La calidad educativa y los riesgos de la mercantilización

Adriana Puiggrós presentó dos proyectos para avanzar en la modificación de algunos aspectos urgentes de la Ley de Educación Superior menemista. En entrevista con CONADU, polemizó con quienes – como el diputado del peronismo federal Eduardo Amadeo-  piensan que la calidad de la educación debería ser evaluada por el mercado. También destacó  la importancia de la planificación de la Educación Superior desde el Estado, pensando en las necesidades del país y sus regiones.

Adriana Puggrós preside la comisión de educación en la Cámara de Diputados, y presentó dos modificatorias de la Ley de Educación Superior (LES) vigente, que  están contenidas dentro del nuevo proyecto de LES, que fue presentado ya hace tres años, y como había perdido estado legislativo se volvió a presentar, incorporándoles los resultados de la consulta hecha en la Cámara de Diputados. “Que fue muy amplia”, describe Puiggrós. Entonces, se presentaron tres cosas: el proyecto de LES, nuevamente, más dos modificatorias.

¿Por qué las modificatorias?
Todavía no es el tiempo como para tratar la LES nueva, porque es de una magnitud como para ser tratada en un momento de tranquilidad y en donde no haya otros factores más coyunturales, como es el tiempo electoral, que impidan el tratamiento concentrado en el tema. Entonces, estos dos proyectos atienden a cuestiones muy urgentes: el primero es para garantizar la responsabilidad del Estado en materia de Educación Superior en momentos en donde hay un avance muy fuerte de intereses privados a partir de los acuerdos empresariales hechos en Europa, el acuerdo de Bolonia, y que ahora se reflejan en América Latina, en el Programa Iberoamericano de Educación Superior, que está financiado por el Banco Santander, el Banco Bilbao Vizcaya, Telefónica y otras empresas. Entonces, reafirmar el papel del el estado, la gratuidad de la educación superior y que la educación no es un bien transable, nos parece que es algo muy urgente y que no puede esperar a otro momento y por eso en la modificatoria proponemos sustituir un artículo por otro. Es un proyecto muy corto y es un proyecto de principios.

¿Qué implica consagrar en la Ley que la Educación Superior no es un bien transable?
Porque la Organización Mundial de Comercio (OMC) la establece como bien transable y acá se afirma que no lo es, por lo tanto no es un bien de mercado sino que es un bien social. Y reafirmamos la dependencia de la Educación Superior de la Ley Nacional de Educación, que es una Ley Superior y que ya establece que la educación es un bien social.

¿Y qué establece el otro proyecto, el paquete de Bienestar Estudiantil?
En parte también está en el proyecto de la nueva Ley de Educación Superior, pero tampoco puede esperar. También es un proyecto corto en donde se sustituyen artículos de la Ley anterior, la del 1995 y se establece la obligación de brindar becas, comedores, ayuda pedagógica, y una cantidad de elementos necesarios para garantizar que los estudiantes puedan concurrir y cursar la educación superior. Este proyecto incluye todo lo que en ese sentido tenían todos los proyectos presentados, incluso por legisladores de otros bloques, y así fue acordado con todos los bloques en la comisión.

Así como afirma que este no es un buen momento para poner en debate la LES por la profundidad que requiere, ¿en qué contexto se aprobó la LES vigente, en 1995?
La Ley del 95 se aprobó en un contexto donde el clima cultural de la sociedad era neoliberal, en donde todavía no había comenzado a verse el resultado de la aplicación del desguace del estado y de la política de convertibilidad, y entonces la sociedad aceptaba muy fácilmente – y la sociedad incluye a los universitarios – todo proyecto que implicara el retiro del Estado y el avance de intereses privados. Por eso, es que en la Ley del 95, la ley menemista, se establece la posibilidad de que hay evaluadoras privadas de educación superior. Imaginemos lo que ocurre en países como Chile, o Colombia. En donde podemos cuatro personas poner una evaluadora privada, conseguir una autorización para funcionar como si fuera un comercio y que las universidades públicas o privadas buscaran que nosotros las evaluáramos. La verdad es que quienes se llenan la boca con la calidad de la educación, y al mismo tiempo están propiciando que la educación sea evaluada por el mercado, son los que hicieron este proyecto.

¿Plantean que la calidad de la educación debería ser regulada por el mercado?
Quienes hicieron ese proyecto hoy quieren establecer un ranking en la Argentina, un ranking de docentes, uno de alumnos, uno de escuelas, y admiran el modelo chileno. Yo recomiendo que busquen la información sobre el intento de Joaquín Lavín, el ministro de Educación de Chile, que fue el candidato de la derecha que perdió con Michelle Bachelet. Su plan principal es el Plan Semáforo, por el cual categoriza a las escuelas en rojo, amarillo y verde – incluso ha puesto en las escuelas estos semáforos – para que estén categorizadas las poblaciones escolares, los docentes y los alumnos.

Y así fragmentan las demandas colectivas…
Es una cosa tremenda. Lo que pasa es que en Chile la educación está muy privatizada. Y la Universidad de Chile si bien sigue siendo formalmente estatal, en la práctica, entre la cuota que pagan los alumnos y los subsidios de privados… Esto implica que el Estado aporta de acuerdo al mérito. El que logró el semáforo verde va a recibir mucho más que el que logró el rojo. Entonces tenemos un proyecto en la comisión, disfrazado con la idea de la “calidad educativa” que está tratando de establecer esto, concretamente.

¿Quién lo presentó?
El diputado Eduardo Amadeo (del Peronismo Federal), que publicó un artículo en el diario La Nación (del lunes 13 de junio), que yo ahora estoy contestando en el cual él mezcla muchas cosas y considera que todo lo que es subsidio necesariamente es perverso. Entonces mezcla la Asignación Universal (por hijo) con el Caso Shoklender, a las Madres de Plaza de Moyo las mezcla con robos, y sobre nosotros que defendemos la educación pública dice que no queremos que se nos evalúe. Bueno, realmente hace una ensalada terrible, porque el centro de es una discusión que tuvimos la semana pasada en la Comisión de Presupuesto, quería que se discutiera “calidad de la educación” en ese ámbito, vinculando calidad con presupuesto.

¿Qué pasa con el acceso a la educación por parte de las mayorías si el parámetro de calidad es el mercado?
Es una discusión muy importante en este momento el concepto de calidad que tenemos y qué vamos a hacer con la evaluación. Porque en ese mismo artículo se acusa al ministro de Educación de la Nación (el profesor Alberto Sileoni) de criticar las pruebas PISA, como si fuera la prueba PISA palabra mágica de la ciencia… Entonces todo esto hay que discutirlo, porque quienes opinan que es mejor mercantilizar la educación consideran que la calidad de la educación la da el mercado, de hecho hay un famoso congreso en Bogotá, en donde el entonces presidente Álvaro Uribe, hace dos años, dejó muy claro ante 4 mil personas, que la universidad debe ser pertinente al mercado. Y el Acuerdo Iberoamericano de Educación Superior tiene como centro que la definición es que la universidad sea pertinente al mercado. El otro día vi un video español que mostraba los posgrados de excelencia españoles y subyacía la idea de que no había por qué temer a que la universidad se conectara con el mercado, y mostraban lugares de excelencia en donde la universidad está incluida dentro de las empresas. La universidad pasó de ser autónoma y autoreferente a ser una parte de las empresas. Y mostraban sólo lo que era de excelencia, no mostraban el resto. Porque en esta idea de educación meritocrática se trata de hacer inversiones del Estado en la investigación de punta necesaria para las empresas, y después una inversión masiva, lo más barata posible para el conjunto. Entonces ese concepto de “calidad de la educación” no es el concepto que nosotros compartimos.

¿Desde dónde pensar la calidad de la educación, entonces?
Nosotros creemos que la calidad de la educación tiene muchos aspectos que hay que desagregar. El primero es que haya escuelas, que en los edificios escolares funcionen bien, que el ambiente escolar funciones bien, que haya material didáctico, que haya tecnología avanzada, y que sea para todos. Si esa infraestructura llega sólo al 30% de la población, y el 70% queda afuera no es una educación de calidad. Si muchísimos estudiantes chilenos, o colombianos también, vienen a la Argentina a estudiar porque la educación es tan cara que no pueden pagarla, esa no es una educación de calidad. Aunque los defensores del mercado digan que la argentina no es una educación de calidad, los estudiantes de países con sistemas educativos mercantilizados vienen a la Argentina a estudiar los que van a ser luego médicos o ingenieros o pedagogos en Chile o en Colombia. La calidad es también la capacitación docente, que los docentes conozcan realmente sus disciplinas y que las puedan enseñar, que un docente no tenga cinco escuelas, sino que tenga una o dos y que realmente pueda tener 50 alumnos por semana y no 300.

¿Cómo se integran las condiciones de trabajo de los docentes en la calidad de la educación? Por ejemplo, en el caso de los docentes universitarios que no tienen ningún Estatuto que regule la actividad.
Que existan paritarias, que existan convenciones colectivas de trabajo es también otra medida de la calidad de la educación. Para mí medidas de la calidad de la educación tienen que ver con cuánto han aprendido los alumnos, pero cuánto y qué han aprendido tiene que ver también con la relación con aquello que la sociedad aspira a que aprendan. Lo que aspira la sociedad de Filadelfia, a lo mejor no es lo mismo que a lo que aspiran los países que están en UNASUR. Y en ese sentido yo creo que es muy importante que UNASUR avance para establecer algún tipo de prueba regional. Y luego es muy importante que se establezca esto para que no digan que no nos queremos evaluar o que no queremos que nos evalúen. Es muy importante que haya pruebas nacionales, para que se puedan elaborar desde nuestras propias metas, nuestra propia cultura. Naturalmente que hay una base de valores universales, pero también los valores universales se leen de manera distinta si uno lo hace desde el corazón del mercado o si uno lo hace desde un Estado democrático, nacional y popular. Yo creo que hay que avanzar en otro concepto de evaluación, que es una parte del proceso de aprendizaje, que siempre existió en la escuela argentina: los boletines de calificaciones, las pruebas escritas, los exámenes trimestrales, los de fin de año, los concursos docentes… No es que no se evalúe. Creo que hay que buscar formas más participas de evaluación, donde el docente evaluado participe de la evaluación, porque si no lo tengo en cuenta como sujeto, la evaluación cobra un sentido policíaco, una mirada represiva, para guardarse esa información. Estaría robándoles información al otro, cuando en realidad la evaluación tiene que ser parte del proceso de aprendizaje para ver como van las cosas, para poder mejorar, para alimentar la formación docente, para pedir ayuda a las familias, para decirle al chico qué tiene que mejorar o mejorar los métodos de enseñanza.

¿Y cómo se saldará en el campo de la educación superior esta tensión entre democracia y mercado?
La educación primaria tardó un siglo y medio en universalizarse. Va a tardar unos 60 años en total, la educación superior en universalizarse. Naturalmente que con un desarrollo desigual, habrá zonas que tardarán más y zonas que tardarán menos. Pero esto abre la necesidad de admitir que se está formando un nuevo nivel educativo, que ya no es la vieja idea de universidad que no se concebía como parte de un sistema educativo, recién hace poco está la idea de un nivel terciario y cuaternario. Y en realidad, todavía la idea del nivel terciario, en el imaginario, es un espacio vacío poblado por instituciones desarmadas, desconectadas entre sí.

Ahí se nota la falta de la LES.
Sí, porque lo que falta es organizar un verdadero sistema de educación superior, que admita que hay un nuevo nivel y que por lo tanto vaya admitiendo que en un país como la Argentina debe poder recibir a todos los jóvenes que terminan el secundario. No puedo dar una definición general, porque una cosa es en China, que tiene 1.400 millones de habitantes, pero 7 millones de graduados anuales. Y otra cosa es la Argentina, que tiene 40 millones de habitantes, y de ninguna manera tiene justificativo para no encontrar la forma en que todos los que terminan el secundario puedan ingresar en algún tipo de carrera en la educación superior. Por eso también hay que orientar.

¿Cómo se puede planificar?
Se puede orientar, se puede dar becas para las carreras que se refieren a profesiones en donde se necesitan más profesionales. Se pueden desalentar carreras, y no abrir más carreras de abogacía, por ejemplo. Habrá que ver caso por caso, es por épocas. En una época era psicología, en otra sociología, carreras que se superpoblaban. También hay una autorregulación, pero yo creo que de todas maneras hay que poder orientar. Y se orienta poniendo más dificultades o menos dificultades, alentando con becas, con concursos de apoyo. Pero para eso tiene que haber un planeamiento, no se puede hacer de manera azarosa. Por eso, en el proyecto de la nueva Ley de Educación Superior proponemos que se forme un Consejo de Educación Superior paralelo al Consejo Federal de Educación, que sea un organismo planificador, con representación de las organizaciones docentes, estudiantiles y de las autoridades de las universidades. Que tenga atribuciones técnicas y que pueda tener mucho peso en las decisiones de política para la educación superior. Entonces, así vamos a saber dónde hay que abrir una universidad, qué carreras son recomendables, dónde hay que abrir un posgrado, qué posgrados debería financiar el estado, porque a lo mejor no tienen que ser todos financiados por el Estado, sino los que tienen que ver con el desarrollo de determinada región. Quizás hace falta un posgrado en un lugar determinado y un posgrado distinto en otra región. Para todo esto hace falta planificar.