CARTA ABIERTA A LA PRESIDENTA DE LA FUA
Por Yamile Socolovsky*
Días atrás, la dirigente de la Franja Morada y Presidenta de la Federación Universitaria Argentina, Josefina Mendoza, publicó en las redes sociales una Carta Abierta que fue reproducida por el diario Clarín, dirigida a Roberto Baradel, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA). Como sindicato mayoritario en la representación de la docencia universitaria, consideramos necesario desde CONADU puntualizar algunas cuestiones.
En primer lugar, el estilo epistolar constituye en sí mismo un recurso retórico que, al dirigirse a una persona en particular para esgrimir una serie de cuestionamientos al paro nacional docente convocado para los días 6 y 7 de marzo, responsabiliza por las medidas de fuerza a uno solo de los sindicatos que constituyen el Frente Educativo que ha tomado esa decisión, y que incluye a la totalidad de las organizaciones del sector. En un contexto en el que se despliega una intensa campaña de desacreditación de las organizaciones sindicales combativas y de su dirigencia, asumiendo que la Presidenta de la FUA difícilmente desconozca las gravísimas amenazas que han recibido el compañero Baradel y su familia, y a minutos de haber escuchado al propio Presidente de la Nación señalar, en su discurso de apertura de sesiones legislativas, que no cree “que Baradel necesite que nadie lo cuide”, este direccionamiento de la misiva torna aún más escandalosa la ausencia de cualquier expresión de preocupación por una situación cuya gravedad ninguna ciudadana con un mínimo de responsabilidad democrática debería minimizar.
Antes de enunciar su planteo crítico, la Presidenta de la FUA se sitúa a si misma en una posición que – como otro recurso retórico facilitado por el formato de la “carta” – pretendería tal vez otorgar alguna legitimidad adicional a sus palabras: ella es hija de la educación pública, sus hermanos asisten a la escuela pública. Como graduada de una de las Universidades Nacionales, debería saber que el esfuerzo y dedicación de las familias tiene, y debe tener, como correlato la existencia de un sistema educativo público sustentado en políticas que aseguren su adecuado funcionamiento. No es verdad que “los gobiernos han pasado y la educación pública no ha sido una prioridad”, afirmación universalizadora que cubre con un mismo manto a todos los gobiernos que, por elección o por imposición, ha tenido nuestro país. Aseveración teñida, además, de un malicioso prejuicio antipolítico, pero que no resiste una confrontación con datos objetivos. Sería importante que la Presidenta de la FUA tome conocimiento de que la Universidad en la que estudió, como todas en la Argentina, es gratuita por la decisión política adoptada por un gobierno en el año 1949. Sería interesante también, aunque paradójico, que tuviera oportunidad de reflexionar sobre el rol que desempeñaron los sindicatos, incluso apelando al derecho de huelga, y acompañados por un movimiento estudiantil que difícilmente se sentiría representado en su Carta, en la defensa de ese sistema público y su gratuidad, justamente cuando otros gobiernos intentaron cerrar las puertas de las universidades a los hijos e hijas de los trabajadores.
Pero sería aún más relevante, quizás urgente, que la Presidenta de la FUA revise los datos históricos del presupuesto educativo y universitario, que muestran que la educación pública sí ha sido una prioridad en años recientes, y que ha dejado de serlo precisamente a partir de que la Alianza Cambiemos, de la que su partido forma parte, se hizo cargo de la conducción del gobierno nacional. Los datos, extraídos de las propias páginas del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Educación, demuestran por primera vez, luego de más de una década de crecimiento sostenido de la inversión presupuestaria en educación, universidad, ciencia y tecnología, se ha producido un retroceso de la participación de ese “gasto” en el PBI.
El argumento de la Presidenta de la FUA, sinuoso, parece por una parte reivindicar la educación pública y el rol docente, e incluso exigir que los sindicatos reclamen mucho más que una recomposición salarial que compense la inflación, para demandar “sueldos dignos que jerarquicen la función social del/la docente” y políticas de capacitación, debate sobre los contenidos curriculares, etc. Sin embargo, no se priva, al hacerlo, de encabezar su llamado con una aseveración a priori descalificatoria de cualquier intervención sindical: “…esta situación me huele más a oportunismo típico de año electoral, que a una auténtica lucha gremial”. Pongamos en conocimiento de la Presidenta de la FUA algunas cosas más, que tal vez la obliguen a buscar fundamentos más sólidos que su olfato (que, como se sabe, sólo remite a una percepción subjetiva, privada y fatalmente imposible de contrastar). Ninguno de los sindicatos docentes, ni de la educación básica, ni de la universidad, está reclamando sólo una compensación por la inflación. Es el gobierno el que insiste en poner la negociación en este plano, y, peor aún, en un nivel aún inferior, al no reconocer la pérdida de poder adquisitivo que ya se produjo en el año 2016, y al anticipar un “techo” para las paritarias, que no responde siquiera a las estimaciones inflacionarias de sus consultoras afines.
La cuestión salarial, por otra parte, no ha sido nunca excluyente de otras demandas que los sindicatos procuramos resolver en la instancia de la negociación colectiva, entre ellas, la política de formación y actualización de la docencia. Vale recordar, además, que la paritaria fue el marco en el que las representaciones sindicales y el Consejo Interuniversitario Nacional pudimos acordar el primer Convenio Colectivo de Trabajo de la docencia universitaria, luego homologado por la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, un logro que fuera denostado por la agrupación que integra la Presidenta de la FUA, pero que fue valorado por trabajadoras y trabajadores como un paso fundamental para el reconocimiento de nuestros derechos laborales, la jerarquización de la tarea docente, y la democratización de las universidades.
Pero volviendo de las polémicas pendientes al punto en cuestión, es innegable que si en años recientes pudo avanzarse en el señalamiento de la necesidad de políticas para el mejoramiento de la enseñanza, fue justamente a través de la negociación colectiva. Que ese avance fue importante pero insuficiente, es una realidad que nunca hemos dejado de plantear; pero que ese proceso se paralice, es responsabilidad de las autoridades actuales, que han tomado decisiones que claramente implican el desguace de un conjunto de instrumentos de política pública que estaban orientados a sustentar mejoras cualitativas en el desarrollo de un sistema educativo centrado en la afirmación del derecho a la educación en todos sus niveles.
Hubiera sido destacable, en este sentido, leer una Carta abierta de la Presidenta de la FUA expresando alguna preocupación por la desarticulación de los programas socio-educativos en el nivel de la educación obligatoria. Hubiera sido fundamental, además, que intentara interpretar – con su olfato o, mejor, con su capacidad de reflexión crítica – el sentido del desfinanciamiento producido en 2016 en las universidades nacionales, que mantuvo durante todo el ejercicio una subejecución selectiva sobre los programas de desarrollo universitario que, en los años en los que debe haber cursado sus estudios, y como resultado de una política que priorizó entre otras cosas importantes la educación pública, permitieron que muchos hijos e hijas de la clase trabajadora, en todo el país, accedieran a la formación universitaria.
Finalmente, hay otro elemento decisivo que la Carta ignora, aunque la dirigente gremial estudiantil no podría desconocerlo. Los sindicatos docentes van a la huelga, y todas las organizaciones de trabajadoras y trabajadores del sector educativo estamos convocando a movilizarnos el día 6 de marzo, porque el gobierno nacional decidió no convocar a la Paritaria Nacional Docente. No se puede hablar de la necesidad y la importancia del diálogo y, al mismo tiempo, negar el único ámbito institucional en el que ese diálogo podría producirse. ¿Cómo piensa la Presidenta de la FUA que se podría “exhortar al gobierno” a “generar políticas que realmente pongan a la educación en primera plana (sic)”? No se puede alegar voluntad de diálogo, y descalificar a la representación legítima del colectivo cuyos derechos se ven afectados cuando se toman decisiones unilaterales y carentes de justificación. La huelga es un derecho constitucional y democrático. La movilización y la libertad de asociación, también. Con estas herramientas hemos logrado mejores sueldos, mejores escuelas, mejores universidades. Con ellas hemos defendido la educación pública de la que usted ha disfrutado, y que todos y todas merecen disfrutar. Con ellas seguiremos luchando.
*Yamile Socolovsky
Directora del Instituto de Estudios y Capacitación IEC-CONADU
Secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU
