“Es una torpe maniobra de descrédito”, diario Página 12
Desde diferentes miradas políticas, dirigentes de las federaciones de docentes y de estudiantes coincidieron en que las acusaciones del fiscal Marijuán apuntan a deslegitimar a la educación pública.
Las federaciones de estudiantes y docentes salieron a cuestionar la masiva denuncia que presentó esta semana el fiscal federal Guillermo Marijuán contra 52 universidades, prácticamente todas las casas de estudios públicas del país. Desde diferentes sectores políticos, dirigentes estudiantiles y docentes señalaron que la acusación sobre una supuesta malversación de fondos, sin pruebas ni indicios, es parte de una avanzada que pretende deslegitimar a la educación pública.
“No podemos dejar de pronunciarnos ante una denuncia que pretende instalar que en nuestras universidades la corrupción es moneda corriente”, enfatizó la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, Josefina Mendoza. Agregó que los estudiantes universitarios se están viendo interpelados por un discurso “que busca de a poco volverse hegemónico y cuestionar el libre acceso y la gratuidad”. Mendoza, dirigente de Franja Morada, se manifestó en contra de informes y editoriales periodísticos que apuntan a instalar ese discurso.
“La denuncia tiene que ver con un ataque a la universidad en general, contribuye a desprestigiarla; y denota un desconocimiento de cómo funciona el sistema universitario”, dijo a este diario Verónica Bethencourt, secretaria gremial de la federación docente Conadu. Para Bethencourt, la deslegitimación permite asediar a la universidad y a sus actores: “Este año nuestro salario se depreció diez puntos, eso también es un ataque a la educación. Como en los 90, se bajan los salarios y se subejecutan los presupuestos. En esas condiciones se van introduciendo elementos distorsivos del salario (plus y adicionales, entre otros programas) que permiten distintos tipos de actividades de los trabajadores, es el camino a la diferenciación salarial. Buscan imponer salarios básicos bajos, para que se completen con distintos adicionales. Así se condiciona la tarea intelectual”.
Desde la Federación Universitaria de Buenos Aires, su copresidente Adrián Lutvak (La Mella) calificó de “disparate” la denuncia de Marijuán y también la enmarcó en la reaparición de ciertos discursos en los medios y en medidas concretos del Gobierno. Y ejemplificó: “La anulación de un día para el otro de todos los convenios del Estado con las universidades; la devaluación; el tarifazo; la baja del salario docente y el recorte del 70 por ciento del presupuesto para infraestructura, entre otras cosas”.
Los dirigentes estudiantiles y docentes de izquierda compartieron la mirada, pero agregaron críticas al kirchnerismo. “La denuncia es una burda y torpe maniobra de descrédito, por eso cabe la sospecha de los objetivos que tiene. Se está buscando el arancelamiento, la elitización, la mercantilización y el achicamiento de la universidad”, afirmó Luis Tiscornia, secretario general de la Conadu Histórica, que hoy llamó a una huelga total. “Se pone en cuestión el rendimiento, la eficiencia; se observa a las universidades con los parámetros de una empresa. El macrismo utiliza los escándalos del pasado para justificar la profundización del ajuste del presente”, dijo el dirigente del PCR neuquino.
“Es verosímil que hubo un desmanejo presupuestario, otorgando presupuestos a dedo. Pero el Gobierno se vale de la corruptela universitaria para avanzar en medidas de privatización y arancelamiento”, opinó Julián Asiner, copresidente de la FUBA por el PO. “Hay un fortalecimiento de una línea derechosa, no quedan dudas –agregó–. Lo que no compartimos es que sea algo exclusivo del macrismo.”
En pleno conflicto por la reforma que se pretende introducir en la Universidad de Córdoba (ver aparte), Julieta Altube, vicepresidenta de la federación universitaria local por la agrupación kirchnerista La Bisagra, manifestó que la denuncia de Marijuán “va en sintonía con lo que busca el oficialismo en la UNC, que es el laboratorio de lo que se va a intentar llevar adelante después a nivel nacional”. Desde la Federación Universitaria de La Plata, Mateo Compagnucci (Miles) señaló que “se intenta construir un sentido común en contra de la educación pública, entendiendo que en los últimos doce años se avanzó mucho en el compromiso social”.
