesos a quienes trabajan en la Administración Pública Nacional se extienda también a la docencia universitaria.
Nota Frente Gremial Universitario
