En una reunión histórica CONADU comenzará discutir el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo

Será desde mañana a partir de las 11 de la mañana en el Ministerio de Trabajo de la Nación y con la participación del CIN. Si la iniciativa prospera los docentes universitarios tendrán por primera vez un marco jurídico que establecerá un nuevo tipo de relación laboral. El proyecto diseñado por CONADU es novedoso en materia de derechos laborales y participación en la vida universitaria.

Cuando este miércoles 7 de marzo, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) comience a discutir y analizar en la primera reunión paritaria con el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el proyecto de Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por el Congreso Extraordinario de la Federación llevado a cabo en Santiago del Estero en junio de 2004,empezará auspiciosamente a delinear el marco jurídico que permitirá generar un nuevo tipo de relación laboral entre los docentes universitarios, las universidades públicas y el Ministerio de Educación de la Nación.

La propuesta, que llevarán adelante los Secretarios General y Adjunto de CONADU, Carlos De Feo y Pedro Sanllorenti respectivamente, nació al calor del intenso debate realizado por los congresales de las Asociaciones de Base de la Federación durante esos años, pero es fundamentalmente el resultado de un largo proceso de revisión de las condiciones de trabajo de los docentes universitarios iniciado en el año 1993.

El proyecto tuvo discusiones y aportes entre los años 1995 y 1998, pero tuvo su versión final en el año 2004, donde se establecieron las bases para jerarquizar el rol que los docentes deberían tener en la vida de las comunidades universitarias.

El espíritu del Convenio Colectivo

Una de las principales problemáticas de la vida sindical de los docentes universitarios ha sido sin dudas la imposibilidad de caracterizar al docente como un trabajador más. Lejos ha estado la posibilidad de equiparar su trabajo a la tarea que realiza un trabajador en cualquier rama o actividad. El resultado de ello es quizá el tipo de relación laboral que se ha establecido entre éste, la universidady el Ministerio de Educación de la Nación, en la cual el docente universitario se constituye en un trabajador que mantiene una relación difusa con su patrón o empleador. Además de otros cruces y condiciones vinculadas a la naturaleza misma del trabajo que llevan adelante los profesores universitarios.

Este Proyecto de Convenio Colectivo de trabajo viene a salvar esta y otras diferenciaciones que proceden, incluso, del propio sistema que la universidad se ha dado históricamente a sí misma para funcionar.

Para ello la propuesta aspira con su aprobación a alcanzar “la ciudadanía universitaria plena, una remuneración justa, un mecanismo de Carrera Docente, la recomposición del Nomenclador, la regulación de la planta docente, mediante una conveniente reasignación de funciones, el establecimiento de condiciones adecuadas de trabajo, un régimen jubilatorio del 82 % móvil, un salario equivalente al costo de la media canasta familiar para el cargo testigoy la equiparación de los colegios e institutos de las Universidades Nacionales a la categoría de unidades académicas”.

Se intenta garantizar, a partir de un debate profundo con los funcionarios del CIN y el Ministerio de Trabajo, la igualdad de obligaciones y derechos de todo el personal docente universitario.

En el mismo sentido la propuesta elaborada por CONADU pretende garantizar la “estabilidad docente” dando cuenta de que el “Concurso de Oposición y Antecedentes, es indispensable para la selección de aspirantes al ingreso a la Carrera Docente”, pero aclara que tiene un “valor relativo como mecanismo único para el ascenso y el mantenimiento del puesto de trabajo”, ya que también deberían considerarse cuestiones como el perfeccionamiento académico, el desempeño satisfactorio y las situaciones meritorias.

Pero el espíritu del proyecto va más allá de lo que puede entenderse como un mero reclamo sectorial y reivindicativo del derecho a percibir una remuneración justa. El mismo avanza sobre el artículo 11 inciso C, 12 inciso C y 37 de la ley de Educación Superior, en los que se establece que serán las Universidades Nacionales las responsables de garantizar “gratuitamente” los estudios a su personal docente para mejorar la calidad de las actividades de la enseñanza, investigación, creación artística y extensión.

Como se podrá observar la iniciativa ha sido pensada para atender las demandas de carácter gremial, pero también para articular las condiciones que regulan la actividad de los docentes, en una Universidad Pública que fue creciendo y se fue transformando, y que cada vez más necesita de docentes universitarios que no reduzcan su actividad al proceso enseñanza-aprendizaje, sino al desarrollo de tareas que requieren de una jerarquización académica y un compromiso con la vida universitaria aun mayor.

Otras reivindicaciones

Técnicamente la conducción de CONADU, encabezada por Carlos De Feo y Pedro Sanllorenti, tendrá la posibilidad histórica de discutir con el Ministerio de Trabajo y el CIN, otras reivindicaciones que si bien se remiten a la historia del movimiento obrero, vistas desde la perspectiva de los docentes universitarios recuperan su carácter innovador.

Entre ellas se puede destacar un Régimen de Seguridad Social que contempla una indemnización por despido para cualquiera de las categorías y dedicaciones docentes, independientemente de su condición de efectivo o interino, que irá variando de acuerdo a la situación de relación laboral que el profesor universitario tenga en el momento de perder su trabajo.

En ese marco el proyecto contempla además el régimen de licencias para los dirigentes gremiales, el tipo de categoría docente y sus funciones, el tipo de remuneración, con su respectiva escala salarialy su esquema de liquidación, los principios generales de la carrera docente, como así también las nuevas condiciones y medio ambiente de trabajo.

En síntesis poner en marcha una iniciativa de esta naturaleza significaría una instancia de superación de la tarea de los profesores universitarios y de las colegios que dependen de la universidad, y un marco jurídico y político acorde al proceso de discusión sobre el rol del estado, la función de la universidad pública, y las necesidades de un país que intenta dejara atrás la etapa de sinsabores experimentada durante el proceso de desguace del estado.

Es, sin dudas, el camino que CONADU ha comenzado a transitar lentamente en la reconstrucción de la Universidad Pública.