En defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) acompaña la presentación realizada ante la justicia para defender la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fuera realizada por universidades nacionales, sindicatos y organizaciones sociales.
La medida se inscribe en la fuerte disputa que la presentación y aprobación del proyecto ha generado en distintos sectores que, intentando sostener una política de fuerte concentración del mercado de medios, que supone garantizar los principios básicos de la libertad de expresión, intentan impedir con distintas presentaciones en la justicia el inicio de un verdadero proceso de profundización del sistema democrático que garantice la pluralidad de ideas, la multiplicación de voces y las posibilidades de democratizar la tarea de los trabajadores de prensa .
Más de veinte instituciones, entre las cuales se encuentran universidades nacionales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, elaboraron un dictamen jurídico que sostiene la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El documento fue presentado, en calidad de amicus curiae, en una causa que tramita ante la justicia
federal de Salta. Este proceso se inició a fines de 2009, luego de que el juez federal Miguel Medina
hiciera lugar a la medida cautelar solicitada por la ONG salteña Comité de Defensa del Consumidor
(CODELCO) y suspendiera la vigencia de seis artículos de la norma.
El escrito fundamenta la adecuación de estos artículos de la ley 26.522 a los parámetros de la Constitución Nacional y los estándares internacionales sobre libertad de expresión. En particular, alega que los Estados tienen la facultad de regular la actividad de radiodifusión, y que en el caso argentino, la Constitución reconoce esta facultad al Congreso de la Nación. Además, el
dictamen recupera los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión y el derecho a la información, y numerosa legislación comparada, destinados a garantizar el pluralismo y la diversidad informativa. Sostiene también la legitimidad de los límites legales a la concentración de la propiedad de los medios, de las restricciones a la conformación de redes permanentes de programación, y de la fijación de pisos mínimos de producción local e independiente.
Los firmantes recurrieron a la figura de amicus curiae –“amigos del tribunal”–, la cual permite a terceras personas participar de una disputa judicial cuando acrediten un interés legítimo en el resultado del litigio. Estas presentaciones consisten en la suma de aportes técnicos, opiniones de especialistas y ejemplos de legislación comparada que pueden resultar de utilidad para un enfoque completo de la problemática.
En los próximos días podrán sumarse nuevas organizaciones que adhieran al dictamen. Los firmantes también prevén presentar escritos similares en otras causas en las cuales se discuta la constitucionalidad de la ley 26.522.
La presentación fue realizada de manera conjunta por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), instituciones académicas como las facultades de ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. A ellos se sumaron los principales sindicatos que reúnen a los trabajadores de los medios de comunicación, como la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de la República Argentina, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, el Sindicato Argentino de la Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos, el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, la Asociación Argentina de Actores, el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, la Federación Argentina de Trabajadores de Imprentas, Diarios y Afines, la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones, el Sindicato Único de Trabajadores
del Espectáculo Público y Afines, el Sindicato Único de la Publicidad, la Sociedad Argentina de
Locutores, el Sindicato Argentino de Músicos y el Sindicato de Prensa de Rosario. También se
incorporaron organizaciones que nuclean a radiodifusores como la Asociación Mundial de Radios
Comunitarias, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y la Asociación de Radiodifusoras
Bonaerenses y del Interior de la República Argentina y otras ONG interesadas en la defensa de la libertad de expresión, como el Centro Nueva Tierra.
