La Secretaria General de la CONADU, Clara Chevalier, firmó un convenio con el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, en el cual se garantiza la reserva de 30 lotes para la construcción de viviendas en el barrio Carola Lorenzini a docentes universitarixs afiliadxs a los sindicatos de base de la Federación.

“El acuerdo es un primer paso en el marco de una política de ampliación de derechos que trasciende lo salarial. En este punto, cabe destacar la perspectiva que ha tenido el municipio de San Vicente de dar impulso a la comunidad organizada como una vía para avanzar en soluciones habitacionales y planificación de urbanismo”, señaló Chevalier.

El Secretario de Acción Social de CONADU, Ary Piovaroli, y el recientemente electo Secretario General de ADEIUNAJ, Esteban Secondi, fueron parte de los primeros encuentros técnicos con la municipalidad, desplegando un trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones representativas de las y los trabajadores para hacer frente a la necesidad de acceso a tierra y vivienda a través de políticas públicas que garanticen el acceso a lotes para viviendas a un valor más bajo que en el mercado.

Así lo explicó Chevalier: “El acceso a la vivienda es hoy una gran preocupación para la sociedad en general y para la docencia universitaria en particular, por el enorme peso en nuestros salarios que implica pagar un alquiler. De ahí que merece ser parte de nuestra agenda gremial”.

Puesta en marcha ya la primera etapa del proyecto, se comenzará a trabajar en la comisión técnica junto a los secretarios y secretarias de acción social de todos los gremios de base de nuestra federación, para establecer los criterios de asignación a las postulaciones.

Fragmento del discurso de Clara Chevalier

Discurso completo

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Esto significa que la Justicia ratifica, en segunda instancia, que el gobierno debe actualizar los salarios de trabajadoras/es docentes y nodocentes universitarios y recomponer las becas estudiantiles, tal como lo dispuso el Congreso de la Nación con el voto de más de dos tercios de ambas Cámaras y con la insistencia contra el veto presidencial.

El camino judicial hasta aquí
Recordemos la secuencia: el Congreso sancionó la Ley 27.795. El presidente la vetó mediante el Decreto 647/25. El Congreso insistió con los dos tercios del artículo 83 de la Constitución Nacional. El Poder Ejecutivo entonces la promulgó mediante el Decreto 759/25, pero agregó una cláusula: invocando el artículo 5 de la Ley 24.629, dejó suspendida la ejecución de la ley. Es decir: la promulgó para no cumplirla.
Frente a esa maniobra, el CIN y 51 universidades nacionales interpusieron un amparo colectivo. El juez de primera instancia (Juzgado CAF N° 11) dictó cautelar el 23 de diciembre de 2025 ordenando el cumplimiento inmediato de los arts. 5 y 6 de la ley. El gobierno nacional apeló. Paralelamente, intentó recusar a los jueces por ser docentes universitarios. Esas recusaciones fueron rechazadas. Los recursos extraordinarios contra esos rechazos también fueron denegados. Por ello, el gobierno presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema. Ninguna de esas maniobras suspendió el proceso.

Por qué la Cámara rechazó cada uno de los argumentos del Gobierno Nacional

Argumento 1: “La ley está suspendida por la Ley 24.629.” La Cámara fue contundente: una ley posterior puede derogar o excepcionar una ley anterior. La Ley 27.795 fue sancionada después de la Ley 24.629, y con una legitimidad democrática extraordinaria (insistencia por dos tercios). El Poder Ejecutivo no puede invocar una ley anterior del propio Congreso para bloquear una ley nueva del mismo Congreso. El Tribunal lo dijo con todas las letras, citando jurisprudencia de la Corte Suprema: la Ley de Administración Financiera no tiene jerarquía superior a las demás leyes del Congreso.

Argumento 2: “No hay perjuicio irreparable.” La Cámara señaló todo lo contrario, ya que la propia ley y el decreto reconocen el deterioro salarial del sistema universitario. El daño es evidente y tiene carácter alimentario. El gobierno se limitó a sugerir que el juez se beneficiaría personalmente por ser docente, argumento que la Cámara descartó por la preclusión del planteo de recusación.

Argumento 3: “La cautelar afecta el interés público.” La Cámara confirmó lo que dijo el juez de primera instancia: el impacto fiscal de la ley es del 0,23% del PBI según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Un ahorro insignificante para el presupuesto global, frente a la vulneración del derecho constitucional a enseñar y aprender. El gobierno no intentó contestar este punto.

Argumento 4: “La cautelar es una sentencia definitiva encubierta.” La Cámara calificó este argumento como “poco serio”. La acción de fondo pide la inconstitucionalidad del Decreto 759/25 y el cumplimiento integral de la ley. La cautelar sólo ordena cumplir dos artículos (salarios y becas), dejando afuera infraestructura, funcionamiento e investigación.

Argumento 5: “Recusación de los jueces.” La Cámara reiteró que la cuestión está precluida. Ya fue resuelta, los recursos extraordinarios fueron denegados, y la queja ante la Corte Suprema no suspende el proceso.

¿Qué puede pasar a partir de ahora?
El gobierno nacional puede plantear un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las recusaciones, pero eso no suspende el proceso. La cautelar está firme en segunda instancia. El juicio de fondo continúa su curso.

Saludamos la contundente decisión judicial, LUCHAR SIRVE, SIEMPRE!

La ley de financiamiento universitario fue aprobada por el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo la vetó, el Congreso hizo caer este veto al ratificarla con ⅔ de los votos, y a pesar de llevar 146 días promulgada, el Gobierno sigue sin aplicarla. A través de un fallo del Juez Cormick, el Poder Judicial ordenó al Gobierno Nacional cumplir de forma inmediata con los fondos para las universidades, pero eso tampoco se ejecutó. 

A su vez, el Gobierno mandó al Congreso un nuevo proyecto para modificar la ley vigente: propone reemplazar la recomposición del 51% por un incremento del 12,3% en tres cuotas, la última a cobrar en septiembre. Es decir, se desreponsabiliza de la deuda salarial de 2024, que constituye la mayor parte.

La garantía salarial continúa congelada hace más de un año y muchos docentes cobran:

Por 10hs: $250.000

Por 40hs: 1.000.000

El salario del cargo testigo (JTP semi exclusiva) es $570.470,3 (enero 2026). 

Con la Ley vigente cobraría: $852.229,7. 

Con estos salarios hoy la docencia universitaria está endeudada, con pluriempleo y trabajando en apps como Rappi o Uber. 

Compartimos un fragmento de la nota que realizó la CNN al respecto donde entrevista a un profesor de historia de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

“Con estos salarios no podemos vivir, no llegamos al día 20, estamos endeudados y ya no tenemos gastos para recortar. Las medidas de fuerza que comienzan hoy son contundentes e irán escalando a medida avance el cuatrimestre de no haber respuesta del Gobierno Nacional. El plan de lucha es inédito, porque la universidad pública nunca estuvo tan atacada. No está en riesgo un calendario académico, sino una institución que es un pilar de la democracia argentina”, expresó la Secretaria General de la CONADU, Clara Chevalier.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) despide con profundo pesar al compañero Horacio “Negro” Córdoba, dirigente sindical e integrante del grupo fundador del Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de San Juan (SiDUNSJ).

Horacio formó parte de la Mesa Ejecutiva de CONADU como Secretario de Niveles Preuniversitarios, desde donde aportó a la organización y defensa de los derechos de las y los docentes preuniversitarios en todo el país.

Compañero comprometido con la vida sindical y la defensa de la universidad pública, su trayectoria deja una huella en la construcción colectiva del movimiento docente universitario.

La CONADU acompaña a su familia, amistades y a las compañeras y compañeros de SiDUNSJ en este momento de dolor.

Se profundiza el conflicto universitario: seguimos exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente y exhortamos a legisladores de todos los bloques del Congreso Nacional que rechacen cualquier intento de modificatoria de una ley apoyada y ratificada en varias instancias por una enorme mayoría plural y federal. Además, exigimos al Poder Judicial que deje de dilatar la sentencia sobre el tema de fondo, porque cada dos meses de incumplimiento perdemos un salario completo. El gobierno nacional debe convocar a paritarias de manera urgente. 

En el día de ayer jueves 12 de marzo el Congreso de CONADU resolvió la profundización del plan de lucha con la ratificación del paro de una semana que comienza el lunes 16 de marzo, y un paro de semana completa en las semanas que comienzan el lunes 30 de marzo y el lunes 27 de abril. Se facultó al Plenario para realizar un seguimiento de las acciones para darle continuidad al plan acordado para todo el semestre, en el marco de la progresividad de las medidas.

De forma unánime se acordó la realización de una marcha federal universitaria con fecha propuesta del 23 de abril a coordinar con el Frente Sindical Universitario y la comunidad universitaria en general. El Congreso evaluó la importancia de retomar el contacto entre estudiantes y docentes para que esta nueva marcha sea la expresión masiva en las calles de un pueblo que defiende la universidad pública.

Además, se organizará una carpa por la universidad y la soberanía en un esquema que abarcará todo el país, con el objetivo de instalar en el espacio público y en articulación con actores del territorio no sólo el conflicto universitario, sino el carácter urgente de la unidad de las luchas.

Se ratificó lo actuado por el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales que continúa en sesión permanente, el cual está facultado a llamar a paro de manera urgente en caso de que comience el tratamiento en comisiones de la modificación de la Ley de Financiamiento Universitario que pretende el gobierno de Milei.

Con la presencia de 30 sindicatos de base y más de 90 congresales, el Congreso sesionó en memoria del golpe cívico militar, bajo la presidencia honoraria de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, por el Nunca Más, y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y todos los presos políticos.

En el panel de apertura Clara Chevalier (CONADU), Pablo “el mono” Lombardi (Canillitas/CGT Oeste), Johanna Duarte (UTEP) y Sebastián Díaz (Sipreba) expusieron sobre las dificultades a las que nos enfrentamos hoy quienes militamos por un país más justo que tenga a las y los trabajadores en el centro, haciendo mención de las discusiones que nos debemos en el sindicalismo y en el espacio nacional y popular.

El Panel de cierre contó con la presencia de los referentes del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) Abel Furlan, Daniel Yofra, Rodolfo Aguiar y Hugo Yasky.