3 de agosto: paro nacional educativo en el marco de un ataque a la libertad sindical
La docencia universitaria -junto a los gremios de la educación general- llevó adelante un nuevo paro nacional, en el marco de un plan de lucha sostenido contra el desfinanciamiento de la educación pública y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
A ese cuadro se suma el avance del gobierno nacional contra la libertad sindical, que exige leer esta jornada en un marco político más amplio, tanto nacional como regional e internacional. La participación de nuestra federación en el seminario de Brasilia sobre lawfare educativo no es un gesto protocolar: es parte de una estrategia de construcción de redes regionales de defensa de la docencia y la libertad académica, en un momento en que los ataques contra los sindicatos educativos se coordinan y se repiten con lógicas similares en distintos países de América Latina.
La comunicación oficial del gobierno como herramienta de disciplinamiento
Al cuadro ya conocido de ajuste en incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario se sumó, en los últimos días, la difusión de dos comunicados oficiales del Ministerio de Capital Humano dirigidos a docentes y sindicatos que buscan amedrentar el ejercicio del derecho de huelga. En ambos textos se advierte que, para garantizar la «esencialidad» del servicio educativo, se aplicará el marco de la nueva ley de modernización laboral —la reforma laboral impulsada por el oficialismo— con el objetivo declarado de limitar y sancionar la protesta gremial en el sector.
Se trata de una maniobra que excede lo estrictamente laboral: es un intento de utilizar el aparato normativo y la amenaza de sanciones para disciplinar a los sindicatos docentes, condicionar la actividad gremial y desalentar la participación en medidas de fuerza legítimas.
En la antesala de una nueva jornada de paro nacional, el gobierno busca instalar la idea de que reclamar por salarios dignos, por presupuesto universitario y por el cumplimiento de una ley votada por el Congreso equivale a una conducta pasible de sanción. Es, en los hechos, un intento de correr la discusión del terreno político y presupuestario -donde el gobierno no tiene argumentos para justificar el ajuste- al terreno de la amenaza legal, apuntando a instalar el miedo entre quienes ejercen la docencia universitaria y a debilitar la capacidad de organización colectiva del sector.
Un patrón regional: el lawfare educativo bajo la lupa de la IEAL
Lo que ocurre en Argentina no es un hecho aislado. Los días 30 y 31 de julio se realizó en Brasilia el seminario «Acoso jurídico contra trabajadores/as y sindicatos de la educación: defender la libertad sindical y la profesión docente en tiempos de lawfare», organizado por la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL), con la participación de representantes sindicales de doce países de la región. CONADU estuvo presente a través de Clara Chevalier, secretaria general, y Leticia Medina, secretaria de Relaciones Internacionales.
Durante el encuentro, el investigador Salomão Ximenes (Universidad de San Pablo y Observatorio Nacional de la Violencia contra Educadores/as) caracterizó la criminalización de la docencia como una agenda ideológica que combina la construcción de leyes conservadoras con el uso del derecho como herramienta de movilización política. El objetivo, señaló, es cohesionar y dar agenda a un ecosistema antieducativo, más allá del resultado judicial final.
Las y los representantes sindicales de la región coincidieron en identificar tácticas comunes en distintos países: el vaciamiento presupuestario de la educación pública, los procesos judiciales contra sindicatos, la censura de contenidos y el amedrentamiento de docentes y dirigentes gremiales.
Los comunicados del gobierno argentino amenazando con aplicar la reforma laboral contra la actividad sindical docente encajan exactamente en ese patrón regional: el uso del entramado jurídico-administrativo no ya para regular relaciones laborales, sino para intimidar, aislar y desgastar a las organizaciones que representan a los trabajadores de la educación.
Pocos días antes, el propio presidente Milei se hizo eco de las amenazas del subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, a docentes de la Universidad Nacional de Rosario acusándolos de “fomentar el terrorismo” y exigiendo “sanciones para los responsables” de proyectar el documental “La Gran Palestina”, del cineasta mexicano Rafael Rangel, en el ámbito de la Universidad.
Lo que se debatió en Brasilia como diagnóstico compartido de América Latina se confirma en los hechos concretos que se registran en nuestro país en todos los niveles educativos.
Argentina, señalada en el plano internacional
Este deterioro de la libertad sindical ha sido advertido también por otros organismos internacionales. En junio, en el marco de la Asamblea Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizada en Ginebra, las tres centrales sindicales argentinas -CGT, CTA-T y CTA-A-recibieron un fuerte respaldo internacional frente a sus denuncias por las violaciones a la libertad sindical cometidas por el gobierno nacional.
A ese respaldo se sumó, semanas más tarde, el Índice Global de Derechos que elabora anualmente la Confederación Sindical Internacional (CSI), que ubicó a la Argentina entre los diez países con peor desempeño en materia de derechos sindicales. Según ese informe, Argentina empeoró su posición por segundo año consecutivo y pasó a un nivel en el que, de acuerdo con la propia clasificación de la CSI, «los trabajadores no tienen garantizados sus derechos», ubicándose en la misma franja que países atravesados por conflictos armados o catástrofes institucionales.
El documento atribuye este retroceso al programa «radicalmente antisindical» impulsado por el gobierno de Javier Milei desde 2023, que incluye la imposición discrecional de servicios «mínimos» durante las huelgas —el mismo mecanismo que ahora se pretende profundizar invocando la reforma laboral— y episodios de represión y detención de dirigentes sindicales.
Este contexto internacional confirma lo que venimos denunciando: no se trata de conflictos sectoriales aislados, sino de una ofensiva sistemática contra la organización sindical que en Argentina tiene, además, un capítulo específico dirigido contra trabajadores y trabajadoras de la educación.
Defender la universidad pública y la organización sindical
En este marco, el paro del 3 de agosto expresa una doble defensa: la de una universidad pública financiada de acuerdo con la ley vigente, y la del derecho de todas y todos los trabajadores de la educación a organizarse, reclamar y protestar sin ser amenazados con sanciones legales por hacerlo. No hay educación pública de calidad sin libertad sindical, y no hay libertad sindical si el Estado utiliza el derecho laboral como instrumento de disciplinamiento político.
CONADU reitera su compromiso con la lucha conjunta de todas las organizaciones sindicales del país y con las redes internacionales de solidaridad —como la IEAL y la CSI— que hoy visibilizan y denuncian lo que ocurre en Argentina. La participación de nuestra federación en el seminario de Brasilia no es un gesto protocolar: es parte de una estrategia de construcción de redes regionales de defensa de la docencia y la libertad académica, en un momento en que los ataques contra los sindicatos educativos se coordinan y se repiten con lógicas similares en distintos países de América Latina.
Toda la comunidad universitaria —docentes, estudiantes, graduadas, graduados y trabajadoras y trabajadores nodocentes— acompaña el paro nacional educativo del 3 de agosto, porque así se fortalece la unidad del movimiento docente.
Continuamos defendiendo, en las calles, en cada facultad y en los foros internacionales, el derecho a una universidad pública financiada de acuerdo con la ley y a organizaciones sindicales libres de amedrentamiento. La educación pública y la libertad sindical no se negocian: se defienden.
