Primer Informe sobre Presupuesto Universitario
El Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU (IEC-CONADU) preparó el Primer Informe sobre Presupuesto Universitario, que consigna los números disponibles que dan cuenta de una limitación en las transferencias de partidas presupuestarias y un recorte selectivo de funciones para las instituciones. En ese marco, el trabajo pretende analizar en qué medida se podrían estar preanunciando transformaciones contrarias al fortalecimiento de un proyecto democrático en y para nuestras universidades.
La investigación, a cargo del economista Gabriel Martínez, compara el nivel de actividad de este año de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) con lo realizado en el mismo periodo de 2015. Entre las conclusiones, resulta preocupante la discontinuidad de aportes para financiar programas especiales y la concentración casi exclusiva de la ayuda económica por parte del Estado Nacional al pago de salarios.
“Durante el primer semestre de este 2016, las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales mostraron niveles de ejecución sustantivamente por debajo de lo esperable. En el caso particular de la SPU, cuyas transferencias son el recurso más importante con que cuentan las UUNN, se observa que finalizó el semestre con un nivel de utilización de sólo el 39% del crédito disponible para todo el año, y que el gasto realizado se concentró casi exclusivamente en el pago de salarios”, explica Martínez.
La permanencia de esta situación pone en apuros financieros a las distintas casas de estudios, considerando sobre todo la evolución de los precios y —especialmente— de las tarifas de los servicios públicos muy por encima de lo que se preveía cuando se elaboró el presupuesto de este año.
Para Martínez se vienen tiempos de debate: “Venimos de una década donde el sector universitario público fue uno de los priorizados por las políticas públicas. Ayudaron a eso normas como la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Nacional, grandes avances en su momento. Es necesario asegurar el cumplimiento de esas normas e iniciar un debate en el ámbito de la comunidad educativa para reforzarlas con una nueva ley que asegure el financiamiento que la Universidad Pública requiere”.
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