“A pesar de las limitaciones del Estado, en Colombia las universidades públicas han sido un espacio crítico, donde se dieron manifestaciones importantes como expresión de oposición y de pluralismo”

Miguel Ángel Beltrán es un docente universitario e investigador colombiano que recorre América Latina no por una decisión política, sino por la amenaza de muerte que pesa sobre él desde que hace algunos años comenzara a desarrollar sus trabajos de investigación sociológica sobre la guerrilla colombiana. Beltrán es miembro de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), una organización gremial con una larga tradición de lucha en Colombia que forma parte activa de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL).

Su periplo comenzó cuando en el año 2008 se encontraba desarrollando una estancia posdoctoral en México, invitado por el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad Nacional Autónoma de ese país. En ese contexto fue secuestrado por las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), en un operativo conjunto con los organismos de inteligencia del Estado Colombiano, trasladado a Bogotá y presentado ante la opinión pública como un importante jefe guerrillero que operaba bajo el alias de “Jaime Cienfuegos”. Su aprensión, que contó con una fuerte campaña de prensa en favor de su arresto, se produjo bajo los cargos de “rebelión” y “concierto para delinquir”. La misma, que fuera utilizada por el presidente Álvaro Uribe para exhibirlo como un terrorista internacional, se llevó a cabo en un marco en el que los docentes universitarios que desarrollan una tarea autónoma del poder estatal, y orientada a abordar las principales problemáticas colombianas, son fuertemente cuestionados por su actividad.

Nunca hubo pruebas para su encarcelamiento. Le iniciaron un proceso judicial a partir de supuestos documentos que lo vinculaban a la guerrilla colombiana. Esas pruebas eran en realidad sus “escritos académicos” y una computadora que presuntamente pertenecía al fallecido jefe guerrillero Raúl Reyes. Aseveración que nunca fue comprobada.

Con su detención es imposible soslayar otros datos que describen la continuidad de las políticas que los distintos gobiernos de los Estados Unidos han diseñado para América Latina: “Doctrina Monroe”, “diplomacia del dólar”, “política del garrote”, “política del buen vecino”, “Doctrina de la Seguridad nacional”, “Consenso de Washington”. Ellas describen las regularidades del comportamiento de Estados Unidos frente a los distintos procesos políticos desarrollados por los gobiernos de Centro América y el Cono Sur durante gran parte de los siglos XIX y XX.

A Beltrán, de profesión sociólogo, no se le escapa el marco histórico. Por el contrario, en algunas de sus exposiciones a nivel internacional, en las que ha denunciado su detención como parte de una campaña del gobierno colombiano, ha señalado que los gobernantes de su nación “se ufanan de contar con uno de los países de más larga estabilidad democrática en el continente”. Mientras en los últimos cien años, países como Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia padecieron cruentas dictaduras, Colombia vivió, hace más de medio siglo un golpe militar que en su momento fue calificado de golpe de opinión y desde entonces se ha celebrado ininterrumpidamente elecciones, contando desde 1991 con una nueva Constitución Política que consagró una serie de mecanismos para la protección de los Derechos Humanos y la participación popular; el reconocimiento de los derechos culturales y territoriales a las minorías étnicas y el promocionado impulso a procesos de negociación con movimientos armados, que han concluido en su desmovilización, permitiendo que algunos de sus dirigentes hoy día hagan parte del aparato estatal. Pero detrás de esta ficción democrática se esconde una cruda realidad: el estado colombiano cuenta con uno de los ejércitos que recibe mayor ayuda de los Estados Unidos en el mundo y que han sido los responsables del asesinato de miles de compatriotas. La ONU reconoce cerca de sesenta mil desaparecidos en el país; mientras que la cifra de desplazados por los grupos paramilitares –en connivencia con el Estado- supera los cinco millones de personas. Desde la creación de la Central Unitarias de Trabajadores (CUT) en 1986 han sido asesinados cerca de tres mil sindicalistas. Las organizaciones de Derechos Humanos han puesto de presentes que el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos. Todo esto como parte de una estrategia de terrorismo de Estado que criminaliza cualquier expresión de oposición política y social, y que persigue el pensamiento crítico”.

Beltrán será uno de los panelistas que intervendrá en las actividades previstas para el desarrollo del Congreso Mundial organizado por la Internacional de la Educación (IE) en la República Argentina.

De visita en la Argentina, y de paso por la sede de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), mantuvo una reunión con la conducción de la Federación en la que recibió el apoyo y el respaldo de sus dirigentes, la que quedó expresada en un documento que será enviado a las autoridades de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) y difundida en foros y encuentros de carácter internacional.

– ¿Cuándo y cómo comenzó esta historia?

– Miguel Beltrán (MB): Mi situación se inició cuando estaba en la Universidad Autónoma de México y fui invitado por el Centro de Estudios Latinoamericanos a hacer una estancia posdoctoral. Eso fue en el año 2008. Yo salí con un permiso de la embajada de Colombia, con una visa de turista y cuando empecé a hacer mis trámites en migraciones me demoraron bastante tiempo. Estaba tramitando mi visa de estudiante para hacer el postdoctorado, tenía todos los requisitos, y luego de nueve meses me llevaron a una entrevista con la Subdirección de Migraciones. Pero esa entrevista era una trampa: cuando voy a esa entrevista no hubo tal y ahí me hicieron firmar un documento y ahí fui detenido secuestrado por las autoridades del Instituto Nacional de Migraciones. Me metieron a una camioneta, me esposaron, me taparon la cara, me torturaron y me llevaron hasta un aeropuerto de México de Toluca. Ahí me esperaba un avión que me llevó al aeropuerto de Bogotá, en Colombia. Fui secuestrado. Allí fui presentado en los medios de comunicación como un miembro internacional de las FARC.

– ¿De dónde emana esta sospecha sobre tu supuesta pertenencia a las FARC?

– MB: Eso hay que ubicarlo en el contexto del gobierno del presidente Uribe y la “Política de Seguridad Democrática” y en una tradición que ha habido en Colombia de aquellos que tenemos un pensamiento crítico, aquellos que manifestamos un pensamiento diferente. En mi caso, tengo muchos escritos sobre el conflicto armado y social, pues soy profesor de una universidad pública, soy sociólogo, y durante este período hubo una gran persecución a los docentes y a los pensadores críticos y creo que esa fue la razón fundamental.

– ¿Imaginaron tu vinculación con las FARC a partir de las entrevistas que realizaste para tus trabajos de investigación en el campo de la sociología?

– MB: Creo que hubo varios factores. Un factor, como ya lo expresé en varias oportunidades, fue que tuve la posibilidad de entrevistarme con el jefe guerrillero Raúl Reyes durante los acuerdos que se estaban firmando con el presidente Pastrana que había fijado una zona denominada de “despeje”. Allí habían asistido muchísimas personalidades, periodistas, académicos. Yo fui uno de ellos. Yo adelantaba mi investigación sobre el proceso de paz y las perspectivas de ese proceso que en ese momento se estaba desarrollando. Ese fue un elemento que, considero yo, se tuvo en cuenta. Lo segundo es que estuve en México durante siete años cursando una maestría en la UNAM y seguramente, también, asociaron esa permanencia allí. En ese momento, y como es de conocimiento público, las FARC tenían allí una oficina reconocida por el mismo gobierno. Estos factores, sumados a mi disidencia, a mis escritos y a mis críticas, que fueron muy orientadas a develar el conflicto armado y social que estaba viviendo Colombia porque por directriz presidencial se prohibía hablar de conflicto armado y social. El presidente Uribe agitaba la tesis de que en Colombia había una amenaza terrorista y que aquellos que hablábamos de conflicto armado y social éramos sospechosos de tener alguna relación con la guerrilla.

– ¿Qué distinción, para la gente que no pertenece al campo de las ciencias sociales y políticas, se puede hacer entre conflicto armado y social y terrorismo?

– MB: La política de terrorismo es una política que, como se sabe desde el ataque a las Torres Gemelas, ha sido impulsada por el presidente Bush y muchos gobiernos de derecha, incluso gobiernos de centro, asumieron esa política de persecución contra el terrorismo. Logrado este asunto es que en esa conceptualización de terrorismo se incluyeron movimientos políticos legales como una forma de criminalizar la oposición y en Colombia coincidió esta política con el ascenso de Álvaro Uribe. En el caso de Colombia, los investigadores que hablamos de conflicto armado y social, hablamos de un conflicto que lleva más de cincuenta años, un conflicto que tiene unas profundas raíces sociales, económicas y políticas y para nosotros es muy importante señalar esto, porque está a la vista aunque trate de ocultarse de las miradas estatales, los costos que ha tenido ese conflicto en términos de vida, en términos económicos y en términos políticos. Considero que el conflicto armado y social es muy importante reconocerlo, fundamentalmente para buscarle la salida política a ese conflicto.

– ¿Qué características tiene la Universidad Pública en Colombia?

– MB: En Colombia, a pesar de que el Estado ha limitado el campo de acción de las universidades públicas, ha sido un espacio crítico, un espacio que ha tenido unas manifestaciones importantes como expresión de oposición, como expresión de pluralismo, que ha sido muy perseguida por los gobiernos de turno.

– Si es así ¿entonces se puede inscribir su detención en ese contexto en el que hay un intento del gobierno colombiano de llevar adelante una suerte de control ideológico sobre el campo disciplinar de las ciencias sociales en relación a los temas que investiga y trabaja?

– MB: Totalmente. No fui el único caso. Anterior a mí, hubo un caso que es el del profesor Alfredo Correa, acusado en su momento de ser también un ideólogo de las FARC. Salió inocente y fue asesinado al mes de su liberación. Las investigaciones llegaron a determinar que había sido un crimen de Estado. Que había sido un montaje judicial. La universidad pública en ese momento, hoy lo sigue siendo, era un objetivo militar en muchos aspectos, allí Uribe hizo una consulta a la base de datos de egresados de las universidades públicas que tenía como objetivo hacer un control sobre las universidades públicas.

– ¿Cuál es tu situación laboral en relación a la universidad en la cual cumplís funciones cómo docente, e investigador, si ahora es imposible volver a Colombia porque tu vida corre peligro?

– MB: Mi interés después de que salí de la cárcel fue vincularme a la universidad, de hecho ese fue mi primer paso. Después de eso vinieron muchos pronunciamientos y mucha desinformación por parte de los medios masivos de comunicación, señalando en primer lugar que yo había salido por una decisión de la Corte más no porque yo era inocente de los cargos. Desinformando totalmente, me siguieron señalando como “Jaime Cienfuegos”, que era el alias que los medios de inteligencia me trataron de vincular, pero ellos a pesar de la decisión judicial siguieron señalándome. Vinieron amenazas electrónicas, interceptación de teléfonos, seguimientos y entraron a mi apartamento y se robaron un disco extraíble con información de mis investigaciones y finalmente tuve información de que había un plan para asesinarme. Eso fue lo último que me llevó a tomar medidas mucho más drásticas y salir del país, porque el Estado colombiano tampoco me garantizó esa posibilidad. Yo solicité al Ministerio del Interior medidas de seguridad, se hizo un estudio en el que se determinó que yo tenía un alto riesgo en el país, me ofrecieron incluso guardaespaldas, carros blindados, pero el ministro del Interior seguía afirmando que yo era “Jaime Cienfuegos”, un guerrillero de las FARC.

– ¿De dónde surgió ese alias, qué crees?

– MB: Creo que es parte de los montajes que hace el gobierno de Colombia. Cada vez que hay una protesta, el mecanismo que utiliza es vincularlo con la guerrilla armada, entonces se inventan alias, que tienen vínculos con la guerrilla, que es un colaborador o que es un ideólogo. Recientemente volvió a pasar que los profesores que se movilizaron, y estudiantes, contra la reforma que actualmente intentan llevar adelante fueron señalados como colaboradores de la guerrilla por el solo hecho de participar en la protesta.

– ¿Cuánto tiempo hace que estás fuera de Colombia?

– MB: Yo salí a finales de septiembre, octubre, del año pasado y he estado en diferentes partes de América Latina.

– ¿Qué organizaciones son las que te están dando respaldo, apoyo?

– MB: Ha sido una solidaridad muy importante de parte de los sindicatos de profesores universitarios, de ONGs, de organizaciones de DD.HH., de colegas que han conocido mi trabajo. Ha sido una ganancia en todo este proceso a pesar de todas las dificultades. La universidad en un principio me dio una comisión de estudios, con esa comisión de estudios me mantuve este año. Sin embargo en este momento se negó a renovarme esa comisión de estudios. Sus argumentos no son muy claros a pesar de que he demostrado los riesgos que corre mi vida. A la universidad no le ha importado esos riesgos y está obligándome a regresar al país lo cual es sumamente preocupante.

– ¿En septiembre vas a estar participando como expositor en el encuentro de carácter internacional que organiza la IE en la Argentina?

– MB: Sí, recibí una invitación para participar y exponer la situación.

– ¿Tu caso es el emergente de una situación que se multiplica y se repite en el escenario universitario?

– MB: Lo grave del asunto es que pasa cotidianamente, en las universidades, con los profesores de secundaria, en todos los niveles y en los movimientos sociales que están en permanente persecución por la criminalización. Entonces, mi caso ha servido para visibilizar esa situación dramática que viven los activistas sociales, los miembros de la oposición en Colombia.

– Dada tu experiencia en el campo de la investigación social, ¿hacia dónde se dirige Colombia?

– MB: Bueno, si miramos por un lado el anhelo que tiene el pueblo colombiano, el pueblo colombiano quiere la paz porque está cansado de una guerra que ha tenido muchos costos. Una guerra que ha tenido más de cuatro millones de desplazados internamente por causa del conflicto, han asesinado a más de cuatro mil sindicalistas, los costos han sido muy altos y el pueblo colombiano quiere la paz. Las organizaciones armadas como las FARC han hecho pronunciamientos en ese sentido. El gobierno también ha dicho que quiere la paz, pero no es muy claro en sus acciones hacia dónde va esa paz. Porque la paz en Colombia no es nada más que el cese de la guerra, sino también que se anulen esas condiciones objetivas que han creado la guerra en Colombia. Esas condiciones objetivas tienen que ver con problemas económicos, con situaciones políticas de exclusión, con situaciones que han generado e impulsado la guerra en Colombia. Pero la guerra en Colombia ha sido, también, funcional para el gobierno, para los militares, y tampoco tienen esa decisión de darle final a la guerra.

– En ese contexto que describís, ¿qué papel juega el narcotráfico y la presencia de los Estados Unidos? Cuya intención es la de recuperar un rol protagónico en América Latina?

– MB: Yo pienso que Colombia ha sido un puntal importante para esa política de los Estados Unidos, en un momento en el que ha habido cambios interesantes en América Latina. Lo vemos en Venezuela, en Bolivia, aquí mismo en la Argentina. Hay otras formaciones importantes. Colombia se presta para servir como un puntal para esa política antiterrorista de los Estados Unidos. Entonces, no por nada Colombia es el país que recibe más ayuda en el mundo de parte de los EE.UU.: ayuda militar y ha jugado un papel importante, durante el gobierno de Uribe, de provocación del gobierno vecino de Venezuela. Y ha buscado alianza en países como México. Se han enviado asesores colombianos para impulsar esa política. Y el problema del narcotráfico ha tenido para Colombia costos muy altos, en la medida en que el Estado colombiano ha estado vinculado al narcotráfico y que el narcotráfico también ha servido para financiar los grupos paramilitares.

Entonces el narcotráfico juega allí un papel muy importante, como un elemento desestabilizador que alimenta el conflicto colombiano y lo alimenta en contra de las organizaciones sociales, porque es muy claro los vínculos del narcotráfico con las organizaciones paramilitares.

– CONADU también te ha expresado su solidaridad y su apoyo

– MB: Sí, yo quisiera agradecer esta solidaridad. No es nueva, porque durante el proceso en el que estuve detenido tuve mucho apoyo por parte de esta organización y de otras organizaciones. Yo quiero agradecer esta solidaridad y este apoyo y creemos que es posible que en Colombia cambien las situaciones. Yo pienso y aspiro regresar en la medida que se me garanticen las condiciones de mi vida y la de mi familia.