Informe sobre las Universidades Nacionales en el Proyecto de Presupuesto 2017
El Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU (IEC – CONADU) publicó un Informe sobre las Universidades Nacionales en el Proyecto de Presupuesto 2017 que refleja el ajuste producido durante este año, poniéndole un techo a la negociación salarial, recortando becas, frenando el proceso de expansión del sistema y reduciendo por primera vez en 10 años la inversión en universidades nacionales con relación al PBI.
“Este presupuesto pretende condicionar las negociaciones paritarias del año próximo, además de sostener y consolidar la subejecución y el ajuste”, señala Yamile Socolovsky, Directora del IEC-CONADU.
El Informe pone especialmente el foco en tres ejes de análisis. En primer lugar, el proyecto incluye una pauta de aumento salarial del 17% para 2017, obviando el reclamo actual sobre una recomposición que compense la pérdida de poder adquisitivo. “De acuerdo a expresiones del Presidente del BCRA, el gobierno espera que para 2017 los salarios crezcan entre un 15% y un 17%. En igual sentido se ha manifestado el Ministro de Hacienda cuando afirma que ‘todos los gastos del proyecto de Ley de Presupuesto fueron estimados en base a una pauta del 17% e incluyen todos los gastos necesarios’. Es decir que la pauta del 17% debe llegar para todo el año, sin dar lugar a adicionales resultantes de las negociaciones paritarias”, explica Socolovsky.
También preocupa un virtual congelamiento de las plantas docentes de las universidades. El artículo 12 del Proyecto de Presupuesto incluye un párrafo que explicita que los aumentos salariales previstos para 2017 son estimados sobre la base de la planta docente y no docente actualmente existente, que solo será modificada con autorización de la SPU. Esta afirmación se da en el marco de un proceso de subejecución del presupuesto 2016 que ha afectado la disponibilidad de partidas para el pago a docentes y no docentes de carreras y unidades académicas nuevas, quienes todavía no se encuentran comprendidos en las plantas de las instituciones y, en consecuencia, en las previsiones del gobierno.
En este sentido se anuncia un proyecto de reforma de la Ley de Administración Financiera que tiende a reducir las facultades del Poder Ejecutivo para modificar o ampliar las partidas. Nueva iniciativa que apunta a cristalizar la distribución del ingreso resultante de la devaluación, sacrificando el salario real en nombre de la lucha contra la inflación.
Finalmente, se observan indicios que adelantan una paralización del proceso de expansión y fortalecimiento del sistema universitario público. A modo de ejemplo, se proyecta una disminución del 70% en gastos para infraestructura y equipamiento de las universidades; una disminución de la meta de becas para estudiantes de bajos recursos (de 19.334 a 14.350), de las becas para carreras prioritarias (de 31.394 a 20.935), y la anulación de los incentivos para la finalización de la carrera de ingeniería (de 2000 a 0).
Desde el IEC-CONADU recalcan: “El gobierno realiza sus estimaciones de incremento presupuestario entre 2016 y 2017 sobre la base de una proyección del gasto para este año que no se condice con el ritmo de ejecución llevado hasta ahora y que depende de una ampliación de las partidas destinadas a UUNN que al día de la fecha no se ha realizado. Sin embargo, al mismo tiempo, el proyecto 2017 confirma la sub-ejecución presupuestaria que venimos denunciando (Ver “Primer Informe sobre Presupuesto Universitario” y “EL AJUSTE SOBRE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO: Segundo informe de CONADU sobre el Presupuesto Universitario”). A pesar de haberse iniciado la transferencia de algunas partidas, resulta difícil prever que la ejecución será completada en lo que resta del año, y es evidente que el perjuicio de la imposibilidad de disponer de recursos en tiempo y forma ha afectado ya el desarrollo de las actividades implicadas”.
Hasta el momento, la falta de financiamiento significó la paralización o recorte de numerosas actividades, y exigió un esfuerzo de auto-ajuste y transferencia de recursos de algunas actividades a otras para poder sostener aquellas que se consideraron más relevantes o impostergables.
Socolovsky remata: “Reiteramos nuestra preocupación, no sólo por la insuficiencia general del presupuesto asignado a las Universidades Nacionales, sino también por el sesgo que podría adoptar la política universitaria que el gobierno defina a través de la administración de estos recursos”.
