EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA, HACIA UNA JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
El siguiente es el documento elaborado por la conducción de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, ante el lock out patronal del campo que amenaza con impedir el desarrollo de la política de retenciones que el Gobierno Nacional lleva adelante con el objetivo de utilizar la renta nacional en el desarrollo del país.
EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA, HACIA UNA JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) expresa su apoyo a la determinación del gobierno nacional de establecer retenciones móviles a las exportaciones agrícolas, como instrumento de una política de redistribución de la riqueza. Esta medida permite captar una porción de las ganancias extraordinarias que algunos sectores de la producción rural están obteniendo, en condiciones parcialmente generadas por decisiones del poder público que se sustentan en el esfuerzo del conjunto de la población. Ella apunta, además, a contener el alza de los precios en el mercado interno, para preservar la capacidad de consumo de la mayoría, y contribuye a estimular la recuperación de una producción agrícola adecuadamente diversificada.
Pero las retenciones no garantizan, por si mismas, el cumplimiento exitoso de estos propósitos. La equidad del proceso redistributivo resultante dependerá del uso que se dé a los recursos así obtenidos, y de la implementación de otras medidas que contemplen las problemáticas particulares de los distintos sectores; especialmente, en este caso, de los pequeños productores y de los trabajadores rurales. Es preciso que estos ingresos sean empleados en la provisión de bienes y servicios básicos de los que carece aún una parte importante de nuestro pueblo. Y es fundamental, finalmente, consolidar este rumbo generando las herramientas que permitan fortalecer al poder democráticamente instituido, y recuperar su capacidad de intervenir en el proceso económico, con el fin de defender el interés de la mayoría frente a la avidez de los sectores concentrados que hoy hacen sentir de manera alarmante su poder desestabilizador.
Este es, entonces, un paso necesario para poder avanzar en una transformación de la estructura productiva que nos permita poner freno a los procesos de concentración y extranjerización de la economía nacional, para recuperar el manejo soberano de nuestros recursos, y hacer posible la construcción de una sociedad igualitaria e inclusiva. Así parecen haberlo entendido claramente quienes se oponen a las retenciones, y pretenden esconder – tras la supuesta defensa de los intereses indiferenciados del «campo» – la clara intención de impedir la intervención del Estado como agente regulador de la economía. Los móviles de estas minorías son manifiestos, y su reacción representa el argumento más contundente a favor de las retenciones; porque aquello que para los sectores populares constituye una oportunidad, es para ellos una clara amenaza a sus históricos privilegios.
El modo en que se han desarrollado los acontecimientos en los últimos días, a partir del endurecimiento de un «lock-out» patronal sostenido en los cortes de rutas por la presencia de los pequeños y medianos productores rurales, exige de todos los sectores democráticos una manifestación que exprese, sin ambages, el rechazo a toda pretensión de desconocer la legitimidad que asiste a un gobierno recientemente elegido por el voto popular, que actúa en cumplimiento de un compromiso expreso con sus electores. Las organizaciones populares tenemos, además, el deber de advertir la gravedad del error en que persisten aquellas dirigencias sectoriales que, en nombre de los intereses de quienes también padecen, desde su posición en el sistema productivo, el abuso de los grupos económicos concentrados, contribuyen hoy a generar una situación que no sólo fortalece las pretensiones de una oligarquía que sigue dando pruebas de su vocación antidemocrática, sino que agrede a quienes aspiran a disfrutar de una vida digna como fruto de su trabajo, y fractura la necesaria unidad de los sectores populares.
Reafirmamos por ello – tal como lo hiciera la Central de los Trabajadores de la Argentina – nuestro rechazo a toda forma de desestabilización de la institucionalidad democrática, y a toda pretensión de promover intereses sectoriales generando un escenario de incertidumbre y padecimiento para nuestro pueblo. La virulencia de la reacción ante esta medida representa, además, una advertencia que no podemos desatender. Tal como lo expresa la propuesta de la Paritaria Social planteada por la CTA, lograr una justa distribución de la riqueza nacional supone promover un conjunto de políticas de Estado que apunten a redefinir las reglas que orientan el proceso social en su conjunto, y, de manera muy particular, el funcionamiento de la economía. Esta circunstancia ratifica que no hay esperanza de concretar las transformaciones pendientes, y de avanzar en la construcción de una sociedad igualitaria, si los sectores populares no logramos fortalecer nuestra organización, y nuestra capacidad de movilizarnos, para exigir lo que es justo, y para hacer posible lo que es necesario.
Carlo De Feo: Secrertario General CONADU.
Pedro Sanllorenti: Secretraio AdjuntoCONADU.
Yamile Socolovsky: Coordinadora Instituto de Estudios y Capacitación CONADU.
