El SiDIUN: un nuevo capítulo de la reforma neoliberal y autoritaria para las universidades
Ante el anuncio, en el Boletín Oficial, de la creación del SiDIUN, Sistema Nacional de Docentes Investigadores Universitarios, por el cual se establece un dispositivo de evaluación y categorización de las y los docentes que realizan actividades de I+D (innovación y desarrollo) en las universidades públicas y privadas, CONADU denuncia la forma antidemocrática en que se impone este programa y, sobre la base de la escasa información publicada, advierte con gran preocupación sobre las consecuencias que podría suponer su implementación.
En primer lugar, es significativo que el SiDIUN, que viene a sustituir el Programa de Incentivos a la investigación implementado en nuestro país en la década del ´90, no haya resultado de ningún proceso de debate que incluyera a las organizaciones que representamos colectivamente a la docencia universitaria. Su creación reedita el secretismo con que se instituyó, también durante el gobierno de la Alianza Cambiemos, el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, escamoteando al escrutinio público el diseño e implementación de programas cuya realización tendrá un impacto innegable tanto en la orientación y desarrollo del sistema universitario, como en las condiciones del trabajo académico.
Es importante advertir que, al igual que el Programa de Incentivos, que fue la nave insignia del ciclo de reformas aplicadas en la última década del Siglo pasado, y cuyos perversos efectos sobre la dinámica de la actividad universitaria no hemos dejado de denunciar, el SiDIUN favorece la introducción de la lógica del mercado en el sistema público.
El SiDIUN reforzaría la devaluación de la docencia, al establecer una categorización sobre la base de la evaluación de las trayectorias individuales de las y los docentes que puedan demostrar la realización de actividades de I+D, a partir de criterios productivistas, y en consideración del nivel acreditado en la formación de posgrado. Al mismo tiempo, la formulación del Programa revela una concepción reductiva de la producción de conocimiento en las universidades, limitando sus resultados acreditables a aquellos que pueden inscribirse en la perspectiva específica de la I+D, entre los que difícilmente puedan inscribirse los desarrollos de la ciencia básica, de las artes, de las humanidades y, en buena medida, también las ciencias sociales.
Por otra parte, contra los objetivos declarados en los fundamentos de la creación del SiDIUN, este Programa no promovería la investigación en las universidades, sino la competencia en la búsqueda individual de resultados acreditables para la evaluación favorable del desempeño. Se trata sólo de un Programa de clasificación de docentes, que introduce un principio de diferenciación cuya incidencia futura en las condiciones de trabajo podría anticiparse prestando atención a las consecuencias que ha tenido en otros países en los que la reforma neoliberal ha calado hasta hoy mucho más profundamente que en el sistema universitario argentino. La diferenciación salarial por categorías y el pago de adicionales por productividad, el condicionamiento del acceso a financiamiento para proyectos de investigación, la incidencia en los procesos de asignación de becas, son algunas de las consecuencias que podemos prever, y que, de sostenerse esta política, deberemos enfrentar tarde o temprano.
La experiencia con el Programa de Incentivos nos enseña que sería prudente enfrentarlas temprano. Porque una vez que aquel dispositivo fue puesto en funcionamiento, respaldado por la extorsión que en aquel momento implicaba la promesa del pago de adicionales salariales, logró inscribir en la dinámica de la actividad universitaria una impronta mercantil al estimular la competencia individual en la búsqueda de recursos, encontrando su mayor fortaleza en el condicionamiento de las expectativas y oportunidades que finalmente configuran el desarrollo de las carreras, el perfil profesional académico, y el conjunto de valoraciones y sentidos que constituyen la cultura universitaria, en un sentido contradictorio con la responsabilidad política de asegurar el derecho a la educación superior y promover la democratización del conocimiento que hemos ratificado en la última Conferencia Regional de Educación Superior realizada en junio de 2018 en Córdoba.
Es justamente en función de estos objetivos que CONADU exige a las autoridades gubernamentales e institucionales el acceso a la información necesaria para conocer en detalle el Sistema que se acaba de imponer, y llama a las y los docentes a debatir sus implicancias para resolver colectivamente un posicionamiento crítico que no eluda una definición de las políticas que requeriría una genuina decisión de fortalecer la capacidad de las universidades públicas para contribuir a un desarrollo nacional soberano centrado en la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de nuestra población.
