Marcha de la CTA por el blindaje social
Con la presencia de unos 7.000 militantes pertenecientes a distintas organizaciones sindicales, políticas y sociales, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA)llevó adelante hoy una movilización frente al Congreso de la Nación para reclamar la implementación de un «Blindaje Social». La iniciativa, cuyo objetivo es impedir que la crisis económica y la persistencia de un modelo de distribución que perpetua la desigualdad siga golpeando sobre las espaldas de los trabajadores, está conformada por un paquete de leyes que contemplan la protección del empleo y un impulso a la recuperación del ingreso de los trabajadores y de los jubilados.
Del encuentro participó la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU),la que adhirió junto a sus gremios de base a la iniciativa con el propósito de promover la implementación de un seguro de empleo y formación para los trabajadores desocupados, la reforma de la fórmula de movilidad de los haberes jubilatorios, la prohibición de los despidos por seis meses, la homologación del Convenio 158 de la OIT (estabilidad de los trabajadores), la implementación de una tarifa social, y la garantía de libertad y democracia sindical.
Este conjunto de proyectos de ley fue aprobado por la conducción nacional de la CTA como parte de la propuesta del Blindaje Social por el que la Central de los Trabajadores viene luchando desde hace varios años. Durante el encuentro Yasky adelantó que la Central seguirá promoviendo, además, «la movilización de los trabajadores para seguir reclamando la libertad y la democracia sindical».
En ese contexto Yasky puso de relieve el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en defensa de la libertad sindical. Yasky hizo referencia a los fundamentos de los magistrados, los cuales declararon inconstitucional la norma que limitaba la protección contra suspensiones, o despidos, sólo a los representantes de sindicatos con personería gremial. Los jueces del Tribunal Supremo fundamentaron que no se pueden otorgar privilegios únicamente a las asociaciones más representativas.
La Corte se expidió sobre la inconstitucionalidad del art. 52 de la ley 23.551, de Asociaciones Sindicales, al determinar que Adriana Rossi, empleada de la Armada Argentina y presidenta de la Asociación de Profesionales de la Salud del Hospital Naval (PROSANA), sindicato de primer grado, simplemente inscripto, había sido objeto de una sanción disciplinaria de suspensión y del cambio de lugar de tareas, sin la autorización correspondiente de la Justicia, ya que se encontraba bajo tutela sindical.
El fallo fue celebrado por el conjunto de los trabajadores que participaron de la concentración, como un avance mas en la profundización de la política sindical desarrollada por la CTA, la que se inscribe en el marco del pedido de reconocimiento de esta organzación sindical al estado nacional tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la vigencia constitucional del convenio de la OIT sobre libertad sindical.
Tras el cierre del acto las columnas de la Federación de Trabajadores de la Industria (FETIA), SUTEBA, CONADU, Frente Transversal, Actores, Tupac Amarú, entre otras, marcharon hacia la sede del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para repudiar las políticas» implementadas por el gobierno porteño de Mauricio Macri, a dos años de gestión».
Secretaría de Prensa CONADU
