INTIMIDACIÓN Y REPRESIÓN EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EL AVASALLAMIENTO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Reporte IEC-CONADU, diciembre de 2017

En el último año y medio, a medida que el gobierno de la Alianza Cambiemos intensificaba su estrategia de instalación de un escenario represivo y persecutorio, comenzaron a sucederse episodios en los que las fuerzas de seguridad intervinieron en recintos universitarios, o produjeron situaciones de amedrentamiento dirigidas a sus integrantes. Hemos denunciado oportunamente cada uno de los hechos conocidos, en tanto no sólo configuran casos de violación de la autonomía universitaria y, por lo tanto, quebrantamiento de las normas establecidas en la Constitución y en la Ley de Educación Superior, sino en la medida en que se trata de un aspecto de la política oficial de hostigamiento a las universidades públicas y de criminalización de la organización y la movilización popular.

La autonomía de las universidades nacionales es una atribución constitucional. Según expresa el Artículo 75, inciso 19 de la Constitución de la Nación Argentina, corresponde al Congreso:
(…) Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.

Por otra parte, la Ley n.° 24.521 de Educación Superior en su Capítulo II establece los alcances y garantías del precepto constitucional, y puntualmente en los Artículos 30 y 31 relativos a la intervención y el ingreso de la fuerza pública en las UUNN dispone:
Artículo 30. – Las instituciones universitarias nacionales solo pueden ser intervenidas por el Honorable Congreso de la Nación, o durante su receso y ad referéndum del mismo, por el Poder Ejecutivo nacional por plazo determinado -no superior a los seis meses- y sólo por alguna de las siguientes causales:
a) Conflicto insoluble del o de la institución que haga imposible su normal funcionamiento;
b) Grave alteración del orden público;
c) Manifiesto incumplimiento de la presente ley.
La intervención nunca podrá menoscabar la autonomía académica.
Artículo 31. – La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente
constituida.

LOS CASOS DENUNCIADOS EN ESTE PERÍODO

23 de septiembre de 2016: Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvieron a uno de los colectivos del Programa de Transporte en el que iban alumnos y docentes de la Universidad Nacional de La Pampa. Los agentes de la PSA subieron armados a una unidad claramente identificada con el logo correspondiente y a la cual sólo acceden estudiantes, profesores y no docentes de la UNLPam; sin orden judicial y sin explicar los motivos por los
cuales se realizó el operativo.

17 de noviembre de 2016: El Fiscal Marijuán denuncia a 52 de las 56 Universidades Nacionales existentes por supuesta “malversación de fondos”, basándose en información publicada por el diario Clarín a principios de año, sobre unos 747 millones de pesos distribuidos entre ellas por el gobierno anterior. Las 52 denuncias de Marijuán, quien pide a los jueces que identifiquen a las autoridades responsables, quedaron repartidas en seis de los doce juzgados federales de los tribunales de Comodoro Py.

12 de abril de 2017: la Policía de la Provincia de Jujuy ingresó en instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy y reprimió ilegalmente a los estudiantes que se encontraban en el lugar, concluyendo con la detención de dos jóvenes, uno de ellos el Presidente del Centro de Estudiantes.

12 de mayo de 2017: Mientras se realizaba el cierre de las elecciones del centro de estudiantes y de claustro estudiantil en la Facultad de Derecho de la universidad de Lomas de Zamora, más de veinte oficiales de la policía comunal entraron en la sede universitaria.

30 de mayo de 2017: Ingreso ilegal de la policía provincial a la Universidad Nacional de San Juan mientras se llevaba a cabo la Asamblea de CICUS (Comisión Interna del Comedor Universitario Sanjuanino) en la cual se debatía la situación del comedor. La policía provincial ingresó ilegalmente al Complejo Universitario El Palomar requiriendo información al personal del mismo sobre la asamblea estudiantil que se llevaba a cabo.

8 de junio de 2017: Prefectura Naval entró a la Universidad Nacional de Mar del Plata, más precisamente en la Plaza de la Memoria del complejo universitario, bajo la excusa de “garantizar que estuviera todo en orden”.

29 de septiembre de 2017: Mediante un cuestionado fallo la justicia pretende intervenir ilegítimamente en la vida institucional de la Universidad Nacional del Oeste (UNO), restituyendo en su cargo al ex rector Martín Othacehé quien fuera destituido por la Asamblea Universitaria –máximo órgano de gobierno– en agosto del 2016, por las arbitrariedades e irregularidades por él cometidas en la institución.

3 de octubre de 2017: Ingreso de tres gendarmes a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), mientras se realizaba un acto por la aparición de Santiago Maldonado. Cuatro efectivos llegaron al predio conocido como “La Siberia” en una camioneta, y dos de ellos ingresaron acompañados por la guardia de seguridad que se encuentra en el ingreso. Alegaron pretender entregar una carta documento a un docente que no tiene allí su lugar de trabajo y se retiraron ante el reclamo de los docentes y estudiantes presentes.

4 de octubre de 2017: Hostigamiento de las fuerzas de seguridad durante el XVIII Congreso Nacional de Filosofía que se realizó en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. El primer hecho afectó a una comitiva de estudiantes y de docentes de la Universidad Nacional del Litoral cuando integrantes de Gendarmería Nacional los obligaron a un exhaustivo control personal y de todas sus pertenencias (al punto de beber
el agua que los pasajeros tenían para consumo personal) en Chepes, provincia de La Rioja, camino a la ciudad de San Juan. La noche del 5 de octubre, la Policía de la provincia de San Juan detuvo durante 12 horas a un estudiante y a un docente de la Universidad Nacional de Rosario por llevar bebidas alcohólicas en la vía pública. Los detenidos quedaron incomunicados, y fueron agredidos verbal y físicamente. Finalmente, la Policía de San Juan también increpó en distintas oportunidades a estudiantes de todo el país que transitaban desde la sede de la universidad a sus hospedajes.

13 de octubre de 2017: Avasallamiento a la autonomía universitaria en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Pampa mediante el despliegue de un dispositivo desmedido de la Policía Federal para detener al docente Aníbal Prina mientras daba clases. El docente fue inicialmente retenido en instalaciones de la Facultad hasta que llegó la orden judicial de la que inicialmente carecían, y permaneció privado de su libertad tres noches mientras el juez decidía su situación procesal. La propia Ministra de Seguridad de la Nación difundió imágenes del docente en situación de detención, sometiéndolo a una ilegal forma de escarnio público en las redes sociales.

9 de diciembre de 2017: Policías federales allanaron la noche del sábado el sector de las residencias de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue, en la localidad rionegrina de General Roca. Los policías ingresaron en la sede universitaria ubicada en Río Negro sin contar con la orden de un juez. No permitieron el ingreso de abogados y mantuvieron a los estudiantes
incomunicados.

Ante esta situación, CONADU advierte a la comunidad universitaria y al conjunto de la ciudadanía que no podemos permitir que se intente normalizar la reiteración de acciones que son manifiestamente inconstitucionales. Que es preciso denunciarlas, y reclamar a las autoridades que en ejercicio de sus funciones asuman la responsabilidad de velar por el cumplimiento estricto de las leyes. No se trata sólo de la Universidad; es nuestra democracia lo que está en juego.