EL 18F, CONADU NO CONVOCA

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La movilización convocada para el 18 de febrero, bajo la excusa de homenajear al fallecido fiscal Alberto Nisman y de pedir el esclarecimiento de las circunstancias de su muerte, constituye una pieza más de una operación destinada a intentar deslegitimar al gobierno nacional y condicionar el proceso democrático, impidiendo además el avance de medidas necesarias para el mejoramiento de su calidad institucional y de las condiciones de su desarrollo futuro.

Forman parte de esa maniobra, ampliamente sustentada por los grandes grupos del poder mediático, la misma opereta judicial protagonizada por el fiscal Nisman a partir de la denuncia a la Presidenta y al Canciller, el carnaval de sospechas absurdas desplegadas en torno al hecho de su muerte, el ninguneo del proyecto y del debate parlamentario de la reforma del sistema de inteligencia, y, finalmente, la convocatoria a una marcha por parte de un grupo de funcionarios del Poder Judicial que pretenden expresar una demanda por la vigencia de garantías por las cuales deberían velar, en nombre de una ciudadanía ante la cual suman innumerables deudas, y de un principio de justicia que no han hecho otra cosa que lesionar, tal como lo demuestra un breve recorrido por sus trayectorias profesionales en el desempeño de la función que les compete.

Lo mismo cabe decir, aunque la fraudulenta construcción mediática del mito intente ocultarlo, del fiscal Nisman, quien hubiera debido explicar en vida, no solamente su insostenible denuncia de enero de 2015, sino su confusa e improductiva actuación en los largos años en que estuvo al frente de la Fiscalía especialmente dedicada a investigar el atentado a la AMIA.

Los representantes y los voceros de las corporaciones exhiben su común vocación antidemocrática solidarizándose en el espacio público en una manifestación que pretende – amparándose en una apelación republicana que sus propias historias contrarían –  coronar esta brutal operación desestabilizadora. No es casual que este más reciente capítulo del asedio a la democracia se inicie después del descabezamiento de la (ex) SIDE, y que la movilización se produzca en el momento en que la sociedad debería estar participando del debate para que la Ley que creará y regulará la nueva agencia de inteligencia nos permita comenzar a resolver una de las deudas pendientes de la democracia que es enormemente significativa para las organizaciones populares.

Los trabajadores y trabajadoras no podemos confundirnos: quienes impulsan estas maniobras procuran componer una escena que dé sustento a sus anhelos de aproximación a un “fin de ciclo” y abra la puerta para el retorno del imperio de las corporaciones al poder del Estado. Nuestro camino es otro. Poder abordar los debates pendientes, concretar las tareas necesarias para asegurar el desarrollo y la orientación de las capacidades productivas de nuestro país hacia la plena satisfacción de las necesidades de toda la población, continuar con el proceso de ampliación de derechos, y horizontes, para todos y todas, exige más democracia. Ese es nuestro compromiso. Por lo que en estos años hemos conquistado, para lograr la justicia que aún falta, para que la igualdad nos haga libres.