– ¿ Qué está haciendo la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito?

El Día se nominó como tal en el encuentro feminista de 1990 en la localidad de San Bernardo, como iniciativa de un grupo de mujeres de Uruguay y de Argentina participantes de un taller. Este año hubo actividades en todo el país y en varios puntos del continente. Como Campaña estuvimos en una carpa en una sentada muy numerosa, con mucha circulación de personas y referentes que pasaban y se adherían.

La Campaña nació en 2005 con el objetivo fundamental, para el que nos constituimos, de luchar por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y en eso estamos, incidiendo colectivamente en el Congreso y socialmente en todos los lugares que podemos para que nuestro proyecto de ley sea tratado en la Cámara de Diputados.

– ¿Por qué es tan importante que exista la posibilidad a un aborto seguro, legal y gratuito?

Los abortos existen, es una realidad concreta y alarmante porque son muchos. En la República Argentina los cálculos aproximados del Ministerio de Salud en base a estadísticas hablan de 500 mil abortos por año. Estas cifras, conservadoras, nos colocan en uno de los primeros lugares de América.

La situación es que el aborto está permitido en el Código Penal en dos causales: violación y por salud de la madre. Con diferentes interpretaciones: algunas más restrictivas, que son las que llevan adelante los médicos cuando denuncian y los jueces cuando no dan lugar a los casos de abortos no punibles. Y las interrupciones voluntarias por su condición de clandestinidad, que atraviesa a todas las clases sociales, traen varias consecuencias. Pero, fundamentalmente, son las mujeres jóvenes y pobres las que sufren las peores consecuencias porque se realizan abortos en condiciones de precariedad, insalubres. Esto trae consecuencias físicas, psíquicas y alrededor de 100 mujeres muertas por año por abortos inseguros y asépticos.

Entonces, lo que se propone con la despenalización y legalización por decisión de la mujer hasta las 12 semanas, como dice nuestro proyecto de ley, es que los abortos se puedan realizar en los hospitales públicos y en las obras sociales como cualquier otra práctica médica. Con los cuidados, con las garantías médicas, con la contención y asepsia, para que así no constituya ningún peligro para las mujeres.

Los abortos no los inventamos nosotros, los abortos existen, lo que queremos es que disminuyan. Y en el caso de que una mujer decida, porque los otros métodos fallaron, porque vivió situaciones que no pudo controlar, entonces que lo haga en las mejores condiciones de salud posible. Que sea un derecho universal, porque hoy en día este derecho existe solo para quienes lo pueden pagar, aunque estamos todas atravesadas por la ilegalidad y la clandestinidad… situación que también favorece el negocio clandestino, que mueve muchísimo dinero.

– ¿Es fácil para una mujer tomar la decisión de hacerse un aborto?

Las decisiones son tensiones y son difíciles de tomar cuando son decisiones de tanta importancia. Las mujeres se hacen abortos con ley o sin ley. En este momento la prohibición solamente ejerce una eficacia de control social, porque los abortos se realizan igual. Entonces, por el hecho de que se sancione una ley no van a existir más abortos. Como tampoco hubo más divorcios.

Yo creo que son argumentos que colocan a las mujeres en lugares muy sub-valorados, de poca decisión e inteligencia y son mal intencionados. Es decir, no tienen en cuenta ni la realidad ni la condición autónoma de la decisión de las mujeres.

– ¿Qué pasa con la implementación de la ley?

Nosotros proponemos un cambio cultural y una posibilidad de discusión y de debate. En este momento hay muchas trabas para la implementación de las leyes ya existentes, por ejemplo en los casos de abortos no punibles: cuando se judicializa innecesariamente, cuando se dilata el tiempo, cuando organizaciones privadas interrumpen en la vida de estas personas tratando de hacerlas cambiar de opinión coercitivamente.

Yo creo que hay que diferenciar el accionar de las instituciones privadas, que no podemos ejercer ninguna influencia, pero sí podemos exigir que desde el Estado y sus funcionarios públicos cumplan la ley. Tanto el personal de salud como el personal judicial. Es un deber del funcionario público oponerse con la ley que existe a este accionar de grupos privados. El día que se discuta y se sancione nuestro proyecto de ley también vamos a tener que seguir trabajando para que se pueda implementar. Porque, por ejemplo, la ley de educación sexual integral tiene dificultades enormes y diversas en el territorio de nuestro país. Es decir, es muy diversa y dificultosa la distribución de anticoncepción gratuita en los hospitales y entre los efectores públicos. Y estas son trabas culturales, trabas sociales. A veces los insumos están y no se entregan o los manuales de educación sexual se devuelven. Las leyes están y no se cumplen. Entonces, en este momento tenemos que trabajar fuertemente para que el Poder Legislativo discuta y sancione la ley, y después para que el Estado garantice el cumplimiento de las leyes que garantizan los derechos.

– ¿Cuál es la situación frente al debate parlamentario?

Tenemos un apoyo transversal explícito de 50 firmas de diputados y diputadas de un amplio espectro de todos los partidos. Son diputados y diputadas adherentes y firmantes de nuestro proyecto. Esta representación es diferente en las distintas comisiones por las que debe atravesar el proyecto.

La primera comisión que lo debe tratar, para posteriormente ser tratada en el recinto, es la de Legal-Penal; audiencia que iba a realizarse el 27 de septiembre y se postergó para el 01 de noviembre, post elecciones. El problema es que fueron llamados para debatir los proyectos de despenalización y legalización de aborto, y los proyectos de abortos no punibles. Entonces, lo que nosotros exigimos es que se debata el proyecto de despenalización y legalización solamente. Los proyectos de abortos no punibles están superados en la historia y reglamentados por la normativa vigente y por la práctica. Además, solamente la despenalización y legalización va a garantizar que el Estado garantice todos los abortos, porque mientras no exista la legalización siempre va a estar esta zona gris que da lugar a incumplimientos varios.

Por eso decimos que no hay etapas, tenemos que resolverlo ya. La etapa del aborto no punible se dio desde 1921 hasta ahora. Tenemos que seguir avanzando en la historia.

– ¿Cuál es la posición de las universidades?

El consejo Superior de la UBA adhirió al tratamiento del proyecto de ley. Yo soy docente de la facultad de Ciencias Sociales que también adhirió, lo mismo que la facultad de Filosofía y Letras, la universidad de Córdoba, la Universidad Nacional del Comahue, de La Pampa, de La Plata e institutos de otras universidades. Hay alrededor de doce adhesiones. Es decir, la posición de las universidades es ampliamente favoritaria al debate, a la discusión y al apoyo de la necesidad de que se sancione una ley que proteja el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

La abstención en el Consejo Superior fue en la facultad de Medicina y en otras universidades también. Es una corporación que se opone muy fuertemente desde siempre, con argumentos que se basan en paradigmas filosóficos y poco científicos. Pero también hay un no reconocimiento de las mujeres como autónomas. Seguimos siendo pacientes. Y las mujeres, en un acto de resistencia en los abortos que nos realizamos y de lucha cuando nos unimos para lograr el derecho al aborto legal, nos estamos oponiendo a esta categoría de ser pacientes.

Organizadas por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC-CONADU), el 25 y 26 de agosto de este año se realizaron en Mar del Plata las I Jornadas Nacionales “Compromiso social universitario y políticas públicas. Debates y propuestas”, con la idea de reflexionar sobre la función social y la incidencia de la universidad en la construcción colectiva de una sociedad más democrática, justa e igualitaria.

Durante dos extensas jornadas, autoridades, docentes, estudiantes, secretarios y representantes de diferentes instituciones universitarias pudieron debatir sobre el compromiso social universitario; la autonomía y el trabajo con el Estado; las experiencias de interacción con la comunidad; los modos de inserción curricular y de evaluación; y la formación y actualización docente.

Entre las conclusiones, puede mencionarse el amplio consenso en la comunidad universitaria sobre el deber de transformarse definitivamente en protagonistas activos en la construcción social, lo cual implica romper el modelo de autoreproducción y “salir a buscar a la comunidad”, reconsiderando las modalidades de interacción especialmente con los sectores más vulnerables. Como propuesta surgió la importancia de escuchar atentamente las necesidades, compartir saberes e involucrarse de manera sostenida en las intervenciones.

El concepto de Compromiso Social Universitario quedó definido como el “modo de ser Universidad”, que debe atravesar la docencia, la investigación, la extensión y la gestión en continuo diálogo con la sociedad. En este marco, la autonomía de las universidades queda al servicio de su compromiso social. Es decir, se entiende como el grado de libertad que tienen las instituciones para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este país. Así, resulta imprescindible posibilitar trabajos conjuntos, articulados, estratégicos y continuos con el Estado y las organizaciones sociales.

Existió consenso también en que las “prácticas en comunidad” permiten resignificar la enseñanza y el aprendizaje en contextos reales, favorecer intervenciones multi/inter y transdisciplinares, contribuir en la formación ética de los profesionales y posibilitar la creación, validación, distribución y aplicación del conocimiento socialmente pertinente.

Para finalizar, Romina Tariffa, secretaria de extensión de la Federación Universitaria Argentina (FUA), remarcó: “Si las universidades públicas no responden a un proyecto nacional, no se nos ocurre cuál sería su rol”.

Ver CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS

También hablamos con Aníbal Olivera, representante de la Mesa Ejecutiva de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, a punto de estrenar “Cruces en la sal”, el primer documental realizado por CONADU y un equipo de investigadores, docentes y alumnos de la Universidad Nacional de San Luis. Finalmente, Daiana Susca, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), nos informó sobre lo ocurrido durante la audiencia de alegato de ese mismo día en la mega-causa ESMA, donde se juzgan a 18 genocidas por 86 víctimas de ese Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio en el que hubo alrededor de 5.000 detenidos-desaparecidos y una maternidad clandestina.

Además, toda la información sobre la nueva convocatoria de categorización del Programa de Incentivos, las actividades de las organizaciones de base y recomendaciones culturales para la semana.

Los viernes por Radio a, “CONADU en el medio”: un nuevo aporte para que la universidad esté al servicio de la sociedad. Con la conducción de Cristina Pauli, secretaria de Prensa de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP), y Federico Montero, Secretario de Prensa de CONADU y Gremial de FEDUBA.

En el marco del Congreso Ordinario de la Federación, el periodista y politólogo Hernán Brienza se presentará este viernes en CONADU (Pasco 255) con una exposición sobre “Juana Azurduy y el papel de las mujeres en las luchas por la independencia».

La actividad es libre y gratuita con capacidad limitada, por eso se ruega confirmar asistencia a instituto@conadu.org.ar

CONADU invita a la presentación del libro «Manual para argentinos 2001», del ex juez y camarista José Massoni, el martes 11 de octubre a las 19 horas en el salón de la Editorial Dunken (Ayacucho 357).

Participarán el Lic. Horacio González, el Prof. Mario Toer y el Dr. Eduardo Tavani opinando sobre este trabajo de investigación que se ocupa del pasado y presente de los verdaderos dueños de la Argentina y de la estrategia del campo popular en el panorama nacional e internacional de hoy.



El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata aprobó la propuesta de ADULP, gremio base de CONADU en la UNLP, de otorgar el titulo de Doctor Honoris Causa al ex presidente de Brasil Lula Da Silva. A partir de esta iniciativa, la universidad decidió ampliar el reconocimiento al ex presidente argentino Néstor Kirchner y a los actuales mandatarios Cristina Fernández de Kirchner y José Pepe Mujica.

Para Hilda Luschini, secretaria adjunta de la Universidad de La Plata, las distinciones hacen justicia: “En el Consejo Superior planteamos que más que un premio se trata de un reconocimiento a una trayectoria, a una militancia por parte de los cuatro presidentes que permitió que se volviera a colocar a la política al frente de las decisiones y de las transformaciones”.

Desde ADULP remarcan también que la distinción significa el reencuentro de la universidad con la dinámica social y con un espíritu latinoamericanista en un contexto de cambios en la región: “Los Honoris Causa tienen que ver con estos procesos de integración latinoamericana, que no son solo económicos y sociales, sino también culturales. Por el rol que cumple la universidad como empresa cultural y, por otra parte, porque se trata de una universidad pública y masiva que contrasta notablemente con lo que está sucediendo en Chile, por ejemplo”, continúa Luschini.

La iniciativa del gremio fue acompañada y defendida en el Consejo Superior por los 17 decanos de las 17 facultades de la UNLP en la sesión del pasado 27 de septiembre, a once meses de la muerte de Néstor Kirchner y pocos días después del Encuentro de Jóvenes Economistas Heterodoxos que contó con las exposiciones de Amado Boudou, Roberto Feletti y Hernán Lorenzino sobre el sentido de los nuevos planes de estudio de la facultad de Ciencias Económicas, el tipo de economistas y el marco teórico que necesita el modelo que se está desarrollando en nuestro país. Luschini vuelve a tomar la palabra: “Esa discusión hubiera sido impensada en nuestra universidad en otros años. Y fue muy importante porque además asistieron muchos jóvenes, que así empiezan a asimilar que la economía es una ciencia social que debe estar al servicio del pueblo”.

Durante un año, la implementación del Programa permitirá la transferencia de herramientas conceptuales para la lectura y el análisis de los debates y problemas de la universidad argentina actual, además de métodos de análisis y sistematización de la práctica docente y utilización de TICs que generen redes intra y extra universitarias.

Las modalidades de la formación incluyen encuentros teóricos presenciales por regiones, videoconferencias emitidas en sedes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) o en Universidades Nacionales, prácticas individuales a distancia a partir de una plataforma virtual, acompañamientos teórico-metodológicos locales y semipresenciales, y la organización de un Encuentro Nacional de Construcción Colectiva final. Entre octubre, noviembre y diciembre de este año, podrán inscribirse en estas actividades los docentes de las Universidades Nacionales de todas las Categorías (Ayudante, Jefe de Trabajos Prácticos, Adjunto, Asociado, Titular), Niveles (Universitarios y Preuniversitarios) y Carreras.

Según consta en el Acta, el acuerdo firmado por CONADU se realiza “(…) en el marco del Programa Nacional ‘Universidad, Sistematización de la Práctica Docente y TICs’ costeado por fondos remanentes del Programa Nacional de Formación Gratuita para Docentes Universitarios, dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación, cuyos fondos serán administrados por la UTN Rectorado, a los fines del presente Programa”.