El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales realizó hoy un balance del acuerdo paritario y su impacto en los diversos territorios. Al respecto, se puso en valor el aumento de la garantía salarial, que no formaba parte de la oferta inicial ni de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU) pero que logró ser incluida en el acta paritaria a partir del trabajo de la CONADU. Lo mismo ocurrió con el FONID. En ese sentido, la Ley debe ser un piso desde el cual partir para poder avanzar más allá en el trabajo paritario.

El Plenario reunido subrayó la importancia de retomar el ejercicio paritario tras la apertura de la negociación colectiva, y realizar dicho ejercicio con toda la docencia de las universidades nacionales. Se destacó además la llegada del fallo de la Corte Suprema que aparece como un límite al autoritarismo y a la impunidad del gobierno de Milei. Que nadie quiera ponerse en contra de la Universidad Pública es un capital que supimos construir. 

Clara Chevalier, Secretaria General, expresó: “Al gobierno se le acabaron las excusas. Con el salario de julio tienen que pagar lo que nos deben; si no lo hacen, habrá medidas de fuerza. El conflicto universitario no está cerrado, hemos probado que luchar sirve y lo seguiremos haciendo”.

El Plenario acordó:

• Exigir el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, especialmente de los artículos 4 y 5 que refieren a la recomposición de salarios y becas. El salario a cobrar en agosto debe incorporar la totalidad de lo que exige la LFU. 

• Exigir la pronta convocatoria a paritaria.

• Mandatar a la Mesa Ejecutiva para construir una acción política y administrativa, en unidad con el Frente Universitario, para exigir al Ministerio de Capital Humano el cumplimiento inmediato de la cautelar y de la LFU.

• Mandatar a la Mesa Ejecutiva para evaluar el inicio de las acciones legales correspondientes para exigir el cumplimiento inmediato de la medida cautelar.
• Evaluar en el próximo plenario el cumplimiento o no del fallo y proponer medidas de fuerza en caso de incumplimiento.

El Plenario sesionó en repudio a los despidos, la represión y el vaciamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica y en solidaridad con sus trabajadores y trabajadoras; como con las y los investigadores del CONICET. La ciencia es un pilar fundamental de la soberanía. 

También se sesionó en recuerdo del decreto 1246/2015 de Cristina Fernández de Kirchner, que un 1ero de julio de 2015 homologó el Convenio Colectivo de Trabajo de la docencia universitaria.

La Secretaria General de la CONADU, Clara Chevalier, firmó un convenio con el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, en el cual se garantiza la reserva de 30 lotes para la construcción de viviendas en el barrio Carola Lorenzini a docentes universitarixs afiliadxs a los sindicatos de base de la Federación.

“El acuerdo es un primer paso en el marco de una política de ampliación de derechos que trasciende lo salarial. En este punto, cabe destacar la perspectiva que ha tenido el municipio de San Vicente de dar impulso a la comunidad organizada como una vía para avanzar en soluciones habitacionales y planificación de urbanismo”, señaló Chevalier.

El Secretario de Acción Social de CONADU, Ary Piovaroli, y el recientemente electo Secretario General de ADEIUNAJ, Esteban Secondi, fueron parte de los primeros encuentros técnicos con la municipalidad, desplegando un trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones representativas de las y los trabajadores para hacer frente a la necesidad de acceso a tierra y vivienda a través de políticas públicas que garanticen el acceso a lotes para viviendas a un valor más bajo que en el mercado.

Así lo explicó Chevalier: “El acceso a la vivienda es hoy una gran preocupación para la sociedad en general y para la docencia universitaria en particular, por el enorme peso en nuestros salarios que implica pagar un alquiler. De ahí que merece ser parte de nuestra agenda gremial”.

Puesta en marcha ya la primera etapa del proyecto, se comenzará a trabajar en la comisión técnica junto a los secretarios y secretarias de acción social de todos los gremios de base de nuestra federación, para establecer los criterios de asignación a las postulaciones.

El fallo que la comunidad universitaria esperaba y reclamaba desde hace meses: la Corte Suprema desestimó el recurso presentado por el Poder Ejecutivo y, así, dejó vigente la medida cautelar que ordena al Estado Nacional a cumplir de forma inmediata los artículos 5º y 6º de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU), aprobada hace 247 días. 

Específicamente, exige la actualización de los salarios docentes y no docentes, y los montos de las becas estudiantiles.  

La LFU se construyó como una respuesta al desfinanciamiento brutal que el gobierno de Javier Milei realiza sobre la universidad pública desde que asumió. Fue ratificada por el Congreso Nacional tras conseguir los dos tercios de los votos en ambas cámaras que rechazaron el veto presidencial. Con paros, clases públicas, carpas por la soberanía y cuatro marchas federales que movilizaron a más de un millón de personas cada vez, la comunidad universitaria en unidad con el pueblo argentino defendió la universidad pública. Pero el Poder Ejecutivo suspendió su cumplimiento y por eso comenzó un camino judicial, con una medida cautelar en 1era y 2da instancia que ahora se encuentra firme con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Clara Chevalier, Secretaria General de la CONADU, expresó: “Al gobierno nacional ya no le quedan excusas. Hasta la Corte Suprema tuvo que fallar a favor de una medida cautelar que lo obliga a recomponer salarios y becas. Sabemos que los tiempos de la Corte no son ajenos al clima político, por eso reivindicamos esto también como producto de la lucha articulada de la comunidad universitaria. No vamos a bajar los brazos hasta que el gobierno cumpla la ley”.

El documento que lleva la firma de la secretaria general de CONADU, Clara Chevallier, fue presentado el 5 de junio por autoridades de la CTA-T durante la 114° Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra, Suiza.

“La presente se fundamenta en la obstrucción deliberada del diálogo social en el ámbito universitario, la imposición unilateral de condiciones salariales y laborales —sustentada en restricciones presupuestarias artificiosas — y la implementación de represalias institucionales frente al ejercicio de la actividad gremial”, señala el escrito.

El eje de la denuncia gira en torno a la vulneración sistemática y persistente –por parte del estado argentino— de los principios de libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva libre y voluntaria consagrados en los artículos 87, 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En este sentido, destaca el desmantelamiento de la mesa paritaria y la imposición de “aumentos” unilaterales; la estrategia de “elusión ejecutiva” en relación a la Ley de Financiamiento Universitario, que constituye una afrenta a la democracia; y una escalada de provocación, criminalización y amedrentamiento institucional contra la representación sindical universitaria.

El Índice Global de Derechos que publica anualmente la Confederación Sindical Internacional ubicó a la Argentina entre los 10 peores países del mundo para las y los trabajadores en 2026, tras registrar dos años consecutivos de deterioro de las garantías para el ejercicio de los derechos laborales, políticas restrictivas contra la protesta y la libertad de expresión, despidos e interferencia gubernamental en asuntos sindicales.

No es casual, lo hemos venido diciendo: Milei necesita disciplinar a las organizaciones del pueblo trabajador para avanzar en la destrucción del estado, desarticulando sus capacidades regulatorias, distributivas y orientadoras del desarrollo.

Las y los trabajadores universitarios seguimos en pie de lucha, apostando a la unidad y al fortalecimiento de nuestras organizaciones. Tras dos años y medio de conflicto, y frente a un gobierno que venía a desmantelar las universidades, hemos recuperado la negociación paritaria. Un avance muy importante.

En las calles y en las aulas, en el Congreso y en la Justicia, en los medios de comunicación y en los foros internacionales: defendiendo el salario y el trabajo docente, defendemos la universidad pública.

Con el mandato construido en el Plenario de Secretarios y Secretarias generales, en el día de hoy la CONADU firmó un acta paritaria que reconoce:

• 21,33% de incremento salarial sobre el salario de junio
• 3% de incremento salarial en octubre sobre el salario de septiembre
• 21,33% de incremento en la garantía salarial
• Paritarias cada 3 meses 
• Retomar a más tardar el 15 de septiembre la reunión paritaria para discutir la actualización salarial en referencia a la variación acumulada del IPC. Además se discutirá la recomposición del desfasaje producido en 2024.
• Se acordó abordar en un máximo de 45 días un adicional por la pérdida salarial de los niveles preuniversitarios debido a la eliminación del FONID.

El acta general contempla un 20% de aumento en los fondos para gastos de funcionamiento, un 50% de aumento en las becas Manuel Belgrano y un incremento de $50.000.000.000 en la partida de 2026 para Hospitales Universitarios.

El Plenario resolvió también:

• Mantener el plan de lucha por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Se discutirá en el próximo plenario de comienzos de julio el contenido que debería tener la próxima paritaria y qué estamos dispuestos a hacer para obtenerlo. 
• Poner en suspenso el paro de la próxima semana y retomarlo en caso de incumplimiento del acuerdo. 

Mientras la ley sigue vigente, la paritaria implica dar un primer paso hacia el objetivo de recomposición salarial y el restablecimiento del derecho a la negociación colectiva.

El plan de lucha continúa hasta tanto no se ejecute la Ley de Financiamiento Universitario.

El Plenario sesionó pidiendo por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner porque con presxs políticos no hay democracia.

Hacer click aquí para acceder al acta paritaria

El Plenario de Secretarios y Secretarias Generales, reunido el 5 de junio, evaluó la situación y resolvió: continuar el plan de lucha con un paro de una semana completa del 16 al 20 de junio; promover las acciones conjuntas con el Frente Sindical Universitario, como las clases públicas frente a Tribunales de CABA y de otras ciudades del país el próximo 9 de junio, y acciones en Rosario y Palacio Pizzurno los días 11 y 16 de junio respectivamente.

Ante las noticias y trascendidos sobre posibles ofertas de parte del gobierno nacional a través del CIN, el Plenario sostuvo que la resolución del conflicto universitario debe darse con una convocatoria formal que permita dar inicio al cumplimiento de la Ley de financiamiento universitario, lo que implica, además, la importancia de sostener las acciones judiciales en curso. Cuando haya una oferta formal esta será llevada a consulta para que decida el conjunto de la docencia de las universidades nacionales, por lo que el Plenario se declaró en estado de alerta y sesión permanente.

También se informó que la CONADU realizó una presentación ante la OIT para denunciar al gobierno nacional argentino por la falta de respuesta al reclamo de convocatoria a la negociación paritaria, y por las acciones antisindicales con las que el gobierno busca limitar el derecho a huelga.

“Con este gobierno la universidad pública está en constante peligro de desaparecer. Pero nosotros no lo vamos a permitir. Mientras el gobierno sigue sin dar respuestas concretas y urgentes a quienes sostenemos las universidades, continuamos el plan de lucha en todo el país. Tenemos la convicción de que el pueblo argentino va a triunfar en esta lucha, y que la universidad es capaz de anudar todos los malestares que estamos viviendo”, expresó Clara Chevalier, secretaria general de la CONADU.

El plenario sesionó en homenaje al Indio Solari en una jornada signada por la partida del artista popular cuyas letras marcaron la sensibilidad de tantas generaciones.

La garantía salarial continúa congelada hace más de un año, por lo que muchos docentes no tienen ningún tipo de aumento.

En mayo el salario debería aumentar un 56% para recuperar el poder de compra de noviembre de 2023.

El salario perdido desde que asumió Miles equivale a 12,1 salarios.

El gobierno nacional lleva 213 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Atacan la universidad pública y también la democracia.

Por eso continúa el plan de lucha y la próxima semana del 26 al 30 de mayo las y los docentes de las universidades nacionales PARAMOS.

Los secretarios y las secretarias generales de 30 sindicatos de base de la CONADU se reunieron hoy en Plenario para resolver la continuidad del plan de lucha, luego de la Marcha Federal Universitaria que el pasado 12 de mayo movilizó a más de un millón de personas de punta a punta del país.

Resoluciones:

• Por mayoría se acordó realizar en la semana del 25 de mayo una semana completa de paro, con jornadas de protesta, clases públicas y acciones callejeras en todas las universidades nacionales. Se propondrá al Frente Sindical la articulación de acciones gremiales durante esta semana.
• Realizar una acción en el Palacio Pizzurno para reclamar la apertura de paritarias y exigir que los responsables del área de educación del gobierno nacional nos reciban. Se trabajará en forma conjunta con el Frente Sindical.
• Organizar una acción digital nacional por la universidad pública que permita dar la discusión también en el terreno virtual. Propuesta para llevar al Frente Universitario con fecha a definir.
• Solicitar al CIN una reunión para abordar las condiciones de trabajo en la emergencia y cuestiones relativas al CCT.
• Realizar acciones orientadas a promover el acompañamiento del Poder Judicial a la Universidad Pública.
• Adherir a la Marcha Federal de Salud el 20 de mayo.
• Participar del lanzamiento del Frente educativo el 22 de mayo en el Cabildo.
• Desarrollar un nuevo Plenario de Secretarios y Secretarias Generales el viernes 05 de junio para definir las acciones del mes.
  

“La voz del pueblo argentino se escuchó muy fuerte el 12 de mayo pasado: la universidad pública se defiende. El gobierno nacional respondió con ajuste. Nosotros respondemos con más lucha. Iremos a Pizzurno para exigir la apertura de paritarias. El conflicto universitario no termina porque el gobierno nacional no cumple la ley”, señaló Clara Chevalier, Secretaria General de CONADU.

El Plenario sesionó en conmemoración a la rebelión estudiantil de 1969 conocida como el “Correntinazo”, proceso catalizador del malestar social acumulado que estalló en los dos Rosariazos, el Cordobazo, Tucumanazo y Mendozazo, entre otros.

Estuvieron presentes desde ADAI, ADOI, ADUM, AGDU, COAD, SIDIUNLAR, AGD-Río Cuarto, ADEIUNAJ, SIDIUNCAUS, ADUNOBA, SIDUNSJ, ADUC, SIDIU, ADUNTREF, ADIUC, CODIUNNE, ADUNIPE, ADULP, SIDUNSJ, ADIUNPAZ, FEDUBA, ADUNA, ADIUNQ, ADUNCE,  SUDHUR, AFUDI, ADUNSADA, ADUFOR, SIDIUNT y ADUNSE.

Postales de la movilización a Plaza de Mayo

Postales de las marchas en Corrientes, Resistencia, Roque Sáenz Peña, Formosa y Santiago del Estero

Imágenes de las marchas en San Juan, La Rioja, Mendoza, Tucumán, San Luis, Villa Mercedes y Chilecito

Grandes concentraciones en Córdoba, Río Cuarto, Rosario, Entre Ríos, Mar del Plata, Tandil, Azul, Junín y Tierra del Fuego

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Declaración de la IV Marcha Federal Universitaria

«Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley Por la universidad pública y en defensa de la democracia»

Las universidades públicas y sus comunidades, junto con el sistema público de investigación, desarrollo e innovación, somos el fruto de una larga lucha de nuestro país, de nuestro pueblo, por contar con un sistema estatal de educación y de producción de conocimientos que garantizara el núcleo del porvenir: educación superior de la máxima calidad para todos, profesionales altamente calificados, conocimientos para el desarrollo social y económico, una juventud protagonista de su tiempo.

La universidad pública se constituyó como una caja de resonancia de las grandes demandas del país, de sus dolores y de sus esperanzas. Hoy, como siempre, la comunidad universitaria asume la tarea de luchar por su universidad y en esa lucha hacer reverberar todas las demás: la discapacidad, las jubilaciones, la salud, las diversidades, el alimento, los recursos naturales, la industria nacional.

El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico y la principal causa es que el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema.

La situación presupuestaria, como lo venimos planteando públicamente es crítica. El recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios y afecta a todas las funciones sustantivas gravemente. Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario.

La política salarial impuesta por el Gobierno nacional cerró las paritarias y produjo un deterioro alarmante del poder adquisitivo y el empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo, preocupante nivel de renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales: las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas.

Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30 %, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30 %. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado. Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. La progresiva pérdida salarial causa además la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios.

El sistema de apoyo al acceso, ingreso, sostenimiento y graduación de las y los estudiantes ha sufrido un profundo deterioro que vacía de contenido una política pública fundamental para garantizar el derecho a la educación superior. Las principales becas nacionales como las Becas Progresar permanecen congeladas frente a una inflación creciente, perdiendo gran parte de su poder adquisitivo y dejando de cumplir su función de acompañamiento económico para miles de jóvenes trabajadores y sectores populares. Del mismo modo, las Becas Estratégicas Manuel Belgrano atraviesan una situación de incertidumbre y desfinanciamiento que afecta especialmente a estudiantes de áreas estratégicas para el desarrollo nacional. La reducción y el deterioro de estas políticas expulsan estudiantes del sistema universitario, profundizan las desigualdades sociales y ponen en riesgo la posibilidad de que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios. Las becas vinculadas a las vocaciones científicas (EVC) también se encuentran suspendidas siendo el principal instrumento de sostenimiento de esas vocaciones a nivel nacional.

El poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión de Gobierno, el 64% del que tenía en enero de 2023. Actualmente esa tendencia se intensificó y se ha perdido, durante la gestión del actual gobierno, el equivalente a casi 9 meses de transferencias.

Sin embargo, la crisis no es solo presupuestaria, como ciudadanas y ciudadanos debemos denunciar con dolor y firmeza la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes en nuestra nación. El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho.

La Universidad argentina, pública, gratuita y federal, tal como la construimos, la promovemos, la protegemos y la defendemos, es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar; siempre hicimos notar que si se atenta contra el sistema de educación pública, se lesionan las condiciones de igualdad y el horizonte posible de reducción de asimetrías y atención de los problemas colectivos desde lo público. La educación es y debe ser el medio para reducir las desigualdades y la exclusión en la sociedad argentina.

La universidad pública y el sistema público de investigación, desarrollo e innovación son factores fundamentales de la economía del país, recursos estratégicos para una industria nacional con capacidad para competir en el mundo, agregar valor a la materia prima, generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables. Además, necesita movilizar toda la creatividad que el mundo de las artes y del conocimiento de lo humano aportan para que un país se piense. Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo.

La universidad pública argentina somos todas y todos. Hijos e hijas de una nación que supo construir aquí lo que no se pudo en ninguna otra parte del mundo.  Un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes. Es la educación pública que iguala y nos hace libres. Es el conocimiento y la ciencia que permite alumbrar el desarrollo.

Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario. La trama que nos impulsa se funda en el derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y de las becas y la obligación del Estado nacional de financiar la universidad pública.

No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora ¡La universidad pública se defiende! ¡Por más y mejor educación pública y ciencia!

Rumbo a la Marcha Federal Universitaria, el Plenario de la CONADU se reunió hoy para evaluar el plan de lucha, fortalecer el trabajo en nuestros territorios para el armado de la marcha y pensar los horizontes posibles después del 12 de mayo.

En ese contexto se resolvió:

• Profundizar las acciones de lucha de cara a la marcha a realizarse a lo largo y ancho del territorio nacional; marcha que debe ser un límite al gobierno de Javier Milei.
• Declarar Cese de Actividades el 12 de mayo, y acompañar las acciones que los sindicatos consideren pertinentes en la construcción de una movilización contundente.
• Declararnos en sesión permanente para evaluar acciones luego de la marcha, con un Plenario que se encontrará el 15 de mayo.
• Promover iniciativas en la OIT ante los avances del gobierno nacional contra el derecho a huelga.
• Declarar nuestra solidaridad con compañerxs de Metrodekegados, Aeronáuticos, Ferroviarios y UOM ante el avasallamiento y la injerencia del gobierno y el poder judicial en las acciones y organizaciones de lxs trabajadores.
• Sesionar en el día de la violencia institucional en defensa del estado de derecho y los derechos humanos.

Tenemos la certeza de que el gobierno quiere destruir la Universidad Pública que es orgullo en nuestro país, y por lo mismo avizoramos acciones callejeras que pongan en escena la crítica situación en la que está la universidad pública, la ciencia y la democracia. Con un gobierno debilitado y dando manotazos judiciales para intentar salir de una encerrona inconstitucional, los sindicatos que integramos la CONADU llamamos a unir todas las broncas, a articular las luchas para que el 12 de mayo sea la jornada histórica en la que el pueblo argentino le ponga un freno al gobierno de Javier Milei.

“Desde los sindicatos sabemos que la vía judicial es un camino pero no es nuestra arena de construcción ni de lucha. La pelea es claramente política, y por eso la marcha del 12 de mayo cobra una relevancia aún mayor en este escenario. Porque vamos a salir a las calles a defender la universidad, pero también la democracia en un contexto de muchos malestares sociales. Por eso creo que nos toca una responsabilidad grande, que es la de tratar de construir una movilización que esté a la altura de las necesidades de nuestro pueblo”, señaló Clara Chevalier, Secretaria General de CONADU.