Las expresiones del Presidente de la Nación, absolutamente infundadas y notablemente agraviantes, intensifican la ofensiva gubernamental contra los derechos laborales y las instituciones democráticamente establecidas para su defensa, que el propio Héctor Recalde denunciara en una Carta Abierta a los Trabajadores recientemente difundida, y cuyos términos suscribimos plenamente.

Como señalara Recalde, en un año y medio de gobierno la Alianza Cambiemos ha desplegado una artillería de iniciativas y declaraciones que exponen su programa en materia laboral. La pretensión de bajar el “costo laboral” y aumentar la rentabilidad de las empresas se manifiesta en la decisión de limitar o condicionar el desarrollo de las negociaciones paritarias de los distintos sectores del trabajo, y en las acciones contra los jueces que fallaron exigiendo al Poder Ejecutivo que se ajustara a derecho. En el caso de la docencia universitaria, la actitud dilatoria que paraliza la paritaria del sector, constituye un ejemplo más de una política que hace del salario la variable de ajuste de un programa de transferencia de ingresos al capital concentrado local y transnacional.

La continuidad de esta política está ya anunciada en las declaraciones en torno a la necesidad de una reforma que facilite los despidos, promueva la flexibilización laboral, y reduzca el campo de la actuación sindical. Al mismo tiempo, el proyecto de municipalizar la Justicia Nacional del Trabajo no es otra cosa que el intento de intervenir un foro que es visualizado por el oficialismo como una traba para sus designios.

Las instituciones del derecho laboral, los abogados y jueces que defienden a los trabajadores y trabajadoras, así como las organizaciones sindicales, son un obstáculo para el avance de este proyecto. Tal como lo hemos denunciado públicamente en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, esta estrategia se completa con una campaña de hostigamiento y descalificación de las organizaciones y las dirigencias sindicales que se oponen a estas medidas y propósitos del gobierno.

Mauricio Macriaplica ahora a “ciertos estudios de abogados” el mismo calificativo que empleó poco antes para adjetivar al sindicalismo, con el agravante de que atribuye a una persona en particular un rol específico en una forma de asociación delictiva. Pocos meses atrás, no dudó en mencionar a Roberto Baradel en una elipsis amenazante de su discurso de apertura de sesiones legislativas. La acusación dirigida en estas horas a Héctor Recalde se sitúa en el mismo registro discursivo.

Los trabajadores y trabajadoras podemos dar testimonio de la consecuencia del compañero Recalde con la defensa de nuestros derechos, tanto en su función profesional como en su actividad legislativa, y es público su intachable compromiso con la democracia y sus instituciones. Ante este agravio, y conscientes de la intención política que anima tanirresponsables declaraciones, queremos hacer público nuestro respaldo al Presidente del Bloque de Diputados del Frente para la Victoria, y alertar a los trabajadores y trabajadoras ante la previsible profundización de una política lesiva de los derechos laborales, que las palabras presidenciales anuncian.

El Plenario saludó la implementación del Fallo Judicial que reincorpora a los trabajadores docentes despedidos de la Universidad Nacional de La Matanza, entre los que se encontraban integrantes de SIDUNLAM-CONADU, que se dio en el marco de las acciones de nuestra Federación Nacional de Docentes Universitarios. El fallo invoca como derecho, al Convenio Colectivo de Trabajo de la Docencia Universitaria impulsado por CONADU y sienta precedente para la aplicación plena del mismo en caso de surgir otro tipo de abusos patronales.

En el marco de un conflicto que ya lleva casi dos meses sin ninguna respuesta por parte del gobierno nacional, y en vistas a los ataques y el desprestigio hacia la docencia, el derecho a reclamar pacíficamente y el desfinanciamiento hacia la Universidad Pública y la Ciencia y Tecnología, el plenario resolvió profundizar los reclamos con un Plan Nacional de Lucha que consta de dos medidas centrales:

• Semana de Paro Nacional Universitario, desde el 8 al 12 de mayo.
• Marcha Federal Universitaria para el 16 de mayo, desde Congreso a Plaza de Mayo.

En la construcción de estas medidas contundentes, en unidad de acción con los sindicatos docentes, federaciones estudiantiles y la comunidad en general, la CONADU resuelve la siguiente acción:

Semanas nacionales de lucha en defensa de la Universidad Pública, la Ciencia y Tecnología, durante los próximos 15 días, con acciones en distintas universidades del país, con actos centrales semanales en distintos puntos referenciales. Hoy mismo comienza con el de Córdoba y se extenderá durante las dos próximas semanas.

El cronograma de lucha queda entonces desarrollado de la siguiente manera:

24 al 28 de Abril: Acto unificado en La Plata, 27 de Abril.

1 al 5 de Mayo: Acto unificado en Mendoza.

8 al 12 de Mayo: Semana de Paro Nacional Universitario

16 de Mayo: Marcha Federal Universitaria.

A su vez, el plenario definió participar de la Marcha con la CTA y el conjunto de los trabajadores el 1º de Mayo.

“El gobierno está realizando un ataque feroz hacia los trabajadores docentes pero también hacia la Universidad Pública, la Ciencia y la Tecnología: se empecina en poner un techo salarial y en desfinanciar la Universidad porque la considera un gasto y no una inversión para el desarrollo nacional. No es que no hayan recursos, sino que el gobierno está optando por destinarlos a sofisticados dispositivos de represión o a las transferencias a los sectores concentrados de la economía, cuando con mucho menos de esos fondos se podrían resolver las cuestiones que estamos planteando desde la comunidad universitaria. Esta situación tan graves no se daban desde hace muchos años atrás, no es un problema de las paritarias, sino que vienen por todo, y por eso definimos un plan de lucha que deje una clara referencia sobre la magnitud del problema al que el gobierno está condenando a la Universidad Pública.” Afirmó Carlos De Feo
La CONADU, que congrega a más del 40% de los docentes universitarios, investigadores y científicos de la Argentina, siendo la organización gremial más representativa del sector, continúa exigiendo:

Recomposición del 35%;
Regularización de docentes contratados y ad honorem,
Plena implementación del Convenio Colectivo de Trabajo;
Continuación de los programas de capacitación docente gratuita;
Restablecimiento del Programa de Finalización de Tesis (PROFITE) y de los programas socioeducativos;
Mayor presupuesto para la universidad, la ciencia y la tecnología.
Restablecimiento del Programa Nacional de Orquestas y Coros.