El ajuste encubierto del Presupuesto 2017
El Congreso Extraordinario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) comenzó hoy en el Hotel Castelar con un análisis sobre el Proyecto de Presupuesto Universitario 2017 enviado al Congreso por el Gobierno Nacional. Yamile Socolovsky, Directora del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC-CONADU) y Adolfo Medalla, de SIDUNCU, gremio de base en la UNCuyo, estuvieron a cargo de la exposición.
“Este presupuesto pretende condicionar las negociaciones paritarias del año próximo, poniéndoles un techo, además de sostener y consolidar la subejecución y el ajuste producido en 2016”, señaló Socolovsky.
Entre los comentarios al presupuesto se definieron tres grandes ejes de análisis. En primer lugar, el proyecto incluye una pauta de aumento salarial del 17% para 2017, obviando el reclamo actual sobre una recomposición que compense la pérdida de poder adquisitivo.
También se señaló la preocupación que genera un virtual congelamiento de las plantas docentes de las universidades. “El artículo 12 incluye un párrafo en el que se explicita que los aumentos salariales previstos para 2017 son estimados sobre la base de la planta docente y no docente actualmente existente, que solo será modificada con autorización de la SPU. Afirmación preocupante en el marco de un proceso de subejecución del presupuesto 2016 que ha afectado la disponibilidad de partidas para el pago a docentes y no docentes de carreras y unidades académicas nuevas, quienes todavía no se encuentran comprendidos en las plantas de las instituciones y, en consecuencia, en las previsiones del gobierno”, explicó Socolovsky.
Finalmente, se observan indicios que adelantan una paralización del proceso de expansión y fortalecimiento del sistema universitario público. A modo de ejemplo, se proyecta una disminución del 70% en gastos para infraestructura y equipamiento de las universidades; una disminución de la meta de becas para estudiantes de bajos recursos (de 19.334 a 14.350), de las becas para carreras prioritarias (de 31.394 a 20.935), y la anulación de los incentivos para la finalización de la carrera de ingeniería.
“Cambió el destinatario de la política, y es importante mirar qué clase de programas se sostienen y la política de desarrollo que implican esos programas”, remató Medalla.
