Informe del IEC-CONADU: El ajuste sobre las Universidades Nacionales
El Instituto de Estudios y Capacitación (IEC-CONADU) publicó un nuevo informe sobre la situación presupuestaria en las universidades nacionales durante el primer semestre del año. Entre los puntos se destaca que el presupuesto fue recortado en $1.056,4 millones y la deuda en las transferencias exigible a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) llega a $13,552,7 millones. En este contexto de ajuste, donde varias universidades declararon problemas para afrontar salarios y gastos de funcionamiento, sumado al techo salarial y a una paritaria estancada desde abril, los y las docentes universitarios/as resolvieron el no inicio del segundo cuatrimestre.
“El informe muestra en números duros la profundización del proceso de desfinanciamiento del sistema universitario público que venimos denunciando desde 2016. Es una realidad que ya nadie puede negar, que se vive en las universidades con angustia y preocupación, y que exige hoy la acción unitaria y decidida de todos los sectores comprometidos con la defensa del derecho a la educación y al conocimiento para poner freno a esta política. Es determinante, en esta etapa, que a la movilización sindical y estudiantil se sumen todas las instituciones, en defensa propia y para honrar el compromiso que se acaba de reafirmar en la CRES 2018, que sostuvo que la educación superior es un derecho y que los Estados tienen la responsabilidad de asegurarlo, especialmente frente al embate destructivo del capital financiero y el avance de la mercantilización. No se trata solamente de nuestros salarios, está en juego la defensa de uno de los factores fundamentales para el desarrollo soberano y la justicia social”, declaró Yamile Socolovsky, directora del IEC-CONADU.
Se señala también que el nivel de ejecución del presupuesto al 30 de junio fue más bajo que el alcanzado en los últimos tres años. Al finalizar el primer semestre la SPU no había pagado el 24,9% del gasto contabilizado (devengado) durante el período. Este atraso en los pagos afecta a todas las actividades, alcanzando niveles muy altos en Desarrollo de Proyectos Especiales (100%); Programa Bec.Ar (93,7%), Gastos para Funcionamiento (73,3%); Investigación de los Docentes Universitarios (53,5%); y el Financiamiento de los Hospitales Universitarios (49,5%).
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