CONADU exige más fondos para el presupuesto universitario

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) participó esta semana de la reunión de Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados para denunciar el ajuste en las universidades y exigir mayor presupuesto que frene el desfinanciamiento del sistema universitario público.

Basándose en el último informe crítico que elaboró el IEC sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto 2018 elevado al Congreso por el Gobierno Nacional —con el análisis de los aspectos macroeconómicos, presupuestarios, normativos y específicos del ámbito universitario—, desde CONADU se presentó el detalle de cómo deberían incrementarse las partidas asignadas en los principales ítems del presupuesto:

1. Gastos de funcionamiento: al menos 2.300 millones de pesos adicionales,
2. Programas de desarrollo universitario: al menos 1.450 millones de pesos adicionales,
3. Becas: al menos 765 millones de pesos adicionales
4. Hospitales: al menos 333 millones de pesos adicionales
5. Ciencia y Técnica: al menos 58 millones de pesos adicionales.

En el caso de los salarios, para recuperar el poder adquisitivo ya perdido en 2016 se requerirían 4.800 millones de pesos adicionales, independientemente de los montos de recomposición que se planteen en las paritarias de 2018.

“Globalmente, esto implica que el Presupuesto 2018 tiene que contemplar más de 9.700 millones adicionales a lo previsto por el Poder Ejecutivo Nacional para frenar el desfinanciamiento crónico del sistema universitario”, explicó Yamile Socolovsky, Secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU y Directora del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC-CONADU), durante su intervención en Diputados.

Además, se hizo mención a la necesidad de dar respuesta a algunas situaciones urgentes relacionadas con las condiciones de trabajo de la docencia universitaria. Por ejemplo, se requiere una partida presupuestaria de al menos $500 millones para financiar un Programa Especial de regularización de docentes contratados; $250 millones para regularizar la situación de los docentes ad-honorem; y otros $125 millones para financiar Contratos-Programa que contribuyan a financiar la plena implementación del Convenio Colectivo de Trabajo en todas las universidades nacionales.

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