Las expresiones del Presidente de la Nación, absolutamente infundadas y notablemente agraviantes, intensifican la ofensiva gubernamental contra los derechos laborales y las instituciones democráticamente establecidas para su defensa, que el propio Héctor Recalde denunciara en una Carta Abierta a los Trabajadores recientemente difundida, y cuyos términos suscribimos plenamente.

Como señalara Recalde, en un año y medio de gobierno la Alianza Cambiemos ha desplegado una artillería de iniciativas y declaraciones que exponen su programa en materia laboral. La pretensión de bajar el “costo laboral” y aumentar la rentabilidad de las empresas se manifiesta en la decisión de limitar o condicionar el desarrollo de las negociaciones paritarias de los distintos sectores del trabajo, y en las acciones contra los jueces que fallaron exigiendo al Poder Ejecutivo que se ajustara a derecho. En el caso de la docencia universitaria, la actitud dilatoria que paraliza la paritaria del sector, constituye un ejemplo más de una política que hace del salario la variable de ajuste de un programa de transferencia de ingresos al capital concentrado local y transnacional.

La continuidad de esta política está ya anunciada en las declaraciones en torno a la necesidad de una reforma que facilite los despidos, promueva la flexibilización laboral, y reduzca el campo de la actuación sindical. Al mismo tiempo, el proyecto de municipalizar la Justicia Nacional del Trabajo no es otra cosa que el intento de intervenir un foro que es visualizado por el oficialismo como una traba para sus designios.

Las instituciones del derecho laboral, los abogados y jueces que defienden a los trabajadores y trabajadoras, así como las organizaciones sindicales, son un obstáculo para el avance de este proyecto. Tal como lo hemos denunciado públicamente en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, esta estrategia se completa con una campaña de hostigamiento y descalificación de las organizaciones y las dirigencias sindicales que se oponen a estas medidas y propósitos del gobierno.

Mauricio Macriaplica ahora a “ciertos estudios de abogados” el mismo calificativo que empleó poco antes para adjetivar al sindicalismo, con el agravante de que atribuye a una persona en particular un rol específico en una forma de asociación delictiva. Pocos meses atrás, no dudó en mencionar a Roberto Baradel en una elipsis amenazante de su discurso de apertura de sesiones legislativas. La acusación dirigida en estas horas a Héctor Recalde se sitúa en el mismo registro discursivo.

Los trabajadores y trabajadoras podemos dar testimonio de la consecuencia del compañero Recalde con la defensa de nuestros derechos, tanto en su función profesional como en su actividad legislativa, y es público su intachable compromiso con la democracia y sus instituciones. Ante este agravio, y conscientes de la intención política que anima tanirresponsables declaraciones, queremos hacer público nuestro respaldo al Presidente del Bloque de Diputados del Frente para la Victoria, y alertar a los trabajadores y trabajadoras ante la previsible profundización de una política lesiva de los derechos laborales, que las palabras presidenciales anuncian.

A la intrusión y detención de estudiantes en la Universidad de Jujuy, el pasado 12 de abril; a la intrusión policial en San Juan el 30 de mayo, se suma la intervención y el acto de amedrentamiento de la Prefectura Naval (dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich) en la Universidad Nacional de Mar Del Plata.

Exigimos a las autoridades nacionales, provinciales y locales que tomen cartas en el asunto, ya que entendemos que no son casos aislados, sino que forman parte de las mismas políticas integrales de destrucción de la universidad pública en Argentina.

Les exigimos que eviten seguir hostigando y provocando a la comunidad trabajadora y estudiantil, que respeten la autonomía universitaria consagrada en la Reforma Universitaria de 1918 y que arbitren todos los medios de instrucción a las fuerzas de seguridad, para que no intervengan en las universidades nacionales alegando desconocimiento. Por otro lado, exigimos que permitan el normal funcionamiento de las universidades, sin intervenciones policiales espurias, con presupuesto al día y paritarias como manda la ley.

“No podemos pensar que en un marco de profesores con salarios congelados hace un año, represión a estudiantes y docentes dentro de las universidades públicas, el procesamiento a los 52 rectores de universidades nacionales, los recortes, y subejecución del presupuesto universitario y los recortes de la mitad del ingreso de investigadores al CONICET, estas intromisiones policiales sean hechos aislados. Por lo cual, exigimos al ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, que se exprese claramente condenando la violación de la autonomía universitaria y reclamamos un urgente pronunciamiento de repudio del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que finalicen con la campaña de desprestigio a dirigentes sindicales, con las amenazas de intervenciones y convoquen de una vez y con propuestas serias a paritarias con urgencia. Los docentes universitarios no pueden esperar más”, comunicó el Secretario General de la CONADU, Carlos De Feo.