Convenio Colectivo: importante resolución de la Justicia en favor de la estabilidad docente en la UNLaM
La Sala 1 de la Cámara Federal en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San Martín emitió una resolución que constituye un importante antecedente para la estabilidad docente al invocar la legalidad del Convenio Colectivo de Trabajo de la docencia universitaria.
En el marco de la lucha llevada adelante entre compañeros docentes despedidos sin causa por la Universidad Nacional de La Matanza, los magistrados invocaron la plena vigencia del CCT como norma superior a los estatutos y reservas que algunas universidades intentaron imponer, al no haber sido incorporadas en su homologación.
En ese sentido, el artículo 73 del Convenio Colectivo establece que para el caso de los docentes que revistan como interinos, y que a la firma del presente convenio tengan de dos a cinco años de antigüedad en tal condición, no se podrá modificar en detrimento del docente la situación de revista y/o condiciones de trabajo, por acción u omisión hasta la cobertura del cargo por concurso público y abierto de antecedentes y oposición. En esta instancia se encuentran varios de los compañeros afiliados a SIDIUNLaM, gremio de base de CONADU en la UNLaM, despedidos en enero de 2017. Con esta resolución vuelven a sus puestos de trabajo, pero además se sienta precedente para consolidar los derechos contemplados en el CCT.
Se abre, entonces, un antecedente importante no solo para este caso sino para el conjunto de los docentes de la universidad pública frente a hipotéticas situaciones como las que instauraron las autoridades de la UNLaM. Cabe destacar que esta resolución se da en el marco de las acciones legales que la CONADU desarrolló bajo el patrocinio del abogado Damián Loretti, que interpuso los argumentos jurídicos y legales para devolverles los derechos conculcados a los compañeros docentes de la UNLaM.
«Esto es un gran triunfo, no sólo en la UNLaM sino en todo el sistema universitario porque deja en claro la vigencia del CCT y la obligación de las autoridades universitarias de reconocerlo. Y que, como en el caso de la UNLaM, las universidades no son patrimonio de una persona o de una camarilla, sino que existen regulaciones que defienden los derechos de todos y en este caso de los docente especialmente», declaró Carlos De Feo, Secretario General de CONADU.
