Preocupación de CONADU por la situación del CRILAR de La Rioja.
Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), vemos con gran preocupación las sanciones que recibieron docentes e investigadores del CRILAR, Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja, en el marco de un sumario que como lo fundamentaron los y las afectadas fue realizado sin perspectiva de género y sin resguardar las garantías constitucionales del debido proceso.
El CRILAR depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de la Provincia de La Rioja, del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y de dos universidades nacionales: Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) y de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa). Desde su creación en 1998 tiene como misión principal generar y transferir conocimiento científico y tecnológico en temáticas de las ciencias naturales, contribuyendo a la solución innovadora de problemas ambientales, de salud y agrícolas de la Argentina y de la Región Noroeste, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las sociedades de la región y el país.
Un grupo de docentes e investigadores denunciaron violencia laboral y de género por parte de las autoridades del instituto y como represalia se iniciaron sumarios persecutorios e intimidatorios cuya acusación principal es la de “posición antagónica contra la dirección del CRILAR” y en las carátulas de dichos sumarios se plantea el “desacato a la autoridad”, figura inadecuada para una institución científica en un contexto democrático.
Luego de dos años de investigación sumarial donde se desestimaron todas las pruebas y testigos ofrecidos por las y los sumariados, se propicia la sanción de suspensión sin pruebas que justifiquen esta decisión en el marco de una causa viciada de irregularidades procesales que afectan las garantías del debido proceso y el legítimo derecho de defensa de raigambre constitucional.
Por el expuesto solicitamos la nulidad de todo lo actuado, se realice un análisis justo, con perspectiva de género y respeto al debido proceso, y el cese de violencia laboral e institucional a las y los trabajadores docentes e investigadores.
