Compromiso 2019: por una comunicación soberana, inclusiva y democrática
Como actor integrante, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) participó ayer de la presentación que la Coalición por una Comunicación Democrática hizo del documento “Compromiso con el pluralismo informativo y la producción nacional», en el cierre del 5to Congreso de Comunicación Popular en la Universidad de La Matanza. Ante la emergencia que atraviesa el sector de las comunicaciones audiovisuales y de servicios TIC, el documento será trabajado en foros en las distintas provincias para el debate público.
«Desde un amplio sector de organizaciones que participamos de la Coalición por una Comunicación Democrática lanzamos este compromiso porque en este año electoral se debate el futuro de nuestro país y el derecho a la comunicación es un pilar para la democratización en todos los aspectos de nuestra vida. En estos casi cuatro años, el gobierno de Cambiemos aplicó un plan de ajuste y endeudamiento que deterioró la calidad de vida de nuestro pueblo, y para eso persiguió las voces que denunciaban sus políticas, cerrando medios de comunicación y despidiendo a gran cantidad de trabajadores del periodismo y la cultura. Los postulados que ponemos en debate están orientados a recuperar el derecho a la información y el desarrollo de las industrias culturales en todo nuestro territorio, en el marco de un proyecto de país más justo democrático y soberano”, declaró Pablo Macia, Secretario de Prensa de CONADU.
“COMPROMISO CON EL PLURALISMO INFORMATIVO Y LA PRODUCCIÓN NACIONAL”
MENOS VOCES ES MENOS DEMOCRACIA Y MENOS TRABAJO
El pluralismo informativo está en emergencia. En los últimos años se han perdido 4000 empleos en los medios de comunicación (en empresas editoriales, agencias de noticias públicas y privadas, radios, canales de televisión, imprentas, grandes y pequeños medios comerciales), que se suman a la incertidumbre, la pérdida del poder adquisitivo y la precarización de los trabajadores. Este escenario no es ajeno a la creciente concentración de los medios y las comunicaciones. La emergencia alcanza a los medios Pymes y comunitarios ante el alza indiscriminada de las tarifas de servicios públicos y los costos de insumos básicos como el papel para periódicos. Los medios comunitarios y de entidades sociales son discriminados mediante el recorte millonario al fondo de fomento sectorial previsto en la Ley 26.522 (FOMECA), al tiempo que se clausuran y decomisan emisoras o se criminaliza la legítima protesta. También se silencian voces al incumplirse la obligación de incluir en la grilla de cable a canales locales de asociaciones civiles, cooperativas, empresas comerciales, medios públicos provinciales o universitarios.
Las Universidades Nacionales están siendo afectadas por trabas en el acceso a frecuencias y limitaciones a su cobertura, así como por el desfinanciamiento general que castiga a todo el sector educativo. Los medios públicos son, a su vez, víctimas de un vaciamiento sistemático de contenidos, puestos de trabajo y señales, situación que se agrava con el acoso y censura directa a periodistas de la TV Pública. En forma concurrente, la asignación arbitraria y discrecional de pauta publicitaria y frecuencias radioeléctricas e infraestructura para negocios de telecomunicaciones y plataformas digitales no nacionales están afectando la sostenibilidad de los medios argentinos y el futuro de una comunicación democrática, diversa y con pluralidad de voces. La producción nacional de bienes y servicios culturales está amenazada, a su vez, por el incumplimiento de pautas de producción nacional, independiente y local de contenidos audiovisuales, así como la penetración creciente de plataformas que comercializan productos audiovisuales internacionales sin exigencias fiscales o de cuotas de contenido nacional. Todo ello en el marco de la discrecionalidad sistemática de un organismo creado por Decreto (ENACOM) que opera como apéndice del Ejecutivo, al margen de la legalidad constitucional que requiere la tutela del derecho humano a la comunicación.
COMPROMISO FEDERAL Y MULTISECTORIAL
En ese contexto, y considerando la urgencia de recuperar la democracia informativa, las fuentes de trabajo, la producción de contenidos nacionales y la soberanía en la gestión de la información como nuevo bien social y productivo, expresamos nuestro COMPROMISO con las acciones y propuestas tendientes a promover:
EMPLEO Y PRODUCCIÓN NACIONAL: freno inmediato a los despidos y flexibilización de las condiciones laborales de los trabajadores del sector en todas las empresas vinculadas con la comunicación. Defensa de los convenios colectivos y de los estatutos que preservan los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector. Desarrollo de políticas activas para la protección y promoción de los medios de comunicación social en materia de tarifas de servicios públicos, asignación de fondos legales en tiempo y forma, cumplimiento de pautas de producción de contenidos nacionales, regulación de los precios del papel para periódicos y sanción de una Ley de Publicidad oficial que promueva el federalismo y la independencia de los medios de comunicación.
GOBERNANZA FEDERAL Y MULTISECTORIAL: es fundamental recuperar la independencia, el pluralismo y el federalismo en la gestión de la autoridad de aplicación de los servicios de Comunicación Audiovisual y de servicios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como lo recomiendan los tratados internacionales y la Constitución Nacional. Ello exige restablecer el rol de las provincias y actores sectoriales en el Directorio de una única autoridad de aplicación que regule los servicios convergentes de comunicación. Recuperar, para ello, la figura de los Consejos Federales de Servicios Audiovisuales y Servicios TIC con las atribuciones previstas en las Leyes 26.522 y 27.078 para su funcionamiento de pleno derecho en un único organismo.
SOBERANIA EN LAS COMUNICACIONES: Las asignaciones de espectro radioeléctrico solo podrán efectuarse mediante una autoridad de aplicación constituida por Ley mediante procedimientos legales y transparentes. Urge recuperar el rol de Argentina Satelital (ARSAT) como herramienta estratégica en la inversión, innovación y producción de insumos tecnológicos fomentando la ocupación plena y la explotación de los puntos orbitales nacionales. Preservar su desempeño como empresa constructora de infraestructuras y proveedora de conectividad y como garante de una red pública nacional de datos y conectividad. Los datos personales y la información disponible en los entes públicos nacionales deben ser preservados y gestionados de manera soberana para el desarrollo nacional. En ese contexto, el acceso a Internet debe considerarse como un servicio público indispensable para asegurar el derecho a la información. Asimismo, es necesario restablecer el programa de cobertura nacional inclusiva de la Televisión Digital Abierta, como herramienta para democratizar el acceso a la información y la cultura.
PRODUCCIÓN NACIONAL DE CONTENIDOS: Respeto y cumplimiento de las pautas de producción nacional, independiente, propia y local establecidas por Ley para los servicios de comunicación audiovisual en todo el país. Los bienes y servicios artísticos y culturales deben contar con una cuota de contenidos argentinos no menor del 25 por ciento en el catálogo a la vista de acceso a contenidos audiovisuales, por parte de las plataformas que comercializan series, documentales y films a través de Internet en el territorio de la República Argentina. Dicha actividad comercial requiere su registro fiscal en el país y el respeto a la legislación en la materia.
PROTECCIÓN DE PYMES. Urge la adopción de principios regulatorios que protejan y promuevan al sector Pyme nacional en las comunicaciones, telecomunicaciones y de servicios TIC, mediante normas que contemplen las asimetrías de escala y de volumen respecto de los grandes operadores nacionales e internacionales como forma también de preservar el empleo, la cultura y la información local. Es indispensable armonizar el plan técnico y concursar las frecuencias radioeléctricas con un criterio inclusivo y amplio. Deben implementarse para el sector créditos especiales, así como la aplicación plena del Fondo de Servicio Universal de Telecomunicaciones.
FORTALECIMIENTO DE MEDIOS COMUNITARIOS Y COOPERATIVOS. Los medios comunitarios constituyen uno de los pilares de la democracia informativa. Su funcionamiento requiere de políticas activas a nivel local, provincial y nacional. Es indispensable armonizar el plan técnico y concursar las frecuencias radioeléctricas con un criterio inclusivo y amplio. Asimismo se requiere la aplicación plena del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y políticas públicas que fortalezcan su desarrollo.
FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS. La plena aplicación del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA) también debe asegurar recursos para la producción y equipamiento de medios audiovisuales de las comunidades originarias que fortalezcan la democratización, la identidad y diversidad cultural de la Argentina. Los medios indígenas deben estar acompañados por políticas públicas que los contemplen como actores de difusión y promoción en sus territorios y comunidades. Es necesario el cumplimiento de las obligaciones que le competen al Instituto nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como se establece en la ley 26.522.
FOMENTO DE LOS MEDIOS PÚBLICOS. Resulta imprescindible la restitución plena de la integración societaria, de los directorios y órganos consultivos de Radio y Televisión Argentina (RTA) conforme la Ley 26.522 y la recuperación de la agencia nacional de noticias TELAM como empresa pública de control de la emisión de la publicidad oficial así como de producción informativa en soportes múltiples con criterio federal. Los medios públicos cumplen una función fundamental en el equilibrio informativo con el mercado. Asimismo es necesario rescatar el rol del sector público en el sistema de contenidos para su articulación con la TDA como instancia de producción y distribución de contenidos con sentido federal.
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A LAS COMUNICACIONES: El Estado Nacional, en cumplimiento de los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (con jerarquía constitucional por Ley N°26378) debe garantizar la accesibilidad a la información y a las comunicaciones, promoviendo el diseño, desarrollo, producción y distribución de sistemas y tecnologías para que las Personas con Discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN COMUNICACIÓN. Ante los avances del criterio de mercantilización de las comunicaciones, propiciamos el enfoque de derechos en la enseñanza de la comunicación en instituciones educativas de los niveles inicial, primario, secundario y superior. Lo mismo corresponde señalar en cuanto a la alfabetización infocomunicacional en todos los niveles. Entendemos que cualquiera sea la orientación de las diferentes instituciones, la comunicación debe ser entendida como una de las bases de la democracia, ya que el punto de partida para la elección popular de las autoridades, consiste en la libertad de expresión y de acceso a la información para la toma de decisiones de las y los ciudadanos.
DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS Y LOS USUARIOS. Los públicos en general, los lectores y las audiencias de los servicios audiovisuales y usuarios de las TIC y servicios de operadores convergentes tienen derecho a que los contenidos respondan a conductas éticas y al respeto a su dignidad como personas. Tales contenidos, incluyendo la publicidad emitida en el territorio nacional, deben ajustarse a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos. El funcionamiento, ampliación y federalización de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual es relevante para custodiar estos principios mediante la incorporación de la perspectiva de los usuarios de servicios TIC con plena capacidad para la defensa del público y los usuarios de servicios.
PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO: Fomentar la perspectiva de géneros y las identidades de género diversas en la producción de contenidos. Establecer mecanismos que garanticen la equidad de géneros en la conformación de los organismos de aplicación y control de la normativa que regulan las comunicaciones.
