Entre los días 26 y 29 de abril, la Internacional de la Educación (IE) realizó junto a sus organizaciones afiliadas en Latinoamérica, el III Taller Regional sobre el proyecto Educación para todas y todos y prevención del VIH SIDA.

  El encuentro, desarrollado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, fue clave para profundizar los lazos que la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) comenzó a estrechar desde octubre de 2008 con la Internacional de la Educación, luego de que fuera aceptado  formalmente el ingreso de CONADU a la IE. 

  Este proyecto se desarrolla en América Latina desde el 2007 y busca mejorar las capacidades de los sindicatos de educación como actores protagónicos en la socialización del conocimiento y la transformación de la visión social en relación a la pandemia. Ofrece - al mismo tiempo - herramientas para la prevención en las escuelas, los sindicatos, comunidades y demanda ante los Estados la aplicación de políticas públicas adecuadas.

  En el marco del desarrollo de esta iniciativa, la sede de la Federación Nacional de Docentes Universitarios fue el escenario para comenzar a delinear el 1º encuentro de Internacional de Educación Superior organizado por CONADU y que contará con el pleno apoyo de la Internacional de la Educación.

  Para ello más de 20 miembros, con distintos niveles de responsabilidades dentro de la IE y su Regional para América Latina, visitaron la sede de la Federación. La comitiva que estuvo encabezada por Jan Eastman, Secretaria General Adjunta de la IE, fue recibida por el Secretario General de CONADU, Carlos De Feo, Pedro Sanllorenti, Secretario Adjunto, Beatriz Malvitano, Secretaria de Organización, Yamile Socolovsky, Coordinadora del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, entre otros dirigentes de la Federación y de los distintos gremios de base.    

  Durante el encuentro el Coordinador Regional Principal de la IE, Combertty Rodríguez García, señaló que “para la Internacional de la Educación es importante haber tomado nota de que la argentina viene de un proceso, que fue el menemismo, en el que América Latina se inició todo un proceso de privatizaciones de servicios públicos que fueron de achicamiento del estado y obviamente que la educación fue golpeada por ese proyecto, y que el mismo se desarrolló en el marco de una política internacional que fue avalada por el banco mundial y por los organismos financieros internacionales. Pero después viene una etapa, más reciente, a partir de 2003 en donde hay una recuperación por parte del gobierno de Kirchner en el que hay un esfuerzo por recuperar una política de estado frente a lo que es la educación pública”.

  Tras referirse al contexto, en el cual se inscribe el proceso político que vive la Argentina y otros países de América Latina, Combertty Rodríguez García se refirió al encuentro internacional de Educación Superior y destacó que “en el caso de la Educación Superior a CONADU le corresponde un rol social tanto a nivel de la argentina como en el espacio latinoamericano, y es por ello que junto a la Internacional de la Educación y CONADU estaremos organizando aquí un encuentro para desarrollar el tema de la Educación Superior: cómo es posible que las organizaciones de la educación superior se enfrentan al desafío de tratar cuál es el papel que le corresponde salir a jugar en estos cambios que se están planteando en esta sociedad, con un tipo de estado que debe ser discutido y tratado no solamente por las organizaciones de la enseñanza primaria y secundaria, sino por las organizaciones de la educación superior y las universidades, sin dudas, tienen un gran papel que aportar en esto. Y además no todas esas organizaciones están articuladas en América Latina y menos discutiendo estas temáticas”.

  En es orden la Vicepresidente de la Oficina Regional para América Latina de la IE, Fatima Da Silva, se refirió a la llegada de CONADU a la IE y consideró que “es la primera vez que tenemos una presencia en el sector de la enseñanza superior y por eso es muy importante que CONADU esté en la Internacional de la Educación”.

  Por otra parte, y al referirse a las actividades que CONADU desarrollará este año como miembro pleno de la IE,  remarcó que “en el mes de agosto se realizará en la Argentina el encuentro de Educación Superior de América Latina y CONADU va a ser la primera organización afiliada a la IE que va, junto al Comité Regional, a conducir este proceso que todos nosotros necesitamos y a va a organizar ese sector”.

  Según Fatima Da Silva, “todos los países de América Latina tienen fuertes organizaciones en el sector de la educación superior, pero lo que falta con esas organizaciones ser articulables entre sí sindicalmente, y no solo pedagógicamente, porque sabemos mucho de los intercambios entre las universidades de Brasil, Argentina, México y todos los países, pero queremos hacer desde la Internacional de la Educación  un intercambio desde el punto de vista sindical, es decir como están llevando adelante las luchas sindicales las organizaciones de Argentina, Guatemala, Costa Rica, Brasil, o sea organizar a través de la perspectiva de la organización sindical y desde las peleas internas que tenemos adentro de nuestros países”.

  Para la conducción de CONADU, el encuentro realizado en la sede de la Federación fue “sumamente auspicioso”, pues confirma la firme decisión de la Internacional de la Educación de “fortalecer los vínculos establecidos con CONADU” y de “avanzar decididamente hacia el desarrollo del sindicalismo universitario en América Latina”.    

   La Internacional de la Educación es una entidad de carácter sindical que representa a más de 29.000.000 de docentes, trabajadores y trabajadoras de la educación. Cuenta con 348 organizaciones miembro en 166 países y territorios, que van, con la afiliación de CONADU,  desde la enseñanza preescolar hasta la universitaria.

 Algunos de sus principios generales son: proteger los derechos de todos los docentes y de los estudiantes a quienes educan; contribuir al desarrollo de organizaciones democráticas para los docentes y demás personal de la educación, con los que promueve la solidaridad y cooperación mutua; lucha contra del racismo y la discriminación en la educación y en la sociedad, favoreciendo las buenas relaciones entre los trabajadores de la educación en todos los países.

  En el caso de América Latina la IE cuenta con 32 organizaciones afiliadas en 18 países, entre las que se destaca CONADU por ser la primera que se integra en el “sector de la enseñanza superior” y por constituirse a partir de su ingreso a la IE en la organización sindical que se será la responsable de desarrollar la construcción del espacio político del sindicalismo universitario en el marco de la región de América Latina.  

Secretaría de Prensa CONADU 

Será desde mañana a partir de las 11 de la mañana en el Ministerio de Trabajo de la Nación y con la participación del CIN. Si la iniciativa prospera los docentes universitarios tendrán por primera vez un marco jurídico que establecerá un nuevo tipo de relación laboral. El proyecto diseñado por CONADU es novedoso en materia de derechos laborales y participación en la vida universitaria.

Cuando este miércoles 7 de marzo, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) comience a discutir y analizar en la primera reunión paritaria con el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el proyecto de Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por el Congreso Extraordinario de la Federación llevado a cabo en Santiago del Estero en junio de 2004, empezará auspiciosamente a delinear el marco jurídico que permitirá generar un nuevo tipo de relación laboral entre los docentes universitarios, las universidades públicas y el Ministerio de Educación de la Nación.

La propuesta, que llevarán adelante los Secretarios General y Adjunto de CONADU, Carlos De Feo y Pedro Sanllorenti respectivamente, nació al calor del intenso debate realizado por los congresales de las Asociaciones de Base de la Federación durante esos años, pero es fundamentalmente el resultado de un largo proceso de revisión de las condiciones de trabajo de los docentes universitarios iniciado en el año 1993.

El proyecto tuvo discusiones y aportes entre los años 1995 y 1998, pero tuvo su versión final en el año 2004, donde se establecieron las bases para jerarquizar el rol que los docentes deberían tener en la vida de las comunidades universitarias.

El espíritu del Convenio Colectivo

Una de las principales problemáticas de la vida sindical de los docentes universitarios ha sido sin dudas la imposibilidad de caracterizar al docente como un trabajador más. Lejos ha estado la posibilidad de equiparar su trabajo a la tarea que realiza un trabajador en cualquier rama o actividad. El resultado de ello es quizá el tipo de relación laboral que se ha establecido entre éste, la universidad y el Ministerio de Educación de la Nación, en la cual el docente universitario se constituye en un trabajador que mantiene una relación difusa con su patrón o empleador. Además de otros cruces y condiciones vinculadas a la naturaleza misma del trabajo que llevan adelante los profesores universitarios.

Este Proyecto de Convenio Colectivo de trabajo viene a salvar esta y otras diferenciaciones que proceden, incluso, del propio sistema que la universidad se ha dado históricamente a sí misma para funcionar.

Para ello la propuesta aspira con su aprobación a alcanzar “la ciudadanía universitaria plena, una remuneración justa, un mecanismo de Carrera Docente, la recomposición del Nomenclador, la regulación de la planta docente, mediante una conveniente reasignación de funciones, el establecimiento de condiciones adecuadas de trabajo, un régimen jubilatorio del 82 % móvil, un salario equivalente al costo de la media canasta familiar para el cargo testigo y la equiparación de los colegios e institutos de las Universidades Nacionales a la categoría de unidades académicas”.

Se intenta garantizar, a partir de un debate profundo con los funcionarios del CIN y el Ministerio de Trabajo, la igualdad de obligaciones y derechos de todo el personal docente universitario.

En el mismo sentido la propuesta elaborada por CONADU pretende garantizar la “estabilidad docente” dando cuenta de que el “Concurso de Oposición y Antecedentes, es indispensable para la selección de aspirantes al ingreso a la Carrera Docente”, pero aclara que tiene un “valor relativo como mecanismo único para el ascenso y el mantenimiento del puesto de trabajo”, ya que también deberían considerarse cuestiones como el perfeccionamiento académico, el desempeño satisfactorio y las situaciones meritorias.

Pero el espíritu del proyecto va más allá de lo que puede entenderse como un mero reclamo sectorial y reivindicativo del derecho a percibir una remuneración justa. El mismo avanza sobre el artículo 11 inciso C, 12 inciso C y 37 de la ley de Educación Superior, en los que se establece que serán las Universidades Nacionales las responsables de garantizar “gratuitamente” los estudios a su personal docente para mejorar la calidad de las actividades de la enseñanza, investigación, creación artística y extensión.

Como se podrá observar la iniciativa ha sido pensada para atender las demandas de carácter gremial, pero también para articular las condiciones que regulan la actividad de los docentes, en una Universidad Pública que fue creciendo y se fue transformando, y que cada vez más necesita de docentes universitarios que no reduzcan su actividad al proceso enseñanza-aprendizaje, sino al desarrollo de tareas que requieren de una jerarquización académica y un compromiso con la vida universitaria aun mayor.

Otras reivindicaciones

Técnicamente la conducción de CONADU, encabezada por Carlos De Feo y Pedro Sanllorenti, tendrá la posibilidad histórica de discutir con el Ministerio de Trabajo y el CIN, otras reivindicaciones que si bien se remiten a la historia del movimiento obrero, vistas desde la perspectiva de los docentes universitarios recuperan su carácter innovador.

Entre ellas se puede destacar un Régimen de Seguridad Social que contempla una indemnización por despido para cualquiera de las categorías y dedicaciones docentes, independientemente de su condición de efectivo o interino, que irá variando de acuerdo a la situación de relación laboral que el profesor universitario tenga en el momento de perder su trabajo.

En ese marco el proyecto contempla además el régimen de licencias para los dirigentes gremiales, el tipo de categoría docente y sus funciones, el tipo de remuneración, con su respectiva escala salarial y su esquema de liquidación, los principios generales de la carrera docente, como así también las nuevas condiciones y medio ambiente de trabajo.

En síntesis poner en marcha una iniciativa de esta naturaleza significaría una instancia de superación de la tarea de los profesores universitarios y de las colegios que dependen de la universidad, y un marco jurídico y político acorde al proceso de discusión sobre el rol del estado, la función de la universidad pública, y las necesidades de un país que intenta dejara atrás la etapa de sinsabores experimentada durante el proceso de desguace del estado.

Es, sin dudas, el camino que CONADU ha comenzado a transitar lentamente en la reconstrucción de la Universidad Pública.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), presentó en el mes de abril su Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) que tendrá por objetivo desarrollar actividades de investigación social, formación política y capacitación de dirigentes de asociaciones de base de la Federación , docentes universitarios, militantes sociales y cuadros políticos de las organizaciones territoriales de todo el país.

La presentación del IEC, que será dirigido por Pedro Sanllorenti (Secretario Adjunto de CONADU) y coordinado por la Licenciada Yamile Socolovsky, generó el marco necesario para exponer los proyectos que la nueva conducción de CONADU diseñó para comenzar a transitar una nueva etapa en el proceso de jerarquización de la Federación.

En el primer encuentro- dando inicio al Programa de Formación Integral destinado a militantes de CONADU y de la Coordinadora de Organizaciones Sociales de la CTA Provincia de Buenos Aires – se llevó a cabo una charla sobre La Recuperación de la Política, en la que participaron como panelistas Mario Wainfeld - columnista de la sección política del diario Página 12 - y Hugo Yasky – Secretario General de CTA Nacional y de la CTERA-.

Durante el acto de presentación Carlos De Feo, Secretario General de CONADU, destacó "la importancia que en esta nueva etapa asigna la Federación a la creación del IEC, puesto que fue concebido para dar impulso a la decisión de contar con una herramienta que permita a los universitarios intervenir, con el conjunto de los trabajadores, en la construcción de un proyecto nacional popular y soberano".

Durante el desarrollo de la presentación del IEC, el Secretario general de CTA nación, Hugo Yasky, consideró "auspiciosa esta sociedad entre los universitarios y los compañeros de la CTA que pertenecen a la Coordinadora de Organizaciones Sociales", y aseguró que "esto tiene un altísimo valor porque ya está poniendo la marca de lo que se quiere construir". Por otra parte, el dirigente sostuvo que "tenemos que buscar entre los distintos sectores la posibilidad de construir una mirada en común y a partir de esa mirada en común poder interpretar el momento histórico que estamos viviendo".

En ese sentido Pedro Sanllorenti, Secretario Adjunto de CONADU y Director del IEC, explicó que "el Instituto – que tendrá entre sus tareas la responsabilidad de dar forma a una propuesta para el debate de una nueva Ley de Educación Superior que se pretende exprese una redefinición de la función pública de las Universidades Nacionales - desarrollará su actividad de investigación y formación en torno a tres áreas, vinculadas a la acción gremial, la problemática universitaria y el estudio de la realidad social".

Por último, Yamile Socolovsky, Coordinadora General del IEC, expuso finalmente los objetivos del Programa de Formación Integral, resultante de un acuerdo establecido entre CONADU y la Coordinadora de Organizaciones Sociales de la Provincia de Buenos Aires en el encuentro que esta última realizó en diciembre del año pasado, en cuyos debates ambas organizaciones "coincidieron en la necesidad de generar ámbitos conjuntos de formación tendientes a fortalecer la capacidad de sus militantes para intervenir en el debate de las políticas que se requieren para avanzar en la construcción de un Estado al servicio de los intereses populares".

En el encuentro estuvieron presentes Daniel Barragán (Secretario Administrativo de la CTA Nacional y Secretario Adjunto de ATE Provincia de Buenos Aires), Pablo Masciángelo (Secretario de Interior de la CTA Provincia de Buenos Aires), Martín Micucci (Secretario de Prensa de ATE y de CTA Provincia de Buenos Aires), Rodolfo Córdoba (Subsecretario de Producción de la Ciudad de Buenos Aires), Marcelo Creta (UTE-CTERA), Juan José Cantielo (FTV, Diputado Provincial), Fabián Alesandrini (Secretario General ATE Vicente López), Rufino Almeida (ANTA), Daniel Fabián (Director de Derechos Humanos del Municipio de Ensenada), representantes de los gremios de base de CONADU de La Plata , Mar del Plata, Santiago del Estero, Formosa y Rosario, y miembros de distintos movimientos pertenecientes a la CTA.

Secretaría de Prensa CONADU: Ricardo Kienast (0223)154004493 - Walter Barboza (0221) 155936569

El siguiente es un artículo del economista José Sbatella que formó parte de una de las actividades desarrolladas en el mes de mayo de 2007 por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de CONADU.

Concentración versus democratización

Por José Sbattella

El proceso de concentración no es un fenómeno único de nuestro país, sino que se acentúa a nivel global. Las estadísticas mundiales indican que sólo 200 personas tienen más capital y dinero que el 60 por ciento del resto de la población. Los detalles de este paradigma en la Argentina.

      El esquema de análisis que se presenta intenta desarrollar una metodología que utilizando la dialéctica entre procesos contradictorios permita finalizar los diagnósticos con propuestas de políticas que modifiquen las tendencias naturales de los fenómenos económicos en la actual etapa del capitalismo, entre ellos el del fenómeno de la concentración que es el que aquí nos interesa en particular.      Del lado del pesimismo de la inteligencia se enlazan la globalización, concentración y la especialización en el mercado externo. Del lado del optimismo de la voluntad: la región y su defensa, la democratización de los accesos al capital, a la tecnología y a los recursos naturales y la utilización del mercado interno como instrumento de integración nacional. Estas opciones se materializan en una dirigencia, que puede ser condicionada o condicionante. Es decir, condicionada por este modelo global, o capaz de modificar las condiciones reales desde el ejercicio de la voluntad.      En ambos casos los instrumentos disponibles para la modificación de la realidad se basan en la utilización del poder de imperio del Estado en cualquiera de las jurisdicciones: nacional, provincial, municipal.      La discusión de un proyecto nacional debe terminar necesariamente con el análisis de los poderes de policía que son inherentes a la existencia del Estado. La situación en que han quedado los organismos de aplicación tanto nacionales, provinciales como municipales después de la ofensiva de los años 90, hace necesario un relevamiento pormenorizado del estado en que quedo el Estado.      En tal sentido, es necesario recordar que la agencia Anti Trust en Argentina se crea en plena dictadura militar. Es Martínez de Hoz como ministro el que pone en funcionamiento la ley 22.262 que crea la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) en 1980.      En 1999 se introduce el análisis de las Fusiones derogando la ley anterior por la 25.156, que crea el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia que nunca terminó de constituirse, quedando la institucionalidad del sistema legal vulnerable a la industria de la apelación, lo que limita en la práctica el poder de policía del organismo.      El cuadro anexo libera las dudas que se podrían tener sobre la utilidad del esquema legal vigente en lo que hace a evitar la concentración económica en la Argentina.      La realidad es que el ejercicio de la soberanía popular a través del voto permite acceder a los representantes de los ciudadanos al ejercicio del poder de imperio del Estado y en consecuencia la situación en que quedaron los organismos que lo ejercen es el principal obstáculo para la concreción de los objetivos propuestos.

Pesimismo de la inteligencia Optimismo de la voluntad Globalización Región Mercado externo Mercado interno Políticos condicionados Políticos condicionantes Dilución del Estado Fortalecimiento del Estado Concentración Democratización      Un análisis realista implica asumir como un dato la globalización y las modalidades específicas en que se ha producido. Es decir, asumirnos a nosotros mismos como periferia.      Hoy, cuando hablamos de globalización no podemos hablar sino de “globalización capita-lista”, un proceso que comenzó con la expansión del capitalismo comercial hace 500 años. Durante todo ese tiempo se han manifestado diferentes configuraciones del esquema mundial, y de las relaciones de dependencia, encontrando en los últimos 30 años el comienzo de una nueva etapa, para la cual algunos reservan de manera exclusiva el término “globalización”.      Apartarse de la tendencia que somete a los países a la lógica del capitalismo, sólo es verosímil por la intervención de una fuerte voluntad política de resistencia. En este sentido, lo que se opone a la tendencia, al concepto de globalización, desde el lado de la voluntad, es el concepto de región: la región es necesariamente producto de la voluntad política y su existencia supone el condicionamiento de la globalización.      El discurso hegemónico del modelo global sostiene que el crecimiento, el dinamismo de una economía, se logra con el desarrollo del mercado externo. La competitividad del mercado externo está basada en la productividad social del trabajo y en la estructura de costos nacionales. El salario es uno de esos costos, pues en los países capitalistas corresponde incluir la renta de la propiedad, es decir la tasa de interés que remunera al capital financiero y las ganancias sectoriales de los distintos sectores productivos.      En oposición al esquema de globalización que promueve la especialización hacia el mercado externo, del lado del optimismo de la voluntad se encuentra la utilización del mercado interno como instrumento de integración nacional. El mismo es necesario para evitar que esta lógica global arrastre a un país hacia un modelo de economía dual que reproduce la relación de centro-periferia global hacia dentro del país.      Ante la propuesta de dar protagonismo al mercado interno, es necesario tener en cuenta las condiciones para desarrollar una producción nacional competitiva. En este sentido, es interesante la propuesta de “desconexión” del sistema de precios global que supone incidir sobre el sistema interno de costos, modificando el sistema de precios interno (sea a nivel nacional o regional). Una última consideración involucra a la dirigencia, que puede ser condicionada o condicionante.      Hay quienes por complicidad, por ser dueños de los medios de producción, o incluso por ignorancia, son condicionados por este modelo global y devienen en lobbistas del proyecto hegemónico. En el otro extremo, el de los condicionantes, están los que pretenden modificar la forma de inserción de la región.      En la Argentina es necesario asumir que las responsabilidades de lo sucedido son directamente proporcionales a la jerarquía. Esto significa que cada uno, desde su rol, tiene un grado de responsabilidad, pero las responsabilidades máximas son las de los niveles más altos en estas jerarquías.

Concentración versus Democratización

    Llegamos ahora a donde queríamos llegar: a una de las más significativas contraposiciones. Mirando el esquema global, pero también hacia dentro de nuestros países, encontramos diferentes manifestaciones de “concentración”.      Se opone dialécticamente a la concentración, la democratización, un proceso que depende principalmente de la voluntad política. ¿La democratización de qué? Del acceso al crédito, al capital, a tecnología, a un ambiente sano, para los ciudadanos de ahora y los de mañana, con trabajo y sin pobreza.      La apropiación y el uso que se da al excedente resulta clave para definir una tendencia de concentración, o del proceso inverso. Por ello, el concepto de excedente pondrá en evidencia la crucial importancia de la voluntad política para la defensa de intereses colectivos, especialmente en países subdesarrollados, debido a las disparidades sociales que el sistema global genera. De este modo, si la concentración es la tendencia, la voluntad política opone a ella un freno y permite que sobrevivan sectores socioeconómicos que se protegidos que de otro modo serían marginados o excluidos.      El proceso de concentración no sólo puede verse “hacia dentro” de cada país. Es un proceso que también se acentúa, y de manera alarmante, a nivel global. Las estadísticas de concentración mundiales revelan que 200 personas tienen más capital y riqueza que el 60% del resto de la población. En la Argentina, el proceso de concentración puede reflejarse en el cuadro que se anexa a esta nota (ver aparte). El rol de la Defensa de la Competencia

     En ambas alternativas descriptas más arriba, la posibilidad de control del espacio económico se basa en los poderes de policía que quedan inherentes al Estado. Es de la utilización del poder de policía del Estado nacional, provincial y municipal desde donde se modifica la realidad o se garantiza el continuismo.      El condicionamiento del modelo global implica necesariamente la situación inversa: el fortalecimiento del poder de imperio del Estado jerarquizando los organismos de control, asumiendo la responsabilidad indelegable del Estado en la salud, la educación, la justicia y el control del medio ambiente.      En materia de Defensa de la Competencia, para cumplir con las metras de democratización que se oponga a los efectos de la concentración, es necesario realizar un cambio del enfoque de los efectos de la concentración orientando los instrumentos de análisis a aquellos que prioricen aspectos sociales (macroeconómicos) respecto de aquellos que prioricen y que respondan a los intereses de los grupos concentrados (microeconómicos). En tal sentido, la democratización implica que las concentraciones deben aceptarse en la medida que las mismas garanticen un entorno sano para los ciudadanos de hoy y del mañana (brecha ambiental), que fortalezcan y no disminuyan las fuentes de trabajo como en los 90 (brecha de empleo), que fortalezcan las arcas del Estado evitando maniobras evasivas y elusorias típicas de las fusiones (brecha fiscal) y, finalmente, que garanticen el mantenimiento de los recursos dentro del mercado interno evitando que el flujo de divisas que caracterizaron a la economía argentina en los procesos de extranjerización, representen restricciones que recurrentemente hagan explotar la balanza de pagos (brecha externa).      Bajo la tutela de estas cuatro brechas es que deben analizarse los procesos de concentración.      La lógica de los análisis realizados en los procesos de concentración, basados exclusivamente en conceptos microeconómicos, como los “mercados relevantes”, “ganancias de eficiencia”, “poder de mercado”, “elasticidades cruzadas”, no ha servido para contener el proceso de fusiones que amenaza con seguir dejando uno o dos operadores en los mercados más importantes.      Por su parte, laxo por naturaleza, el análisis microeconómico fue encontrando la justificación para que la condena al monopolio per se de la Ley Sherman de fines de siglo XIX (de EEUU), hoy se trasforme en una aceptación vergonzosamente silenciosa.      Si se fuera consecuente con el esquema teórico del liberalismo, debería entonces recurrirse al siguiente capítulo de los libros de microeconomía que sobreviene al de Competencia Perfecta: el Monopolio, en donde inevitablemente corresponde su regulación, mal que les pese a los defensores de la economía de mercado.]]> 76 2007-05-10 19:45:20 2007-05-11 00:45:20 closed open concetracion-versus-democratizacion publish 0 0 post http://conadu.org.ar/wordpress/?p=80 Thu, 31 May 2007 01:42:20 +0000 conadu http://conadu.org.ar/wordpress/?p=80 El siguiente es el Proyecto de Convenio Colectivo de Trabajo presentado por CONADU a las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación y el Consejo Interuniversitario Nacional. La iniciativa, que comenzó a discutirse en el primer semestre del año 2007, se encuentra en plena etapa de análisis. Uno de los primeros temas abordados por los representantes de nuestra Federación, está relacionado con las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en las Universidades Nacionales (hacer click sobre el texto para descargar el documento en formato PDF).

El siguiente es un comunicado de prensa elaborado por el Secretario Adjunto de CONADU, Pedro Sanllorenti, a propósito del cumplimiento de las etapas del acuerdo salarial alcanzado por nuestra Federación a partir del acta firmada el 9 de mayo de este año. A continuación se reproducen los puntos destacados del mismo que, además, se puede bajar como documento PDF en nuestra sección documentos.

1- Recordamos que con el sueldo de septiembre se incorpora la 3ª ETAPA del acuerdo salarial firmado el 9 de mayo pasado. La 4ª ETAPA está prevista para el 1/01/08 (universitarios) y para el 1/12/07 (preuniversitarios). Sobre cómo quedan los sueldos en las distintas etapas pueden consultar en la sección documentos de nuestra página web (La recomposición salarial).

2- La próximas negociaciones salariales se llevarán a cabo utilizando el criterio de nomenclador aprobado en los dos últimos Congresos de CONADU para la siguiente etapa de su recomposición. Esto es así ya que en la última reunión paritaria, realizada el 31-08-07, CONADU acordó con el CIN que en próximos acuerdos las incorporaciones salariales se efectúen de modo de alcanzar una altura de 1,6 entre los cargos de Profesor Titular y Ayudante de primera. A principios de este año esa relación era de 1,42 en las dedicaciones simples y semiexclusivas. En la 4ª ETAPA, del acuerdo firmado en mayo pasado, se estableció que alcanzaran el valor de 1,52 hoy vigente sólo en las dedicaciones exclusivas. Es decir que a partir del 1/01/08, las tres dedicaciones horarias tendrán una altura de 1,52 (equivalente a decir que unProfesor Titular cobra un 52% más que un Ayudante de primera de la misma antigüedad). Recordamos que valor final que esperamos alcanzar para recomponer definitivamente la altura del nomenclador, es de 1,8.

3- La CONADU ha solicitado en esa instancia paritaria, el adelanto en el pago de la 4ª ETAPA para el mes de octubre próximo. Las Autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias quedaron en dar una respuesta. Deberían contestar antes de fin de septiembre.

4- Con el pago del mes de septiembre se reliquidará el impuesto a las ganancias. Quienes han sufrido descuentos por este impuesto, recuperarán parte de lo descontado ya que los nuevos valores aumentan el mínimo no imponible de manera retroactiva al mes de enero de 2007.

5- Incentivos a los docentes-investigadores: habiendo recibido las Universidades fondos correspondientes a la 2ª cuota del 2006, en la mayoría de ellas se encuentra en proceso de liquidación.

Pedro Sanllorenti

Sec. Adjunto CONADU

CONGRESO ORDINARIO de

la FEDERACIÓN NACIONAL DE DOCENTES UNIVERSITARIOS (CONADU)

Chilecito,

La Rioja, 8 y 9 de noviembre de 2007

MEMORIA – DOCUMENTO PARA EL DEBATE

1. EL ESTADO EN DISPUTA

Uno de los rasgos distintivos del actual proceso político en América Latina es el resurgimiento del Estado como un actor fundamental en el intento de redefinir las reglas de funcionamiento de las economías nacionales, mediante una intervención política tendiente a revertir las consecuencias sociales de las políticas de exclusión que asolaron la región en las décadas anteriores.

Si bien la crisis que tornó inviable la continuidad del programa neoliberal respondió en parte al desarrollo de las propias contradicciones entre los sectores dominantes, a las que condujo el régimen basado en la acumulación financiera del capital en los países periféricos, ella también es fruto de las luchas y la movilización popular, que expresaron la imposibilidad de legitimar socialmente aquel modelo, y de pretender mantener un grado de consenso que garantizara la gobernabilidad de los territorios expoliados. Esa resistencia se tradujo, en los últimos años, en la llegada al gobierno de diversas fuerzas que – más o menos allegadas o vinculadas al movimiento popular – cosecharon su caudal político en el rechazo mayoritario a la perpetuación de aquel proyecto que el Consenso de Washington trazara como estrategia de dominio global, y que implicó, en términos generales, la reformulación de las funciones del Estado, con vistas a generar las condiciones que favorecieran una insersión de las economías de los países periférico-dependientes que fuera plenamente funcional al esquema de transnacionalización de capitales acrecentados en la actividad especulativa.

La emergencia de gobiernos que asumen una común determinación anti-neoliberal, con un fuerte respaldo popular, en condiciones que favorecen las perspectivas de recuperación de la capacidad productiva de las economías de la región, representa una situación que - con los matices que caracterizan de manera particular a cada uno de los países – puede valorarse, en términos continentales, como una oportunidad histórica. La oportunidad de volver a inscribir en un horizonte colectivo la perspectiva de un proceso emancipatorio, que conduzca a una profunda transformación de la sociedad, sobre la base de la igualdad, la soberanía y la fraternidad de los pueblos.

Pero no será posible alcanzar ese futuro que hoy se presenta como anhelo colectivo de lograr las condiciones para la realización de la justicia social, en tanto no se produzcan modificaciones sustantivas en la estructura socio-económica de nuestros países. La orientación general del proceso político-social, y el carácter de los gobiernos emergentes en esta etapa, permiten avizorar esas transformaciones como posibles, e incluirlas en la agenda política democrática, lo cual – sin dejar de ser significativo – no es más que el punto de partida, que apenas indica la dimensión del desafío que el movimiento popular debe asumir como horizonte.

El Estado constituye un instrumento decisivo para desarrollar una estrategia que se proponga la transformación de las condiciones estructurales que configuran la matriz distributiva de la riqueza en las economías nacionales. En la actualidad, bajo el signo de la crisis de hegemonía que desplazó al capital financiero del centro del proceso económico en nuestro país, y que condujo a la deslegitimación de las formas tradicionales de organización y representación política, el Estado permanece atravesado por proyectos de diversa índole, habitado en su estructura institucional, y disputado en la orientación de sus políticas principales, por agentes portadores de intereses sectoriales antagónicos.

Durante la última dictadura militar, el Estado terrorista fue el instrumento a través del cual los sectores dominantes procuraron disciplinar violentamente al conjunto de la población y, especialmente, a los trabajadores, para desarticular todo intento previsible de resistencia a un proyecto que implicaría un brutal despojo de los sectores populares, y la pérdida de sus conquistas históricas. En la década del ’90, el discurso que insistía - sobre supuestos motivos de eficiencia y “modernización” - en la necesidad de reducir el aparato estatal y limitar su radio de acción, ocultaba no solamente la intención de liberar a los agentes económicos privados de toda regulación que pudiera fundarse en criterios de interés público, sino el propósito de redefinir las funciones del Estado, para adaptarlo a los requerimientos del proyecto hegemónico que se procuraba afianzar extendiendo su impronta a todos los ámbitos de la vida social. El Estado, entonces, dejó de estar presente como garante de derechos y proveedor de bienes públicos, pero se hizo sentir en su función represiva y en su capacidad de intervenir en el proceso económico para favorecer al capital concentrado, tanto a través de transacciones directas, como mediante la construcción de un andamiaje legal e institucional, que, adecuado a esa finalidad, supuso la eliminación de aquellas leyes, mecanismos de regulación y organismos públicos existentes que podían representar trabas a este proceso.

Las contradicciones que se despliegan en el seno del Estado - así como la magnitud de la destrucción producida a lo largo de casi tres décadas de políticas antipopulares, junto a la debilidad de los instrumentos con los que cuenta el poder público para hacer frente a esta situación - se tornan visibles en un balance entre logros y deudas pendientes del actual proceso político argentino. El crecimiento económico ha redundado en una reducción de los índices de desempleo, de indigencia y pobreza, y en una reactivación del mercado interno y de la actividad productiva que resultan auspiciosas. Y, si bien es cierto que la gravedad de la situación a la que habíamos llegado multiplica – especialmente para quienes padecieron más dramáticamente el deterioro de sus condiciones de vida - el efecto benéfico inmediato de la reactivación en curso, es importante apreciar este hecho en su justa medida. El crecimiento del empleo registrado, el paulatino aumento de salarios, junto al blanqueo progresivo de sumas en negro; la convocatoria a paritarias en distintos sectores y al Consejo del Salario, con la inclusión de la representación de la CTA, constituyen pasos importantes en el terreno de las demandas de los trabajadores, y abren una perspectiva de avance en un proceso en el que, junto a los derechos conculcados, comenzamos a recuperar posiciones en la puja por la distribución del ingreso.

Pero, por otra parte, también es preciso advertir que las mejoras relativas en la situación de amplios sectores de la población se hacen sentir de manera netamente diferenciada en los extremos de una escala social que continúa extendiendo la brecha de la desigualdad, resultado de la persistencia de una matriz distributiva de la riqueza que sigue siendo profundamente inequitativa. Además, aquellos logros - y, junto con ellos, la posibilidad de consolidar y profundizar el rumbo de cambios que, sobre esa base, es posible proyectar - se hallan continuamente amenazados, en un contexto en el que la concentración de la economía ha colocado a unas pocas firmas en posición no sólo de condicionar los márgenes de la acción gremial (capacidad que se ve, además, facilitada por la presencia del “sindicalismo empresario” asociado a sus intereses), sino de hacer sentir su poder extorsivo frente a todo intento de establecer regulaciones públicas sobre precios, ganancias y transacciones. Estos sectores, que procuran hacer valer el potencial desestabilizador que les otorga esa posición dominante (facilitada, en este caso, por un sinnúmero de ideólogos, voceros a sueldo y desprevenidos de variada condición), no pueden ofrecer la base social, ni la fuerza productiva necesarias para el desarrollo de un proyecto nacional soberano e inclusivo. Al contrario, los grandes grupos económicos, beneficiarios indiscutidos del proceso de privatizaciones durante la década del ’90, que crecieron amparados por aquel Estado que había sido plenamente cooptado para sus propósitos, siguen demostrando su impronta especulativa. Pese a que el ya extendido ciclo de crecimiento económico les viene reportando cuantiosos dividendos, su interés permanente en la maximización inmediata de sus ganancias no sólo se manifiesta en la pretensión de no admitir ningún mecanismo redistributivo que implique reducir sus amplísimos márgenes de rentabilidad, sino en su disposición a transferir activos y “fugar” capitales, profundizando el proceso de extranjerización de la economía y el vaciamiento del aparato productivo.

En esta situación, en la que se evidencia la insuficiencia del poder popular acumulado para modificar la correlación de las fuerzas sociales y promover un proyecto propio, es imprescindible fortalecer las organizaciones del movimiento popular, y desarrollar una estrategia conjunta para disputar la orientación de las políticas de Estado, la única herramienta a través de la cual, en estas condiciones, puede un poder democrático aspirar a imponer nuevas reglas para el funcionamiento de la economía. Pero, al mismo tiempo, la reconstrucción de la capacidad del Estado para poner límites a la ambición de los sectores económicos concentrados - no sólo estableciendo mecanismos de regulación sobre la actividad económica, sino interviniendo de manera directa en el proceso de producción y distribución de la riqueza -, es un requisito ineludible y de carácter estratégico para cualquier proyecto que procure avanzar en la realización de las condiciones que aseguren la justicia social.

2. La disputa por la Universidad

La Universidad pública es, no obstante su autonomía académica e institucional, una institución estatal, y, como tal, ha sido en los ’90 uno de los ámbitos en los cuales se intentó plasmar una serie de reformas, acordes con la orientación general del programa neoliberal. A nivel de la educación superior, la reestructuración promovida en esos años fue – como en otros ámbitos - facilitada por la instalación previa de un discurso que desacreditaba al Estado y a la gestión pública, y que se extendió también sobre las Universidades. Y así como, mientras se denostaba a la política, existió una política que proyectó sobre todos los ámbitos de lo social su carácter anti-popular, hubo también una política para la educación superior, que tras la exigencia de rendimiento, eficiencia, y sustentabilidad económica, introdujo un conjunto de dispositivos que procuraron adecuar a las instituciones del sistema a los objetivos de un programa de elitización del conocimiento, y de provisión de graduados adaptados al perfil profesional requerido por el mercado, construyendo, al mismo tiempo, un mercado de la educación superior.

Los objetivos de la reforma, definidos con claridad en los documentos de los organismos multilaterales de crédito, no se cumplieron plenamente, limitados no sólo por la resistencia opuesta por algunos sectores universitarios, sino también como resultado del modo en que los programas a través de los cuales se pretendía realizarlos fueron adoptados en la práctica, e inscritos en la dinámica propia de la vida académica. No obstante, aquella política tuvo efectos que aún persisten, y esa misma política no ha dejado de tener sus promotores, dentro y fuera de la universidad.

Si uno de los elementos constitutivos de la reestructuración neoliberal en la Universidad ha sido el desfinanciamiento público – que sirvió como factor de presión para que se aceptaran algunas de las reformas y programas -, éste no ha sido, de ningún modo, el único de sus aspectos fundamentales. Es por ello que no podría pretenderse que el aumento presupuestario fuera suficiente para resolver la crisis que – como el conjunto de las instituciones públicas – atraviesa la Universidad. La apertura de las Universidades a fuentes de financiamiento alternativas, complementarias de los recursos procedentes del Presupuesto nacional, favoreció la adopción de una dinámica que vinculó fuertemente a un amplio espectro de la actividad académica a un circuito de producción y distribución del conocimiento basado en la lógica del mercado, ligado a intereses particulares, y sujeto a criterios y valoraciones que responden a aquellos intereses, y no a una consideración de los objetivos que la sociedad pudiera determinar democráticamente como relevantes.

Por eso, a la imperiosa necesidad de adecuar sus estructuras y objetivos tradicionales para poder intervenir críticamente en la dinámica impuesta por las actuales condiciones de producción y circulación del conocimiento, el nivel de la Educación Superior y, en particular, las Universidades Nacionales, deben sumar hoy la tarea de revisar hasta qué grado y de qué maneras las reformas implementadas en los ’90 han impactado en su desempeño, y constituyen una limitación para el desarrollo de su capacidad de contribuir de una forma significativa en la generación de aquellas condiciones necesarias para la democratización de la sociedad.

Sin duda, es en las Universidades Nacionales donde nuestra sociedad ha construido, históricamente, el ámbito por excelencia para la producción social del conocimiento del más alto nivel, que ella requiere para desarrollarse y dar respuesta a sus necesidades y anhelos. La existencia de un sistema público de educación superior reconocido – aún con sus carencias ya de larga data – como un ámbito calificado; que es valorado, además, como patrimonio común; constituye una reserva estratégica para la construcción de un proyecto nacional-popular soberano. Nuestras Universidades, los universitarios, estamos llamados a cumplir un rol en este proceso, que requiere contar con investigadores y docentes capaces de orientar su tarea a la participación en la elaboración de políticas públicas, que apunten a resolver los problemas sociales más urgentes, pero que también contribuyan a sentar las bases que permitan producir los cambios estructurales sin los cuales la emergencia social (tan desigualmente distribuida como la riqueza) no dejará de reproducirse.

Producir esos cambios implicaría, entre otras cosas: fortalecer el sistema educativo nacional en su totalidad; construir un sistema público nacional de salud; reformar el sistema judicial con vistas a poner todas sus instancias al servicio de la protección integral de los derechos fundamentales de las personas; promover una reforma tributaria que haga de los impuestos un instrumento de redistribución de la riqueza y de regulación de las actividades económicas; elaborar proyectos viables de recuperación de la propiedad y el control estatal de los recursos energéticos, así como de las empresas productivas y de servicios que fueran privatizadas o desmanteladas en los ’90; promover una modificación del régimen de propiedad de la tierra; establecer un andamiaje legal e institucional que permita disponer de mecanismos efectivos para la regulación del proceso económico en función del interés común; proyectar políticas sociales que, integrando a la comunidad y sus organizaciones en su elaboración e implementación, superen el nivel asistencial y promuevan formas genuinas de construcción de la ciudadanía. Implica, también, fortalecer a aquellos sectores cuya actividad en la producción se orienta más claramente a la satisfacción de las necesidades populares y a la creación de trabajo genuino: los pequeños y medianos productores de la ciudad y del campo, las cooperativas y, en general, las organizaciones del trabajo autogestionado.

La consecución de estos objetivos requiere, indudablemente, decisiones políticas y respaldo popular, voluntad y organización. Pero, en todos los casos, es preciso también contar con capacidades técnicas y profesionales, dispuestas a contribuir con el desarrollo de proyectos estratégicos, la formación de recursos humanos, la creación de tecnologías alternativas que sean económica y socialmente sustentables, la recuperación y sistematización de los conocimientos generados a través de la experiencia popular, la construcción de redes comunicacionales que respalden la realización de estos proyectos, etc., etc.

La Universidad tiene como finalidad fundamental promover el desarrollo de esos conocimientos y esas capacidades, y todas aquellas tareas convocan, de diversas maneras, a la participación y al compromiso de los universitarios. Pero esa participación no puede ser meramente el resultado de la determinación voluntarista de unos pocos. La institución universitaria tiene que definir y promover las formas concretas a través de las cuales llevará a la práctica este compromiso, disponiendo además todas las medidas necesarias para que este esfuerzo que la sociedad requiere de los universitarios sea adecuadamente valorado y retribuido. El Sistema Nacional Universitario tiene que ser además reestructurado, y su actividad orientada, no sólo mediante una nueva Ley para el sector, sino a través de una política nacional universitaria que promueva claramente estos objetivos.

Pero la Universidad misma ha sido y es, actualmente, uno de los escenarios en los que se desarrolla también la disputa política entre aquellos que pretenden mantener sus posiciones de privilegio, y quienes sostenemos que el compromiso con las necesidades de la mayoría es ineludible, para una institución cuyo carácter público debe manifestarse tanto en la garantía de las condiciones para el acceso y permanencia en ella de los sectores populares, como en los principios y criterios que orientan y regulan su actividad. La posibilidad de que la Universidad cumpla el rol que entendemos está llamada a desempeñar en esta etapa depende, en buena medida, de nuestra capacidad de resolver esa disputa, sin perder de vista que la definición de una política universitaria no compete exclusivamente a los universitarios: la sociedad en su conjunto debe ser partícipe de este debate y debe poder, a través de las diversas formas en que se expresa su voluntad, intervenir en la determinación del sentido que funda la legitimidad del quehacer de esta institución.

3. La organización de los trabajadores docentes en la Universidad

La organización sindical de los trabajadores docentes tiene que asumir su parte en esta disputa por la Universidad, y en la construcción de un proyecto de país. Si los docentes universitarios reivindicamos – independientemente de la calificación académica que cada quien haya logrado alcanzar – nuestra condición de trabajadores, tenemos la responsabilidad de contribuir, desde el lugar en el que desarrollamos nuestra tarea, al fortalecimiento de la organización general de la clase trabajadora, y – con ella – a la generación de las transformaciones necesarias para asegurar una mejora sustantiva en las condiciones de vida de nuestro pueblo, en el marco de la realización de una sociedad justa e igualitaria.

Asumir esta responsabilidad exige tomar como tarea fundamental, en esta etapa, la discusión y resolución de las cuestiones de las que depende la posibilidad de que la Universidad cumpla, efectivamente, un rol decisivo en la construcción colectiva de aquella sociedad. Pero reclama de todos nosotros, también, la capacidad de afrontar la búsqueda de soluciones a los problemas inmediatos que afectan las condiciones laborales particulares de nuestro sector, sin perder de vista el horizonte más amplio en el que se define el sentido mismo de nuestra actividad como docentes e investigadores. El debate de las cuestiones salariales y previsionales, de las condiciones y medio ambiente de trabajo, etc., así como el reclamo por el aumento de presupuesto, tiene que darse en el marco de una visión atenta a la complejidad de la problemática actual de la Universidad pública, y en estrecha relación con la cuestión política de fondo.

Si no advertimos el modo en que cada uno de estos problemas se relaciona con la totalidad del “problema universitario”, nos veremos llevados no solamente a la estéril búsqueda “cortoplacista” de soluciones que no modifican las condiciones estructurales que originan los problemas, sino – lo cual es aún más grave - a desatender las consecuencias políticas que algunas medidas podrían tener, en relación con el problema fundamental, que consiste, desde nuestro punto de vista, en resolver de qué modo la Universidad responde hoy a las necesidades y expectativas de una sociedad que se ha expresado mayoritariamente decidida a sostener un proceso de cambios en nuestro país.

Una práctica sindical corporativa que se limite a procurar, con mirada estrecha, la respuesta puntual a las demandas de mejora de la situación laboral de los trabajadores del propio sector, y que desatienda su efecto sobre la situación general y las perspectivas de mejora del conjunto, es, además, un factor que conspira contra la construcción de la unidad de la clase, objetivo fundamental para una estrategia política emancipatoria que se afirme sobre la base de la organización y movilización popular. Este principio - fundacional en la experiencia de la Central de Trabajadores Argentinos de la que formamos parte - constituye una premisa básica para la institución de un modelo sindical que procura integrar a la organización de los trabajadores en el desarrollo de una estrategia colectiva del movimiento popular, para avanzar hacia el objetivo de la liberación nacional y social.

Es por ello que en CONADU hemos sostenido permanentemente la necesidad de continuar reclamando la equiparación del salario correspondiente al cargo testigo con el valor de la media canasta familiar, sin perder de vista que es el conjunto de los trabajadores el que debe lograr avanzar en el proceso de recuperación de una posición favorable en la distribución del ingreso. Pero, además, hemos advertido que el planteo de estas reivindicaciones no puede llevarnos a dejar de lado otros temas que muchos, interesadamente, preferirían eludir; como una necesaria discusión sobre el modo en que se debería asegurar que la actividad cuya digna remuneración estamos reclamando, responde efectivamente a las necesidades fundamentales de la sociedad que la sustenta a través del erario público. Del mismo modo, hemos insistido en nuestra convicción de que la recomposición de un mecanismo de movilidad que vincule de manera directa los haberes jubilatorios y los salarios de los trabajadores activos es una meta que, en la medida en que la Ley de Solidaridad Previsional nos afecta a todos, debe ser lograda por y para el conjunto de los trabajadores, en una lucha conjunta, que no establezca pretensiones de privilegio y que contribuya a fortalecer la organización común.

Sobre la base de estas convicciones, hemos dado especial relevancia a la necesidad de sumar nuestra voz a un debate sobre una nueva Ley de Educación Superior que aún permanece reducido a algunos foros, desprovisto del grado de publicidad que creemos debería tener. La propia experiencia histórica nos permite advertir que sólo una profunda discusión sobre la función social de la Universidad, que conduzca a la sanción de una nueva norma sobre la base de un consenso significativo - dentro y fuera del ámbito universitario – hará posible que la actividad que en ella se desarrolla cuente con la legitimidad y la adhesión que se requieren, para que las reformas que pudieran promoverse sean efectivamente adoptadas por los directos implicados, y les permitan llevar a cabo una tarea socialmente necesaria y valorada.

Será necesario, entonces, asumir como un objetivo central para nuestra Federación la tarea de instalar este debate. Porque en el año 2007, al igual que en el 2006, la crisis de las Universidades Nacionales parece haberse expresado en las numerosas situaciones de conflicto planteadas en torno a la cuestión de la “democratización”, que, en el discurso de la mayor parte de los sectores involucrados, se presentaba estrechamente ligada – y usualmente reducida – al problema de la fórmula del co-gobierno. Pero han sido excepcionales las voces que llegaron a proponer un planteo del problema que asumiera miras más amplias, en un contexto en el que la misma práctica de los actores involucrados conspiraba contra la posibilidad de llevar adelante un debate público que expusiera claramente las posiciones en juego, y sólo contribuyó a alejar a la mayor parte de los mismos universitarios de la escena del conflicto.

El verdadero problema de la democratización de la Universidad no consiste meramente – como querría una visión autorreferencial, cuando no mezquinamente interesada, del asunto - en una modificación de la estructura del co-gobierno, y mucho menos en un cambio que se redujese a la ampliación de la proporción de la representación estudiantil en los cuerpos colegiados. Democratizar la Universidad supone, sobre todo, profundizar el vínculo entre la actividad que en ella se lleva a cabo, y las necesidades de la mayoría de la población, que confía a esta institución pública la responsabilidad de producir, con el mayor nivel, un conocimiento socialmente significativo que contribuya al bienestar general. De modo que no habrá democratización de la Universidad sin una profunda revisión del modo en que actualmente la Universidad cumple su misión, y de las transformaciones que requeriría estrechar ese vínculo.

Sin duda, habrá que promover cambios en el modo en que se constituye el gobierno de la Universidad, para que quienes desarrollan su actividad en ella – docentes, estudiantes, personal de apoyo – puedan ejercer su derecho a participar en el proceso interno de toma de decisiones, de forma tal que se asegure el carácter democrático de la resolución del modo en que la Universidad efectiviza su responsabilidad ante la sociedad. En este sentido, y sobre todo en ocasión de discutir una nueva Ley de Educación Superior, consideramos importante subrayar la definición que CONADU ha sostenido históricamente, respecto de la necesidad de que dicha norma exija la adecuación de los Estatutos al reconocimiento de la ciudadanía plena del claustro docente, y el establecimiento de la elección directa de las autoridades, como condiciones que deben cumplirse para promover la democratización interna de las Universidades. Sabemos que los sectores corporativos que quieren mantener el divorcio entre las Universidades y la sociedad, se oponen a la incorporación de estos requisitos, basándose en una falsa interpretación de la autonomía universitaria; pero entendemos que ésta no es sólo una reivindicación de nuestro sector, sino además una condición necesaria para profundizar el vínculo entre el quehacer universitario y las necesidades de la comunidad.

Es preciso, al mismo tiempo, avanzar en una reestructuración del Sistema Universitario que permita, a través de una adecuada articulación entre las instituciones que lo componen, aprovechar los recursos disponibles y los que vayan a demandarse, así como potenciar la capacidad de cada Universidad para atender los requerimientos propios de la región en la que extiende su área de influencia inmediata. Habrá que disponer – más allá de la afirmación de la gratuidad de la enseñanza - garantías efectivas para asegurar el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes, especialmente de aquellos que se encuentran más desfavorecidos por su situación socio-económica y carencias en la formación recibida en el nivel medio. Será ineludible debatir seriamente cuáles son las instancias, los mecanismos y los criterios para la evaluación académica e institucional; cuáles las fuentes y formas de financiamiento admisibles; cuáles los ámbitos en los que debería definirse una política universitaria que constituya una política de Estado.

Las Universidades podrán ser, además, ellas mismas un factor de democratización de la sociedad, sólo si logramos efectivamente estrechar la relación entre nuestra actividad y las necesidades populares. La resolución de la crisis de la Universidad dependerá, finalmente, de nuestra capacidad de ser partícipes, desde nuestra condición de trabajadores universitarios, en la construcción de un proyecto político que nos permita avanzar, con el conjunto del movimiento popular, hacia la realización de una sociedad justa e igualitaria.

UNIVERSIDAD Y POLÍTICAS DE ESTADO

DEBATE SOBRE LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

BALANCE DE LA JORNADA REALIZADA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UBA

La Federación Nacional de Docentes Universitarios desarrolló con gran éxito el encuentro “Universidad y Políticas de Estado, hacia una nueva Ley de Educación Superior. El mismo, cuyo sentido es el de continuar discutiendo de qué manera las UU.NN. contribuyen en la construcción colectiva de una sociedad basada en la igualdad y la justicia social, se llevó a cabo el pasado jueves 29 de de noviembre en Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En el encuentro, que fue el marco para la presentación del gremio docente FEDUBA adherido a CONADU, de reciente creación en la Universidad de Buenos Aires, participaron el Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Alberto Dibbern, el Diputado Nacional del Frente Para la Victoria, Alberto Cantero Gutiérrez, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Federico Schuster, el Secretario General de CONADU, Carlos De Feo, la Secretaria General de FEDUBA, María Inés Vignoles, la Secretaria General de CTERA, Stella Maldonado, y distintas agrupaciones estudiantiles pertenecientes a Libres del Sur, JP Evita, Juventud de la Central de los Trabajadores Argentinos, Juventud Comunista Congreso Extraordinario, Iure y La Vertiente, entre otras.

Las actividades comenzaron con un Foro de Organizaciones Sociales, Gremiales y Estudiantiles, que fueron coordinadas por el profesor Mario Toer, integrante de la conducción del gremio FEDUBA, y Yamile Socolovsky , Coordinadora del Instituto de Capacitación de CONADU (IEC). Durante el desarrollo del foro, los participantes de las agrupaciones coincidieron en la necesidad de “abrir el debate sobre el futuro de las UU.NN a las distintas organizaciones sociales que desarrollan tareas políticas en el territorio” y pusieron de relieve que la problemática de las UU.NN “no sólo debe ser discutida por la comunidad universitaria sino por el conjunto del pueblo”.En tal sentido la coordinadora del IEC, Yamile Socolovsky, señaló en la apertura que “estamos planteando la necesidad de discutir la Universidad en relación con las políticas de estado y en relación con la necesidad de reconstruir el estado y recuperarlo como una herramienta imprescindible, para poder producir las transformaciones que se necesitan para consolidar el proceso de avance muy dificultoso que comienza a revertir las políticas que han producido un deterioro en las condiciones de vida de la población”. Al mismo tiempo afirmó que “es necesario superar los obstáculos que impiden una distribución equitativa de la riqueza” y que “para poder capitalizar este proceso, y lo logrado hasta el momento, es necesario un estado que asuma políticas que representen los intereses de las mayorías”.

Tras el Foro de Organizaciones Sociales, CONADU y FEDUBA dieron lugar al inicio a la segunda parte de las actividades en las que el Diputado Nacional del FPV Alberto Cantero Gutierrez, autor del proyecto de Ley de Educación Superior, dijo que “yo no creo en el mesianismo de las leyes pero sin lugar a dudas las leyes son las que están marcando el rumbo concreto por donde queremos que transite nuestra sociedad”. En otro pasaje de su intervención señaló que “estamos en un momento histórico de la Argentina de particular importancia y con posibilidades muy concretas, y con la fortaleza de poder estar planteando un tema de transformación universitaria luego de que se tomaran medidas concretas en el ámbito educativo, por eso hemos hecho un proyecto de ley abierto a las transformaciones que sean necesarias y ojalá que sirva, en algunos de los principios que tiene, para ayudar a este debate”. A su turno el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Federico Schuster, hizo una revisión histórica de los últimos años en la vida de las UU.NN y aseguró que “el balance de la universidad Argentina, en un balance general, no es bueno. Muchas veces nos hemos planteado, con cierto orgullo, que la universidad pública enfrentó los modelos de mercantilización que se venían imponiendo desde el norte, pero las resistencias suelen ser costosas y en ese camino hemos perdido mucho y entre otras cosas la universidad ha perdido su sentido de ser”. Tras la exposición de Schuster, el Secretario de Políticas Universitarias, Alberto Dibbern reivindicó “la formación integral que nos da las competencias generales, y no las competencias específicas, creo que lo que hay que recuperar en la Argentina, y mantener, es esa formación integral, primero como ciudadano, consustanciado con la solidaridad y con un proyecto de país, y comprometido con las cosas que nos pasan a todos, por eso digo que en esta etapa de debate que vamos a instalar para la derogación de la ley y la sanción de una nueva Ley de Educación Superior, lo que tenemos que tener todos en claro es que debemos recuperar una universidad comprometida con el país”. En ese marco la Secretaria General de FEDUBA, María Inés Vignoles, ratificó la voluntad del gremio de “continuar profundizando este debate” y manifestó su conformidad por haber comenzado las actividades gremiales con la “discusión” sobre la Ley de educación Superior “ya que estamos frente a una oportunidad histórica puesto que el año que viene se cumplen 90 años de la reforma del 18 y sería bueno celebrarlo con una ley acorde a los tiempos que vivimos”. Por último Carlos De Feo, Secretario General de CONADU, sostuvo que “no es casual que sea a través de una organización gremial donde se comience a discutir esta ley, me parece que es correcto y es lo que nosotros esperábamos. El dirigente aseguró que este es un contexto en el que “debe redefinirse un nuevo estado y en ese estado la universidad es una parte indisoluble, porque el estado debe volver a sentar las bases del desarrollo económico y para poder desarrollar esto es fundamental la universidad y esa es la disputa que hoy vamos a dar los universitarios, un disputa que va muchos más allá de la definición de la autonomía, que va mucho más allá de la definición de una ley, aunque ella es muy importante”.

CONADU se reunió con el Ministro de Educación Juan Carlos Tedesco

Se trata del primer encuentro que la conducción de la Federación mantiene con los funcionarios de la cartera educativa tras el cambio de autoridades en el gobierno nacional. En el encuentro analizaron distintas cuestiones, entre ellas la Ley de Educación Superior, la ley de jubilación del 82% y las reivindicaciones salariales para el próximo año.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, mantuvo el primer encuentro formal con el nuevo Ministro de Educación de la Nación , Juan Carlos Tedesco. En la reunión, realizada el 28 de diciembre en la sede del Ministerio de Educación, estuvieron presentes el Secretario General de la Federación , Carlos De Feo, el Secretario Adjunto, Pedro Sanllorenti, el Secretario de DD.HH. y Acción Social, Ricardo Carreras, y el Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alberto Dibbern. Durante el encuentro los dirigentes de CONADU manifestaron la necesidad de continuar avanzando en las reivindicaciones docentes de carácter salarial, pero sin descuidar discusiones de fondo que hacen a las necesidades del conjunto de las universidades nacionales. En ese sentido la conducción de la Federación reiteró como un eje prioritario en la etapa que se inicia, la discusión de una nueva Ley de Educación Superior. Para ello los dirigentes gremiales creen necesario que todos los actores sociales tengan participación activa en el debate de cada uno de los párrafos de la ley y que la misma sea diseñada en función de las necesidades de la sociedad. Para ello debería ser pensada en una perspectiva en la que las universidades cumplan un rol activo en el desarrollo del país contribuyendo además al proceso de inclusión social. Asimismo CONADU manifestó al Ministro Tedesco que en la discusión salarial que comenzará durante los primeros meses del próximo año, “la pauta salarial debe contener el recupero del ajuste del sistema jubilatorio que pasará del 7 al 11 %, la diferencia provocada por la inflación en la pauta salarial del año 2007, como así también la continuidad de la recomposición del nomenclador docente”. Por otra parte la Federación solicitó al ministerio que “el próximo año continúen los programas de capacitación gratuita para los docentes de las UU.NN, el programa implementado este año que posibilita rentar a los docentes con cargos ad honorem y pidió el apoyo de la cartera educativa para que el proyecto de ley de jubilación del 82%, que ya tiene media sanción del Senado dela Nación , sea tratado a la brevedad por la Cámara de Diputados”. Los dirigentes de CONADU, el Ministro de Educación y el Secretario de Políticas Universitarias, coincidieron en la necesidad de continuar dialogando durante los próximos meses para avanzar sobre los puntos planteados por la Federación, e incluir en la agenda otros temas, como por ejemplo las condiciones de seguridad y medio ambiente de trabajo. Una problemática concreta en la que CONADU trabajo este año intensamente, desde que se abriera en el Ministerio de Trabajo de la Nación la discusión del Convenio Colectivo de Trabajo de los docentes universitarios. Por último la Federación y el Ministro analizaron la necesidad de articular la tarea que desarrollan las universidades nacionales con el resto del sistema educativo. En ese contexto dirigentes gremiales y funcionarios intercambiaron impresiones sobre el concepto de “pedagogía universitaria” como una práctica docente pensada para retener en el nivel básico del sistema universitario a los alumnos que por distintas razones abandonan las carreras en las cuales se inscriben para cursar sus estudios de grado, como así también en la contribución que las universidades nacionales pueden hacer para fortalecer a los otros niveles educativos.]]> 61 2007-12-28 14:03:21 2007-12-28 19:03:21 closed open conadu-se-reunio-con-el-ministro-de-educacion-juan-carlos-tedesco publish 0 0 post http://conadu.org.ar/wordpress/?p=62 Thu, 03 Jan 2008 19:17:32 +0000 conadu http://conadu.org.ar/wordpress/?p=62 Junto al CIN y el Ministerio de Trabajo de la Nación, CONADU firmó un acta-acuerdo en la que aprobaron el borrador presentado por la Federación.

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en las Universidades Nacionales

Avances en el Convenio Colectivo de Trabajo de los docentes universitarios

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) participó hoy de la reunión paritaria nacional, en la cual continuó avanzando en el Capítulo de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo del proyecto de Convenio Colectivo de los Docentes de las Universidades Nacionales, presentado por CONADU a las autoridades del CIN y el Ministerio a comienzos del año 2007.

En el encuentro participaron el Secretario Adjunto de la Federación , Pedro Sanllorenti, la Dra. Luciana Censi, asesora legal de CONADU, la contadora Mercedes Molteni y María Estigarribia Bieber, en representación del CIN, el arquitecto Andrés Fiandrino, asesor del CIN, Ramón Angel Marostica, en representación de la Asociación Gremial de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) y el Dr. Mauricio Riafrecha Villafañe, secretario de Conciliación del Departamento de Relaciones Laborales.

Durante la reunión la Federación , los funcionarios del CIN y el Ministerio de Trabajo firmaron un acta acuerdo en la que aprobaron un borrador del capitulo de “condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT)” elaborado por CONADU, lo que significa generar las condiciones para que a los docentes universitarios se les reconozca el derecho a tratar el tema en comisiones paritarias del nivel general y particular en cada universidad.

Si bien los trágicos sucesos ocurridos en el mes de diciembre en la Universidad Nacional de Río Cuarto aceleraron su tratamiento, cabe aclarar que la Federación Nacional de Docentes Universitarios comenzó a discutir el tema hace varios años y que fue el primer capítulo del proyecto de convenio sobre el que comenzó a avanzar cuando, a comienzos del año 2007, se abrieron las paritarias con el CIN y el Ministerio de Trabajo de la Nación (ver página WEB de la Federación www.conadu.org.ar).

El borrador contempla la necesidad de “acordar el estimulo y desarrollo de una actitud positiva respecto de la prevención de accidente que deriven de la actividad laboral; ambas partes prevén la realización de exámenes periódicos, la confección de estadísticas sobre accidentes y enfermedades, la implementación de planes de contingencia y evacuación, la posibilidad de reducir la jornada de trabajo en lugares considerados insalubres o peligrosos, y la provisión de ropas y elementos especiales de trabajo”.

Al mismo tiempo prevé “el tratamiento de las problemáticas de CyMAT en comisiones del nivel general y particular, cuya función es la de difundir los conceptos de higiene y seguridad laboral, mantener la conciencia de seguridad a través de campañas de concientización, la elaboración de registros de accidentes y de las medidas adoptadas para prevenirlos, sugerir normas de seguridad e higiene, dar intervención a la superintendencia de riesgos de trabajo, recepcionar denuncias y requerir informes”, entre otros puntos.

El compromiso asumido prevé que desde esta primera reunión del año, y hasta fines de febrero, ambas partes realicen las consultas correspondientes de modo tal que el borrador acordado pueda ser aprobado de manera definitiva a comienzos del próximo mes de marzo.

Además en el mes de febrero se analizará la información solicitada a las universidades, en relación a la constitución en cada una de ellas de los Departamentos de Seguridad e Higiene y Medicina Laboral, como así también la existencia de planes de emergencia y evacuación en cada una de ellas.

De este modo, CONADU comienza el año 2008 trabajando fuertemente con el objetivo de continuar avanzando en las reivindicaciones de los docentes de las Universidades Nacionales.

Con la liquidación de lo sueldos del mes de enero, de los haberes de los docentes de las Universidades Nacionales, el Ministerio de Educación de la Nación, el CIN y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), concluyen con la cuarta etapa del acuerdo salarial que la Federación firmó el 9 de mayo de 2007.

Este avance en la recomposición de los salarios de los trabajadores docentes universitarios implica la puesta en práctica de un mecanismo que establece una altura de 1,52 entre los cargos con dedicación exclusiva, semiexclusiva y simple.

Ello equivale a decir que un Profesor Titular cobra, a partir de la liquidación del salario del mes de enero, un 52% más que un ayudante de primera con la misma antigüedad.

En tal sentido es necesario recordar que este porcentaje sólo era aplicable, meses atrás, a los cargos con dedicaciones exclusivas, con lo cual el alcance de este acuerdo significa un avance importante en la lucha por la recuperación de los salarios de los docentes universitarios.

En ese marco los dirigentes gremiales de la Federación señalaron que “este es un paso más en las reivindicaciones docentes que será saldado cuando logremos recomponer definitivamente nuestro nomenclador llevándolo a una altura de 1,8”.

Con la finalización del acuerdo, la conducción de CONADU explicó “que en las futuras discusiones salariales se tendrá en cuenta, además de la recomposición del nomenclador en sí, el ajuste del sistema jubilatorio que pasó del 7 al 11 % y la diferencia provocada por la inflación en la pauta salarial del año 2007.

Secretaría de Prensa

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A su vez remarcó la cuestión de las “competencias” del Ministerio desde que fuera creado en diciembre de 2007: “Entender en la formulación de las políticas y en la planificación del desarrollo de la tecnología como instrumento que permita fortalecer la capacidad del país para dar respuesta a problemas sectoriales y sociales prioritarios y contribuir a incrementar en forma sostenible la competitividad del sector productivo, sobre la base del desarrollo de un nuevo patrón de producción basado en bienes y servicios con mayor densidad tecnológica”.

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Una fotografía fechada en unas vacaciones de 1974, el acceso a un pueblo de la provincia de Córdoba, un hotel, el centro del pueblo, un cine. Todos con el mismo nombre: Bialet Massé, un abogado de origen catalán poco conocido y que sin embargo hizo a principios del silgo XX uno de los informes más duros sobre las condiciones de vida de trabajadores y pueblos originarios de todo el país.

De este modo comienza el docu-ficción que dirigió Sergio Iglesias y que fuera estrenado el pasado 7 de febrero en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y en la cual participó la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la Agremiación Docente Universitaria (ADUM), la Mesa de Trabajo Mapuche de Fiske Menuco de Río Negro, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y la UNMDP.

La proyección se llevó a cabo en el marco de las actividades de extensión socio comunitaria que desarrolla el gremio ADUM en la ciudad de Mar del Plata, cuyos objetivos son los de fortalecer lazos y generar proyectos entre el sindicato de docentes universitario de Mar del Plata y las organizaciones sociales.

La película cuyo título original es “Bialet Massé, un siglo después”, traza un recorrido por los caminos que el abogado catalán comenzó a hacer luego de que el presidente Julio Argentino Roca, le pidiera en 1904 la redacción de un informe sobre las condiciones de vida de los trabajadores de todo el país.

El resultado de ese itinerario fue el “Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas”, que se convirtió con el correr de los años en una suerte de piedra fundamental del derecho laboral en nuestro país. Una mirada de Bialet Massé inesperada para la época y los tiempos políticos que corrían en la Argentina.

Iglesias se propone en la recuperación del informe, guiarnos con la voz en off (ficticia) de Bialet Massé por los senderos de las 14 provincias que recorrió el catalán para escribir las 1.500 páginas que conforman el documento. A un siglo, y este es logro político fundamental del film, esa situación es un conflicto no resuelto de la argentina profunda que se vio acrecentado por la lógica depredadora de las políticas neoliberales implementadas en el país durante los años ´90.

Su estructura narrativa tiene esa particularidad: trabajar sobre un conflicto que no se resuelve en el film, sino que queda abierto pues es la sociedad en su conjunto la que debe discutir de qué manera avanza hacia las solución de las demandas expresadas en el documental.

Allí, precisamente, reside el interés de las actividades desarrolladas por ADUM: generar espacios de discusión y debate para la resolución de esos conflictos. En esa línea este viernes 14 de febrero en la sede del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de la ciudad de Mar del Plata, estará presente el compañero Jorge Rulli para disertar sobre “Los nuevos modelos de la dependencia en épocas de la globalización”.

Rulli es miembro fundador del Grupo de Reflexión Rural y escribió los siguientes trabajos “Diálogos en el exilio”, junto a Envar el Kadri, “Estado en construcción” y “Estado de gracia”, con Ignacio Lewkowicz.

En este encuentro, que forma parte de las actividades de extensión socio comunitaria, Rulli se referirá a la producción de “soja, agrocombustibles, árboles implantados y producciones masivas de carne de encierro”.

Secretaría de Prensa CONADU

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La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) realizó esta tarde su reunión de Mesa Ejecutiva en la que analizó los siguientes temas: situación salarial, proyecto de Jubilación del 82% (el que cuenta con media sanción del Senado de la Nación), paritarias y la conformación de una Comisión de Seguridad e Higiene en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En el encuentro la Mesa Ejecutiva de CONADU resolvió sumarse al reclamo salarial que llevan adelante los docentes de todo el país nucleados en CTERA. En ese contexto en los próximos días la conducción de CONADU mantendrá una reunión con el Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alberto Dibbern, para comenzar a discutir sobre la recomposición salarial que pretenden las Asociaciones de Base de la Federación.

Tras cumplirse con la última etapa del acuerdo salarial de mayo de 2007, los dirigentes de CONADU recordaron que “la pauta salarial que se discutirá en las próximas semanas deberá contener el recupero del ajuste del sistema jubilatorio, que pasará del 7 al 11 %, la diferencia provocada por la inflación registrada el año pasado, como así también la continuidad de la recomposición del nomenclador docente”.

Al mismo tiempo la Mesa Ejecutiva acordó convocar a un Plenario de Secretarios Generales, que se realizará en la sede de CONADU el próximo 27 de febrero. Ese día los dirigentes de las Asociaciones de Base analizarán la respuesta de la Secretaría de Políticas Universitarias al planteo inicial para evaluar los pasos a seguir.

Por otra parte la Mesa Ejecutiva informó que CONADU ha llegado a un preacuerdo en el capítulo “Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo”, del Convenio Colectivo de Trabajo presentado por CONADU en el marco de la discusión paritaria iniciada el año pasado.

El borrador discutido en el mes de enero contempla la necesidad de “acordar el estimulo y desarrollo de una actitud positiva respecto de la prevención de accidente que deriven de la actividad laboral; ambas partes prevén la realización de exámenes periódicos, la confección de estadísticas sobre accidentes y enfermedades, la implementación de planes de contingencia y evacuación, la posibilidad de reducir la jornada de trabajo en lugares considerados insalubres o peligrosos, y la provisión de ropas y elementos especiales de trabajo”.

Al mismo tiempo prevé “el tratamiento de las problemáticas de CyMAT en comisiones del nivel general y particular, cuya función es la de difundir los conceptos de higiene y seguridad laboral, mantener la conciencia de seguridad a través de campañas de concientización, la elaboración de registros de accidentes y de las medidas adoptadas para prevenirlos, sugerir normas de seguridad e higiene, dar intervención a la superintendencia de riesgos de trabajo, recepcionar denuncias y requerir informes”, entre otros puntos.

La conducción de CONADU confirmó que el preacuerdo implica, en general, la corrección del borrador en cuestiones de forma y no de fondo.

Por último la Federación explicó que se encuentra a la espera de la conformación de las Comisiones de trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación, para seguir de cerca el tratamiento del proyecto de jubilación del 82% que ya cuenta con media sanción del Senado Nacional.

Secretaría de Prensa CONADU

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El mismo es similar en estructura, contenido y redacción al que los congresales de CONADU aprobaron en el Congreso Extraordinario de Agosto de 2007.

La Mesa Ejecutiva de CONADU resolvió ayer ponerlo a consideración del Plenario de Secretarios Generales que se realizará el próximo 27 de febrero. Al mismo tiempo los integrantes del CIN resolvieron enviarlo a las Universidades Nacionales para realizar una consulta definitiva.Si la iniciativa prospera durante el mes de marzo la Federación firmaría el acuerdo en el Ministerio de Trabajo, constituyéndose en el segundo capítulo del Convenio Colectivo de los trabajadores docentes universitarios. Como se recordará el primero es el acuerdo de 1998 que se incluyó en el decreto 1470/98. En tal sentido el Secretario Adjunto de la Federación, Pedro Sanllorenti, explicó que “de firmarse este acuerdo será un derecho de los docentes y sus representantes, la constitución de comisiones de CyMAT a nivel nacional y en cada universidad, sin absorber ninguna de las responsabilidades que le cabe al sector empleador”.Además el próximo 21 de febrero se volverá a reunir la comisión de trabajo del Programa de Salud y Seguridad en las UU.NN., de la que participan CONADU, el CIN, la Secretaría de Políticas Universitarias, junto a otros gremios.En ese marco la conducción de CONADU, teniendo en cuenta que el tema de las condiciones y medio ambiente de trabajo requiere una actitud propositiva permanente, analiza las posibilidades de que el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de la Federación, genere una comisión permanente de CyMAT con especialistas en el tema (ingenieros, arquitectos y abogados) e integrantes de las Asociaciones de Base, para discutir la política y las acciones a seguir.Por último la Mesa Ejecutiva de CONADU aprobó en su primera reunión la realización en el mes de marzo de un seminario para analizar otros capítulos del Convenio Colectivo: los próximos temas a abordar serían el régimen de licencias, justificaciones y franquicias, y el que prevé la igualdad de oportunidades y de trato: prohibición de la discriminación. Secretaría de Prensa CONADU

Capítulo I.- Condiciones y Medio Ambiente de TrabajoArtículo 1.- Ambas partes acuerdan estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.

Artículo 2.- A los efectos de la aplicación de las normas sobre condiciones y medio ambiente de trabajo, reguladas en las leyes vigentes en la materia (Actualmente, leyes 19.587 de Higiene y Seguridad, 24.557 de Riesgos del Trabajo, decreto 351/79 y decretos reglamentarios), se considerarán:

a) Condiciones de trabajo: las particularidades y características del trabajo que puedan tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la salud e integridad del trabajador. Quedan específicamente incluidos en este concepto:1) Las condiciones generales y especiales de los locales, aulas, oficinas, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo y bajo las cuales se realiza la ejecución de las tareas.2) La existencia de agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales presentes en el ambiente de trabajo, con sus correspondientes factores; y los procedimientos y mecanismos que se empleen para el manejo de los mismos.3) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a los aspectos organizativo-funcionales; los métodos, sistemas o procedimientos empleados en la ejecución de las tareas, y los aspectos ergonómicos, que influyan en la existencia y/o magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.

b) Medio ambiente de trabajo:Se entienden específicamente incluidos en este concepto:1) Los lugares, locales o sitios, cerrados o al aire libre, donde se desarrollen las funciones propias de las Instituciones Universitarias Nacionales.2) Las circunstancias de orden sociocultural y de infraestructura física que en forma inmediata rodean la relación laboral, condicionando la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

c) PrevenciónConsiste en el conjunto de actividades o medidas previstas o adoptadas en todas las fases de la actividad de las Instituciones Universitarias Nacionales comprendidas, con el fin de eliminar, evitar, aislar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

Artículo 3.- Respecto a las condiciones y medio ambiente del trabajo, las Instituciones Universitarias Nacionales quedan sujetas al cumplimiento de las siguientes obligaciones: a. Realizar un Examen preocupacional, gratuito y obligatorio, para todos los docentes que ingresen a ellas, el cual tendrá como objetivo la adecuación digna del trabajador a su puesto de trabajo. En ningún caso, sus resultados podrán utilizarse como elemento discriminatorio para el empleo. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente (actualmente, Resolución S.R.T. 43/97), los exámenes preocupacionales deberán incluir:

* Examen radiológico de columna cervical y lumbosacra, y de tórax -frente y perfil-.

* Electrocardiograma y examen cardiovascular.

* Análisis bioquímicos de rutina: hemograma completo, glucemia, uremia, colesterolemia, triglicéridos, orina completo, V.D.R.L., Machado Guerreiro y Huddson, Análisis de Mantoux.

* Examen odontológico

* Examen oftalmológico.

* Audiometría tonal.

* Psicodiagnóstico.

Se incluirá como análisis optativo -voluntario, anónimo y personal- conforme a las disposiciones de la Ley respectiva: H.I.V.

El resultado de los exámenes médicos preocupacionales deberá ser comunicado al trabajador, en forma personal y escrita, dentro de los treinta días de su realización.

b.- Efectuar Exámenes periódicos, obligatorios y gratuitos, para todos los docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales. Si se registra algún síntoma que suponga la ocurrencia de algún daño a su salud, tanto física como psíquica en los exámenes médicos periódicos, es obligación de la Institución comunicar tal circunstancia, en forma personal y escrita, al trabajador.

c. Confección de una estadística anual sobre los accidentes y enfermedades que puedan considerarse ocasionadas por el hecho del trabajo, la que deberá ser comunicada a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y a la representación sindical.

d. Constituir Servicios de Higiene y Seguridad Laboral y de Medicina del Trabajo en cada Institución Universitaria Nacional, los cuales serán obligatorios y se adecuarán a lo establecido en la normativa vigente (actualmente, el Decreto 1338/96).

e. Denunciar los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos, ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y a la representación sindical.

f. Implementar, en sus edificios, los planes de contingencia y evacuación, elaborados y aprobados por profesionales universitarios competentes en la materia, con carácter de prevención, protección y mitigación de situaciones de potencial peligro para la integridad física de los trabajadores y de la población universitaria en general. Hasta tanto se implementen los mencionados planes, ante una situación imprevista de peligro inminente para la integridad física de los trabajadores, la autoridad competente deberá disponer la evacuación del sector o sectores afectados, hasta tanto concurran los especialistas para emitir el informe técnico correspondiente y establezcan que han cesado las situaciones que dieron lugar a la medida. A tal efecto se aplicará lo dispuesto por la normativa vigente al respecto (actualmente, el Capítulo 18 del Decreto 351/79).

h- Garantizar al personal docente el ambiente y las condiciones de trabajo adecuados, en un todo de acuerdo con las leyes nacionales, a fin de que pueda cumplir su labor con eficiencia y sin riesgo para su salud y su vida. A tal efecto, adoptará las medidas idóneas que lo protejan de cualquier peligro emergente de la labor que desarrolla, para la cual deberá proveer como mínimo, y sin perjuicio de cumplimentar la normativa aplicable en la materia, los siguientes aspectos:

- Condiciones físico-ambientales: Ambientes de trabajo limpios, libres de ruidos, olores, gases o vapores potencialmente peligrosos para la salud del trabajador, con iluminación y ventilación -general o localizada-, apropiadas al tipo de tarea que se ejecuta o de la materia que se emplee para realizarla.

-Reducción de la jornada de trabajo: Cuando deban realizarse tareas en lugares considerados insalubres o peligrosos - ya sea por las condiciones físico-ambientales, o bien por la naturaleza del trabajo, utilización de materiales o sustancias contaminadas, etc.- se aplicarán reducciones a la jornada laboral hasta límites admisibles, independientemente de la adopción de medidas complementarias para atenuar o neutralizar los efectos del trabajo en tales condiciones.

A tal efecto se entiende que: 1) son condiciones insalubres, aquellas que originan trastornos generales -crónicos o agudos - de mayor o menor daño orgánico, producidos tanto por elementos empleados en el trabajo (v.g., plomo, azufre, mercurio, etc.) como por el ambiente físico (v.g., laboratorios varios, cámaras de frío, etc.); 2) son condiciones peligrosas, las que por su naturaleza y características implican un riesgo potencial para la salud o integridad d el trabajador docente (v.g. laboratorios de alta tensión, de fisioterapia y radiología, asistencia a enfermos infecto-contagiosos, etc.).

- Ropa y/o elementos especiales de trabajo:

La Institución Universitaria Nacional proveerá periódicamente al personal docente la ropa especial y elementos de seguridad individual (v.g. guardapolvos, guantes, máscaras de protección biológica, delantal contra radiaciones, botas, etc.), cuando las condiciones en que desarrollen sus tareas específicas así lo requieran.

- En los casos en que el riesgo laboral no pueda disminuirse, a pesar de haberse tomado todos los recaudos necesarios, el personal comprendido percibirá un adicional por riesgo laboral. Para esto se requerirá el informe de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de Nivel General, en base a las evaluaciones de riesgos provistas por el Servicio de Higiene y Seguridad Laboral y Medicina del Trabajo de cada Institución Universitaria.

g. Las Instituciones Universitarias Nacionales serán responsables por los daños psicofísicos sufridos por sus trabajadores por el hecho o en ocasión del trabajo durante el tiempo en que éstos estuvieren a disposición de aquellas, en y para la ejecución del contrato de trabajo, sin otro requisito para el trabajador que la acreditación del daño padecido y su relación de causalidad con las tareas desempeñadas, por las condiciones en que las tareas se realizaron o por la conjunción de ambos factores. Igualmente, responderán por los daños que se produzcan a causa de un accidente en el trayecto del domicilio del trabajador docente hacia su lugar de trabajo y entre un lugar de trabajo y otro lugar de trabajo, dependientes de la Institución.

h. Respetar y cumplir toda conducta establecida en las leyes, normas reglamentarias, complementarias o modificatorias (actualmente, leyes 19.587 de Higiene y Seguridad y 24.557 de Riesgos del Trabajo y decreto 351/79) y aquéllas específicamente adoptadas por las Comisiones de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de Nivel General y del Nivel Particular.Capitulo II.- Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo

Artículo 4:Créase la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de Nivel General (CCyMATNG), la que estará integrada por tres representantes titulares y tres suplentes por parte del sector empleador y tres representantes titulares y tres suplentes por la parte gremial; debiendo, al menos uno de ellos por cada parte, ser especialista en seguridad e higiene del trabajo.Esta comisión podrá incrementar el número de integrantes por acuerdo de ambas partes. Esta Comisión tendrá intervención en el estudio y asesoramiento de los temas que tengan relación con las condiciones y medio ambiente de trabajo de Instituciones Universitarias Nacionales. Ambas partes deberán unificar su representación.

En cada Institución Universitaria se constituirá una Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de Nivel Particular (CCyMATNP), en el ámbito de la Comisión Paritaria de Nivel Particular, que funcionará en forma coordinada con la de Nivel General, a los efectos de tomar conocimiento de las condiciones de trabajo y de llevar adelante mecanismos para el mejoramiento de las mismas en forma integral y uniforme. La integración de estas Comisiones será decidida en la Comisión Paritaria de Nivel Particular, debiendo incluir al menos un especialista en seguridad e higiene del trabajo, por cada parte.En aquellas Instituciones Universitarias que, a criterio de esta Comisión, se justifique, podrán crearse Delegaciones de la misma.

Artículo 5:La Comisión de Nivel General (CCyMATNG) tiene como objetivo principal constituir un ámbito paritario de discusión en todo lo concerniente a la higiene, seguridad y salud en el ambiente de trabajo, de manera tal que los trabajadores docentes tengan información directa y permanente de las medidas preventivas que se están implementando en materia de riesgos y salud laborales, así como también aporten su conocimiento y experiencia cotidiana para lograr una gestión en la prevención en forma integral. Ello a los efectos de desarrollar en el ámbito de las Instituciones Universitarias una cultura preventiva tanto en el sector empleador como en el de los trabajadores, así como de tender al mejoramiento absoluto de las condiciones y ambiente de trabajo mediante una política protectora, que contemple las necesidades del colectivo docente.

Artículo 6: Atendiendo al objetivo precedente, la Comisión de Nivel General (CCyMATNG), tendrá las siguientes funciones:a.- Difundir conceptos de higiene, seguridad y salud laborales relacionados con la prevención de accidentes y enfermedades del trabajo.b.- Contribuir al mantenimiento de una conciencia de seguridad a través de campañas de concientización y cursos de capacitación que surjan de las necesidades de los trabajadores docentes. c.- Asesorar en el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad, higiene y salud laborales, adoptando las medidas prácticas que al efecto se consideren pertinentes; pudiendo cualquiera de sus miembros ingresar a los lugares de trabajo de cualquier Institución Universitaria en cualquier horario, a tales fines.d.- Elaborar un registro de los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales producidas por el hecho o en ocasión del trabajo, y las medidas que se adoptaron para prevenirlos a los efectos de difundir dicha información y lograr la prevención de hechos similares. e.- Sugerir normas de seguridad e higiene que se considere que deban figurar en las reglamentaciones internas; así como del uso de elementos de protección personal.f.- Emitir dictamen en caso de que se suscite un conflicto en torno a la interpretación, aplicación o cumplimiento de la normativa en materia de higiene, seguridad y salud laborales por divergencias de criterios entre el/los trabajadores y la parte empleadora correspondiente, dando intervención a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en aquellos casos en que lo considere necesario, a los efectos que ésta determine la solución correspondiente. g.- Aconsejar la abstención de la realización de las tareas laborales en dichas condiciones y podrá solicitar la intervención de la S.R.T., cuando se observen condiciones de riesgo inminente para la integridad psicofísica de los trabajadores. h.- Dictaminar, a pedido de cualquier Comisión de Nivel Particular (CCyMATNP), acerca de la introducción de nuevas tecnologías o modificación o cambios en la organización del trabajo o sus modalidades, que puedan comprometer las condiciones y medio ambiente de trabajo.i- Dictar su propio reglamento interno.

Artículo 7: Las Comisiones de Nivel Particular (CCyMATNP) actuarán en forma coordinada con la Comisión de Nivel General (CCyMATNG), de manera tal que la distribución de las funciones y tareas se lleve a cabo de la forma más operativa y eficiente.

Artículo 8: La conformación de las Comisiones de Nivel Particular (CCyMATNP) tiene como principal objetivo el conocimiento y relevamiento de las condiciones de trabajo de cada Institución Universitaria Nacional, a los efectos de lograr una unificación en la política preventiva, tendiente a alcanzar los objetivos y principios expuestos precedentemente. También, constituir un ámbito paritario de discusión en todo lo concerniente a la higiene, seguridad y salud en el ambiente de trabajo en la Institución, de manera tal que los trabajadores docentes tengan información directa y permanente de las medidas preventivas que se están implementando en materia de riesgos y salud laborales, así como también aporten su conocimiento y experiencia cotidiana para lograr una gestión en la prevención en forma integral. Ello a los efectos de desarrollar en el ámbito de cada Institución una cultura preventiva tanto en el sector empleador como en los trabajadores, así como de tender al mejoramiento absoluto de las condiciones y ambiente de trabajo mediante una política protectora, que contemple las necesidades del colectivo de trabajadores.Estas Comisiones tendrán las siguientes atribuciones:

a.- Difundir conceptos relacionados con la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

b.- Contribuir al mantenimiento de una conciencia de seguridad, a través de campañas de concientización y cursos de capacitación que surjan de las necesidades de los trabajadores en cada unidad operativa.

c.- Asesorar en el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad, higiene y salud laborales, adoptando las medidas prácticas que al efecto se consideren pertinentes; pudiendo cualquiera de sus miembros ingresar a todos los lugares de trabajo en cualquier horario, al efecto.

d.- Recepcionar las denuncias efectuadas por los trabajadores y por la población universitaria en particular, que versen sobre incumplimientos de la normativa vigente en materia de seguridad, higiene y salud laborales; así como aquellas de accidentes, incidentes y enfermedades del trabajo y ponerlas en conocimiento de la Comisión de Nivel General y de la autoridad de aplicación pertinente, en todos los casos. Ello a los efectos de que la parte empleadora adopte los mecanismos necesarios para corregir y mejorar las condiciones de trabajo, y sin perjuicio de su responsabilidad y obligaciones legales.

e.- Requerir a los Servicios de Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo los informes que se consideren pertinentes, referentes a la política preventiva en materia de riesgos del trabajo y enfermedades profesionales.

f.- Implementar las vías de comunicación eficientes a los efectos de comunicar a los trabajadores las acciones llevadas a cabo por la CCyMATNP.

g.- Informar a la Comisión de Nivel General acerca de los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales producidas por el hecho o en ocasión del trabajo ocurridos en la Institució n.

j.- Sugerir normas de seguridad e higiene que se considere deban figurar en las reglamentaciones internas, así como del uso de elementos de protección personal.

k.- En caso de que se suscite un conflicto en torno a la interpretación, aplicación o cumplimiento de la normativa en materia de higiene, seguridad y salud laborales por divergencias de criterios entre el/los trabajadores y la parte empleadora, elevará inmediatamente un informe a la Comisión de Nivel General, solicitando su dictamen. En ningún caso se obligará al trabajador a efectuar su actividad laboral hasta tanto se concluya con el procedimiento previsto en el Artículo 6, inc. f) del presente.

l.- Vetar la realización de las tareas laborales, cuando se observen condiciones de riesgo inminente para la integridad psicofísica de los trabajadores, comunicando tal decisión a la CCyMATNG.

Artículo 9: Las Comisiones de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de Nivel Particular podrán pedir que en sus reuniones participen un representante de la máxima autoridad de la Institución, y de las siguientes áreas: Recursos Humanos, Mantenimiento, Servicio Médico, Servicio de Higiene y Seguridad.

Artículo 10: Las decisiones a adoptar en el seno de la CCyMATNG, de la CCyMATNP y sus Delegaciones, en caso de existir, serán tomadas por acuerdo de partes.

Artículo 11: Las funciones de estas Comisiones (y de sus Delegaciones) se acuerdan teniendo en miras los objetivos para los cuales fueron instituidas, por lo cual en ningún caso se exime a la parte empleadora de sus obligaciones y responsabilidades legales exclusivas en materia de higiene, seguridad y salud laborales.

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Mientras los docentes de las universidades nacionales esperamos la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación de la ley del 82%, que amplía los beneficios comprendidos en la Ley 24.016 y que ya cuenta con media sanción del Senado Nacional, la Dra. Yamila Zavala Rodríguez, asesora letrada del gremio ADUM, explicó a la Secretaría de Prensa de CONADU, cuáles son los alcances de la legislación y que implicancias tendrá para los docentes universitarios en actividad y para quienes ya se encuentran jubilados. La entrevista con la Dra. Zavala Rodríguez es acompañada en esta página, por un artículo que recorre la historia reciente de los “regímenes especiales” (ver http://www.conadu.org.ar/wordpress/?p=89) hasta la incorporación de la totalidad de los docentes universitarios.

¿En qué marco se inscribe la firma del proyecto de jubilación del 82% y cuáles son sus alcances?

En el mes de agosto el por entonces presidente Néstor Kirchner firmó el proyecto que fue enviado al Congreso de la Nación, a los efectos de que lo docentes que no fueron incorporados en los regímenes especiales sean incorporados para poder percibir el 82% de la jubilación, porque el 80% de los docentes universitarios estaban incluidos en el régimen general, es decir que percibían un 50% de los haberes. Por ahora el proyecto cuenta con media sanción del Senado Nacional y va camino a ser resuelta por los Diputados Nacionales para que se convierta en ley. Es decir que a partir de su aprobación los haberes serán del 82%. El proyecto establece el promedio de los últimos 60 meses y modifica también la edad jubilatoria porque puede ser a la edad de 57 para las mujeres y 60 los varones. En el caso de la gente que no está incorporada porque se jubilaron antes de esta etapa pueden hacer el reclamo en el ANSES para que se reajuste ese porcentaje y así llegar al 82%. Entonces para el caso de los docentes que han comenzado recientemente el trámite de jubilación pueden esperar a que el proyecto sea aprobado y hacer luego el reclamo para que los haberes se reajusten con el 82%.

¿Qué sucede en el caso de aquellos docentes que, además de haber trabajado en la universidad, aportaron a las cajas profesionales, como por ejemplo los arquitectos, ingenieros, abogados, entre otros?

Eso es otro tema porque son cajas independientes, con lo cual los docentes que estén involucrados en esos casos van a contar con dos jubilaciones...

¿Cuál es el alcance de la Ley?

Se incorporan entre 80 y 100 mil docentes a este régimen especial, que no es un régimen de privilegio, sino un régimen especial a través del cual el Estado reconoce la labor y dedicación de los docentes de las universidades nacionales.

Con el Régimen General el porcentaje de jubilación rondaría entre el 50 y 55% y en este caso con la ley del Régimen Especial el haber sería del 82%, o sea que el incremento del haber jubilatorio es importante y la especialidad del régimen está contemplada en los destinatarios del mismo, que en este caso son los docentes de las universidades nacionales que son los docentes que forman a los futuros profesionales.

¿Cuál es la diferencia con el régimen del 85% en el que están incorporados los investigadores con dedicación exclusiva?

A nivel aportes van a tener que hacer el mismo aporte que los investigadores. Les van a retener el 13%, es decir el 11%, más el 2 % de este régimen especial. Es decir que tendrán un plus mayor para conformar el suplemento especial. Con ello la totalidad de los docentes de todos los niveles: inicial, secundario, terciario, técnico y universitario estarán en el mismo régimen, puesto que la ley 24.016 expresamente excluía a los docentes del nivel superior universitario.

Las personas que son docentes en las universidades y a su vez tienen actividades en empresas privadas al día de mañana cuando tengan que percibir sus haberes jubilatorios se les va a promediar todo. Es decir se le van a considerar todos los aportes, el tema es que para llegar al 82% se van a tener en cuenta los aportes docentes, o sea si la persona en cuestión tiene un salario muy importante como docente y muy poco como autónomo, por ejemplo, se le va a considerar el 82% para llegar a ese salario más alto.

¿Y en el caso inverso?

No va a influenciar mucho el aporte como docente, sino que se va a jubilar con un aporte importante de lo que ha efectuado en su actividad privada. Es decir que siempre va a tener incidencia el salario más elevado en beneficio del salario menos importante.

¿Y qué recorrido histórico tuvo en los últimos años este tema y que incidencia han tenido los fallos de la Corte Suprema de Justicia?

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Con la aprobación de la Cámara de Senadores de la Nación del Proyecto de jubilación del 82% (sólo resta la aprobación de la Cámara de Diputados), que implica la incorporación al régimen jubilatorio establecido por la Ley 24.016 de todos los docentes de las universidades nacionales, independientemente de su cargo y dedicación, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), dio un paso importantísimo en la lucha por las reivindicaciones del sector

EL RÉGIMEN ESPECIAL EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

La historia del “Régimen Especial” se remonta al 27 de setiembre de 1983, fecha en la cual es sancionada la Ley 22.929, la que permitió crear el marco jurídico necesario para que investigadores y tecnológicos, o quienes realizaran actividades técnico-científicas de investigación, o desarrollo de dirección de estas actividades, pudieran jubilarse con el 85% de sus haberes.

Desde su implementación la ley sólo comprendió a los siguientes organismos: CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS, en el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA, INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA y TECNICA HIDRICA y ORGANISMOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS FUERZAS ARMADAS.

Quedaban fuera de los beneficios de esta ley los investigadores de las Universidades Nacionales con “Dedicación exclusiva”, quienes fueron incluidos en este régimen especial a través de la Ley 23.026 del 14 de diciembre de 1983.

Esta normativa fue pensada con el espíritu de atender y reconocer el desarrollo científico-tecnológico en todas sus orientaciones; una consideración especial a quienes durante sus años de trabajo estuvieron al servicio del desarrollo del país.

Además de acceder a una jubilación del 85%, el régimen establecía desde sus comienzos la “movilidad” del haber en función de los incrementos que se fueran registrando en los salarios del personal en actividad.

Pero pronto el “Régimen Especial”, que había significado un reconocimiento a la tarea que los científicos, e investigadores, realizaron históricamente en el país, sería derogado.

La llegada de los economistas de corte neoliberal al gobierno del por entonces presidente Carlos Menem, permitió un giro en la mirada que los funcionarios del gobierno nacional tenían respecto de la actividad de los científicos e investigadores de nuestro país. Fue así que el primero de agosto de 1991 el Congreso de la Nación dictó la ley 23.966 que derogó los “Regímenes Especiales” a partir del 31 diciembre de ese año. La medida, cuya concepción central era la de comparar a los regímenes especiales con las jubilaciones de privilegios, también alcanzó a la ley 22.929 nacida ocho años antes.

Sin embargo, antes de que el plazo establecido al 31 de diciembre entrara en vigencia, el mismo Congreso de la Nación redacta la ley 24.019 con el objetivo de “reestablecer y poner nuevamente en vigencia la Ley 22.929”, lo que permitió que investigadores y científicos accedieran nuevamente al “Régimen Especial”.

Sin embargo la voracidad de los grupos económicos, y sus referentes en el gobierno de Menem, darían un paso más el 23 de septiembre de 1993 con la sanción de la Ley 24.241 que implicaba una modificación en el “Régimen General del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”, echando por tierra el sistema general que se había constituido a partir de las leyes 18.037 y 18.038.

A pesar de ello la legislación tuvo una excepción: el artículo 160 que hacía referencia a la movilidad de las prestaciones, el que finalmente fue derogado el 30 de marzo de 1995 por la ley 24.463 denominada de “Solidaridad Previsional”.

En ese marco quienes decidieron hacer el reclamo ante la justicia para que ésta reconociera la vigencia del régimen especial y la movilidad de los haberes, se encontraron con un elemento jurídico de valor: la ley que modificó el Régimen General en su artículo 191 inciso a) establecía que las normas que no fueran expresamente derogadas mantenían su plena vigencia. Conclusión con la sanción de la ley 24.241 desde el punto de vista jurídico la situación no había cambiado para los investigadores y científicos.

Claro que no sería el último intento, pues con el ánimo de avanzar en el mismo sentido el 19 de enero de 1994 el gobierno de Menem apelaría a la utilización del Decreto número 78 cuyo título rezaba “Derogaciones de Regímenes. Reglamentación del art. 168 de la ley 24.241”, mediante el cual se derogan los regímenes especiales de jubilaciones y pensiones contemplados en las leyes 22.929, 23.026 y 23.626 que abarcan a los investigadores de organismos y universidades nacionales, y la ley 24.016 que afecta la personal docente de nivel inicial, primario, medio, técnico y superior no universitario y la ley 24.018 referida a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y los Jueces de la Suprema Corte de Justicia.

LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 78

En ese marco, y dado que un decreto del Poder Ejecutivo no puede derogar una ley emanada del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el decreto 78 del año 94, lo que significa que el máximo tribunal reconoce la vigencia del régimen especial contemplado en la ley 22.929. En la práctica concreta ello implica la posibilidad de iniciar el trámite en la justicia para que los magistrados hagan efectivo ese reconocimiento, puesto que los fallos no tienen un alcance general sino particular. Es decir que aquellas personas en condiciones de jubilarse debían iniciar el trámite con la ley 22.929 del régimen especial – el ANSES iniciaría el trámite obligatoriamente por la ley 24.241, del régimen general- para luego dar paso a la instancia judicial con el objeto de que la justicia reconozca la vigencia de ese derecho.

Sin embargo en los últimos años la situación ha comenzado a revertirse. La etapa política, abierta en el país en los últimos años, ha desarrollado una tendencia en la que las expectativas de revertir los efectos que sobre la sociedad generaron las políticas neoliberales, son cada vez más esperanzadoras.

De hecho una de las medidas más esperadas por los jubilados afectados en los “regímenes especiales”, y por aquellos en condiciones de jubilarse, fue la decisión del Poder Ejecutivo, a través del decreto 160/05 de recuperar la vigencia del “régimen especial” estatuido en a ley 22.929 que incluye a los docentes universitarios con “dedicación exclusiva”. En síntesis el decreto significa recupera el 85% de los haberes, aunque para hacer efectivo el reconocimiento de la movilidad de los mismos es necesario recurrir a la instancia judicial.

En ese sentido dos fallos de la Corte Suprema de Justicia, el caso “Gemelli, Esther Noemí c/ Anses s/ reajustes por movilidad”, del 28 de julio de 2005 y el fallo “Massani de Sese, Zulema Micaela c/ Anses s/ reajustes varios” del 15 de noviembre de 2005, son los antecedentes que dan cuenta de la vigencia de los regímenes especiales y el reconocimiento de la movilidad de los haberes, constituyédose estos fallos en una herramienta destinada a atender los reclamos de aquellos jubilados que pretenden que sus derechos sean restituidos.

El PROYECTO IMPULSADO POR CONADU

Sin dudas la tarea gremial que CONADU ha comenzado a hacer luego del Congreso llevado a cabo en Paraná, en noviembre de 2006, fue imprescindible para que hoy el proyecto de jubilación del 82% que abarca a todos los docentes universitarios, independientemente de su cargo y dedicación, vaya camino a su aprobación. En tal sentido sólo resta que la Cámara de Diputados concluya con la conformación de las comisiones de trabajo para que el tema sea tratado en el recinto y aprobado definitivamente, puesto que en el mes de diciembre de 2007 el Senado de la Nación dio media sanción a la iniciativa impulsada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios.

Esta ley se inscribe en el decreto 137/2005 del Poder Ejecutivo Nacional que ha posibilitado la vigencia del régimen especial contemplado en la ley 24.016, que alcanza a los docentes no universitarios y a los docentes de los colegios y establecimientos que dependen de las universidades nacionales, y que reconoce una liquidación del 82% de los haberes jubilatorios.

La ley en su artículo 1º establece básicamente: “Ampliase al personal docente de las universidades nacionales, no comprendidos en el régimen de la ley Nº 22.929, el beneficio instituido en la Ley Nº 24.016, incluido el otorgado por el Decreto Nº 137/05, con las mismas modalidades de implementación”.

Es decir que pone en un plano de igualdad a todos los docentes de las universidades nacionales y permite superar una situación que solo beneficiaba a un 20% del personal docentes (un 10% de investigadores con dedicación exclusiva y un 10% vinculado a las escuelas y establecimientos educativos dependientes de las UU.NN). Ello significa que con la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación los docentes universitarios percibirán una jubilación del 82% (la movilidad por ahora se reclama por vía judicial) en lugar de una suma inferior al 50% de sus haberes.

Entre otros beneficios la ley otorga la posibilidad de que los docentes universitarios puedan jubilarse bajo otras condiciones: por ejemplo 10 años continuos de dictado de clases frente a alumnos; no importa la carga horaria del cargo y sólo se requieren 25 años de aportes; anticipar la edad jubilatoria a 57 años para las mujeres y 60 años para los varones -frente a los 60 y 65 años establecidos en la 22.929 y el régimen jubilatorio en general-.

En el caso de los docentes investigadores con dedicación exclusiva se obtienen, también, dos mejoras: pueden jubilarse antes y con menos aportes. Es decir pueden optar por el nuevo régimen y jubilarse con el 82% en lugar del 85%, pero con 5 años menos de aportes. Actualmente los aportes que se realizan son a razón del 13% del sueldo bruto mensual, ahorrándose 5 años de estos puede optar por un régimen menor que presenta una diferencia de sólo el 3% en el haber final (Por ejemplo un haber jubilatorio de $2.000 en lugar de uno de $2.060 pero jubilándose con 5 años menos).

El hecho de que CONADU haya logrado que el Estado Nacional ampliara los beneficios de esta ley a todos los docentes universitarios, sin distinción de cargo y dedicación, es un paso más en la lucha por las reivindicaciones del sector, sin desconocer que es el recorrido de un pequeño trecho en la lucha por la ampliación del régimen de jubilación al conjunto de los trabajadores, como ya lo manifestara la Federación a mediados del año pasado en un documento titulado “Jubilaciones dignas para todos los docentes universitarios” (ver página web http://www.conadu.org.ar/wordpress/?p=24 ).

Allí la Federación deja sentada su posición política respecto del proyecto del 82% y de la necesidad de continuar bregando por la derogación de la ley del ex Ministro de Economía Domingo Cavallo, que impide la “relación directa entre lo salarios de los trabajadores en actividad y los haberes jubilatorios, condicionando la movilidad de los haberes a la disponibilidad de partidas presupuestarias específicas”.

Es necesario, entonces, avanzar en una marco en el que este beneficio no se transforme en un “privilegio” para los docentes universitarios, sino en el reconocimiento de un derecho para el conjunto de los trabajadores del país, en el que el recorrido final del camino sea una justa distribución de la riqueza.

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La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) mantuvo en los últimos días una reunión con el Secretario de Políticas Universitarias, Alberto Dibbern, en la que reclamó un incremento salarial del 30 % para todos los docentes de las universidades nacionales.

Durante el encuentro los dirigentes de CONADU, Carlos De Feo, Pedro Sanllorenti y Ricardo Carreras, reiteraron que el aumento “debería contemplar el recupero del ajuste del sistema jubilatorio, que cambió del 7 al 11 %, la diferencia provocada por la inflación registrada el año pasado, como así también la continuidad de la recomposición del nomenclador docente”.

Tras el planteo las autoridades del Ministerio de Educación no dieron una respuesta concreta, con lo cual “no se descarta un endurecimiento de la posición de los dirigentes gremiales en el Plenario de Secretarios Generales que CONADU realizará el día miércoles 27 de febrero para evaluar las acciones a seguir, en el caso de que la Secretaría de Políticas Universitarias no atienda el pedido de la conducción de la Federación”.

En ese marco, CONADU solicitó avanzar en la implementación de otros adicionales como por ejemplo el de “Compromiso Universitario”, contemplado en el proyecto de nomenclador que CONADU aprobado en el Congreso Extraordinario de septiembre de 2006, en el que se fijan los parámetros que fueron impulsados en el marco de la Mesa de Negociación Salarial. Este adicional implica la implementación de un 25% en los haberes de los docentes universitarios que se dedican “exclusivamente a la actividad universitaria de manera fehacientemente acreditada”. El adicional “Compromiso Universitario”, de aplicarse alcanzaría a aquellos docentes que, independientemente de los cargos que ocupen, “trabajan entre 40 y 50 horas (inclusive) en el sistema universitario público y se comprometen a no trabajar fuera de este”.

En ese sentido desde el ministerio se comprometieron a analizar los costos, y el alcance que tendría la medida, para evaluar la posibilidad de su aplicación.

En el mismo orden CONADU pidió el desarrollo de un programa que permita incrementar las “dedicaciones en las universidades nacionales”, la continuidad de los “programas de capacitación gratuita” para todos los docentes universitarios, la puesta en práctica de un plan de “equipamiento y materiales para los docentes” y la “designación de los docentes que trabajan en forma interina”, y que tienen más de dos años de antigüedad en el cargo, hasta tanto se realicen los concursos de las materias en las cuelas dictan clases.

Al término del encuentro la conducción de la Federación manifestó su preocupación por la “falta de respuestas a un planteo concreto que está relacionado con las necesidades de los docentes universitarios, puesto que al comenzar cada año los funcionarios del Ministerio saben que los gremios docentes quieren discutir los porcentajes que permitirán recomponer los salarios de los docentes universitarios, toda vez que el mismo ocurre en un contexto en el que otros gremios hermanos, como la CTERA, avanzan todos los años hacia la recuperación de los salarios”.

Carlos De Feo: Secretario General CONADU (0221) 154182550

Pedro Sanllorenti: Secretario Adjunto CONADU (0223) 155513074

Secretaría de Prensa CONADU

 

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El Plenario de Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), resolvió esta tarde reafirmar la posición de la Mesa Ejecutiva de avanzar en la recomposición salarial de los docentes universitarios en la reunión de Mesa de Negociación Salarial prevista para la próxima semana.

Durante el encuentro los Secretarios Generales de las Asociaciones de Base de Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Río Cuarto, San Luis, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Entre Ríos, UBA y Santiago del Estero, coincidieron en señalar que "el incremento salarial para el cargo testigo (ayudante simple con dedicación semiexclusiva) debería ser el equivalente al aumento alcanzado por los docentes representados por la CTERA, cuyo monto alcanzará, a partir del acuerdo paritario nacional, los 1.290 pesos".

Cabe recordar que el planteo gremial contempla "el recupero del ajuste del sistema jubilatorio, que cambió del 7 al 11 %, como así también la diferencia provocada por la inflación registrada el año pasado".

En ese sentido el Plenario de Secretarios Generales de CONADU, reiteró que dentro de la discusión que se iniciará en los próximos días, los dirigentes gremiales insistirán en la necesidad de continuar con la recomposición del nomenclador docente".

Luego de que las autoridades del Ministerio de Educación no dieran una respuesta concreta al pedido inicial de la Federación, la conducción del Gremio adelantó que "no descarta un endurecimiento de la posición del las Asociaciones de Base, en el caso de que la Secretaría de Políticas Universitarias no atienda el pedido de la conducción de la Federación".

En ese marco, CONADU solicitó avanzar en la implementación de otros adicionales como por ejemplo el de "Compromiso Universitario", contemplado en el proyecto de nomenclador que CONADU aprobado en el Congreso Extraordinario de septiembre de 2006, en el que se fijan los parámetros que fueron impulsados en el marco de la Mesa de Negociación Salarial. Este adicional implica la implementación de un 25% en los haberes de los docentes universitarios que se dedican "exclusivamente a la actividad universitaria de manera fehacientemente acreditada". El adicional "Compromiso Universitario", de aplicarse alcanzaría a aquellos docentes que, independientemente de los cargos que ocupen, "trabajan entre 40 y 50 horas (inclusive) en el sistema universitario público y se comprometen a no trabajar fuera de este".

En el mismo orden CONADU pidió el desarrollo de un programa que permita incrementar las "dedicaciones en las universidades nacionales", la continuidad de los "programas de capacitación gratuita" para todos los docentes universitarios, la puesta en práctica de un plan de "equipamiento y materiales para los docentes" y la "designación de los docentes que trabajan en forma interina", y que tienen más de dos años de antigüedad en el cargo, hasta tanto se realicen los concursos de las materias en las cuales dictan clases".

Por otra parte la Federación adelantó que asistirá a una nueva reunión paritaria que se realizará el día 5 de marzo, para avanzar en el capítulo Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo del Convenio Colectivo de los docentes universitarios, cuyo borrador fue aprobado por la conducción de la Federación y el Plenario de Secretarios Generales.

En relación a este tema, CONADU adelantó que el día 11 de marzo participará de una reunión junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Secretaría de Políticas Universitarias, para "formalizar un proyecto de capacitación a nivel nacional que será presentado a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en el que las prioridades estarán centradas en el desarrollo de planes de contingencia y evacuación de los edificios, y la conformación de comisiones de salud, entre otros temas.

Cabe aclarar que las únicas universidades que contestaron el cuestionario sobre los servicios de seguridad e higiene, de medicina laboral y planes de capacitación con los que cuentan, fueron Mar del Plata, Formosa, Gral. Sarmiento, La Rioja, Lanús, Noroeste e la Provincia de Bs. As., Patagonia, Río Cuarto, La Plata, Sur, Villa María y el IESE.

Por último la Federación decidió acompañar las gestiones del gremio docente de la Universidad de Río Cuarto, en su tarea de esclarecer la tragedia ocurrida en la esa casa de altos estudios.

Secretaría de Prensa CONADU

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) pariticpó en la sesión del Consejo Interunivesitario Nacional (CIN), desarrollada hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que presentó una serie de 12 puntos que serán discutidos en la Mesa de Negociación Salarial que se llevará a cabo en los próximos días.

Las revindicaciones docentes presentadas por el Secretario General de CONADU, Carlos De Feo, están relacionadas con la firme decisión de los gremios de base de la Federación de avanzar en la recomposición de los salarios de los docentes universitarios y en las reivindicaciones históricas del sector.

El primero de los puntos ratifica el resultado del plenario de Secretarios Generales realizado ayer en CONADU, en el que los dirigentes gremiales de las universidades nacionales de Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Río Cuarto, San Luis, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Entre Ríos, UBA y Santiago del Estero, reclaman un aumento salarial de $1.290 en blanco para el cargo testigo, un piso del 30% y una altura del nomenclador de 1,6 (15% entre categorías) para que se efectivice este año.

El Adicional "Compromiso Universitario", contemplado en el proyecto de nomenclador que CONADU aprobado en el Congreso Extraordinario de septiembre de 2006, en el que se fijan los parámetros que fueron impulsados en el marco de la Mesa de Negociación Salarial. Este adicional implica la implementación de un 25% en los haberes de los docentes universitarios que se dedican "exclusivamente a la actividad universitaria de manera fehacientemente acreditada". El adicional "Compromiso Universitario", de aplicarse alcanzaría a aquellos docentes que, independientemente de los cargos que ocupen, "trabajan entre 40 y 50 horas (inclusive) en el sistema universitario público y se comprometen a no trabajar fuera de este".

Un programa destinado a "incrementar las dedicaciones" en todas las universidades nacionales; un programa de "aumento de categorías"; un incremento de los fondos destinados al programa de capacitación docente gratuito hasta llevar las partidas a la suma de 5 millones; el desarrollo de un programa de capacitación en Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y la aprobación del capítulo de CYMAT correspondiente al convenio colectivo de los trabajadores docentes universitarios; "designación de los docentes que trabajan en forma interina", y que tienen más de dos años de antigüedad en el cargo, hasta tanto se realicen los concursos de las materias en las cuales dictan clases"; la puesta en práctica de un "programa de equipamiento para tareas de docencia"; el estudio, para evaluar su implementación en el 2010, del "adicional por título de posgrado", una vez que finalice el proceso de recomposición del nomenclador; la conclusión del programa de rentas para los docentes con cargos ad-honorem; continuar con la recomposición del nomenclador docente en los años 2009 y 2010, hasta llevarlo a una altura del 1,8 y la constitución de una comisión para discutir la Ley de Educación Superior.

Por último el Secrertario General de CONADU, Carlos De Feo, explicó que la Federación "expresó al Consejo de Rectores su solidaridad con los docentes de la Universidad Nacional de La Rioja que fueron cesanteados por su actividad gremial en esa casa de altos estudios y que pertenecen a la Asociación Riojana de Docentes Universitarios (ARDU), e instamos al Rector, Dr. Enrique Tello Roldán, a que reincorpore a los docentes despedidos y a la búsqueda de soluciones en el marco de una discusión democrática".

De este modo CONADU acelera los tiempos de la discusión salarial, y del resto de las demandas, con el objetivo de avanzar hacia la concreción de los legítimos derechos de los docentes de las universidades nacionales.

Carlos De Feo: Secretario General CONADU (0221) 154182550.

Pedro Sannllorenti: Secretario Adjunto CONADU (0223) 155513074

Secretaría de Prensa CONADU

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), repudia enérgicamente la decisión arbitraria y unilateral del Presidente de la República de Colombia, Alvaro Uribe, de atacar fronteras adentro de la República de Ecuador, sin el menor consentimiento de sus autoridades, a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El incidente, en el cual perdieron la vida Raúl Reyes y otros 16 integrantes de esta organización, implica la violación del marco jurídico y político más elemental que guía las relaciones diplomáticas entre los estados y puso de manifiesto la voluntad de Colombia de accionar militarmente avasallando el derecho de Ecuador a la autodeterminación.

En el mismo sentido obra el gobierno de los Estados Unidos que, incentivando una política de intromisión en los asuntos internos de otros países, declaró oficialmente a través de su departamento de Estado que apoya "al gobierno de Colombia en su combate contra organizaciones terroristas que amenazan la estabilidad y la democracia".

La experiencia histórica nos demuestra a los pueblos de América Latina, en qué concluyen los comunicados del Departamento de Estado norteamericano: "Diplomacia del dólar", "Política del garrote", "Doctrina Monroe", "Doctrina de la Seguridad Nacional", o las intervenciones brutales llevadas a cabo en "Oriente Medio" en la segunda mitad del siglo XX. En síntesis: el desarrollo histórico de una política exterior diseñada para controlar política, militar y económicamente aquellas zonas consideradas estratégicas para los intereses de los Estados Unidos.

La acción llevada a cabo por el gobierno de Alvaro Uribe no solo pretendía bloquear la posibilidad de avanzar en una solución política al conflicto colombiano, alentada por el curso efectivo del proceso de liberación de las personas secuestradas por las FARC, sino que intentó generar un clima de desestabilización en toda la región, en el preciso momento en que todos los países de América Latina trabajan con el objetivo de conducir a las naciones hermanas hacia un proceso de integración económica, política y social.

Fue el propio director nacional de la policía colombiana, general Oscar Naranjo, quien reveló en una conferencia de prensa, que la localización de Reyes se logró por una información proporcionada por la CIA. Es entonces el estado de Colombia, por intermedio de sus funcionarios, quien explica abiertamente de qué manera opera Estados Unidos para clavar una cuña en la región, e iniciar de este modo un proceso de desestabilización política para impedir la etapa de integración que la gran mayoría de los mandatarios del hemisferio intentan llevar adelante.

En estos días, la determinación de fortalecer los sistemas democráticos, consolidar la soberanía territorial y política de las naciones del hemisferio y bregar por la independencia y la autonomía de América del Sur, se hizo manifiesta en la serie de encuentros y pronunciamientos públicos de varios de sus presidentes.

En al cumbre del "Grupo Río", no solo se expresó un amplísimo consenso en trono al repudio de la acción colombiana y a la necesidad de hallar vías para la solución pacífica de este conflicto y de otros diferendos planteados entre los países de la región. Allí pudo comprobarse, una vez más, la magnitud del cambio de rumbo del proceso latinoamericano, con la pérdida de la hegemonía del proyecto neoliberal y el avance de las posiciones que promueven una redefinicón de los estados nacionales y su recuperación como intrumentos promotores de los cambios sociales necesarios para garantizar la justicia social y la realización efectiva de la democracia. Con muchos matices, y no sin contradicciones, muchas de las voces que se escucharon en aquella cumbre siguen ratificando el camino que se expresara en la Cumbre de las Américas, en la que el ALCA recibió su sepultura política: el camino de la soberanía y la dignidad de los pueblos.

Secretaría General y Adjunta CONADU

Instituto de Estudios y Capacitación (IEC-CONADU) - Secretaría de Prensa CONADU

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), participó hoy de la Mesa de Negociación Salarial junto a los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y la Secretaría de Políticas Universitarias para comenzar a discutir la recomposición salarial del conjunto de los docentes de las Universidades Nacionales.

Al termino del encuentro, llevado a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Secretario General de la Federación , Carlos De Feo, explicó que “los 12 puntos planteados por CONADU al CIN hace dos semanas tuvieron una buena acogida por parte del Consejo de Rectores, aunque el ofrecimiento salarial por ahora es insuficiente puesto que los funcionarios del Ministerio de Educación ofrecieron un aumento cercano al 20% que incluye una recomposición del nomenclador docente para llevarlo a una altura de 1,6 entre categoría y categoría”.

Cabe recordar que el primero de los puntos es el resultado del plenario de Secretarios Generales realizado por CONADU, en el que los dirigentes gremiales de las universidades nacionales de Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Río Cuarto, San Luis, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, La Plata , Entre Ríos, UBA y Santiago del Estero, reclamaron un aumento salarial de $1.290 en blanco para el cargo testigo (ayudante de primera con semi-dedicación), un piso del 30% y una altura del nomenclador de 1,6 para que se efectivice durante el transcurso de este año.

Si bien el ofrecimiento fue considerado insuficiente, la Federación , el CIN y la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, acordaron realizar una nueva ronda de discusión el martes 18 de marzo para zanjar las diferencias y comenzar a avanzar en la resolución del resto de los reclamos.

Entre los puntos reclamados al CIN se destacan: el Adicional “Compromiso Universitario”, contemplado en el proyecto de nomenclador que CONADU aprobó en el Congreso Extraordinario de septiembre de 2006, en el que se fijan los parámetros que fueron impulsados en el marco de la Mesa de Negociación Salarial. Este adicional implica la implementación de un 25% en los haberes de los docentes universitarios que se dedican “exclusivamente a la actividad universitaria de manera fehacientemente acreditada”. El adicional “Compromiso Universitario”, de aplicarse alcanzaría a aquellos docentes que, independientemente de los cargos que ocupen, “trabajan entre 40 y 50 horas (inclusive) en el sistema universitario público y se comprometen a no trabajar fuera de este”.

Un programa destinado a “incrementar las dedicaciones” en todas las Universidades Nacionales; un programa de “aumento de categorías”; un incremento de los fondos destinados al programa de Capacitación Docente gratuito hasta llevar las partidas a la suma de 5 millones; el desarrollo de un programa de capacitación en Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y la aprobación del capítulo de CYMAT correspondiente al Convenio Colectivo de los trabajadores docentes universitarios; “designación de los docentes que trabajan en forma interina”, y que tienen más de dos años de antigüedad en el cargo, hasta tanto se realicen los concursos de las materias en las cuales dictan clases”; la puesta en práctica de un “programa de equipamiento para tareas de docencia”; el estudio, para evaluar su implementación en el 2010, del “adicional por título de posgrado”, una vez que finalice el proceso de recomposición del nomenclador; la conclusión del programa de rentas para los docentes con cargos ad-honorem; continuar con la recomposición del nomenclador docente en los años 2009 y 2010, hasta llevarlo a una altura del 1,8 y la constitución de una comisión para discutir la Ley de Educación Superior.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), participó hoy de una reunión de la Mesa de Negociación Salarial junto al Consejo Interuniversitario Nacional y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.

Durante el encuentro, desarrollado en la sede del CIN, los funcionarios de la cartera educativa reiteraron el ofrecimiento del 19% realizado la semana pasada a los docentes universitarios, una decisión que terminó por generar un “profundo malestar” entre los representantes de CONADU que asistieron a la Mesa.

La falta de respuestas al pedido de “una mejora en la pauta salarial” que realizaron los gremios docentes universitarios, puso en tela de juicio la efectividad del encuentro puesto que el Subsecretario de Políticas Universitarias, Daniel López, “reiteró el mismo porcentaje ofrecido la semana pasada” sin que ello implique necesariamente la posibilidad de mejorar la oferta en los próximos días.

Ante este cuadro de situación, en el que “llama la atención la convocatoria a una reunión para no ofrecer nada nuevo en materia salarial -este es el sentido último de la paritaria-”, la conducción de CONADU, encabezada por el Secretario General, Carlos De Feo, adelantó que en los próximos días “la Federación convocará a un Congreso Nacional los días 1 y 2 de abril para discutir con las Asociaciones de Base los pasos a seguir”. En ese sentido el Secretario General de CONADU, “rechazó” el ofrecimiento y aseguró que “de no existir una oferta satisfactoria al reclamo de CONADU, esta desarrollará un plan de lucha que incluirá paros en todas las Universidades Nacionales”.

Como se recordará el ofrecimiento inicial de la Secretaría de Políticas Universitarias se acerca al 20% e incluye una recomposición del nomenclador hasta llevarlo a una altura del 1,6 entre categoría y categoría. Esta pauta salarial plantea la liquidación de ese porcentaje en tres cuotas de 6,5; 6,5 y 6 % a efectivizarse en los meses de abril, agosto y diciembre.

Sin embargo el ofrecimiento esta lejos de la resolución del plenario de Secretarios Generales realizado por CONADU en el mes de febrero, en el cual los dirigentes gremiales de las universidades nacionales de Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Río Cuarto, San Luis, Noroeste de de Buenos Aires, , Entre Ríos, UBA y Santiago del Estero, reclamaron un aumento salarial de $1.290 en blanco para el cargo testigo (ayudante de primera con semi-dedicación), un piso del 30% y una altura del nomenclador de 1,6 para que se efectivice durante el transcurso de este año.

Si bien la semana pasada el CIN y la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación aceptaron discutir los “12 puntos” planteados por CONADU, entre los que se destacan un adicional del 25% por “Compromiso Universitario”, y distintos programas para incrementar categorías, fondos para capacitación docente, programas destinados a atender Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, y designación de docentes interinos, la reunión de hoy no tuvo el mismo clima. En ese contexto De Feo señaló que “el encuentro de hoy fue una falta de respeto a la seriedad y responsabilidad con la que CONADU comenzó a discutir en la Mesa de Negociación Salarial”.

Por otra parte destacó que “mientras los gremios estatales y del sector privado cerraron sus paritarias en un promedio salarial del 24%, hoy los funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación pretenden que los docentes universitarios, el sector que fuera reivindicado días atrás por la Presidente Cristina Fernández por su importancia en el desarrollo del país, perciban un incremento salarial del 19% ubicándonos muy por debajo de la recomposición del resto de los sindicatos”.

Por último los representantes del CIN, los gremios y la Secretaría de Políticas Universitarias, acordaron realizar una nueva reunión de Mesa de Negociación Salarial el próximo 3 de abril.

Como única forma de conservar nuestros datos en el mediano y largo plazo, y como garantía de la libertad de elección de plataformas informáticas, los estándares abiertos representan la clave para la construcción de entornos informáticos donde nuestra información no quede secuestrada en manos de un formato privativo de una sóla empresa.

"Es inminente el final. Todo está dicho". Con esta frase lapidaria el 23 de marzo de 1976 el diario "La Razón" anunciaba en su edición vespertina, un rumor que todos sabían iba a desencadenar en cuestión de horas una nueva ruptura en el orden constitucional iniciado en marzo de 1973. Lo que no imaginaban los escasos medios de información de la época, y el puñado de hombres y mujeres que esa media noche apoyaban en la Plaza de Mayo al desprestigiado gobierno de Isabel Martínez de Perón, es que con el golpe de estado perpetrado el 24 de marzo de ese año se iniciaba uno de los períodos más oscuros en la historia de nuestro país.

La irrupción de la Junta Militar, integrada por el General Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier General Orlando Agosti, dio inicio de este modo a un proceso de clausura política, social y cultural, combinado con la desaparición forzada de personas, cuyos efectos regresivos y devastadores perduran hasta el presente.

Militantes políticos y sociales, activistas de base, artistas e intelectuales, fueron los blancos del plan de exterminio que la Junta Militar desplegó en todo el territorio para avanzar en el proyecto político-económico diseñado por los sectores más concentrados del país, con el objetivo primordial de reducir la participación de los trabajadores asalariados en la Renta Nacional que en el año 1974 llegaba al 48%, e iniciar un proceso de desindustrialización de la economía, achicamiento del mercado interno y desguace del Estado Nacional .

Fue sin dudas una estrategia pensada por la oligarquía Argentina, para detener la etapa de avance del campo popular sobre la resolución de los conflictos sociales. Para ello fue necesario implementar una política de disciplinamiento de la sociedad argentina en su conjunto.

Con medidas como la rebaja de los salarios; la reforma de las Leyes de Contrato de Trabajo y eliminación de las convenciones colectivas; la implementación de una política tributaria regresiva mediante el aumento de los impuestos indirectos (IVA) y la disminución de los indirectos (ganancias, riqueza); la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y de los subsidios a las exportaciones no tradicionales; reducción de los aranceles a la importación; apertura total a los capitales extranjeros, transferencias del Estado hacia los grupos económicos, mediante los mecanismos de estatización de la deuda privada, la Ley de Promoción industrial y las políticas de compra del Estado, entre otras; el Ministro de Economía de la dictadura militar, José Martínez de Hoz (un exponente claro de los grupos económicos que fomentaron el golpe), garantizaba mediante este programa el desarrollo de una política económica sustentada a punta de fusiles, crímenes y asesinatos.

A 32 años del inicio del golpe genocida que, además, dejó como saldo 30 mil compañeros desaparecidos, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) adhiere a las actividades que las distintas organizaciones políticas y sociales llevan adelante para continuar bregando por el juicio y castigo a los militares, e integrantes de las fuerzas de seguridad, que fueron responsables de la más sangrienta dictadura que haya conocido nuestro pueblo.

Continuar avanzando en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por la dictadura militar después del golpe de estado del año 1976, es el deber de toda sociedad que aspira a consolidar el marco jurídico y político necesario para garantizar la defensa de los Derechos Humanos y el desarrollo de un país más libre, justo y soberano.

Creemos que avanzar en ese sentido, implica continuar trabajando para profundizar el proceso abierto en el país en los últimos años, en el que la distribución de la riqueza sigue siendo un conflicto no resuelto sobre el cual el conjunto del pueblo argentino debe seguir luchando, con el claro objetivo de superar las desigualdades sociales de nuestro país y garantizar el pleno desarrollo de sus habitantes.

La recuperación y el mantenimiento de nuestra memoria colectiva, nos permitirá aportar una mirada más amplia respecto de los conflictos que a diario se publican en los medios de información, en el que los cortes de ruta organizados por las cámaras que representan a los productores del campo, son sólo un claro ejemplo de la creciente puja distributiva entre un estado que intenta salir de la crisis en la que quedó sumergido en el año 2001 y las fuertes presiones de los principales sectores económicos que pugnan por quedarse con la porción más grande de la riqueza que produce nuestro país para seguir manteniendo suculentas ganancias en desmedro del resto de la sociedad.

Jorge Rulli es uno de los pocos sobrevivientes de una de las épocas más salientes en la historia de lucha de los movimientos populares de la Argentina. Formado al calor de la Resistencia Peronista, y de su lucha contra la burocracia sindical y el colaboracionismo de las fuerzas políticas que proscribieron al peronismo durante 1955 y 1973, Rulli es hoy un referente ineludible en la pelea contra el avance de la producción de soja y el esquema de monocultivo que pretenden los grupos fuertemente concentrados como Cargill, Los Grobo, Bunge y ADM.

Con el "Grupo de Reflexión Rural", un espacio de discusión organizado "desde mediados de los años noventa, como un grupo de afinidad y un espacio de diálogos y debates multidisciplinarios sobre los impactos del Capitalismo global en nuestras sociedades, plantea la necesidad de desarrollar políticas que permitan revitalizar el papel de la agricultura diversificada, de manera tal que el avance indiscriminado y rentista de la soja no termine por vaciar los ya despoblados pueblos rurales.

En el contexto de la fuerte confrontación que el Gobierno Nacional mantuvo con los productores agrarios, la Secretaría de Prensa de CONADU dialogo con Rulli respecto de su mirada sobre el lock out patronal que duró 21 días y que ahora se encuentra en una tregua.

¿Qué interpretación hace del lock-out de los productores del campo, en el que se han visto involucrados grandes y pequeños productores?

El tema es complejo porque se lo ha dejado crecer, porque ya llevamos muchos años de instalación de un monocultivo que corresponde a la globalización a las nuevas relaciones globales que corresponden al mundo capitalista como es la soja transgénica. La Argentina se ha convertido en un monoproductor de soja, así como otros países producen flores por ejemplo si uno va a Bogotá te encontrás que todo el valle está lleno de flores, se hacen percas de manera masiva, en Chile el salmón, o sea las nuevas situaciones del mundo global le han asignado un rol a cada país. Así como Uruguay va a producir pasta de papel, Brasil produce varias cosas entre ellas pasta de papel, soja...

¿Es decir que, a su entender, estamos ante una situación similar al momento preciso en el que se produce la división internacional del trabajo en el siglo XIX?

Claro pero en un fase superior en la que a cada país se le asigna un rol de una, dos tres producciones, entonces a la Argentina le ha tocado la minería que ocupa el largo de la precordillera, otro es la soja que se instaló en la llanura pampeana y que se va extendiendo hacia el interior del país a mediad que el precio la favorece y después tenemos bosques para papel, que está en función de las empresas papeleras del Uruguay que se instalaron en esa zona porque no se las quiso traer aquí al costado del río y ahora el problema que tienen es político porque no saben como hacer para que todos los bosques instalados en la Argentina puedan asistir a la empresa que está del otro lado del río en la medida en que la gente denuncia todo tipo de colaboración en su lucha contra Botnia.

¿Es engañoso el paro del campo en su pelea con el gobierno por el incremento de las retenciones móviles?

Es una lucha por el poder. El campo en los últimos años, desde que se aprobó el 1995 las primeras sojas transgénicas, estos cultivos han ido creciendo de manera exponencial hasta abarcar unos 16 o 17 millones de hectáreas de monocultivo que usan un solo tipo de agrotóxico, que, además, ha ido desplazando a otros cultivos, han ido corriendo como pasó con el azúcar. Cada vez la Argentina va a tener más problemas para proveerse de alimentos o de otros elementos que disponíamos que cada vez existen menos porque la soja va ocupando cada vez más tierra y se ha ido extendiendo de la zona central a las zonas periféricas, disputando la tierra con otros cultivos y que por razones de precios generan mejores condiciones de competencia en el mercado.

¿El Estado Nacional tiene herramientas para modificar esta situación, para que la producción se diversifique?

Podría tenerlas. Pero este mercado está dirigida por las internacionales globales y la Argentina es un barco de papel en esto y fijate quien es el Secretario de Agricultura, da pena, y esto no es de ahora es de hace muchos años. Entonces ahora resulta muy difícil enfrentar esta crisis. Qué está pasando ahora: al gobierno le resulta incomprensible esta situación y simplemente va aprovechando las ventajas de tener un país monoproductor de soja, subiendo las retenciones, llega un punto en el que da la impresión que ha cruzado un límite y entonces el campo reacciona. El propio cultivo que ellos respaldaron ahora está dispuesto por el poder que tiene, y por el poder que ha acumulado, está dispuesto poner condiciones. Y por incapacidad política del gobierno, que es eminentemente urbano, ha perdido las alianzas que tenía con los sectores del campo como la Federación Agraria y ahora tenemos que Federación agraria, como otros sectores de izquierda, porque hay sectores ligados al Partido Comunista Revolucionario, están envueltos en una situación en la que la que conduce, más que la oligarquía, son las multinacionales. Cómo se separa Buzzi de un frente oligárquico tradicional en el "frente rural" contra lo que puede ser la política urbana de una serie de partidos políticos que es evidente que no entienden lo que está pasando. Cómo hace Buzzi par poner distancia. Yo lo veo con mucha pena. Yo veo que Federación Agraria ha quedado atrapada en un bloque de oposición que no conduce y yo supongo, porque lo conozco a Buzzi, debe estar muy mal en este momento, en la medida que no puede diferenciarse del resto.

¿Es oligarquía existe como tal, o es hoy un concepto histórico?

Hoy ya no existe esa oligarquía, ha cambiado...

¿Es decir que cuando la Sociedad Rural convoca a un lock-out representa a un puñado de familias?

La Sociedad Rural vive del predio de la Sociedad Rural, de negocios inmobiliarios y representa a 3 mil o 4 mil personas. Yo creo que el libro de socios de la entidad está muy inflado y no creo que sean más de 2 mil propietarios, y además hoy no tienen poder y el grueso de la propiedad oligárquica pasó de manos y está en manso de empresas.

¿Y cuáles son las empresas que están haciendo negocio con la soja?

Son los agronegocios. Se ha dado en los últimos diez años un cambio en la propiedad de la tierra enorme. Entonces son empresas que tienen sede en Buenos Aires o en otros países que hacen negocios con la tierra. Lo que era la oligarquía ha perdido el poder político que tenía muchas veces se han quedado con los cascos de las estancia y hacen turismo rural o han vendido las estancia y se han integrado como sectores aristocráticos a comisiones directivas en las que ellos ponen el apellido pero ya no manejan. Ha habido un cambio muy fuerte que se ha dado en la época del "menemismo". Los que están fijando las políticas son grandes empresas que cada vez se hacen más grandes porque se van consolidando unas con otras.

¿Estamos ante un fenómeno de transnacionalización de la tierra?

Sí totalmente. Transnacionalización de la tierra y de transferencia de la oligarquía que va integrándose o va siendo absorbida por un proceso corporativo. Entonces en este momento la oligarquía no le pude poner condiciones a los frigoríficos. Los pocos que producen carne terminan siendo explotados por las empresas de la terminación, que son las empresas que terminan comprando y que son las que faenan. No tiene poder político. Lo que hay es la presencia de otros sectores que deciden. Son sectores urbanos ligados a la exportación. En la medida que la Argentina pierde control de la exportación lo agarran cinco o seis empresas. Tenemos a Cargill, a ADM, Bunge, entro otras. Se trata de empresas que monopolizan la exportación. Ellas contienen la puerta de entrada y salida de los productos y negocian en los mercados internacionales los precios. Entonces gana la parte de león, es decir ellos anticipan los precios en la Secretaría de Agricultura de partidas de granos que todavía no tienen. Esta es una trampa habitual y entonces fijan un precio aunque todavía no tengan los granos. La última suba ha hecho que ganen fortunas, porque mientras están fijando al productor, y ante el estado, precios que no van más allá de los 300 dólares en los mercados internacionales alcanzó casi los 500. Toda esa ganancia se la quedan ellos. El otro tema es que el gobierno aplica retenciones pero no tiene un instrumento propio para la retención. Qué hacen estas empresas: se la traspasan al productor. Esto es profundamente injusto. El productor como sufre el liderazgo político de estos monopolios, y lo acepta por un problema de falta de independencia, éste ha ido soportando esta situación. Pero en este momento cuando el gobierno le aumenta al 40% las retenciones, se subleva. Pero no se subleva contra la empresa exportadora que se lo aplica a él, se subleva contra el gobierno. Fijate que contradicción. Y el problema es que el gobierno no tiene un instrumento para romper el frente de la gente del campo.

¿Entonces son los pequeños productores los que terminan perjudicados en este escenario?

Desde ya porque los pequeños sufren una competencia feroz con los mayores. Porque hoy nadie vive en el campo, por lo menos de la zona central de la Argentina no viven en el campo, viven en la ciudad. Entonces lo que hace es un monocultivo que es la soja, pero cuando tenés 500 hectáreas no tenés capacidad de tener tu propio ornamental, en general se las alquilas a otros. O sea participás de conglomerados de campos en los que por lo general se comparte la maquinaria. El que tiene mucho más campo puede tener su propia maquinaria y ser mucho más independiente, pero si no tenés arriba tuyo otra gente que domina la escala y que son los que la trabajan a la tierra sin ninguna consideración. Pero esto se termina, todo el mundo sabe que aquí hay campo para diez años más y se acabó. Como lo que están ganando es tanto no importa.

¿Y qué va a pasar en el corto plazo. No va a haber más ganado?

Ya no hay. Lo que hay son corrales de engorde que se están instalando al lado de los lugares de embarque, porque el intermediario que compra y vende al exterior, compra el ganado y te aplica el derecho de exportación, o sea que el que lo paga es el productor, cuando el que lo debería pagar es el exportador. Pero acá se ha formado una cadena de complicidades que acepta esto y el estado ha mirado para otro lado. Esto es terriblemente injusto porque el exportador tendría que pagar el 40% y lo paga el productor. El exportador no paga nada y, además, se queda con la ganancia enorme de las diferencias de precios internacionales. Pero además el exportador le compra la carne al productor, o el grano, y hace biocombustibles que es un combustible por el cual el agricultor paga un 40% y convertido en combustible la empresa va a pagar el 20%, con lo cual se quedó con 20 de regalo. Pero además están haciendo al lado de cada silo en el Río Paraná, torres para hacer biocombustible, y con los restos están alimentando inmensos corrales de engorde con lo cual se van a quedar con la tajada del león. El gobierno mira para otro lado y los productores también, entonces prefieren atacar al gobierno antes que atacar a estas empresas multinacionales. Entonces se produce una enorme confusión en la que la gente deja de entender lo que está pasando. Todos somos víctimas de este modelo de escala que ha despoblado el territorio, ha amontonado a la gente en las ciudades y en la miseria y la gente en las ciudades se mantiene con ese 40% que le quieren sacar a los productores con lo cual se reparte comida basura que da el estado y salarios de ayuda que da el estado en una cadena de complicidades de la cual es muy difícil bajarse.

¿Se da como parte de este fenómeno el alquiler de las tierras para que otro sea el que siembra la soja?

Totalmente porque el mayor negocio es no tener tierras sino trabajarlas. El más grande sojero de la Argentina que es Gustavo Grobocopatel, dice que es el más grande sin tierras de la Argentina. El debe estar trabajando 50 mil u 80 mil hectáreas que no son de él. Con lo cual no tiene problemas. El está saqueando la riqueza del suelo de otros. El tiene las maquinarias, los equipos humanos, entonces el hace soja en cualquier lado. Es más libre que el que tiene la tierra que se va a ir quedando sin tierra, sin la fertilidad del suelo.

¿Y cuáles son las tierras que están en peligro?

Algunos expertos del INTA dijeron hace cinco años que no tenemos para más de 10 o 15 años de suelo, pero está hablando de promedio. Es decir el suelo de la provincia de Buenos Aires está siendo dañado pero todavía tenemos mucho resto, pero el suelo del Chaco ya entró en colapso. Pro ejemplo el impenetrable no existe más, ahora hay zonas de dunas de arena que se mueven. Yo estuve hablando con gente que tiene un predio y lo invaden las dunas de arena de lo que era una selva.

¿Esto provoca alteraciones climáticas?

Si claro, pero además el suelo está contaminado por los tóxicos. El herbicida que se usa entre 10 y 12 litros por hectárea, que es una barbaridad, afecta la vida del suelo y pierden capacidad de reponerse. Hay un daño muy profundo al suelo de la Argentina que está entrando en un proceso de rápida desertización pero son los suelos más inestables y lo primero que va a caer son Formosa, Chaco, algunas zonas de Córdoba; la provincia de Buenos Aires tiene suelo para rato, pero aquí todos saben que nos quedamos sin país lo que pasa es que esto da ganancias muy grandes. Vos observas las cantidades de camionetas 4x4 que hay en el interior es impresionante; en algunos circuitos de Córdoba la riqueza es evidente; también es evidente la cantidad de enfermos y también es evidente que toda esa riqueza circula en circuitos ubicados entre las ciudades de Córdoba y que no pueden salir de ahí porque tienen miedo de que los rapten, de que los roben. Son concientes de que viven en una isla de abundancia en medio de un país que se va empobreciendo como consecuencia de la riqueza de ellos. Hemos hablando con mucho sojeros y viven esta tensión, de que son ricos en su zona porque tienen que usar otro tipo de vehículos para salir a Buenos Aires. No pueden usar esas 4x4 maravillosas que valen fortunas las dejan en sus casas y andan en otros autos. Este tipo de vida produce un estrés, inclusive, entre los ricos.

¿Es posible cambiar esta situación?

Si es posible, pero cada vez es más difícil y lo que yo veo es que tenemos una clase política que no entiende de lo rural y que se ha atado a la globalización. Hoy la globalización exige soja, agrocombustibles, minería a cielo abierto y pasta de papel. Estos son los grandes temas: el mundo global demanda de nosotros eso. Los únicos espacios pequeñitos, que se han diferenciado, serían los mercados que se abren en función de la unidad con otros países como Venezuela, pero incluso en las relaciones que hay que considerar entran este mismo tipo de políticas, a tal punto que en los últimos acuerdos con Venezuela entran los productores de pollo que están produciendo 350 mil pollos por día que es una monstruosidad.

¿Hay que considerar las ventajas que otorga la "renta diferencial de la tierra"?

Claro por la riqueza de los suelos y la cercanía de los puertos, entonces la renta diferencial es tremenda pero a costa de la población que se ve obligada a emigrar a las ciudades, en las ciudades no tiene empleo y además sufre enfermedades por las fumigaciones y la contaminación de las napas que producen daños serios en la población. Es muy interesante recorrer los pequeños poblados del interior, en donde en los poblados solamente permanecen las personas vinculadas a la tarea: tractoristas y gente atiende talleres de reposiciones y gente vinculada a la soja y la cantidad de enfermos de cáncer que hay y la cantidad de gente con tumores. Eso es muy notable y es consecuencia de un ambiente profundamente contaminado.

¿Qué cruces tiene en toda esta discusión el concepto de "soberanía alimentaria"?

Esa sería la propuesta que nosotros, como "Grupo de Reflexión Rural", estamos tratando de instalar en la conciencia de la gente, pero realmente nosotros vamos por un camino en el que vamos a ser cada vez más dependientes. Si todavía no se siente suficientemente la carencia de alimentos es porque tenemos sectores muy empobrecidos que tienen muy poco acceso al consumo, pero si la gente empezara a consumir como en otras épocas ya no alcanzaría la comida. Yo creo que uno de los lugares en donde se está viendo más crudamente la ausencia de suficiente producción es en la industria lechera. Si bien los tambos han sufrido una reducción muy grande de animales, porque ha habido una disminución muy grande de tambos, los tambos se han ido achicando porque han ido sacrificando los animales que menos producían, entonces de una manera un poco brutal se ha dado una selección de animales. Tenemos mejores animales que antes pero menos en cantidad y por eso es tan grande la diferencia en producción. Yo creo que en el corto plazo vamos a tener que traer la leche de Uruguay como ya ha pasado. Y si vamos a ser dependientes de otros países evidentemente el proceso de concentración es muy rápido. Y ahora yo creo que lo más preocupante es este conflicto que tenemos. Hubo cierta irresponsabilidad del gobierno porque creyó que tenía la vaca lechera a la que le pude sacar y sacar, y ha seguido aumentando las retenciones sin suficiente consenso del campo. Entonces ahora parece que se rompió el diálogo y los sectores más afines con el gobierno, como Federación Agraria y otros sectores de la izquierda, han quedado de furgón de cola del enfrentamiento en el que ahora ya no va a poder dialogar la presidenta con Buzzi, sino que va a tener que dialogar con gente más jodida o se que hubo un mal manejo político del tema, y no sé como Buzzi quedó a la cola de una situación en la que me parece que lo que quieren es plantear compartir el poder político. No sólo van a querer discutir números, porque han demostrado que quieren paralizar el país. Además es una situación tramposa, porque mientras el senador Urquía es la mano derecha de Cristina, los aliados de Urquía le están paralizando el país, es muy contradictorio. Grobocopatel no está en contra del gobierno, o sea los líderes de la protesta no están en contra del gobierno, entonces es muy difícil de entender lo que está pasando es como que los dueños de la pelota juegan en los dos campos y su gente está paralizando el país. Es muy extraño y no sé que puede pasar cuando se llegue al momento de la negociación es como que los dos bando están mezclados. El campo tiene sus líderes en el campo del gobierno porque Urquía es un hombre de ellos y Grobocopatel también, ni hablar de los exportadores. Los exportadores no están mal con el gobierno porque ellos han permitido que e los pasaran a los pequeños productores, cuando en realidad el espíritu de la ley era que el impuesto lo pagara el exportador, o sea era Cargill el que tenía que pagar el impuesto al gobierno, pero Cargill lo que ha hecho es pasárselo al pequeño productor. El pequeño productor gana igual, pero es injusto. La política no deja de ser injusta porque hay algo que no esta bien, pero tampoco está bien que el pequeño productor no se anime a tirarse contra Cargill, prefiere atacar al gobierno. Esto es una cosa muy antigua ellos no quieren impuestos, no quieren gobierno, ellos quieren se libres y que los gobiernos son todos iguales. ¿En estos momentos quiénes los utilizan? Los utilizan Cargill, ADM, Bunge, los exportadores que están afuera como si no tuvieran nada que ver sin arriesgar nada, cuando son ellos lo que tendrían que pagar los impuestos a las exportaciones.

Secretaría de Prensa CONADU

EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA, HACIA UNA JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) expresa su apoyo a la determinación del gobierno nacional de establecer retenciones móviles a las exportaciones agrícolas, como instrumento de una política de redistribución de la riqueza. Esta medida permite captar una porción de las ganancias extraordinarias que algunos sectores de la producción rural están obteniendo, en condiciones parcialmente generadas por decisiones del poder público que se sustentan en el esfuerzo del conjunto de la población. Ella apunta, además, a contener el alza de los precios en el mercado interno, para preservar la capacidad de consumo de la mayoría, y contribuye a estimular la recuperación de una producción agrícola adecuadamente diversificada.

Pero las retenciones no garantizan, por si mismas, el cumplimiento exitoso de estos propósitos. La equidad del proceso redistributivo resultante dependerá del uso que se dé a los recursos así obtenidos, y de la implementación de otras medidas que contemplen las problemáticas particulares de los distintos sectores; especialmente, en este caso, de los pequeños productores y de los trabajadores rurales. Es preciso que estos ingresos sean empleados en la provisión de bienes y servicios básicos de los que carece aún una parte importante de nuestro pueblo. Y es fundamental, finalmente, consolidar este rumbo generando las herramientas que permitan fortalecer al poder democráticamente instituido, y recuperar su capacidad de intervenir en el proceso económico, con el fin de defender el interés de la mayoría frente a la avidez de los sectores concentrados que hoy hacen sentir de manera alarmante su poder desestabilizador.

Este es, entonces, un paso necesario para poder avanzar en una transformación de la estructura productiva que nos permita poner freno a los procesos de concentración y extranjerización de la economía nacional, para recuperar el manejo soberano de nuestros recursos, y hacer posible la construcción de una sociedad igualitaria e inclusiva. Así parecen haberlo entendido claramente quienes se oponen a las retenciones, y pretenden esconder - tras la supuesta defensa de los intereses indiferenciados del "campo" - la clara intención de impedir la intervención del Estado como agente regulador de la economía. Los móviles de estas minorías son manifiestos, y su reacción representa el argumento más contundente a favor de las retenciones; porque aquello que para los sectores populares constituye una oportunidad, es para ellos una clara amenaza a sus históricos privilegios.

El modo en que se han desarrollado los acontecimientos en los últimos días, a partir del endurecimiento de un "lock-out" patronal sostenido en los cortes de rutas por la presencia de los pequeños y medianos productores rurales, exige de todos los sectores democráticos una manifestación que exprese, sin ambages, el rechazo a toda pretensión de desconocer la legitimidad que asiste a un gobierno recientemente elegido por el voto popular, que actúa en cumplimiento de un compromiso expreso con sus electores. Las organizaciones populares tenemos, además, el deber de advertir la gravedad del error en que persisten aquellas dirigencias sectoriales que, en nombre de los intereses de quienes también padecen, desde su posición en el sistema productivo, el abuso de los grupos económicos concentrados, contribuyen hoy a generar una situación que no sólo fortalece las pretensiones de una oligarquía que sigue dando pruebas de su vocación antidemocrática, sino que agrede a quienes aspiran a disfrutar de una vida digna como fruto de su trabajo, y fractura la necesaria unidad de los sectores populares.

Reafirmamos por ello - tal como lo hiciera la Central de los Trabajadores de la Argentina - nuestro rechazo a toda forma de desestabilización de la institucionalidad democrática, y a toda pretensión de promover intereses sectoriales generando un escenario de incertidumbre y padecimiento para nuestro pueblo. La virulencia de la reacción ante esta medida representa, además, una advertencia que no podemos desatender. Tal como lo expresa la propuesta de la Paritaria Social planteada por la CTA, lograr una justa distribución de la riqueza nacional supone promover un conjunto de políticas de Estado que apunten a redefinir las reglas que orientan el proceso social en su conjunto, y, de manera muy particular, el funcionamiento de la economía. Esta circunstancia ratifica que no hay esperanza de concretar las transformaciones pendientes, y de avanzar en la construcción de una sociedad igualitaria, si los sectores populares no logramos fortalecer nuestra organización, y nuestra capacidad de movilizarnos, para exigir lo que es justo, y para hacer posible lo que es necesario.

Carlo De Feo: Secrertario General CONADU.

Pedro Sanllorenti: Secretraio AdjuntoCONADU.

Yamile Socolovsky: Coordinadora Instituto de Estudios y Capacitación CONADU.

A un año del crimen del docentes neuquino, Carlos Fuentealba, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió en su Congreso Nacional Extraordinario, desarrollado el 1 de abril en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adherir a la Jornada Nacional de Lucha Contra la Impunidad organizada por la CTERA, a la cual se suman distintas organizaciones políticas y sociales de todo el país.

El cobarde asesinato, ocurrido el 4 de abril de 2007 en Neuquén, forma parte de la política represiva llevada adelanta por el ex gobernador de esa provincia Jorge Sobisch, quien no dudó a la hora de agredir violentamente a los docentes de esa región durante las jornadas de protesta que los gremios de base de CTERA realizaron en demanda de mejoras salariales.

CONADU, al igual que la CTERA exige "juicio y castigo a los responsables" y reafirma su compromiso con la lucha por una "distribución justa y equitativa de la riqueza" y proclama la consigna "NUNCA MAS a la represión de la demanda social, NUNCA MAS un trabajador asesinado por reclamar por sus derechos, NUNCA MAS la impunidad".

Carlos Fuentealba murió durante una protesta del gremio docente, que fuera reprimida por la policía provincial en la ruta nacional 22 de Neuquén. Hasta el momento la causa tiene un sólo detenido y procesado: el policía Darío Poblete, que está acusado de haber disparado una granada de gas lacrimógeno a corta distancia a la cabeza de Fuentealba, quien murió pocas horas después.

En ese marco el Congreso Nacional Extraordinario de CONADU, decidió sumarse a la jornada de protesta delegando en cada Asociación de Base la modalidad y alcance de las actividades en cada una de las Universidades Nacionales de todo el país.

Secretaría de Prensa CONADU

Secretaría de Prensa CONADU

Este trabajo en el que se resumen y analizan las principales acciones en relación al compromiso social de las universidades latinoamericanas fue realizado por un equipo de trabajo convocado por el IEC e integrado por los licenciados Dora Alicia Pérez, Juan José Lakonich, Andrés Rotstein y fue coordinado por el licenciado Néstor Horacio Cecchi. Los resultados incluyen el análisis acerca de la misión social de la universidad en América Latina y los ejes para la construcción de una universidad comprometida socialmente.

Los objetivos del IEC y las barreras que el sistema científico-tecnológico impone a quienes desarrollan tareas socialmente compromtetidas, serán expuestos el sábado 12 de abril a las 11.00 hs por el Dr. Pedro Sanllorenti, director del IEC, quien también integrará el panel de presentación del trabajo.

Encuentro Latinoamericano de Universidades

El mismo se desarrollará durante los dias 10, 11 y 12 de abril del corriente, organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNMDP, auspiciado por el CIN y con la colaboración de la Secretaría de Políticas Universitarias.

Ya se han recepcionado más de 300 ponencias pertenecientes a docentes, investigadores y estudiantes de 10 países hermanos (Costa Rica, Panamá, Brasil, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Uruguay, Paraguay y México), lo que nos permite augurar una nutrida concurrencia.

El Encuentro se realizará en el Hotel Hermitage y contará con la presencia de especialistas en los paneles temáticos que se abordarán, abarcando el compromiso social universitario en la Extensión, la Investigación, la Docencia y la Gestión.

Desde hace tiempo nuestra Universidad viene planteando la necesidad de abrir espacios de debate y reflexión que nos permitan producir las transformaciones en las Universidades de modo de estrechar vínculos con la sociedad y las comunidades con las cuales interactúa. Entendemos que este Encuentro es un paso importante en ese sentido.

Invitamos a la comunidad universitaria marplatense a participar del mismo. Vale la pena mencionar que es de carácter gratuito para los estudiantes.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) cumplió hoy con el paro de 24 hs previsto por el Congreso Nacional Extraordinario en rechazo al ofrecimiento salarial del 19,5% para el año 2008 y en reclamo de una garantía salarial de 1.290 pesos y un aumento del 24%.

La medida, llevada a cabo por las Asociaciones de Base de las Universidades Nacionales de Córdoba, La Plata, Río Cuarto, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, San Luís, Formosa, Santiago del Estero, Rosario, Entre Ríos, Mar del Plata y UBA, tuvo un acatamiento superior al 90%.

El paro fue convocado luego de que la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación ofreciera un incremento salarial del 19%. La propuesta, sin modificaciones, fue reiterada en dos encuentros consecutivos que CONADU mantuvo con el Ministerio y el Consejo Interuniversitario Nacional.

La “insuficiencia” del ofrecimiento, y la falta de voluntad de mejorar la oferta incial, provocó un malestar generalizado en los Gremios de Base de CONADU que motivó la decisión de no asistir a la Mesa de Negociación Salarial, llevada a cabo la semana pasada, y convocar a un paro de 24 horas.

En el último encuentro, en el cual CONADU estuvo ausente, la Secretaría de Políticas Universitarias levantó la oferta en sólo un 2,5 por ciento para el año que viene. La propuesta contempla un esquema de liquidación de tres cuotas: un 10% en abril, un 9,5% en septiembre y el 2,5 en enero de 2009, con una recomposición del nomenclador a partir de enero del año que viene.

Este 22% fue rechazado por el conjunto de los docentes universitarios quienes no descartan “continuar con las medidas de fuerza si el Ministerio no mejora la oferta sustancialmente”.

En el caso de CONADU el miércoles 9 de abril realizará un Plenario de Secretarios Generales en el que no descarta profundizar las medidas de fuerza, hasta tanto la Secretaría de Políticas Universitarias “se comprometa a garantizar un salario de 1.290 pesos para el cargo testigo, un incremento salarial del 24% y una recomposición del nomenclador docente hasta llevarlo a una altura de 1,6 entre cargo y cargo”.

Durante la jornada la conducción de CONADU confirmó que “el paro tuvo un altísimo acatamiento y pone de manifiesto la disconformidad de los docentes universitarios con el ofrecimiento que la Secretaría planteó en la Mesa de Negociación Salarial”.

En ese contexto los dirigentes Carlos De Feo y Pedro Sanllorenti, explicaron que “los docentes están sumamente molestos porque no entienden cómo siendo tan poco el margen de diferencia para alcanzar un acuerdo como el que logró CTERA a nivel nacional, la Secretaría expresa una posición contraria a la voluntad del conjunto de los docentes y en un marco en el que el Gobierno Nacional ha demostrado su voluntad de otorgarle a las Universidades Nacionales un papel activo en el desarrollo del país”.

Secretaría de Prensa CONADU

Esta mañana el Secretario General de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Carlos De Feo, y la Coordinadora del Instituto de Estudios y Capacitación de la Federación (IEC), Yamile Socolovsky, se reunieron con la Diputada Nacional del Frente Para la Victoria, Dra. Adriana Puigróss, con el objetivo de comenzar a dialogar e intercambiar impresiones respecto del espíritu que debería tener la futura Ley de Educación Superior.

La reunión forma parte de una serie de encuentros que la Federación lleva adelante para dar a conocer a los distintos sectores de la comunidad universitaria, las propuestas que CONADU plantea para definir el marco general de la Ley y que fueron elaborados como parte de las actividades que desarrolla el Instituto de Estudios y Capacitación de la Federación.

Durante el primer encuentro con la Dra. Puigróss, CONADU aportó su mirada sobre los temas que deberían estar incluidos en la discusión de la Ley, entre los que se destacan aquellos que se refieren a la autonomía universitaria, a las formas de co-gobierno y su relación con la democracia y la participación, así como las cuestiones que atañen a las reivindicaciones gremiales: carrera docente y estabilidad laboral, entre otros. Además se la interiorizó acerca del proyecto de ley de jubilación del 82% que ya posee media sanción del Senado de la Nación y que deberá ser tratado próximamente en la Cámara de Diputados, una vez que esta conforme la Comisión de Previsión.

En coincidencia con el análisis de la Federación, Adriana Puigróss sostuvo que las Universidades son "organismos autónomos y autárquicos del Estado Nacional y que los rectores de la Universidad mantienen una distancia equivalente con la sociedad y con el Estado siendo necesaria la mejora de esta relación".

En tal sentido la Federación entiende que es necesario repensar los alcances y lo límites de la idea de "autonomía", puesto que son vistos como un lugar de "extraterritorialidad" en los que el estado o la sociedad en su conjunto no pueden intervenir.

Al mismo tiempo la Dra. Puigróss, remarcó que la idea de una "ciudadanía universitaria supondría que uno no sería ciudadano de una Nación sino que provendría de otro territorio". Es por ello, que el debate sobre la Ley permite rebatir, entre otros aspectos, la excusa de que la universidad debe salir al mercado ya que "supone el viraje de lo educativo hacia lo empresario convirtiendo a la Universidad en un negocio privado, cuando la educación es un bien público y social.

Por otra parte, manifestó que la discusión "no debe darse solo en el ámbito universitario sino que deben participar todos los actores sociales" para generar una articulación que otorgue legitimidad sólida a los actores que intervienen dentro de la educación superior.

En este sentido Puigróss señaló que hoy comienza a funcionar el ámbito institucional, con la discusión en la Cámara de Diputados de la Ley de Educación Superior y que luego se pondrá en marcha un Programa dirigido a la ciudadanía que permitirá tanto la visibilidad de la educación superior como el debate en diferentes universidades con el objetivo de lograr la legitimidad que la nueva ley requiere.

En el encuentro, enmarcado en la ronda de consultas que la Diputada Nacional del Frente para la Victoria, y ex Ministra de Educación de la Provincia de Buenos Aires, mantiene con distintos sectores de la comunidad universitaria para trazar los lineamientos generales de la futura ley, hubo coincidencias entre las perspectivas de Adriana Puigróss y CONADU, que se comprometió a enviar propuestas e ideas que fortalezcan el debate sobre la nueva ley.

Por último los dirigentes de CONADU manifestaron su conformidad por la "predisposición y la buena voluntad de la Dra. Puigróss de escuchar y atender las ideas aportadas por CONADU, a un debate que, como ya los señaló la diputada, nos obliga a todos los argentinos a intervenir para aportar ideas que garanticen una ley que se ajuste a los nuevos tiempos y a las necesidades del conjunto de la sociedad".

Secretaría de prensa CONADU

El Plenario de Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió esta tarde profundizar las medidas de fuerza ante la falta de respuestas por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, al pedido de aumento salarial.

En tal sentido los Secretarios Generales de los Gremios de Base de las Universidades Nacionales de Santiago del Estero, Formosa, Rosario, La Plata, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, Entre Ríos, San Luis, Chilecito, Córdoba, Río Cuarto y Universidad de Buenos Aires, acordaron la realización de un paro de 48 horas a realizarse los días 17 y 18 de abril, hasta tanto los funcionarios de la cartera educativa no mejoren la pauta salarial.

En la última Mesa de Negociación Salarial, a la cual no asistió CONADU, la Secretaría de Políticas Universitarias ofreció por sobre la propuesta original del 19,5 sólo un 2,5 por ciento para enero de 2009. La propuesta contempla un esquema de liquidación de tres cuotas: un 10% en abril, un 9,5% en septiembre y el 2,5 en enero de 2009, con una recomposición del nomenclador a partir del mismo mes.

La misma fue rechazada por “insuficiente” y generó un profundo malestar entre los docentes de las Universidades Nacionales de todo el país, quiénes habían iniciado el año con buenas expectativas respecto de la recomposición salarial, máxime si se tiene en cuenta que la CTERA logró un garantía salarial de 1.290 pesos y que la misma se encuadra en la voluntad del gobierno de apuntalar el sistema de enseñanza.

En ese marco, la conducción de CONADU destacó que “hay una falta de sintonía entre la perspectiva del Gobierno Nacional y las propuestas de la Secretaría de Políticas Universitarias, puesto que esta última no comprende que los docentes no van a aceptar el incremento salarial del 19,5% para este año, y el 2,5% en enero del año que viene, porque no cubre las expectativas de los docentes universitarios y mucho menos si la intención de la Secretaría es liquidar el aumento en cómodas cuotas”.

El Plenario reiteró su intención de sentarse a la Mesa Nacional de Negociación Salarial sólo si aceptan discutir un garantía salarial de 1.290 pesos y un incremento del 24% para todos los docentes universitarios.

Por último la conducción de CONADU realizará un Plenario de Secretarios Generales el 22 de abril para analizar de qué manera sigue el conflicto y que medidas se tomarán si continúa esta situación de indefiniciones.

Secretaría de Prensa CONADU

Finalmente, y ante el anuncio de una nueva oferta salarial, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) participó de la Mesa Nacional de Negociación Salarial llevada a cabo este jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que estuvo presente la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional.

Durante el encuentro los funcionarios del Ministerio hicieron un nuevo ofrecimiento salarial con el siguiente esquema de liquidación: para el año 2008 un 10% en el mes de abril, un 9,5 en septiembre, un 2,5 % en el mes de enero de 2009 y un adelantamiento de la recomposición del nomenclador docente de enero de 2009 a diciembre de 2008.

"Si bien hubo una mejora en la propuesta" la condución de CONADU, representada por Carlos De Feo y Pedro Sanllorenti, adelantó que "la oferta salarial todavía no es suficiente y por ello estamos en condiciones de decir que el paro previsto para los días 17 y 18 de abril en todas las universidades nacionales se sostiene".

La Federación condicionó los avances en la negociación salarial a "un mejoramiento de los porcentajes previstos para el pago de las cuotas y un achicamiento de los plazos de liquidación por lo menos al mes de julio de este año, para evitar de este modo que el incremento salarial sea superado por el índice inflacionario".

En ese contexto cabe recordar que el Plenario de Secretarios Generales desarrollado el miércoles en la sede de CONADU, anunció un paro de 48 horas para los días 17 y 18 de abril y un nuevo Plenario de Secretarios Generales para el día 22 del mismo mes, con el objetivo de definir de qué modo siguen adelante las medidas de fuerza.

A pesar del malestar creciente de los docentes universitarios, CONADU sigue demostrando su voluntad y predisposición para superar el conflicto gremial con una actitud propositiva, en la que la racionalidad y la discusión priman por sobre la necesidad de intensificar la lucha gremial. Por eso la conducción de la Federación decidió asisitir hoy a la Mesa de Negociación Salarial a escuchar el nuevo ofrecimiento de la Secretaría de Políticas Universitarias, aunque ello no implica dejar de mantener una posición firme que acompañe el justo reclamo del conjunto de los docentes universitarios que esperan la resolución de este conflicto.

Secretaría de Prensa CONADU

Buenos Aires, 1 de abril de 2008.

VISTO, la actuación de la mayoría de los medios de comunicación con motivo de la cobertura del lock out planteado por los productores agropecuarios; y

CONSIDERANDO, que los medios de comunicación son mayoritariamente empresas configuradas como sociedades comerciales que aún cuando desarrollen una actividad comercial lícita, cabe reclamárseles responsabilidad ética y función social distintivas.

Que aquello con lo que trabajan y construyen sus agendas son mensajes en los que las palabras y las imágenes pesan de modo extraordinario en los que las informaciones, opiniones, puntos de vista, recortes de la realidad, son todas de una indudable y creciente influencia social y política;

Que el reconocimiento al derecho a la información como derecho humano importa garantizar no sólo la libertad de expresión sin censura previa por los propietarios de los medios de comunicación y los periodistas , sino también y fundamentalmente los derechos de quienes reciben informaciones y opiniones como un derecho humano esencial de contenido individual y social de doble vía;

Que, en durante el tratamiento periodístico de los hechos vinculados al lock out de la actividad agrícola-ganadera, han existido expresiones de periodistas - no corregidas ni enmendadas por colegas del propio medio o sus superiores - que lejos de importar afirmaciones de hechos o apreciaciones opinables, llenan de vergüenza e indignación por sus contenidos clasistas y racistas, y por la supina ignorancia que revelan;

Que el público de los medios ha recibido muestras inadmisibles de trato discriminatorio de los actores sociales según su capacidad económica o su pertenencia de clase ante formas similares de reclamo de derechos;

Que la gran bonanza económica que vive la producción agropecuaria pos devaluación ha generado un mercado publicitario extraordinario para los medios de comunicación, verificada por la proliferación de espacios dedicados a la información rural, no debería influir explícitamente en la línea editorial de los distintos medios, sin perjuicio de que sería hacer conocer al público de modo ostensible el listado y compromiso económico aportado por los anunciantes.;

Que ha sido notoria la ausencia de contrastes en las posiciones dadas a conocer en los medios sobre las medidas de las cuatro entidades que las convocaron así como sobre sus causas y consecuencias.

Que ello pone de manifiesto, en particular para los medios audiovisuales una constatación empírica de la necesidad de la sanción de una ley democrática de radiodifusión que garantice los derechos del público a acceder a información plural, lo que conlleva la existencia de medidas tendientes a controlar los procesos de concentración mediática y de maniobras de monopolio informativo;

Que aunque en este contexto hace difícil para los hombres de prensa hacer oír sus voces cuando no comparten las líneas editoriales, ello nunca puede suponer la admisión de expresiones discriminatorias como naturales a la profesión y respetuosas de las líneas éticas de la misma.

Que ocurre lo propio, y es igualmente preocupante, respecto a la carencia de comunicaciones públicas de los medios que pongan de manifiesto preocupación por los dichos discriminatorios de quienes actúan por sus cámaras, micrófonos o páginas.

Que los propios periodistas, a través de sus diversas organizaciones, deben hacer públicas sus reflexiones ante actitudes antidemocráticas o discriminatorias de sus colegas y los medios de comunicación;

Que existen organismos del Estado que están facultados para aplicar sanciones o hacer públicas sus consideraciones respecto de quienes cometen acciones discriminatorias

Que para nuestra Facultad, que alberga a la Carrera de Ciencias de la Comunicación, los medios de comunicación y la actividad de los periodistas profesionales constituyen dos de sus principales objetos de estudio;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

RESUELVE:

Artículo 1º- Expresar el repudio a las expresiones discriminatorias a las que hemos asistido con motivo del conflicto provocado por el lock out de los productores agropecuarios, tanto por las referencias de clase o por invocar el color de la piel o la situación social.

Artículo 2º- Exhortar al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) para que en el ámbito de sus facultades:

1. realice campañas por vía de la utilización de espacios para la difusión de cuestiones de interés público (art. 72 Ley 22.285) que pongan en conocimiento de la comunidad argentina la existencia de reglas antidiscriminatorias

2. Proceda a realizar las actividades previstas en la Propuesta Nº 208 del Plan Nacional contra la Discriminación, aprobado mediante el Decreto Nº 1086/05 por medio del Observatorio Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, y de acuerdo a sus objetivos, en los espacios referidos en el punto anterior publique el seguimiento de los contenidos de las emisiones de radio y televisión referidas en los considerandos y difunda las conclusiones respectivas.

3. Realice las investigaciones del caso a fin de dirimir si durante dichas coberturas se han dado a la difusión pública expresiones de contenido antidemocrático o de cuestionamiento a la vigencia del estado de derecho.

Artículo 3º- Invitar a la distintas organizaciones de periodistas profesionales a que realicen un llamado de atención a sus afiliados y socios respecto de las faltas éticas graves que se han cometido durante la cobertura de las manifestaciones derivadas del conflicto por la renta agraria. Como así también a que convoquen al ejercicio responsable en el tratamiento de la información.

Artículo 4º- De forma.

Si bien muchos de los alumnos fueron reubicados en otras sedes del Ciclo Básico Común aún más de 1.000 alumnos se ven impedidos de ingresar a la Universidad. En un primer momento, las autoridades del Municipio expresaron que el cierre se debía a que la UBA exigió que se encargaran del pago de los salarios docentes y no docentes al tiempo que la Universidad desmintió esta versión, aseguró que continúa pagando los sueldos docentes e increpó al Municipio por no pagar el alquiler del espacio en el que funciona la dependencia de la UBA.

Sin embargo, ante la proliferación de acusaciones mutuas, si bien la responsabilidad mayor recae sobre las autoridades municipales, tanto las autoridades universitarias como el Ministerio de Educación Nacional y Provincial deben garantizar una resolución acorde al compromiso asumido con los estudiantes y los docentes.

Enviado por Prensa FEDUBA (Gremial Docente de la UBA)

Buenos Aires, 14 de abril de 2008

A las Asociaciones de Base de CONADU:

De acuerdo a lo resuelto por el Congreso Extraordinario de la Federación y el último Plenario del Consejo Directivo (con la presencia de todos los Secretarios Generales) y,

- luego de realizada una nueva instancia de negociaciones el día 10-04-08, en la que el Ministerio de Educación a través de su Secretario de Políticas Universitarias realizara una nueva propuesta;

- que la misma fue comunicada a las Asociaciones de Base;

- que habiéndose recabado la opinión a las Asociaciones de Base, surge que aún no están dadas las bases como para suscribir un Acta-Acuerdo en lo relativo a la recomposición salarial de los docentes universitarios.

- que está prevista una nueva instancia de negociación para el día 16-04-08

- que de mejorarse la anterior propuesta salarial, no habrá tiempo para realizar una nueva consulta a las Asociaciones de Base, con anterioridad a la fecha del paro previamente dispuesto,

Se comunica a las Asociaciones de Base la ratificación del paro de 48hs previsto para los días 17 y 18 de abril de 2008, y se insta a las mismas a redoblar esfuerzos para que la medida de fuerza alcance la mayor repercusión posible.

Pedro Sanllorenti

Sec. Adjunto CONADU

Carlos De Feo

Sec. General CONADU

POR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

Las personas, instituciones y organizaciones sociales abajo firmantes manifestamos nuestra adhesión a lo actuado por la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y sus autoridades, a partir de la resolución de su Consejo Directivo que manifestaba su preocupación por ciertos rasgos parcializados y aún discriminatorios en el tratamiento que varios medios de comunicación hicieran del reciente conflicto promovido por el lock out de las organizaciones rurales.

Más allá de cualquier diferencia ideológica o política que podamos tener en otros terrenos, consideramos que una resolución como la mencionada es un acto legítimo y aún ética y académicamente obligatorio, tomado en pleno e irrenunciable ejercicio de su soberanía y autonomía por parte del máximo órgano de gobierno de la Facultad, compuesto por representantes de los tres claustros legítimamente electos por la comunidad universitaria.

En este contexto, los ataques e imputaciones aludidos -sobre todo tomando en cuenta que en ningún caso intentaron refutar o siquiera poner en discusión los razonamientos teóricos y científicos esgrimidos por una Facultad que contiene a la carrera de Ciencias de la Comunicación- podrían estar creando un peligrosísimo antecedente al cuestionar, precisamente, la libertad de expresión y la autonomía incluso científica de una institución pública sostenida con el esfuerzo económico de toda la ciudadanía.

Ese peligro trasciende largamente, por lo tanto, a una Facultad o a un decano, para afectar seriamente no sólo a la UBA y a la educación pública en su conjunto, sino a derechos constitucionales y políticos básicos como son el derecho a la información veraz, a la educación pública, a la auténtica libertad de opinión, al debate racional y fundamentado de los grandes temas nacionales.

Exhortamos entonces a los responsables de esta "campaña" a reflexionar profundamente sobre una actitud que muy poco contribuye a la conformación de ideas en una auténtica cultura democrática por la cual la sociedad argentina viene batallando duramente en este último cuarto de siglo.

Adhiere CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios)

Firman

Carlos De Feo: Secretario General

Pedro Sanllorenti: Secretario Adjunto

Bajo el número de resolución nº 206/08, el Ministerio de Trabajo de la Nación notificó oficialmente a los compañeros del gremio docente de la Universidad Nacional de Formosa (ADUFOR) el otorgamiento de la Personería Gremial que había sido iniciado hace ya varios años.

De este modo ADUFOR, integrado a la Federación Nacional de Docentes Universitarios(CONADU), da un paso trascendental en el camino hacia la consolidación del marco jurídico y político necesario para el desarrollo de la tarea gremial en esa Universidad Nacional.

ADUFOR se constituyó como entidad gremial a comienzos del año 1985, cuando se iniciaba, también, el proceso de desarrollo de la Federación. Se trata de uno de los gremios históricos de CONADU, puesto que ha trabajado intensamente con el conjunto de los gremios en la tarea de reconocimiento y consolidación de la Federación.

Para los docentes afiliados a ADUFOR fue sin dudas una larga espera y un intenso trabajo de gestión gremial que concluyó con el reconocimiento definitivo del Ministerio y el otorgamiento de la Personería Gremial, a partir de la cual comenzará una etapa tendiente a profundizar la actividad político-gremial dentro de la Universidad Nacional de Formosa.

En ese sentido para CONADU la decisión tomada en las últimas horas por el Ministerio de Trabajo de la Nación, implica un avance en la lucha por las reivindicaciones laborales que llevan adelante los docentes de las Universidades Nacionales y obedece al proceso de lucha gremial que el conjunto de los docentes universitarios hemos dado, desde la recuperación de la democracia a esta parte, para constituir una herramienta que nos permita generar espacios de debate y formación para todos los docentes del país, y un ámbito de discusión para la resolución de nuestra demandas gremiales .

El paso que ha dado el gremio de los trabajadores docentes de la Universidad Nacional de Formosa, es un viejo anhelo que fortalece al gremio y a CONADU, y es el producto de una lucha inclaudicable que los docentes de esa universidad llevaron adelante en los últimos años para garantizar el pleno derecho de las conquistas gremiales.

La conducción de CONADU saluda a Bety Malvitano, Secretaria General del gremio ADUFOR, y hace extensivo el mismo a todos los integrantes de la Comisión Directiva del sindicato, al tiempo que insta al conjunto de los miembros de su conducción a continuar en el camino trazado y a mantener los objetivos gremiales que garanticen las reivindicaciones de los docentes universitarios y la permanencia de la lucha por una distribución justa de la riqueza.

Secretaría de Prensa CONADU

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), ratificó el paro de 48 horas a desarrollare los días 17 y 18 de abril y convoca a las Asociaciones de Base de la Federación a redoblar los esfuerzos para garantizar la masividad del paro en todas las Universidades Nacionales del país, ante la decisión "arbitraria" de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación de "levantar unilateralmente" la reunión de Mesa de Negociación Salarial prevista para el día de hoy.

La actitud "inconsulta" de los funcionarios de la cartera educativa, pone de manifiesto la falta de voluntad de avanzar hacia la solución de un conflicto que amenaza con profundizarse en la medida en que se dilatan los tiempos para la resolución de las demandas de los docentes universitarios.

Nuevamente la Secretaría da muestras de la falta de sintonía con la política trazada por el Gobierno Nacional, que a diario manifiesta, como lo hizo en las últimas horas la presidenta Cristina Fernández, la necesidad de dar "una batalla cultural" por la redistribución del ingreso.

La Jefa de Estado aseguró que "en las sociedades desarrolladas no hay solamente una cuestión económica, hay una comprensión de sus elites, de sus clases dirigentes de cómo debe mejora la calidad de vida del pueblo, porque de esta manera mejora la calidad de la riqueza de la Nación".

CONADU considera que en este contexto los funcionarios de la Secretaría de Políticas Universitarias, y del Ministerio de Educación, no pueden mirar hacia un costado y negar lo evidente. Es por ello que deberían redoblar los esfuerzos para avanzar hacia una recomposición que atienda la demanda de los docentes universitarios.

CONADU esperaba participar hoy de la reunión de Mesa de Negociación Salarial, pero se encontraba impedida de consultar a los gremios si se aceptaban el ofrecimiento salarial.

En ese escenario, la Secretaría de Políticas Universitarias interpretó que no estaban dadas las condiciones para negociar con un paro en el medio, e intentó condicionar la realización de la reunión de Mesa de Negociación Salarial al levantamiento de la medida. Ante la firmeza de la posición de CONADU, los funcionarios de educación decidieron "levantar" la reunión sin fecha fija.

Ante esta nueva dilación CONADU decidió sostener la medida y convocar a sus Organizaciones de Base a "trabajar en función de garantizar la masividad y efectividad de la medida de fuerza, puesto que el paro es uno de las herramientas legítimas que tenemos los trabajadores docentes universitarios para avanzar en la obtención de nuestras legítimas reivindicaciones".

Secretaría de Prensa CONADU

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), confirmó que la primera jornada de paro en las Universidades Nacionales de La Plata, Mar del Plata, Santiago del Estero, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, UBA, Chilecito, San Luís, Córdoba, Rosario, Entre Ríos, Formosa y Río Cuarto, tuvo un acatamiento del 90%.

De este modo las Organizaciones de Base de la Federación cumplieron con la tarea de garantizar la efectividad de la medida de fuerza, en respuesta a la falta de voluntad del Ministerio de Educación de la Nación y de la Secretaría de políticas Universitarias de resolver la cuestión salarial.

Según informaron los gremios base de CONADU, la segunda jornada de paro prevista para mañana será total, puesto que el malestar de los docentes se sigue incrementando en la medida en que los funcionarios de la cartera educativa no dan respuestas concretas a los reclamos.

En la última reunión de Mesa de Negociación Salarial, los funcionarios del Ministerio hicieron un nuevo ofrecimiento salarial con el siguiente esquema de liquidación: para el año 2008 un 10% en el mes de abril, un 9,5 en septiembre, un 2,5 % en el mes de enero de 2009 y un adelantamiento de la recomposición del nomenclador docente de enero de 2009 a diciembre de 2008.

Sin embargo la oferta fue nuevamente rechazada por la conducción de CONADU por considerarla "insuficiente". En ese contexto la Federación reiteró que el Ministerio al retirarse ayer de la Mesa de Negociación Salarial "nos dejó en el lugar de los malos de la película, cuando en todo momento nuestra Federación mantuvo siempre su voluntad de sostener el diálogo en la Mesa de Negociación".

La conducción de CONADU llamó nuevamente a redoblar los esfuerzos a sus gremios para sostener la segunda jornada de paro, para demostrar de este modo la firme decisión del conjunto de los docentes universitarios de luchar por sus legítimas reivindicaciones.

Secretaría de Prensa CONADU

En unas elecciones que fueron consideradas "realmente reñidas" por la conducción de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Formosa (ADUFOR), la actual comisión directiva del sindicato que encabeza Beatriz Malvitano, confirmó que su gremio se impuso con el 65% de los votos y que de este modo su actual comisión directiva continuará al frente del gremio por un nuevo período.

Las elecciones para renovar autoridades se llevaron a cabo el 16 de abril, en el marco de una fuerte movilización de los trabajadores docentes universitarios y en el que el nivel de participación fue del orden del 95% del padrón.

Según lo explicó su Secretaria General, Beatriz Malvitano, "los docentes universitarios afiliados a ADUFOR manifestaron, con este resultado, un apoyo firme a un modelo de conducción gremial basado en el trabajo, la seriedad y la responsabilidad para abordar la problemática de los docentes de la Universidad Nacional de Formosa".

Malvitano remarcó el fuerte apoyo que recibió del Secretario General de CONADU, Carlos De Feo, quien participó del proceso electivo con el fin de garantizar la presencia de la Federación en un territorio en el que "la patronal (representada por las autoridades de la Universidad Nacional de Formosa) jugaron fuerte para que nuestro gremio perdiera estas elecciones".

La Secretaria General de ADUFOR, destacó que el alto nivel de participación y el resultado favorable, "vienen a confirmar la fuerte adhesión de los docentes a la propuesta del gremio y a un intenso trabajo realizado desde los inicios por nuestro sindicato, que de ahora en más se verá fortalecido a partir del otorgamiento de la Personería Gremial.

Como ya lo anticipó la Secretaría de Prensa de CONADU, ADUFOR fue notificado mediante la resolución 206/08 del Ministerio de Trabajo de la Nación, del otorgamiento de la Personería Gremial.

La medida permitirá a esta entidad sindical fortalecer su tarea gremial en esa universidad, al mismo tiempo significará para CONADU la posibilidad de profundizar junto a sus Organizaciones de Base, el trabajo político-sindical que la Federación desarrolla en todas las Universidades Nacionales.

La conducción de CONADU, junto a sus Gremios de Base, saluda y felicita a los compañeros de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Formosa, puesto que este resultado significa otro avance en la lucha por las reivindicaciones del conjunto de los docentes universitarios.

Secretaría de Prensa CONADU

Con un éxito total concluye hoy la segunda jornada de paro realizada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) en las universidades de Córdoba, La Plata, Río Cuarto, San Luis, Mar del Plata, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chilecito, Rosario, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Formosa y Universidad de Buenos Aires.

La medida de fuerza, llevada a cabo ante la falta de respuestas de los funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación al reclamo salarial de los trabajadores docentes universitarios, se cumplió con un nivel de adhesión del 90%.

El balance de la jornada de lucha resulta altamente positivo, puesto que señala en qué medida los docentes universitarios comprenden que si no hay un nuevo ofrecimiento de la Secretaría de Políticas Universitarias que mejore la oferta inicial, el malestar docente continuará en ascenso.

La última oferta que hicieron los funcionarios del Ministerio giró en torno al siguiente esquema: para el año 2008 un 10% en el mes de abril y un 9,5 en septiembre; en tanto que para el año 2009 un 2,5% en enero y un adelantamiento de la recomposición del nomenclador docente de enero de 2009 a diciembre de 2008; un ofrecimiento que fue considerado "insuficiente" por el conjunto de los docentes universitarios.

CONADU había reclamado antes de la profundización del conflicto una garantía salarial de 1.290 pesos, como el que acordaron los docentes de CTERA, y un incremento del 24% para todos los docentes universitarios. El Ministerio nunca respondió a ese pedido y sólo se limitó a condicionar la reunión de la Mesa Nacional de Negociación Salarial al levantamiento de la medida de fuerza de 48 horas.

Ante este planteo, CONADU decidió redoblar sus esfuerzos para garantizar la masividad del paro en todas las Universidades Nacionales y decidir en el Plenario de Secretarios Generales del martes 22 de abril las medidas a seguir.

La conducción de CONADU concluyó que "ahora el conflicto está en manos del Ministerio de Educación de la Nación y de su Secretaría de Políticas Universitarias, puesto que depende de la voluntad de los funcionarios de la cartera educativa allanar el camino para la resolución de un conflicto que promete intensificarse".

Secretaría de Prensa CONADU

Con un éxito total finalizó el paro de 48 horas realizado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) en las universidades de Córdoba, La Plata, Río Cuarto, San Luis, Mar del Plata, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chilecito, Rosario, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Formosa y Universidad de Buenos Aires.

En ese marco la medida de fuerza a motivado declaraciones desafortunadas de la conducción de la CONADU Histórica, que no coincide con la posición política y sindical de nuestra Federación (CONADU). En las mismas, vertidas al diario "Página 12", una dirigente de esa Federación comparó el legítimo reclamo de los trabajadores docentes universitarios con la situación planteada por los productores agropecuarios durante el lock out patronal de 21 días, que produjo una grave crisis que afectó al conjunto del pueblo argentino.

Esta dirigente de la conducción de CONADU Histórica, aseguró que "esto de que los tres gremios coincidamos en un paro de 48 horas lo puede lograr solamente Cristina Fernández de Kirchner, como hizo con el campo", en alusión al hecho de que las federaciones CONADU, CONADU Histórica y Fedún coincidieron en el paro de 48 horas realizado en todas las Universidades Nacionales del país.

Un análisis de este tipo expresa o bien una preocupante ligereza, o bien la pretensión deliberada de capitalizar con fines no declarados la coincidencia en las fechas de nuestras respectivas convocatorias al paro. No se puede comparar el legítimo reclamo de los docentes universitarios con el reclamo de los patrones del campo, quienes no tuvieron empacho en defender sus rentas extraordinarias perjudicando con el desabastecimiento de productos alimenticios al conjunto de la población, y provocando con ello una situación en la que los sectores minoritarios que desconocen la legitimidad de origen que asiste al actual gobierno, se sumaron al intento de instalar un proceso de desestabilización política.

Oportunamente, CONADU ha hecho público su respaldo a la determinación del gobierno nacional de establecer un esquema de retenciones móviles a las exportaciones agopecuarias, en función de su incidencia en la diversificación de la producción, en la preservación de la soberanía alimentaria, y en las posibilidades de consumo de alimentos para la mayoría de la población, pero, sobre todo, en tanto ellas constituyen un aspecto indispensable para sustentar otras políticas públicas que permitan lograr una justa distribución de la riqueza en nuestro país.

CONADU ha reiterado y difundido, en innumerables oportunidades, sus posiciones respecto del proceso político que se abrió en el país en los últimos años. Para conocerlas basta con consultar nuestra página web (www.conadu.org.ar) y leer los documentos y comunicados que expresan nuestra línea de pensamiento político y sindical.

No podemos permitir que las desafortunadas declaraciones de la Secretaria General de CONADU Histórica alienten manipulaciones oportunistas que contribuyan a generar la misma confusión que numerosos operadores políticos y mediáticos intentaron sembrar durante el lock out patronal de los ruralistas, en la que con dosis importantes de mala intención se pretendió oscurecer cuál era el verdadero eje del conflicto. Que quede claro: el lock out patronal de las entidades agropecuarias pretendía evitar la legítima intervención del Estado en el establecimiento de las retenciones; el paro de los docentes universitarios es una acción que forma parte de la lucha gremial de los trabajadores por mejorar los términos de la distribución del ingreso.

Seguimos sosteniendo nuestra voluntad de retomar las negociaciones con la Secretaría de Políticas Universitaria la cuestión salarial, a pesar de que los funcionarios del Ministerio de Educación no han dado suficientes muestras de querer destrabar una situación de alta conflictividad. Es curioso pues ello ocurre en un marco en el que desde el Estado Nacional se habla abiertamente de rol de las UU.NN. como una herramienta necesaria para el desarrollo con equidad. Tenemos la fuerte impresión de que hay una fuerte contradicción, o falta de sintonía, entre la perspectiva del Gobierno Nacional y el abordaje del problema salarial que lleva adelante el Ministerio de Educación.

Por último queremos dejar por sentado que reclamamos de parte de las autoridades una mejora real de su propuesta, como necesaria demostración de que existe una genuina disposición a hacer de la Mesa de Negociación Salarial, efectivamente, un ámbito de negociación, que nos permita avanzar en el proceso de recomposición de los salarios de los docentes universitarios.

Carlos De Feo: Secretario General CONADU

Pedro Sanllorenti: Secretario Adjunto CONADU

La Federación Nacional de Docente Universitarios (CONADU) pondrá el lunes 28 de abril a consideración del Plenario de Secretarios Generales, la propuesta salarial que hizo en las últimas horas la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, en el marco de la fuerte discusión que CONADU viene manteniendo con los funcionarios del Ministerio de Educación por una recomposición salarial.

La nueva oferta contempla los siguientes porcentajes y etapas para su liquidación: la primera propone a partir de abril una garantía salarial de 1.290 pesos de bolsillo (1.554 en bruto) para el cargo testigo (ayudante diplomado con dedicación semiexclusiva) equivalente al 38,7% y la incorporación al salario básico de un incremento adicional remunerativo y bonificable del 10% para todas las categorías-dedicaciones y antigüedades, que tendrá además una incidencia en el aguinaldo de junio.

La segunda etapa, a aplicarse en agosto de 2008, incorpora al salario básico un adicional remunerativo y bonificable equivalente al 10,45% de incremento (es el 9,5% acumulativo) para todas las categorías-dedicaciones y antigüedades, que sumada al incremento del mes de abril alcanza el 20,45% para todos los docentes, excepto aquellos que fueron alcanzados por la garantía de $1.290 cuyo porcentaje es mayor (esta cuota podría adelantarse un mes para los colegios preuniversitarios porque no tienen nomenclador).

Y una tercera etapa para el mes de diciembre que incorpora al salario básico un adicional remunerativo y bonificable, que permite alcanzar una recomposición del nomenclador con una altura de 1,6 entre el profesor titular y el ayudante de primera en todas las dedicaciones y antigüedades y un ajuste salarial para el cargo de ayudante de primera. Al incorporarse esta etapa en diciembre las tres etapas incidirán en el segundo medio aguinaldo del año.

Cumplidas las tres etapas en el año 2008, los ayudantes de primera obtendrían un aumento mínimo del 23,45% y un incremento superior al 29% para el 70% de los docentes universitarios (todos los jefes de trabajos prácticos y profesores adjuntos, asociados y titulares). En el caso del cargo testigo, de alcanzarse este acuerdo, el incremento es del 38,7%, mientras que en los colegios preuniversitarios el incremento será del 23,45% en todos los cargos y categorías.

Por otra parte el acuerdo implicaría una serie de puntos que CONADU propuso a comienzos de este año a la Secretaría de Políticas Universitarias y al Consejo Interuniversitario Nacional, entre los que se destacan: llegar el próximo año a una altura de 1,7 del nomenclador, incluyendo alturas equivalentes entre los cargos; discutir el adicional por bloque de título (Compromiso Universitario) que CONADU fijó en un 25% para aquellos docentes que acrediten fehacientemente que trabajan exclusivamente en las Universidades Nacionales; la posibilidad de incorporar 4 millones de pesos para capacitación docente; 1 millón de pesos para capacitación en Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; la conformación de una comisión para el desarrollo de un programa de aumentos de dedicación docente; la discusión en la paritaria de la designación de docentes interinos; la constitución de una comisión para trabajar la Nueva Ley de Educación Superior; la discusión dentro de la paritaria un nuevo nomenclador para los niveles preuniversitarios y un adicional del 10% para los docentes doctorados.

El ofrecimiento realizado por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, será analizado por las asambleas organizadas por las Asociaciones de Base de CONADU en cada una de las Universidades Nacionales y luego evaluadas en el Plenario de Secretarios Generales de la Federación el lunes 28 de abril en la sede de Pasco nº 255.

Secretaría de Prensa CONADU

El Plenario de Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió esta tarde mandatar a los representantes paritarios en la Mesa de Negociación Salarial a aceptar y continuar discutiendo la propuesta salarial realizada por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación; por tal motivo queda sin efecto el paro convocado para el martes 29 y miércoles 30 de abril.

La oferta contempla una garantía salarial de 1.290 pesos de bolsillo (1.554 en bruto) para el cargo testigo (ayudante diplomado con dedicación semiexclusiva) equivalente al 38,7% y la incorporación -a partir de abril- al salario básico de un incremento adicional remunerativo y bonificable del 10% para todas las categorías-dedicaciones y antigüedades, que tendrá además una incidencia en el aguinaldo de junio.

A partir de agosto de 2008, incorporará al salario básico un adicional remunerativo y bonificable equivalente al 10,45% de incremento (es el 9,5% acumulativo) para todas las categorías-dedicaciones y antigüedades, que sumada al incremento del mes de abril alcanza el 20,45% para todos los docentes, excepto aquellos que fueron alcanzados por la garantía de $1.290 cuyo porcentaje es mayor (esta cuota podría adelantarse un mes para los colegios preuniversitarios porque no tienen nomenclador).

Por último, en diciembre se incorporará al salario básico un adicional remunerativo y bonificable, que permitirá alcanzar una recomposición del nomenclador con una altura de 1,6 entre el profesor titular y el ayudante de primera en todas las dedicaciones y antigüedades y un ajuste salarial para el cargo de ayudante de primera. Al incorporarse esta etapa en diciembre las tres etapas incidirán en el segundo medio aguinaldo del año.

Cumplidas las tres etapas durante este año, los ayudantes de primera obtendrían un aumento mínimo del 23,45% y un incremento superior al 29% para el 70% de los docentes universitarios (todos los jefes de trabajos prácticos y profesores adjuntos, asociados y titulares). En el caso del cargo testigo, el incremento es del 38,7%, mientras que en los colegios preuniversitarios el incremento será del 23,45% en todos los cargos y categorías y liquidado en dos cuotas (abril y agosto).

En ese marco, la conducción de la Federación resaltó que "la posibilidad de firmar mañana un acta - acuerdo con los funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación no implica aceptar ninguna cláusula de paz social que condicione un futuro reclamo ante un eventual incremento inflacionario que termine superando los beneficios alcanzados en esta negociación".

Asimismo, el acuerdo implicaría una serie de puntos que CONADU propuso a comienzos de este año a la Secretaría de Políticas Universitarias y al Consejo Interuniversitario Nacional, entre los que se destacan: llegar el próximo año a una altura de 1,7 del nomenclador, incluyendo alturas equivalentes entre los cargos; convocar la discusión dentro de la paritaria de la designación de docentes interinos; la constitución de una comisión para trabajar la Nueva Ley de Educación Superior; la discusión de un nuevo nomenclador para los niveles preuniversitarios y un adicional del 10% para los docentes doctorados y el adicional por bloque de título (Compromiso Universitario) que CONADU fijó en un 25% para aquellos docentes que acrediten fehacientemente que trabajan exclusivamente en las Universidades Nacionales; además de la incorporación de 4 millones de pesos para capacitación docente; 1 millón de pesos para capacitación en Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y la conformación de una comisión para el desarrollo de un programa de aumentos de dedicación docente.

Secretaría de Prensa CONADU

Con la presencia de la Presidenta de a Nación, Cristina Fernández, esta tarde en la Casa de Gobierno la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), firmó el acta-cuerdo que formaliza el incremento salarial para los docentes universitarios y preuniversitarios, ofrecido en la última semana por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación.

Además de la Presidenta de la Nación, el acto contó con la presencia del Ministro de Educación de la Nación, Juan Carlos Tedesco, el Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, el Secretario de Políticas Universitarias, Alberto Dibbern, el nuevo Presidente del CIN, Horacio Gegunde, el Secretario General de CONADU Carlos De Feo, el Secretario Adjunto, Pedro Sanllorenti,  la Secretaria General de ADUFOR Beatriz Malvitano, el Secrertario de Prensa, Ricardo Kienast y la Coordinadora del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, Yamile Socolovsky.

Durante la firma del acta-acuerdo la Jefa de Estado señaló a los dirigentes de CONADU, "la necesidad de que las Universidades Nacionales se acerquen a la sociedad" y destacó "el papel y la importancia de las ciencias duras" en el escenario actual, al mismo tiempo que resaltó "la importancia" que, también, tienen las Ciencias Sociales de amplio desarrollo en las Universidades Nacionales.

En ese marco los dirigentes de CONADU resaltaron el gesto de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernádez, de participar de la firma del acta-acuerdo de un tema que en las últimas semanas amenzaba con profundizarse.

Para la conducción de CONADU este "es un nuevo avance en la negociación salarial que demuestra que la Federación se encamina por el camino correcto en sus reclamos".

Tras la reunión los dirigentes de la Federación señalaron que "superada la discusión salarial la CONADU comenzará a trabajar ahora en los temas pendientes y que son de vital importancia para este año, como por ejemplo la jubilciaón del 82%, que ya tiene media sanción del Senado Nacional, y la Ley de Educación Superior, entre otros cuestiones".

El acta-acuerdo contempla una garantía salarial de 1.290 pesos de bolsillo (1.554 en bruto) para el cargo testigo (ayudante diplomado con dedicación semiexclusiva) equivalente al 38,7% y la incorporación -a partir de abril- al salario básico de un incremento adicional remunerativo y bonificable del 10% para todas las categorías-dedicaciones y antigüedades, que tendrá además una incidencia en el aguinaldo de junio.

A partir de agosto de 2008, incorporará al salario básico un adicional remunerativo y bonificable equivalente al 10,45% de incremento (es el 9,5% acumulativo) para todas las categorías-dedicaciones y antigüedades, que sumada al incremento del mes de abril alcanza el 20,45% para todos los docentes, excepto aquellos que fueron alcanzados por la garantía de $1.290 cuyo porcentaje es mayor (esta cuota podría adelantarse un mes para los colegios preuniversitarios porque no tienen nomenclador).

Por último, en diciembre se incorporará al salario básico un adicional remunerativo y bonificable, que permitirá alcanzar una recomposición del nomenclador con una altura de 1,6 entre el profesor titular y el ayudante de primera en todas las dedicaciones y antigüedades y un ajuste salarial para el cargo de ayudante de primera. Al incorporarse esta etapa en diciembre las tres etapas incidirán en el segundo medio aguinaldo del año.

Cumplidas las tres etapas durante este año, los ayudantes de primera obtendrían un aumento mínimo del 23,45% y un incremento superior al 29% para el 70% de los docentes universitarios (todos los jefes de trabajos prácticos y profesores adjuntos, asociados y titulares). En el caso del cargo testigo, el incremento es del 38,7%, mientras que en los colegios preuniversitarios el incremento será del 23,45% en todos los cargos y categorías y liquidado en dos cuotas (abril y agosto).

En ese marco, la conducción de la Federación resaltó que "la posibilidad de firmar mañana un acta - acuerdo con los funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación no implica aceptar ninguna cláusula de paz social que condicione un futuro reclamo ante un eventual incremento inflacionario que termine superando los beneficios alcanzados en esta negociación".

Asimismo, el acuerdo implicaría una serie de puntos que CONADU propuso a comienzos de este año a la Secretaría de Políticas Universitarias y al Consejo Interuniversitario Nacional, entre los que se destacan: llegar el próximo año a una altura de 1,7 del nomenclador, incluyendo alturas equivalentes entre los cargos; convocar la discusión dentro de la paritaria de la designación de docentes interinos; la constitución de una comisión para trabajar la Nueva Ley de Educación Superior; la discusión de un nuevo nomenclador para los niveles preuniversitarios y un adicional del 10% para los docentes doctorados y el adicional por bloque de título (Compromiso Universitario) que CONADU fijó en un 25% para aquellos docentes que acrediten fehacientemente que trabajan exclusivamente en las Universidades Nacionales; además de la incorporación de 4 millones de pesos para capacitación docente; 1 millón de pesos para capacitación en Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y la conformación de una comisión para el desarrollo de un programa de aumentos de dedicación docente.

Secretaría de Prensa CONADU

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) saluda y felicita al conjunto de los trabajadores docentes universitarios en este "1º de Mayo", en el que nuevamente nos encuentra reivindicando más firmemente que nunca nuestra tarea como parte de la clase trabajadora, en la lucha por la liberación nacional.

Sabemos que el camino por recorrer para alcanzar nuestras reivindicaciones sectoriales es largo y sinuoso, pero debemos ser concientes que avanzamos por el camino correcto toda vez que no hemos perdido de vista nuestros objetivos gremiales como Federación Nacional y que ellos lentamente comenzarán a cristalizarse en la medida que avancemos con el conjunto de los trabajadores argentinos.

Se trata de una tarea solidaria, cuyo carácter central implica no renunciar a nuestros derechos como trabajadores pertenecientes a un sector determinado de la vida política del país, y a la vez reconocer que la lucha por la distribución equitativa de la riqueza es un proceso que conlleva el deber moral de comenzar a saldar las demandas sociales, que todavía quedan pendientes, por el escalón más bajo de la pirámide social. Ello también es un compromiso político y moral con los sectores populares y una tarea que los sindicatos debemos desarrollar con el mismo énfasis con el que reclamamos por nuestras reivindicaciones gremiales.

Hoy los docentes universitarios, gracias a nuestra capacidad de organización y al compromiso de nuestros Gremios de Base, podemos celebrar y reivindicar este día, pero es necesario señalar que en algunas ocasiones debemos renunciar a nuestras "mezquindades" cuando todavía tenemos compatriotas que permanecen por debajo de la línea de la pobreza y que hace tiempo dejaron de pertenecer a la clase trabajadora como tal.

Luchar por nuestros derechos en soledad, termina por aislarnos de nuestros objetivos más generales. Es nuestra obligación como "docentes universitarios" no perder de vista la visión estratégica de la lucha, pues por cada paso que avancemos en conjunto podremos construir bases más sólidas que beneficiarán a las generaciones futuras.

Hoy el escenario político nacional nos impone nuevos desafíos, pues en los últimos años se abrió en la Argentina una etapa política que se inscribe en un marco mucho más amplio -del cual nuestra Federación ha dado debida cuenta en sus documentos políticos- y que tiene como principales protagonistas a los movimientos sociales y populares de América Latina.

No debemos desaprovechar el momento histórico, porque ello significa, también, reivindicar que el trabajo militante de nuestros 30 mil compañeros desaparecidos no ha sido en vano. Tenemos las herramientas: nuestra Federación Nacional de Docentes Universitarios, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y la ferviente convicción de que lentamente comenzamos a superar los efectos del liberalismo más infame que destruyó el aparato productivo, desarticuló el tejido social y sumergió a millones de argentinos en la pobreza.

En el Día de los Trabajadores, CONADU saluda a todos los trabajadores docentes universitarios y reivindica la tarea de seguir luchando por un país más justo, libre y soberano.

Secretaría de Prensa CONADU

La Federación Nacional de Docentes Universitarios invita a los docentes de las universidades nacionales a las Jornadas sobre "Universidad: Sentido, pertinencia y desafíos",  organizadas por el Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y que se realizarán el próximo martes 13 de mayo en la sede de la UNGS, ubicada en la localidad bonaerense de Los Polvorines.

El objetivo del encuentro es discutir y analizar el "problema del sentido y la pertinencia de la actividad universitaria", la "organización del sistema de ciencia y técnica", a partir de la creación del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, y el proyecto de reforma de la "Ley de Educación Superior".

Las actividades comenzarán a partir de las 10 de la mañana y contará con la presencia de Silvio Feldman, Rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Eduardo Rinesi, Director del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS, Roberto Domecq, Profesor Emérito de la UNGS, Germán Soprano, miembro del CONICET-UNQ-UNGS, Riepesal, Agustín Campero, Secretario de Investigación de UNGS, Alicia Naput, UNER-UNL, Mónica Marquina, UNGS-Riepesal y Yamile Socolovsky, Coordinadora del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU.

Los ejes propuestos sobre los cuales disertarán los panelistas son los siguientes: "Sentido y Pertinencia de la Universidad", "Las transformaciones recientes en el sistema nacional de ciencia y técnica y su impacto sobre el sistema universitario" y "Sobre los temas que hay que discutir a propósito del proyecto gubernamental de reforma de la LES".

Las actividades se desarrollarán en el Campus Universitario, ubicado en la calle J.M. Gutiérrez 1150 de la localidad bonaerense de Los Polvorines.

Secretaría de Prensa CONADU

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), participó este martes 6 de mayo del encuentro sobre Ley de Educación Superior, organizada por al Subcomisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación.

En el encuentro, encabezado por la Presidenta de la Comisión, la Diputada Nacional Adriana Puiggros (FPV), estuvieron presentes el Secretario General de CONADU, Carlos De Feo, la Coordinadora del Instituto de Estudios y Capacitación de la Federación, Yamile Socolovsky, dirigentes de las distintas federaciones que representan a los trabajadores docentes universitarios y legisladores nacionales.

La propuesta surgió a partir de la decisión de la Diputada Adriana Puiggros, y de los miembros de la comisión, de abrir un canal de diálogo con las autoridades de las Universidades Nacionales, con los gremios que representa a los trabajadores docentes, con las representaciones estudiantiles y con las organizaciones sociales, para avanzar en forma consensuada sobre la nueva Ley de Educación Superiro.

Durante la reunión los distintos sectores expresaron su visión sobre la idea de "autonomía universitaria", "ampliación de los espacios de democratización", "mecanismos de elección de autoridades", "carrera docente" y "presupuesto", entre otros temas.

En ese sentido CONADU aportó para el debate el espíritu del documento denominado "El Estado en disputa y la organización de los trabajadores docentes en la universidad", en el que se desarrolla como una de las ideas centrales la necesidad de que las Universidades Nacionales tengan un "compromiso con las necesidades de las mayorías para garantizar las condiciones "para el acceso y permanencia en ella de los sectores populares, como en los principios y criterios que orientan y regulan su actividad".

Esta idea, y la propuesta de CONADU para que "la sociedad en su conjunto sea partícipe de este debate", y a su vez intervenga en la "determinación del sentido que funda la legitimidad del que hacer de esta institución", fueron parte de la exposición de la conducción de la Federación.

Durante el encuentro el Secretario General de CONADU, Carlos De Feo, agradeció a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación y sostuvo que "hoy las Universidades Nacionales atraviesan una situación de crisis que seguramente tiene más que ver con cambios más profundos que están relacionados con el crecimiento, que con la situación desgraciada que vivimos en el país en el año 2001 y es por ello que discutir hoy una nueva Ley de Educación Superior significa poner fin a una ley marcada por el neoliberalismo de los años ´90, cuyo marco jurídico era negativo y hoy es imperioso cambiar ".

En el mismo sentido la Coordinadora del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, Yamile Socolovsky, desatacó que "esta ocasión en la que nos encontramos no es azarosa se produce en un contexto de cambios que vienen dándose en distintos planos de la realidad política nacional y latinoamericana, y responde a la necesidad de dar cuenta de esos cambios comenzando a provocar una serie de transformaciones que desde la universidad contribuyan a revertir una dinámica instalada en la misma vida universitaria, a raíz de un largo proceso que podríamos llamar de disciplinamiento de la universidad iniciado con el golpe de estado de 1976 y profundizado con las políticas aplicadas durante los años ´90".

Por último la Diputada Nacional Adriana Puiggrós reiteró la voluntad de los diputados de los distintos bloques de discutir junto a los sectores que componen la comunidad universitaria, y las organizaciones sociales, las distintas miradas sobre el papel de las Universidades Nacionales en esta nueva etapa que vive el país y aseguró que "hay un espacio muy importante para lograr coincidencia" y expresó su deseo de que "todas las voluntades políticas converjan también hacia el lugar de las coincidencias".

Con un fuerte apoyo de CONADU, la Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA) organizó una mesa-debate sobre la Ley de Radiodifusión en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la que participaron Sergio Fernández Novoa (Coordinador del COMFER), Federico Schuster (Decano FSOC - UBA), Flavio Rapisardi (Coordinador Foros Soc. Civil - INADI) y Mariana Moyano (Docente FSOC - Carrera Comunicación -UBA).

La actividad se inscribe en el marco del fuerte proceso de discusión que el conjunto de los organismos estatales, Universidades Nacionales y organizaciones políticas y sociales, han comenzado a dar de cara a la discusión de una nueva Ley de Radiodifusión que permita superar la normativa redactada por la última dictadura militar y cuyas modificaciones puntuales terminaron por beneficiar a los grupos económicos más concentrados del país, en el que la cara más visible en la actualidad es el Grupo Clarín.

El encuentro, denominado "Por una ley de medios para la democracia", surgió a partir de la declaración del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales -UBA- y ante la necesidad de FEDUBA de realizar una actividad que contribuya al debate público generado por la decisión de los organismo del estado, organizaciones políticas y sociales de fortalecer el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión y apoyar la decisión del gobierno nacional de crear una nueva Ley de Radiodifusión que sustituya la de la Dictadura Militar.

Durante el desarrollo del debate, el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Federico Schuster, expresó que "el Consejo Directivo emite declaraciones, asume un posicionamiento crítico frente a cualquier poder que se instala en la sociedad y esto incluye a los medios masivos de comunicación".

En tal sentido, Shuster se refirió al tratamiento que los medios efectuaron sobre el "look out agrario" al señalar que le llamó poderosamente la atención "la desmesura de los medios que actuaron sin control al referirse a blancos, bien vestidos, pacíficos igual ciudadano y a negro, mal vestido, violento que impide la libre expresión de los ciudadanos".

Por último el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales destacó que "la libertad de expresión no puede pasar el límite de la discriminación" y exigió que los periodistas "especializados" tengan una formación teórica acorde al lugar que ocupan en la sociedad.

Por otra parte Sergio Fernández Novoa, Coordinador del COMFER, remarcó la diferencia que se manifiesta en los medios masivos de comunicación en torno al modo en que se visibilizan ciertos sectores sociales. Mientras los sectores populares que llevan adelante una protesta son "criminalizados", el desabastecimiento y los piquetes de los últimos días fueron representados como "paro del campo" porque sus actores poseen medios para expresarse.

"Por ello, tiene sentido reconfigurar el mapa de medios para sepultar la ley dictatorial y crear una ley plural y democrática", sentenció Novoa. Además sostuvo que "quienes se posicionan en defensa de la libertad de prensa son los mismos que durante años imposibilitaron que el derecho a la comunicación y a la información fuera patrimonio de los argentinos".

Según el Coordinador del COMFER, la nueva Ley de Radiodifusión o "ley de servicios de comunicación audiovisual (nombre que tendría la misma)" tendrá que hacer "visible" aquello que fue, por mucho tiempo, "invisible" para los medios masivos de comunicación porque "es en ellos donde se libra la batalla ideológica, por ende, sin democracia informativa no hay posibilidad de repartir la riqueza".

En ese marco algunos de los puntos que debería contemplar la nueva ley están relacionados con la necesidad de construir expresiones pluriculturales, de manera inclusiva, participativa, federal y no debería permitir la conformación de monopolios que es la mayor forma de censura. Al mismo tiempo debería fijar cuotas de producción nacional y regionl, cuotas de pantalla para organismos estatales, asociaciones civiles y organizaciones políticas y sociales.

A su turno Flavio Rapisardi, Coordinador Foros Sociedad Civil del INADI, repasó aspectos relevantes del diagnóstico realizado durante el Plan Nacional de Comunicación impulsado en el 2005, en el que algunos de los datos salientes tienen que ver con el modo en el que los medios masivos de comunicación "igualan la pobreza a la delincuencia y la marginalidad, producen estereotipos de género, banalizan la sexualidad, asocian a los inmigrantes al delito y a la desocupación, demonizan a las religiones y sostienen un enfoque paternalista de la discapacidad".

Según Rapisardi, "es necesario un nuevo modo de hacer periodismo que, a su vez, hace necesaria una nueva ley de radiodifusión ya que los enunciados discriminatorios son una marca del lenguaje como paso previo a la represión".

Este año el INADI realizará una nueva Consulta a los movimientos sociales y territoriales sobre las características que la nueva Ley de Radiodifusión debería tener para ajustarla a sus necesidades.

Por su parte, la docente Mariana Moyano destacó durante su exposición que "frente a la cobertura mediática del "look out"' se presentaron los siguientes problemas: la instalación de la idea de gente con la despolitización que el término implica, la ponderación del periodismo objetivo cuando la noticia es una construcción, la valoración positiva de la espontaneidad, la dicotomía en los estereotipos que asociaban al negro como potencial golpeador, frente al blanco como ciudadano que se manifiesta".

Al mismo tiempo Moyano recordó una frase de César Jaroslavsky pronunciada en la década del ‘80 frente a los manejos del diario Clarín en el que señalaba que el medio "(...) ataca como partido y se defiende con la libertad de prensa". Una idea que fue utilizada por la docente de sociales para señalar cuál fue la respuesta del diario Clarín ante el pronunciamiento del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales sobre el tratamiento que el grupo hizo de la información.

Moyano leyó los titulares de Clarín posteriores a la declaración de Sociales en los que el grupo describía la crisis edilicia de la facultad, el incumplimiento de la ley antitabaco -desconociendo el carácter autónomo de la Universidad- , entre otras críticas.

Secretaría de Prensa CONADU y FEDUBA.

Una serie de rumores malintencionados emanados de fuentes informativas de dudosa calidad y seriedad, indicaron en los últimos días que el Secretario General de la Asociación de Docentes Universitarios de Chilecito, Alejandro Moreno, había sido cesanteado en sus funciones como Profesor Titular con Dedicación Exclusiva en la Universidad Nacional de Chilecito. CONADU desmiente rotundamente las afirmaciones de "radio pasillo" y confirma que el compañero Moreno sigue cumpliendo sus funciones como docente universitario normalmente. Sólo se trató de una cadena de correos electrónicos que intentan empañar el desarrollo de la tarea gremial que la Federación, con una amplia cobertura de carácter legal y política para sus Gremios de Base, pone en práctica en el conjunto de las Universidades Nacionales.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), desmiente firmemente que el Secretario General de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Chilectio (ADUC), Alejandro Moreno, haya sido cesanteado en sus funciones como docente de esa casa de altos estudios.

Según dejaron trascender en los últimos días, una serie de cadenas de correos electrónicos, elaborados con fuentes de información de dudosa calidad, el compañero Moreno había sido apartado de su cargo por una decisión política de las autoridades de esa Universidad Nacional.

Sin embargo fue el propio Moreno, quien encabeza este gremio de base que se sumó a CONADU en el mes de octubre de 2007, el que confirmó que la Universidad Nacional de Chilecito no tomó una decisión de esa naturaleza, aunque señaló que sí había existido la intención de reducirle su "dedicación exclusiva" a "simple", lo que motivó a nuestra Federación a redoblar los esfuerzos para impedir que una decisión de este tipo concluyera con la cesantía del compañero Moreno.

En tal sentido la Federación, encabezada por el Secretario General, Carlos De Feo, y su Secretario Adjunto, Pedro Sanllorenti, esta semana hicieron el reclamo gremial ante las autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, para que aclararan la situación de Moreno y "devolvieran su dedicación exclusiva si efectivamente había sido quitada por motivos vinculados a su actividad gremial al frente de ADUC, o por cualquier otro motivo que estuviera relacionado con la lucha por las reivindicaciones de los docentes universitarios".

Tras el reclamo de CONADU, los funcionarios de esa cartera explicaron que no se había llevado a cabo ninguna modificación en la situación laboral de Moreno y que tampoco se había tomado ninguna decisión que afectara su dedicación.

Es por ello que al día de hoy el compañero Moreno continúa trabajando normalmente en la Universidad Nacional de Chilecito con el mismo cargo de profesor Titular con Dedicación Exclusiva.

En ese marco se hace necesario reiterar, a quienes por medio de la utilización sistemática del "infundio" y la "infamia" pretenden socavar los avances de CONADU en materia de reivindicaciones gremiales, que la Federación Nacional de Docentes Universitarios ha desarrollado, desde que se iniciara su proceso de normalización en septiembre de 2006, una tarea política de carácter gremial que garantiza por todos los medios jurídicos y políticos, la cobertura que todos nuestros afiliados, cuadros y militantes necesitan para desempeñar su trabajo gremial con total libertad y seguridad.

Esta garantía, explicitada en reiteradas oportunidades en nuestras reuniones Mesa Ejecutiva, Plenarios de Secretarios Generales y Congresos, es la que lleva la tranquilidad al conjunto de los docentes de las Universidades Nacionales de que los afiliados de las Asociaciones de Base de la Federación, están representados por una "entidad sindical de primer grado" que plantea una línea político-sindical sería y responsable frente a las situaciones de conflicto, sin caer en falsas declamaciones y discursos vacíos de contenido.

Por otra parte, CONADU informa que el estatuto que envió el Rector Normalizador de la Universidad Nacional de Chilecito, Norberto Caminoa, se encuentra en etapa de revisión y que fue observada, fundamentalmente, la composición del órgano del cogobierno (Asamblea Universitaria) que debe elegir al Rector. Esta revisión comenzó a ser realizada a partir de la solicitud efectuada por CONADU a pedido de los compañeros de la Asociación de Docentes de la Universidad de Chilecito (ADUC).

"En defensa de un gobierno democrático popular amenazado, preservando la libertad de crítica"

Preocupados por el clima político que se ha instalado en la Argentina en las últimas semanas, 750 personas de la cultura, la educación, el periodismo, las ciencias, el cine, las artes, la poesía y la literatura, entre otras disciplinas, se pronunciaron con una "Carta Abierta".

La intención de este grupo es generar un espacio de participación para la discusión y la intervención de y en las políticas públicas, en defensa de un gobierno democrático popular amenazado, preservando la libertad de crítica.

Como en otras circunstancias de nuestra crónica contemporánea, hoy asistimos en nuestro país a una dura confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía.

La oposición a las retenciones -comprensible objeto de litigio- dio lugar a alianzas que llegaron a enarbolar la amenaza del hambre para el resto de la sociedad y agitaron cuestionamientos hacia el derecho y el poder político constitucional que tiene el gobierno de Cristina Fernández para efectivizar sus programas de acción, a cuatro meses de ser elegido por la mayoría de la sociedad.

Un clima destituyente se ha instalado, que ha sido considerado con la categoría de golpismo. No, quizás, en el sentido más clásico del aliento a alguna forma más o menos violenta de interrupción del orden institucional. Pero no hay duda de que muchos de los argumentos que se oyeron en estas semanas tienen parecidos ostensibles con los que en el pasado justificaron ese tipo de intervenciones, y sobre todo un muy reconocible desprecio por la legitimidad gubernamental.

Esta atmósfera política, que trasciende el «tema del agro», ha movilizado a integrantes de los mundos políticos e intelectuales, preocupados por la suerte de una democracia a la que aquellos sectores buscan limitar y domesticar. La inquietud es compartida por franjas heterogéneas de la sociedad que más allá de acuerdos y desacuerdos con las decisiones del gobierno consideran que, en los últimos años, se volvieron a abrir los canales de lo político.

No ya entendido desde las lógicas de la pura gestión y de saberes tecnocráticos al servicio del mercado, sino como escenario del debate de ideas y de la confrontación entre modelos distintos de país. Y, fundamentalmente, reabriendo la relación entre política, Estado, democracia y conflicto como núcleo de una sociedad que desea avanzar hacia horizontes de más justicia y mayor equidad.

Desde 2003 las políticas gubernamentales incluyeron un debate que involucra a la historia, a la persistencia en nosotros del pasado y sus relaciones con los giros y actitudes del presente.

Un debate por las herencias y las biografías económicas, sociales, culturales y militantes que tiene como uno de sus puntos centrales la cuestión de la memoria articulada en la política de derechos humanos y que transita las tensiones y conflictos de la experiencia histórica, indesligable de los modos de posicionarse comprensivamente delante de cada problema que hoy está en juego.

En la actual confrontación alrededor de la política de retenciones jugaron y juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación más concentrados, tanto audiovisuales como gráficos, de altísimos alcances de audiencia, que estructuran diariamente «la realidad» de los hechos, que generan «el sentido» y las interpretaciones y definen «la verdad» sobre actores sociales y políticos desde variables interesadas que exceden la pura búsqueda de impacto y el raiting. Medios que gestan la distorsión de lo que ocurre, difunden el prejuicio y el racismo más silvestre y espontáneo, sin la responsabilidad por explicar, por informar adecuadamente ni por reflexionar con ponderación las mismas circunstancias conflictivas y críticas sobre las que operan.

Esta práctica de auténtica barbarie política diaria, de desinformación y discriminación, consiste en la gestación permanente de mensajes conformadores de una conciencia colectiva reactiva.

Privatizan las conciencias con un sentido común ciego, iletrado, impresionista, inmediatista, parcial. Alimentan una opinión pública de perfil antipolítica, desacreditadora de un Estado democráticamente interventor en la lucha de intereses sociales. La reacción de los grandes medios ante el Observatorio de la discriminación en radio y televisión muestra a las claras un desprecio fundamental por el debate público y la efectiva libertad de información. Se ha visto amenaza totalitaria allí donde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA llamaba a un trato respetuoso y equilibrado del conflicto social.

En este nuevo escenario político resulta imprescindible tomar conciencia no sólo de la preponderancia que adquiere la dimensión comunicacional y periodística en su acción diaria, sino también de la importancia de librar, en sentido plenamente político en su amplitud, una batalla cultural al respecto.

Tomar conciencia de nuestro lugar en esta contienda desde las ciencias, la política, el arte, la información, la literatura, la acción social, los derechos humanos, los problemas de género, oponiendo a los poderes de la dominación la pluralidad de un espacio político intelectual lúcido en sus argumentos democráticos.

Se trata de una recuperación de la palabra crítica en todos los planos de las prácticas y en el interior de una escena social dominada por la retórica de los medios de comunicación y la derecha ideológica de mercado. De la recuperación de una palabra crítica que comprenda la dimensión de los conflictos nacionales y latinoamericanos, que señale las contradicciones centrales que están en juego, pero sobre todo que crea imprescindible volver a articular una relación entre mundos intelectuales y sociales con la realidad política.

Es necesario crear nuevos lenguajes, abrir los espacios de actuación y de interpelación indispensables, discutir y participar en la lenta constitución de un nuevo y complejo sujeto político popular, a partir de concretas rupturas con el modelo neoliberal de país. La relación entre la realidad política y el mundo intelectual no ha sido especialmente alentada desde el gobierno nacional y las políticas estatales no han considerado la importancia, complejidad y carácter político que tiene la producción cultural.

En una situación global de creciente autonomía de los actores del proceso de producción de símbolos sociales, ideas e ideologías, se producen abusivas lógicas massmediáticas que redefinen todos los aspectos de la vida social, así como las operaciones de las estéticas de masas reconvirtiendo y sojuzgando los mundos de lo social, de lo político, del arte, de los saberes y conocimientos. Son sociedades cuya complejidad política y cultural exige, en la defensa de posturas, creencias y proyectos democráticos y populares, una decisiva intervención intelectual, comunicacional, informativa y estética en el plano de los imaginarios sociales.

Esta problemática es decisiva no sólo en nuestro país, sino en el actual Brasil de Lula, en la Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Correa, en la Venezuela de Chávez, en el Chile de Bachelet, donde abundan documentos, estudios y evidencias sobre el papel determinante que asume la contienda cultural y comunicativa y las denuncias contra los medios en manos de los grupos de mercado más concentrados.

Es también en esta confrontación, que se extiende al campo de la lucha sobre las narraciones acerca de las historias latinoamericanas, donde hoy se está jugando la suerte futura de varios gobiernos que son jaqueados y deslegitimados por sus no alineamientos económicos con las recetas hegemónicas y por sus «desobediencias» políticas con respecto a lo que propone Estados Unidos.

Reconociendo los inesperados giros de las confrontaciones que vienen sucediéndose en esta excepcional edad democrática y popular de América Latina desde comienzos de siglo XXI, vemos entonces la significación que adquiere la reflexión crítica en relación a las vicisitudes entre Estado, sociedad y mercado globalizado. Uno de los puntos débiles de los gobiernos latinoamericanos, incluido el de Cristina Fernández, es que no asumen la urgente tarea de construir una política a la altura de los desafíos diarios de esta época, que tenga como horizonte lo político emancipatorio.

Porque no se trata de proponer un giro de precisión académica a los problemas, sino de una exigencia de pasaje a la política, en un tiempo argentino en el que se vuelven a discutir cuestiones esenciales que atraviesan nuestras prácticas. Pasaje hacia la política que nos confronta con las dimensiones de la justicia, la igualdad, la democratización social y la producción de nuevas formas simbólicas que sean capaces de expresar las transformaciones de la época.

En este sentido es que visualizamos la originalidad de lo que está ocurriendo en América Latina (más allá de las diferencias que existen entre los distintos proyectos nacionales) y los peligros a los que nos enfrentamos, peligros claramente restauracionistas de una lógica neoliberal hegemónica durante los años noventa.

Teniendo en cuenta esta escena de nuestra actualidad, nuestro propósito es aportar a una fuerte intervención política -donde el campo intelectual, informativo, científico, artístico y político juega un rol de decisiva importancia- en el sentido de una democratización, profundización y renovación del campo de los grandes debates públicos. Estratégicamente se trata de sumar formas políticas que ayuden a fecundar una forma más amplia y participativa de debatir.

Nos interesa pues encontrar alternativas emancipadoras en los lenguajes, en las formas de organización, en los modos de intervención en lo social desde el Estado y desde el llano, alternativas que puedan confrontar con las apetencias de los poderes conservadores y reactivos que resisten todo cambio real. Pero también que pueda discutir y proponer opciones conducentes con respecto a los no siempre felices modos de construcción política del propio gobierno democrático: a las ausencias de mediaciones imprescindibles, a las soledades enunciativas, a las políticas definidas sin la conveniente y necesaria participación de los ciudadanos. Una nueva época democrática, nacional y popular es una realidad de conflictos cotidianos, y precisa desplegar las voces en un vasto campo de lucha, confiar, alentar e interactuar.

En este sentido, sentimos que las carencias que muchas veces muestra el gobierno para enfocar y comprender los vínculos, indispensables, con campos sociales que no se componen exclusivamente por aquellos sectores a los que está acostumbrado a interpelar, no posibilitan generar una dinámica de encuentro y diálogo recreador de lo democrático-popular.

Creemos indispensable señalar los límites y retrasos del gobierno en aplicar políticas redistributivas de clara reforma social. Pero al mismo tiempo reconocemos y destacamos su indiscutible responsabilidad y firmeza al instalar tales cuestiones redistributivas como núcleo de los debates y de la acción política desde el poder real que ejerce y conduce al país (no desde la mera teoría), situando tal tema como centro neurálgico del conflicto contra sectores concentrados del poder económico.

Todo lo expresado y resumido da pie a la necesidad de creación de un espacio politico plural de debate que nos reúna y nos permita actuar colectivamente. Experiencia que se instituye como espacio de intercambio de ideas, tareas y proyectos, que aspira a formas concretas de encuentro, de reflexión, organización y acción democrática con el gobierno y con organizaciones populares para trabajar mancomunadamente, sin perder como espacio autonomía ni identidad propia. Un espacio signado por la urgencia de la coyuntura, la vocación por la política y la perseverante pregunta por los modos contemporáneos de la emancipación.

ADHESIONES HASTA EL 10 DE MAYO DE 2008.

Bajo la consigna "En la Argentina no somos todos iguales. Sin libertad y democracia sindical no hay una justa distribución de la riqueza", la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), participó activamente de la marcha realizada el 16 de mayo por la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), en la cual la conducción de la Central reiteró su pedido a los funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación del reconocimiento pleno de la entidad sindical.

La concentración, que comenzó en Avenida de Mayo y 9 de Julio y recorrió el microcentro porteño, expresó la posición unificada de los docentes universitarios de CONADU, las organizaciones de la Coordinadora de Organizaciones Sociales de la CTA; del Movimiento Barrial Bonaerense; del MUC; de la Mesa de Encuentro Barrial de Rosario; Marcha Grande en la CTA; del Movimiento Territorial Liberación (MTL); de la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA); de la Tupac Amaru de Capital Federal; del Movimiento Patria Grande; estatales de la ATE; docentes de la CTERA, SUTEBA y UTE; telefónicos; trabajadores de maestranza; de correos privados; bancarios; actores; jubilados; de la Juventud de la CTA. de la Federación de Trabajadores de la Energía; judiciales de la FJA, entre otros.

Durante el acto el Secretario General de la CTA, Hugo Yasky, señaló que "para la mayoría de los trabajadores del país, que no tienen libertad y democracia sindical, este es un derecho escrito en el papel pero no un derecho real. Y nosotros decimos que sin este derecho no hay justa distribución de la riqueza. Porque los trabajadores queremos discutir un plan de desarrollo estratégico que ponga a la justicia social como eje. Porque la clase trabajadora no tiene que discutir sólo cuando hay una paritaria, sino que tiene que discutir con más conocimiento, con más noción de patria, los problemas que son de todos".

El reclamo de la Personería Gremial para la CTA, transcurre en un contexto en el que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, dio a conocer hace ya varios meses las conclusiones de sus comisiones en las que remarca un apoyo decidido al planteo de la CTA y a través de las cuales exhorta formalmente al Gobierno Nacional a que reconozca legalmente a la Central de Trabajadores Argentinos.

En ese marco, Hugo Yasky aseguró que participaron de la marcha "más de 15 mil compañeros" y que con la efectividad de la movilización le demuestran al Gobierno Nacional "que no pueden archivar el tema en una carpeta y olvidarse".

El reconocimiento gremial a la CTA implica la posibilidad de acceder a una herramienta legal que permitiría incrementar la capacidad de organización de los trabajadores, toda vez que otorga el marco jurídico necesario para participar en los conflictos colectivos de trabajo, discusiones paritarías y otorga fueros legales para que los delegados de la CTA no sean despedidos arbitrariamente por las patronales.

La firmeza del reclamo del conjunto de los trabajadores nucleados con sus respectivas federaciones en torno a la CTA, se inscribe en la fuerte "puja por una distribución equitativa de la riqueza" expresada durante los últimos años en el escenario nacional y que ha tenido como actores principales de esta lucha a las organizaciones sindicales, políticas y sociales de la Central.

Avanzar en la obtención de nuestros legítimos derechos como trabajadores, es avanzar en nuestras reivindicaciones gremiales, pero es fundamentalmente un paso más en la tarea para profundizar el camino abierto en los últimos años en la Argentina, con el objetivo de continuar hacia la definitiva liberación nacional, la soberanía política y la independencia económica.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), participó este martes 20 de mayo de un encuentro organizado por la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores de la Nación, en la que la conducción de CONADU explicó cuáles son las propuestas que deberían estar contempladas en la elaboración de la futura Ley de Educación Superior.

El encuentro, encabezado por la Senadora Nacional del Frente Para la Victoria, Blanca Osuna, forma parte de una serie de reuniones que los legisladores nacionales desarrollan con el objetivo de escuchar las iniciativas del conjunto de los miembros de la comunidad universitaria.

En tal sentido vale recordar que en el mes de abril CONADU se reunió con la Diputada Nacional de la misma fuerza política, Adriana Puiggros, para comenzar a dialogar con los distintos sectores sobre "autonomía universitaria", "ciudadanía", "elección de autoridades", "carrera docente", entre otros. Ambas legisladoras han dado claras muestras de su interés por el tema y su intención de comenzar a avanzar en el diseño de una ley que atienda el proceso político que se vive hoy en la Argentina.

Durante su exposición el Secretario General de CONADU, Carlos De Feo, explicó que la Federación entiende que "la política universitaria debería tener un espacio mucho mayor que el Consejo Interuniversitario Nacional para discutir la universidad como política de estado, algo semejante al Consejo Federal de Educación, en el que intervengan otros actores que no sea solamente el Consejo Interuniversitario Nacional".

De Feo participó de la reunión acompañado por Pedro Sanllorenti, Secretario Adjunto de CONADU, y Yamile Socolovsky, Coordinadora del Instituto de Estudios y Capacitación de la Federación (IEC).

En al ronda de consultas, Pedro Sanllorenti afirmó que "la actual Ley de Educación Superior no es un problema para el CIN porque los rectores ya le encontraron la vuelta y se adaptaron a ella porque todos encontraron su órgano de participación como la CONEAU , entonces ya no la cuestionan y otra cosa de la que no hablamos es la manera en que esa ley contribuyó a la consolidación del modelo de universidades privadas y a poner a las Universidades Nacionales en paridad con las privadas pues son equivalentes".

Por su parte la coordinadora del IEC, Yamile Socolovsky, señaló a los Senadores Nacionales que "creemos que no solamente es necesario discutir una nueva Ley de Educación Superior, sino que es necesario discutir el conjunto de las políticas de estado para la universidad porque el debate no se agota con la sanción de una ley, sino que debe ser una tarea que debe continuar en un proceso de permanente revisión de cuáles deben ser las políticas de estado para la universidad; porque la definición de la que partimos es que las universidades son instituciones publicas-estatales que gozan de una autonomía, garantizada por el estado, para que puedan cumplir adecuadamente su función social".

En ese marco la Senadora Blanca Osuna, quien preside la Comisión de Educación del Senado Nacional, destacó que "esta ley va a necesitar de nuestro esfuerzo para que efectivamente se genere un consenso social amplio para avanzar en una nueva Ley de Educación Superior" y que para ello están "trabajando en un mismo sentido junto al Ministerio de Educación de la Nación y los Diputados Nacionales".

Secretaría de Prensa CONADU

A continuación del mensaje de nuestro anónimo e indignado colega, la respuesta de nuestro Secretario General.

He recibido su correo del 20 de mayo pasado, y desearía compartir públicamente con Usted algunas reflexiones.

Es probable que el conjunto de los docentes haya considerado importante que el salario de los trabajadores de nuestro sector haya recuperado los valores previos a la crisis del 2001, y, más aún, que haya superado los mejores porcentajes de la década de los `90. Este dato resulta de tomar como referencia un promedio de las mediciones utilizadas por empresas privadas, algunas de ellas incluso empleadas por la oposición, y no las cifras del devaluado Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC). Si lee el trabajo realizado por nuestro Instituto, donde se analiza la evolución salarial de los docentes universitarios en los últimos cuatro años, podrá ver que el incremento salarial ha sido en promedio de 300% aproximadamente. A riesgo de cansarlo, permítame poner algunos números que ilustran esta afirmación:

Los valores expuestos en la tabla corresponden a salarios netos, es decir, "de bolsillo" (se calcula un 18% de descuento correspondiente al aporte jubilatorio y obra social), tomados en los meses de marzo de ambos años. Como verá no se incluye el último "acuerdo de mamarracho salarial". Le informo, por otra parte, que el cronograma del aumento se encuentra en nuestra página Web. El incremento pactado, aunque avanza incluso sobre las peores previsiones inflacionarias, puede ser revisado en cualquier momento si se evaluara como insuficiente. Si lee el acta acuerdo verá que no incluye ninguna cláusula de "paz social", por lo que ningún compromiso nos impide, si fuese necesario, reclamar incrementos adicionales en el transcurso del corriente año. El incremento que se observa en la tabla - uno de los más altos logrados entre trabajadores privados y estatales -, logro al que debemos sumar el blanqueo total de nuestros salarios, se ha alcanzado a través del trabajo serio y responsable de la conducción de esta Federación. Trabajo que ha sido avalado y reconocido, como dije antes, por miles de docentes en las diferentes consultas realizadas. Probablemente esta sea una razón de peso para que esos docentes - que eligen democráticamente a sus conducciones gremiales - consideren a este "secretario y cia." como sus genuinos representantes. Evidentemente, no es su caso; pero las representaciones democráticas se constituyen sobre la base de la determinación de las mayorías.

Con respecto a su afirmación sobre su presunta condición de "docente de verdad", con respecto a la que nos atribuye - la de "gremialistas K" -, le informo, en primera instancia, que soy docente en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, en la Cátedra de Arqueología Americana III, además de desempeñarme como Profesional Principal en la CPA dependiente del CONICET, con lugar de trabajo en la División Antropología del Museo de La Plata. Para más datos puede ver mi Currículum Vitae en la página de la Facultad. La condición docente de los restantes integrantes de nuestra conducción puede tomarse el trabajo de averiguarla usted. De todos modos, sería mucho más productivo que reflexionara sobre el profundo sentido reaccionario de la construcción ideológica que ha procurado - a juzgar por casos como el suyo, con cierto éxito - desacreditar toda forma de actividad y organización política y sindical, colocando a cualquier persona que se involucre en ellas bajo el manto de la sospecha de ser guiado por inconfesos y espurios intereses. No mediando justificaciones consistentes, son más bien las acusaciones de este tenor las que podríamos sospechar de responder a esa clase de motivaciones, o al menos a una aceptación acrítica e ingenua de un prejuicio alentado interesadamente.

Precisamente, las definiciones políticas que ha asumido CONADU bajo la presente conducción, se hallan claramente expuestas en nuestras definiciones sobre la problemática universitaria, así como respecto de las diversas cuestiones que hacen a la actualidad nacional y latinoamericana, a través de documentos, declaraciones y convocatorias, todos ellos difundidos en cada ocasión por todos los medios a nuestro alcance, y publicados en nuestra página web (www.conadu.org.ar). Verá usted, si desea atender argumentos, que nuestro compromiso político es explícito, y que asumimos que la organización sindical de los trabajadores docentes de las Universidades Nacionales tiene la responsabilidad de superar los estrechos límites de una práctica corporativa, para intervenir en la construcción colectiva de una sociedad democrática e igualitaria, en la que todos (no solamente los docentes universitarios) tengamos asegurado el acceso a las condiciones que hacen a una vida digna.

Por último, lamento desilusionarlo y haberme tomado el atrevimiento de contestar su nota. Le ruego, eso si, que la próxima vez que nos escriba para hacerme llegar sus opiniones, nos ilumine sobre las razones que las sostienen. También sería importante que firmara sus notas, nos aclarara cuál es su condición docente, y si es afiliado o no de alguna asociación sindical, porque para todos es importante saber con quién estamos discutiendo. Agradezco su atención, y no se disculpe por la indignación, solo trate de dirigirla en el sentido correcto. Carlos De Feo: Secretario General de CONADU]]> 143 2008-05-24 13:15:34 2008-05-24 18:15:34 closed open de-que-hablamos-cuando-nos-referimos-al-aumento-salarialrespuesta-a-la-inquietud-de-un-docente-universitario publish 0 0 post http://conadu.org.ar/wordpress/?p=144 Thu, 29 May 2008 19:04:18 +0000 conadu http://conadu.org.ar/wordpress/?p=144 En dos encuentros simultáneos, desarrollados en su sede, CONADU analizó algunos de los temas del próximo "Congreso Extraordinario" que la Federación realizará los días 12 y 13 de junio. "Nomenclador pre-universitario", "compromiso universitario", "docentes interinos" y "aumento de dedicaciones", fueron algunos de los puntos sobre los cuales discutieron los representantes de los Gremios de Base de la Federación. Estos temas serán analizados por los congresales para luego ser discutidos en las Comisiones de Trabajo de la Paritaria Nacional emanada del acta-acuerdo de 2008.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) trabajó esta semana en comisión para avanzar en algunos de los puntos que serán discutidos en el próximo congreso de la Federación, que se desarrollará los días 12 y 13 de junio en la ciudad Autónoma de Buenos Aires: nomenclador único, designación de docentes interinos, programa de aumento de dedicaciones, adicional por bloque de título y compromiso universitario.

En ese marco los miembros de comisión de trabajo en la que participaron Pedro Sanllorenti (Secretario Adjunto de CONADU), Bety Malvitano (ADUFOR), Florencia Antonini (ADUNOBA), Miguel Ivorra (ADUM) y Aníbal Olivera (ADU San Luis), adelantaron que estos temas, contemplados en el acta-acuerdo firmada por la Federación el pasado 29 de abril junto a la Secretaría de Políticas Universitarias y el CIN, serán debatidos en profundidad por los congresales de la Federación los días 12 y 13 de junio en la sede de la calle Pasco 255.

Sobre los cargos interinos los miembros de la comisión de trabajo de CONADU acordaron "impulsar la inclusión de una cláusula que permita designar docentes interinos hasta la realización de concursos regulares y el reconocimiento de la ciudadanía de los mismos, tanto en la discusión paritaria, como en la sanción de la Ley de Educación Superior".

Sostener el planteo, ya reiterado en innumerables oportunidades por la Federación, de "incrementar las dedicaciones de aquellos docentes que tienen varios cargos simples, o semi, con el objetivo de unificarlos y aumentar así su dedicación para jerarquizar las actividades de extensión, docencia e investigación. El mismo, además, contempla la solicitud al Ministerio de Educación de la Nación para que en este programa se incluyan los fondos para cubrir las diferencias presupuestarias que posibilitan los aumentos".

Por otra parte ratificaron la necesidad de aprobar en la Mesa Paritaria Nacional un adicional del 25% por "compromiso universitario", destinado a aquellos docentes universitarios que se dedican "exclusivamente a la actividad universitaria de manera fehacientemente acreditada". En tal sentido se analizaron las ventajas de este sistema respecto al viejo nomenclador de CONADU.

NOMENCLADOR PRE-UNIVERSITARIO

Al mismo tiempo que la comisión de trabajo de CONADU abordaba algunos de los temas que serán discutidos en el próximo congreso, en el mismo edificio se reunieron los representantes gremiales de las Asociaciones de Base de Mar del Plata, San Luìs, La Plata, Córdoba y Rosario, en el marco de las jornadas de "Nomenclador Pre- universitario". Tras el encuentro, los participantes de la jornada explicaron que la idea del espacio de discusión es "comenzar a profundizar la tarea en la definición de un nomenclador único para el conjunto de los docentes pre-universitarios, de manera tal que la liquidación de las horas cátedras sean equiparadas en el orden nacional, al igual que los cargos que ocupan los docentes del sistema".

El sistema de los docentes pre-universitarios tiene un grado de complejidad, que obliga a los trabajadores docentes preuniversitarios a avanzar en la conformación de un "nomenclador único" que agrupe a los distintos cargos en el marco de un proceso de normalización, que necesariamente deberá resultar de discusiones paritarias de carácter nacional.

En ese sentido los dirigentes gremiales de las Asociaciones de Base de CONADU, señalaron que la naturaleza de la tarea docente en los colegios y dependencias educativas de las UU.NN., "da cuenta de una multiplicidad de tareas que van de la responsabilidad frente al alumno a la planificación, entre otros".

Uno de los temas sobre el cual comenzó a avanzar la comisión de trabajo esta relacionado con el "cargo testigo" que se establece para discutir salarios. Los miembros de la comisión estudiaron la necesidad de modificar las equivalencias: actualmente se toma como referencia el cargo de "ayudante de primera con dedicación semiexclusiva", pero los dirigentes gremiales consideran que esta equivalencia debería ser cambiada por la categoría de "Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva".

Los integrantes de la comisión de trabajo acordaron el desarrollo de un próximo encuentro en la provincia de Córdoba, con fecha a confirmar, en el que continuarán intercambiando ideas sobre el nomenclador, atendiendo las particularidades de la tarea docente en el sistema pre-universitario.

Secretaría de Prensa CONADU

CONGRESO EXTRAORDINARIO CONVOCATORIA

La Mesa Ejecutiva de la FEDERACIÓN NACIONAL DE DOCENTES UNIVERSITARIOS -CONADU-, de conformidad a lo resuelto en su reunión del día 21 de mayo de 2008, atento a las facultades que le son propias, normadas en el artículo 53, inc. i).- del Estatuto Social en vigencia, y las prescripciones contenidas en la Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23.551 y su Decreto reglamentario Nº 467/88

RESUELVE: Convocar a CONGRESO EXTRAORDINARIO de DELEGADOS, a celebrarse los días 12 y 13 de junio de 2008 en la calle Pasco 255, 1º piso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho Congreso dará comienzo el día jueves 12 de junio a las 10 horas, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA, a saber:

De conformidad a las disposiciones presentes en el artículo 23 del Estatuto Social, el quórum del Congreso Extraordinario será la mitad más uno del total de delegados correspondientes. Transcurridas dos (2) horas de la fijada en la convocatoria, se sesionará con el 25% de las Asociaciones en condiciones de participar, siendo sus Resoluciones igualmente obligatorias para todas las entidades adheridas.

1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.

2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.

3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.

4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.

5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversisdad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.

6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.

7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.

8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.

9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.

10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.

11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.

12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.

13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.

14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.

15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.

16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.

17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.

18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.

19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.

20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.

21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) mantuvo durante la última semana una serie de reuniones y contactos con las autoridades de las comisiones de "Presupuesto y Hacienda" y "Previsión y Seguridad Social" de la Cámara de Diputados de la Nación, a las que se suma los encuentros mantenidos con la comisión de Educación, con el objetivo de avanzar hacia la sanción de la Ley de Jubilación del 82% para todos los docentes universitarios, independientemente de su cargo y dedicación.

Desde diciembre de 2007 el proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores de la Nación y sólo resta que el tema sea enviado al recinto por las respectivas comisiones de trabajo para que los Diputados Nacionales lo aprueben en sesión. La iniciativa, firmada en agosto del año 2007 por el ex Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, establece en su parte central de su articulado lo siguiente: "Art. 1.- Ampliase al personal docente de las universidades nacionales, no comprendidos en el régimen de la ley Nº 22.929, el beneficio instituido en la Ley Nº 24.016, incluido el otorgado por el Decreto Nº 137/05, con las mismas modalidades de implementación."

La propuesta, que recibiera aportes de los dirigentes de CONADU durante su fase de discusión, implica que "el haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal docente, será equivalente al 82% por ciento del promedio actualizado de la remuneración mensual del cargo u horas correspondientes a los últimos sesenta meses".

Si la iniciativa emana de las respectivas comisiones con despacho favorable, una vez que se sancione y promulgue la nueva norma, el conjunto de los docentes universitarios tendrán derecho a cobrar, al jubilarse, el 82 % de su salario en actividad.

Para el caso de los investigadores con dedicación exclusiva, afectados al régimen de jubilación especial del 85% (Ley 29.229), podrán optar por a este régimen que - con un haber escasamente menor - les permite jubilarse a los 57 años a las mujeres y a los 60 a los varones (frente al mínimo obligatorio de 60 años para las mujeres y 65 para los varones en el régimen que corresponde a la Ley 22.929 y al régimen general).

La sanción del proyecto involucra, además, la transferencia de la totalidad de las jubilaciones de los docentes universitarios al régimen público de reparto.

Si bien CONADU han manifestado en reiteradas oportunidades su satisfacción por lo que se considera un avance en materia de reivindicaciones docentes, su conducción es plenamente conciente de que este proceso concluirá cuando definitivamente sea reconocida la "movilidad de los haberes jubilatorios", que actualmente permanece regulada por la llamada Ley de "solidaridad provisional", impulsada por Domingo Cavallo cuando era Ministro de Economía.

La vigencia de esta ley, diseñada por Cavallo, mantiene suspendida la vinculación directa entre los haberes de los trabajadores activos y los de los pasivos y condiciona la movilidad a la asignación de partidas específicas en la Ley de Presupuesto Nacional.

El reconocimiento de la movilidad de las jubilaciones sólo fue reconocida por los distintos fallos resueltos por la Corte suprema de Justicia en los últimos años, atendiendo al reclamo puntual de quienes iniciaron el camino de la demanda judicial.

Secretaría de Prensa CONADU

El Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, organizará el viernes 13 junio, un nuevo encuentro de capacitación gremial destinado a los integrantes de las Organizaciones de Base de la Federación.

El evento, que se desarrollará en la sede de CONADU ubicada en la calle Pasco nº 255 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comenzará a las 10 horas y se extenderá hasta las 12.

Durante el mismo el Abogado Laboralista y asesor sindical rosarino, Horacio Zamboni, expondrá sobre la cuestión salarial referida a la conflictividad y la negociación colectiva; el concepto de salario; antecedentes históricos; el salario como

eje de la distribución de la riqueza; la negociación colectiva y la fijación del salario; la política salarial del Gobierno; las restricciones y los techos salariales; conflictividad salarial y análisis y perspectivas.

Los contenidos elegidos por el Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, dirigido por el Secretario Adjunto de CONADU, Pedro Sanllorenti, forman parte del punto 5 del temario aprobado que CONADU está desarrollando desde el IEC.

De este modo, la Federación avanza sobre una reivindicación histórica de los trabajadores docentes universitarios que forman parte de las Organizaciones de Base de CONADU: la de generar espacios de capacitación que amplíen los potenciales de los militantes sindicales de las Universidades Nacionales y mejoren sus posibilidades de intervención en las discusiones políticas y gremiales que forman pare de su actividad.

Este espacio de capacitación se desarrollará en el marco del Congreso Extraordinario convocado por CONADU los días 12 y 13 de junio.

Secretaría de Prensa CONADU

¿Cómo se puede reclamar la nacionalización del petróleo cuando la lucha que se despliega es contra una medida progresiva de índole impositiva? ¿Cómo se puede llamar a la lucha contra la pobreza con aliados que expresan las capas más tradicionales de las clases dominantes? Algo ha sucedido en los vínculos entre las palabras y los hechos: un disloque. Los símbolos han quedado librados a nuevas capturas, a articulaciones contradictorias, a emergencias inadecuadas. Ningún actor político puede declararse eximido de haber contribuido a esa separación. Las situaciones críticas obligan a preguntarse qué palabras les corresponden a los nuevos hechos. Entre las batallas pendientes en la cultura y la política argentina, está la de nombrar lo que ocurre con actos fundados en una lengua crítica y sustentable. Sin embargo, hoy las palabras heredadas suelen pronunciarse como un acto de confiscación. Cualquier cosa que ahora se diga vacila en aportar pruebas de su enraizamiento en expectativas sociales reales. Parece haber triunfado la "operación" sobre la obra, el parloteo sobre el lenguaje.

"Clima destituyente" hemos dicho para nombrar los embates generalizados contra formas legítimas de la política gubernamental y contra las investiduras de todo tipo. Una mezcla de irresponsabilidad y de milenarismo de ocasión sustituyó la confianza colectiva. "Nueva derecha" decimos ahora. Lo decimos para nombrar una serie de posiciones que se caracterizan por pensarse contra la política y contra sus derechos de ser otra cosa que gestión y administración de los poderes existentes. Una derecha que reclama eficiencia y no ideología, que alega más gestión que valores -y puede coquetear con todo valor-, que invoca la defensa de las jerarquías existentes, aunque se inviste miméticamente de formas y procedimientos asamblearios y voces sacadas de las napas prestigiosas de las militancias de ciclos anteriores. Esa derecha impugna la política como gasto superfluo y como enmascaramiento, pero es cierto que la impugna con más dureza cuando la política pretende intervenir sobre la trama social. Tiene distintas inflexiones: desde la ilusoria eficiencia empresarial del macrismo hasta el intercambio directo de dones y rentas imaginado en Gualeguaychú, sin Estado, ni partidos, sólo con golpes de transparencia contra lo que llaman obstáculos.

Transparencia social imposible, como no sea bajo un régimen coercitivo, que expresa su desprecio hacia la política como capacidad transformadora, como intervención activa sobre la vida en común. De ese vaciamiento son responsables, también, los profesionales de la política que priorizaron sus propios intereses mientras sostenían un discurso de lo público. Demasiado tiempo vino degradándose el lenguaje político como para que no surgieran mesianismos vicarios y vaticinios salvadores que en vez de redimir el conocimiento político son el complemento milenarista del espontaneísmo soez. La nueva derecha viene a decir que eso no está mal y que se debe llevar a sus últimas consecuencias, disolviendo la instancia misma de la política. Es fundamentalmente destituyente: vacía a los acontecimientos de sentido, a los hechos de su historicidad, a la vida de sus memorias. Por eso atraviesa fronteras para buscar terminologías en sus antípodas. Es una nueva derecha porque, a diferencia de las antiguas derechas, no es literal con su propio legado sino que puede recubrirse, mimética, con las consignas de la movilización social.

La nueva derecha puede agitar florilegios de izquierdas recreadas a último momento como préstamo de urgencia o anunciar compromisos caros a las luchas sociales de la historia nacional, sea Grito de Alcorta, sea la gesta de Paso de los Libres en 1933, sean las asambleas de 2001. Es una nueva derecha veteada de retazos perdidos, pero no olvidados, de antiguas lenguas movilizadoras. Condena el vínculo vivo de las personas y las sociedades con el pasado, llamando a un ilusorio puro presente que podría desprenderse de esas capas anteriores. Lo hace, incluso, cuando trae símbolos de ese pasado, sujetándolos a relaciones que los niegan o vacían. Cita al pasado como una efemérides al paso. Será jauretcheana si cuadra, aplaudirá a Madres de Plaza de Mayo si lo ve oportuno, dirá que adhiere a Evo Morales si se la apura, y no le faltará impulso para aludir a los mayos y los octubres de la historia. Mimetismo bendecido, tolerado: es la nueva derecha que ensaya el lenguaje total de la movilización con palabras prestadas. Procede por expurgación y despojo, restándole a la realidad algunas de las capas que la constituyen y presentando en una supuesta lisura la vida en común. En ella no hay espesor, diferencias, desigualdades, violencias ni explotación; ella habla del "campo", trazándonos un dibujo bucólico de pioneros esforzados de la misma manera que considera la pobreza y el hambre como desgracias naturales o como penurias redescubiertas para sostener una mala conciencia de escuderos novedosos de los poderes agrarios tradicionales.

En la nueva derecha reina lo abstracto, pero con la lengua presunta de lo concreto: precisamente la que hablan los medios de comunicación. A la trama moral de las acciones la tornan escándalo moral, denuncismo de sabuesos que dejan saber que las sospechas generalizadas sobre la vida política son instrumentos que pueden sustituir un pensar real. En ella se trata de reivindicar la honestidad de los ciudadanos-consumidores, su espontaneidad expresiva ante las manipulaciones de la vieja política; transparentar es su grito, mostrar un supuesto lenguaje sin espesura es su lema. Sin obstáculos, sin pliegues. Sus lenguajes apuntan a vaciar de contenido historias y memorias de la misma manera que buscan desmontar cualquier relación entre universo reflexivo-crítico y política transformadora. Devastación del mundo de la palabra en nombre de la brutalización massmediática; simplificación de la escena cultural de acuerdo con la continua mutilación de la densidad de los conflictos sociales y políticos.

La nueva derecha es ahora un conjunto de procedimientos y de prácticas que se difunden peligrosamente en las más diversas alternativas políticas. La aceptación de que la escena la construyen los medios de comunicación lleva a un tipo de intervención pública tan respetuosa de ese poder como sumisa respecto de las palabras hegemónicas. Hace tiempo que los estilos comunicacionales habituales recurren al intercambio de denuncias como una cifra moral, que parece menos un proyecto compartible de refundar la política en la autoconciencia pública emancipada que en la circulación de un nuevo "dinero" basado en un control de la política por la vía de un moralismo del ciudadano atrincherado, temeroso, ausente de los grandes panoramas históricos. Moralismo de estrechez domiciliaria, pertrechada, víctima de miedos construidos y de oscuros deseos de resarcimiento. Es un viaje que parece no tener retorno hacia la espectacularización de una conciencia difusa de represalia. Es un recelo que va quedando despojado de contenidos, como no sean los parapetos medrosos de un pensamiento consignatario. Todo lo que implica la misma incapacidad para descubrir que lo que llaman "opinión pública", que en ciertos momentos de la historia es un acatamiento a lo que habla por ella más de lo que ella balbucea de sí misma.

La nueva derecha se inviste con el ropaje de la racionalidad ciudadana, adopta los giros de lenguaje y los deseos más significativos de una opinión colectiva sin la libertad última para ver que encarna los miedos de una época despótica y violenta. Un intenso intercambio simbólico viene a sellar así la alianza entre la nueva derecha, los medios de comunicación hegemónicos y el "sentido común" más ramplón que atraviesa a vastos estratos de las capas medias urbanas y rurales del que tampoco es ajeno un mundo popular permanentemente hostigado por esas discursividades dominantes.

Lo que sucede en Bolivia, quizás el escenario más complejo de la región, debe alertarnos. No porque sean equivalentes los fenómenos sociales y políticos sino porque el tipo de confrontación que las derechas bolivianas despliegan advierten sobre cuánto se puede decidir no respetar la voluntad popular, aun apelando a frenesís plebiscitarios. En la Argentina no estamos ante un escenario de esa índole, pero sí asistiendo a la emergencia de nuevos fenómenos políticos reactivos y conservadores, que atraviesan partidos políticos populares y organizaciones sociales. Todo trastabilla ante la cuerda subterránea que tienden las nuevas derechas. La señora cansada del conflicto, el locutor de la noche harto de la refriega, el pequeño rentista fastidiado de las listas electorales que había votado. Las nuevas derechas ejercen su señorío como una forma de desencanto, llamando al desapego generalizado. El ser social, por fin saturado de las dificultades de una época, llama bajo su forma reactiva a no pensar la dificultad sino a refugiarse en la desafección política, en el módico mesianismo al borde de las rutas. Proclaman que actúan por dignidad cuando son economicistas, y son economicistas cuando demuestran que ésa es la nueva forma de la dignidad.

Atraviesan así toda la materia sensible de este momento de la historia nacional. Su frase predilecta, "no me metan la mano en el bolsillo", hace de los actos legítimos de regulación de las rentas extraordinarias de la tierra una ignominiosa expropiación. Trata un bien nacional, como la productividad del suelo, como cosa meramente privada. Otras frases reiteran: "Está loca", e incluso se ha escuchado en la televisión de la noche de los domingos: "Es satánico". Se interpreta la intervención del Estado en el mercado en la clave de una psiquiatría obtusa de revista de peluquería, de chistoso de calesita o de pitonisa de boudoir. Menos se dice "hay que matarlos", pero aparece en los añadidos que publican algunos periódicos cuando termina la redacción de sus propios artículos y comienza la carnicería opinativa en un anonimato electrónico sediento de desquite. ¿Ante quién?, ¿para qué? No le importan las respuestas a una nueva derecha que recobra el linaje de las más impiadosas que tuvo el país. Ha soltado la lengua, pero aprendió a decir primero "armonía" y diálogo", mientras no ocultan la sonrisa sobradora cuando escuchan que se les dice: "¡Y pegue, y pegue!".

Se considera una redención el uso del lenguaje más incivil del que se tenga memoria en las luchas sociales argentinas. Con impunidad lo han tomado, con rápido gesto de arrebatadores, del desván de los recuerdos y de las historias de gestas desplegadas en nombre de un ideal más igualitario. En un sorprendente movimiento de apropiación para travestirla en su beneficio, han movilizado la memoria de los oprimidos en función de sostener el privilegio de unos pocos, vaciando, hacia atrás, todo sentido genuino, buscando inutilizar una tradición indispensable a la hora de restablecer el vínculo entre las generaciones pasadas y los nuevos ideales emancipatorios.

Es una operación a partir de la cual se definen las lógicas emergentes de esa nueva derecha que no duda en reclamar para sí lo mejor de la tradición republicana y democrática; es una nueva derecha que no se nombra a sí misma como tal, que elude con astucia las definiciones al mismo tiempo que ritualiza en un mea culpa de pacotilla sus responsabilidades pasadas y presentes con lo peor de la política nacional, bendecida por frases evangélicas que llaman oscuramente a la vindicta de los poderosos que aprendieron a hablar con préstamos del lenguaje de los perseguidos. Lo han hecho en otros momentos cruciales de la historia nacional. La nueva derecha inversionista ha comenzado por invertir el significado de las palabras. ¿Por qué no lo harían ahora?

Ante eso, es necesario recuperar otra idea de política, otro vínculo entre la política y las clases populares, y otra ilación entre hechos y símbolos. Si la nueva derecha reina en una sociedad mediatizada, una política que la confronte debe surgir de la distancia crítica con los procedimientos mediáticos. Si la nueva derecha no temió enarbolar la amenaza del hambre (como consecuencia de su desabastecedor plan de lucha), otra política debe situar al hambre, realidad dramática en la Argentina, como problema de máxima envergadura y desafío a resolver. Es cierto que, visiblemente, hoy no son muchos los que aceptan enarbolar blasones de derecha. Hay que buscarla en todos los lenguajes disponibles, en todos los partidos existentes, en todas las conductas públicas que puedan imaginarse. Los pendones que la conmueven pueden ser frases como éstas: "La nueva nación agraria como reserva moral de la nación". Es el viejo tema de las nuevas derechas y la identificación, también antigua, de patria y propiedad, de nación y posesión de la tierra. Es el concepto de reserva moral como liturgia última que sanciona tanto el "fin del conflicto" como un tinglado modernizante que no vacila en expropiar los temas del progresismo, pero para desmantelar lugares y memorias. Es una gauchesca de bolsa de cereales como acorde poético junto al horizonte del nuevo empresariado político. Podrán leer a la ida el Martín Fierro y a la vuelta los consejos de Berlusconi.

Los nuevos hombres "laboriosos", persignados fisiócratas, se indignan porque hay Estado y hay vida colectiva que se resiste a vulnerar la vieja atadura entre las palabras y las cosas. Pero esto ocurre porque la materia ideológica, con sus venerables arabescos y citas célebres, ha quedado deshilvanada, reutilizada en rápidos collages de las nuevas estancias conservadoras del lenguaje. ¿Cómo descubrirlas? Su localización es la ausencia de nervadura social, pues se trata de desplegar para la Argentina futura una nueva cultura social con un único territorio, el de las rentas extraordinarias que desea percibir una nueva clase, interpretando estrechamente las graves necesidades alimentarias del mundo. Parecen campesinos, parecen chacareros, parecen pequeños propietarios, parecen hombres de campo protagonizando una gesta. Pero no son ilusiones estas nuevas creaciones políticas de indesmentible base social nueva. Sin los tractores embanderados, brusca señalización del paisaje que atrae por la carencia de todo matiz, de todo signo mediador. La nueva clase teatraliza una rebelión campesina, pero traza un nuevo destino conservador para la Argentina. Marcha con vocablos fuera de su eje, en una combinación entremezclada que pone en escena la fusión entre formas morales de revancha y captura jocosa de los símbolos del progresismo social.

Asistimos a un remate general de conceptos. Nociones tan complejas como la de "patria agraria", "Argentina profunda", "nuevo federalismo", han resurgido de un arcón honorable de vocablos, cuando significaron algo precioso para miles y miles de argentinos para salir hoy a la luz como mendrugo de astucia y oportunismo. Como en los posmodernismos ya transcurridos, vivimos la sensación de que en el reino de los discursos políticos e ideológicos "todo es posible de darse". Las palabras parecen las mismas, pero se han dislocado bajo una matriz teleteatral y un recetario de cruces de saltimbanqui, legalizados por la escena primordial de cámaras que infunden irrealidad y deserción de la historia en sus recolecciones vertiginosas. Un nuevo estado moral de derecha surge del neoconservadurismo que reordena los valores en juego, luego de que ha tramitado un liberalismo reaccionario y un modernismo que propone conceptos de la sociedad de la información para hacerlos marchar hacia un nuevo consenso disciplinador y desinformante.

Un nuevo sentido común producido por los tejidos tecnoinformativos nutre así el círculo de captura de imágenes y discursos. Se habla como lo hace la llamada "sociedad del conocimiento", y ésta habla como lo hacen previamente quienes ya fueron tocados por la conquistada neoparla que insiste en estar "fuera de la política", pero munidos de jergas sustitutivas de la experiencia pública. Hasta el modo de ir a los actos políticos es puesto bajo la grilla admonitoria de un juez del Olimpo que dictamina los momentos de supuesta "falsa conciencia" de miles de conciudadanos que no poseerían la legítima pasión espontánea de los refundadores del nuevo federalismo sin historia, sin Estado, sin instituciones, sin sujeto. El descrédito de lo político comienza por destituir a las masas populares y sus imperfectas maneras, para hacer pasar por buenas sólo las supuestas movilizaciones pastoriles roussonianas, efectivamente multitudinarias, que mal se sostienen bajo las diversas modalidades del tractorazo, más amenazante que bucólico.

Una república agroconservadora despliega entonces sus banderas de "nuevo movimiento social". Tienen todo el derecho a expresarse, pero el examen democrático del gigantesco operativo que han emprendido debe ser también interpretado. Se trata de sustituir un pueblo que consideran inadecuado con otro vestido con galas de revolución conservadora. Hay suficientes ejemplos en la historia del país y en las memorias constructoras de justicia para decir que no lo lograrán.

El Congreso Nacional Extraordinario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), resolvió ayer, en su primera jornada de debate, "avalar todo lo actuado por el Plenario de Secretarios Generales, la Mesa Ejecutiva y los miembros de la Conducción de la Federación que firmaron la última acta-cuerdo" suscripta el 29 de abril pasado en la Casa de Gobierno junto a la presidenta Cristina Fernández y autoridades del Ministerio de Educación de la Nación.

La decisión de la mayoría de los congresales de las Asociaciones de Base de la Federación se impuso por 27 votos a favor de la ratificación del acuerdo salarial, contra 10 en contra.

El acta suscripta en abril pasado contempla una garantía salarial de 1.290 pesos de bolsillo (1.554 en bruto) para el cargo testigo (ayudante diplomado con dedicación semiexclusiva) equivalente al 38,7% y la incorporación -a partir de abril- al salario básico de un incremento adicional remunerativo y bonificable del 10% para todas las categorías-dedicaciones y antigüedades, que tendrá además una incidencia en el aguinaldo de junio.

La misma avanza hacia la incorporación al salario básico, en el mes de agosto, de un adicional remunerativo y bonificable equivalente al 10,45% de incremento (es el 9,5% acumulativo) para todas las categorías-dedicaciones y antigüedades, que sumada al incremento del mes de abril alcanza el 20,45% para todos los docentes, excepto aquellos que fueron alcanzados por la garantía de $1.290 cuyo porcentaje es mayor (esta cuota podría adelantarse un mes para los colegios preuniversitarios porque no tienen nomenclador).

El acuerdo concluye en diciembre con la incorporación al básico de un adicional remunerativo y bonificable, que permitirá alcanzar una recomposición del nomenclador con una altura de 1,6 entre el profesor titular y el ayudante de primera en todas las dedicaciones y antigüedades y un ajuste salarial para el cargo de ayudante de primera. Al incorporarse esta etapa en diciembre las tres etapas incidirán en el segundo medio aguinaldo del año.

Por otra parte los congresales eligieron a los miembros de la Junta Electoral que fiscalizará la elección de autoridades que conformarán la nueva Mesa Ejecutiva de CONADU, a partir del congreso que se realizará los días 2 y 3 de octubre en la localidad misionera de Puerto Iguazú. Tras la elección la Junta Electoral quedó conformada del siguiente modo: Pedro Pérez (ADUM), Octavio Miloni (ADULP) y Marcela Dellannoy (COAD), en carácter de miembros titulares; Miguel Ivorra (ADUM), Vivián Fisch (ADULP) y Roberto Caramés (COAD), como miembros suplentes.

Por último la Federacion acordó continuar discutiendo en las comisiones de trabajo los puntos acordados en el acta-cuerdo, y que CONADU propuso a comienzos de este año a la Secretaría de Políticas Universitarias y al Consejo Interuniversitario Nacional, entre los que se destacan: llegar el próximo año a una altura de 1,7 del nomenclador, incluyendo alturas equivalentes entre los cargos; convocar la discusión dentro de la paritaria de la designación de docentes interinos; la constitución de una comisión para trabajar la Nueva Ley de Educación Superior; la discusión de un nuevo nomenclador para los niveles preuniversitarios y un adicional del 10% para los docentes doctorados y el adicional por bloque de título (Compromiso Universitario) que CONADU fijó en un 25% para aquellos docentes que acrediten fehacientemente que trabajan exclusivamente en las Universidades Nacionales; además de la incorporación de 4 millones de pesos para capacitación docente; 1 millón de pesos para capacitación en Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y la conformación de una comisión para el desarrollo de un programa de aumentos de dedicación docente.

Secretaría de Prensa CONADU

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) ha expresado ya reiteradamente, por diversas vías, su apoyo a la decisión del gobierno nacional de establecer retenciones móviles a las exportaciones agrícolas, en tanto ellas constituyen un instrumento necesario para el desarrollo de una política de redistribución de la riqueza en nuestro país. Hemos defendido su valor como dispositivo tendiente a preservar la capacidad de consumo de alimentos de los sectores populares, y como uno de los resortes que pueden contribuir a incentivar la diversificación de la producción agrícola y, al mismo tiempo, la soberanía alimentaria nacional, amenazada seriamente por el avance del cultivo de soja.

En el transcurso de estas semanas, la virulencia de las acciones de protesta encabezadas por las entidades promotoras del lock-out patronal del sector agropecuario, dejó al descubierto, pese a la escandalosa manipulación informativa efectuada por los grandes grupos empresarios de la comunicación, los verdaderos móviles del reclamo. La comunión entre aquellos que sólo procuran defender la intangibilidad de extraordinarias ganancias que no proceden del esfuerzo de su trabajo, y quienes hacen de este conflicto una oportunidad para intentar jaquear al gobierno, se basa, en definitiva, en una estrategia común: la desestabilización del proceso democrático y la deslegitimación de la necesaria intervención de los poderes públicos en la determinación de las reglas que rigen el desenvolvimiento del proceso económico, en defensa del interés general.

Es imprescindible señalar la gravedad que reviste el hecho de que estos sectores persistan en acciones que afectan al conjunto de la población - pero, especialmente, a los sectores de menores recursos -, con el propósito no sólo de sostener un patrón de acumulación de la riqueza que sólo puede favorecer a una minoría, sino de generar un estado de cosas que atenta contra toda posibilidad de resolver democráticamente un necesario debate sobre el país que queremos, y de continuar avanzando en la construcción de las condiciones que permitan asegurar una vida digna para todos.

En vista de la situación generada por la continuidad del lock-out patronal de los sectores rurales, y ante el recrudecimiento del carácter antidemocrático de las acciones a que ha dado lugar, CONADU convoca a los trabajadores docentes de las Universidades Nacionales, y al pueblo en general, a participar del acto convocado en la Plaza de Mayo el día miércoles 18 de junio, a las 15 hs. La concentración será en Avenida de Mayo y Perú.

                                    EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

                     POR UNA JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

]]> 151 2008-06-17 20:21:12 2008-06-18 01:21:12 closed open la-federacion-nacional-de-docentes-universitarios-conadu-cta-convoca-a-plaza-de-mayo-en-defensa-de-la-democracia-por-una-justa-distribucion-de-la-riqueza publish 0 0 post http://conadu.org.ar/wordpress/?p=152 Thu, 19 Jun 2008 13:09:43 +0000 conadu http://conadu.org.ar/wordpress/?p=152   Con una amplia participación de sectores políticos, gremiales, sociales y culturales, se cumplió ayer la jornada de movilización a Plaza de Mayo en defensa de la democracia y por una justa distribución de la riqueza. La convocatoria fue realizada por un amplio espectro de organizaciones políticas y sociales ante la prolongación del lock out patronal del campo, que pretende, con 100 días de cortes y protestas, poner en jaque al Estado Nacional en su intento de desarrollar, con las retenciones móviles a las exportaciones, una política de carácter redistributiva que beneficie al conjunto de la sociedad.

Con un amplísimo nivel de convocatoria se cumplió hoy la jornada de movilización en "defensa de la democracia y por una justa distribución de la riqueza", en la cual participó la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) como parte integrante de la Mesa Nacional de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).

El acto, que tuvo como principal y única oradora a la Presidenta Cristina Fernández, contó con la participación de numerosas organizaciones políticas, sindicales, sociales y territoriales que adhirieron a la convocatoria con la convicción de que la política de retenciones móviles al agro que lleva adelante el Poder Ejecutivo, es uno de los principales instrumentos con los que cuenta el Estado Nacional para hacer uso de una de sus funciones fundamentales: garantizar una distribución equitativa de la riqueza.

El desarrollo de este mecanismo para la apropiación de la "renta extraordinaria" generada por la producción extensiva e intensiva de la soja, forma parte de las facultades que tiene el Estado Nacional de acuerdo a lo contemplado en el Código Aduanero y su puesta en práctica significa claramente una decisión política tendiente al fortalecimiento del estado como tal.

Es a la vez un planteo firme para quienes, especulando con las ventajas comparativas que ofrece la renta diferencial de la tierra y los precios internacionales fijados por la demanda externa, decididamente avanzan sobre la destrucción de los recursos naturales, desdeñan la diversificación de la producción, desalientan el desarrollo del mercado interno y ponen en peligro la soberanía alimentaria del conjunto de la población argentina.

El planteo de los sectores agrarios que bloquean las principales rutas del país desde hace 100 días, ha generando una situación de desabastecimiento que afecta al conjunto de la población y hace sentir su efecto más despiadado en las capas más vulnerables de la población. Son esos sectores sociales, castigados ferozmente por las políticas de corte neoliberal ejecutadas durante la década del 90, los que hoy en base a organización y convicciones políticas claras han comenzado a superar lentamente el cuadro de situación en el que se encontraban. Ello, también fue posible por que el Estado Nacional decididamente ocupó el lugar del cual había sido desplazado por "el mercado" en la década pasada. Esta posición política, que recupera el sentido del estado-nación y le devuelve su rol protagónico, es fuertemente cuestionada por los grupos económicos que pretenden apropiarse nuevamente de sus resortes principales.

Si en los últimos días reinó la confusión y hubo una sensación generalizada en la sociedad de que la situación institucional se salía de su cauce natural, fue posible porque en el medio de esta batalla política, ideológica y cultural se encuentran los principales conglomerados de medios de información que apostaron políticamente a movilizar a aquellos sectores, cuya visión "republicana" y "purista" de la política, contribuye a soliviantar posiciones desestabilizadoras que contradicen la legitimidad de un gobierno electo a través del voto popular hace apenas seis meses.

En ese marco la Federación Nacional de Docentes Universitarios asumió el firme compromiso de participar activamente de la convocatoria, pues es responsabilidad de los docentes universitarios, como parte integrante de una comunidad con sus propias particularidades, pero necesariamente relacionada con el estado, la de contribuir a la profundización de este proceso político aportando ideas que sean útiles para el bien del conjunto de la población. Fijando posición frente a aquellos escenarios políticos en los que la Constitución y la Democracia son atacadas por los sectores económicos que, constituyendo como verdaderos factores de poder, ponen en jaque la posibilidad de avanzar hacia un proceso de desarrollo político, social y cultural que beneficie al conjunto del pueblo argentino.

Secretaría de Prensa CONADU

La Universidad Nacional de Cuyo se sumó en los últimos días a las adhesiones que recibió el proyecto de jubilación del 82% impulsado por CONADU y que cuenta con media sanción del Senado Nacional. La iniciativa fue aprobada el 28 de abril por el Consejo Superior de esa Universidad Nacional mediante la resolución nº 334/2008. Se trata de una decisión a través de la cual se resuelve "apoyar el Proyecto de Ley de Jubilación elevado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que amplía el ámbito de aplicación de la Ley nº 24.016 a los docentes universitarios, estableciendo el 82%  de los haberes previsionales".

Nacido al calor de la fuerte puja por la distribución del ingreso que el Estado Nacional mantuvo durante más de cien días con los productores rurales, quienes intentaron por intermedio de un lock-out patronal impedir que el Gobierno Nacional hiciera uso de sus facultades de aplicar retenciones móviles a la renta extraordinaria obtenida por las exportaciones agrícolas, el "Espacio Carta Abierta" elaboró durante esas jornadas tres documentos que fueron presentados públicamente en el Foro Ghandi (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y publicadas en el matutino Pagina 12.

 La primera carta abierta se refirió al ‘Clima Destituyente instalado en Argentina', la segunda a la necesaria ‘nueva redistribución del espacio de las comunicaciones' y la tercera a la gestación de ‘una nueva Derecha en la Argentina '.

Las tres iniciativas desarrollaron, desde una mirada crítica sobre la posición del capital concentrado y desde una perspectiva de acompañamiento de la política de retenciones, los ejes de la agenda pública que marcaron el debate que involucró al conjunto de la sociedad. El grupo "Carta Abierta" se define como un "espacio de participación para la discusión y la intervención en las políticas públicas, en defensa de un gobierno democrático popular amenazado, preservando siempre la libertad de crítica.

 Los integrantes de este espacio, que comenzará a funcionar coordinadamente con los impulsores de la iniciativa en la ciudad de Buenos Aires, amplían este espacio de discusión con el objetivo de incrementar la participación y expandir el espacio geográfico de "Carta Abierta".

 La primera cita contará con la participación de algunos de los iniciadores del espacio y tendrá como objetivo continuar delineando actividades y fijando posición sobre todos aquellos temas de interés nacional y que sean útiles a los fines de luchar por una justa distribución de la riqueza.

 La iniciativa cuenta con el respaldo y la adhesión de numerosos docentes universitarios y artistas de la ciudad de La Plata. Para conocer más sobre el mismo se puede consultar en www.cartabiertaa.blogspot.com, o bien se puede enviar y solicitar información a la siguiente dirección de correo electrónico cartaabiertalaplata@yahoo.com.ar.

Secretaría de Prensa CONADU

]]> 154 2008-06-26 08:03:16 2008-06-26 13:03:16 closed open %e2%80%9cespacio-carta-abierta%e2%80%9d-los-intelectuales-amplian-el-ambito-de-discusion-a-la-ciudad-de-la-plata publish 0 0 post http://conadu.org.ar/wordpress/?p=155 Thu, 26 Jun 2008 17:54:42 +0000 conadu http://conadu.org.ar/wordpress/?p=155   "La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado". Estas son las afirmaciones que encabezan el documento emanado de la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, desarrollado entre los días 4 y 6 de junio de este año en Cartagena de Indias, Colombia, en el que se destaca fuertemente la necesidad de avanzar hacia la constitución de una sociedad más justa y solidaria en el que la Educación Superior juega un papel trascendental para la alcanzar esos objetivos de carácter universal. A continuación la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), reproduce el trabajo como un aporte más a la discusión y el profundo debate que las Universidades Nacionales tienen la obligación de dar, de cara a un nuevo modelo de universidad.

La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Ésta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región.

En la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES), celebrada del 4 al 6 de junio de 2008, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, bajo los auspicios del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO) y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, con la colaboración de los gobiernos de Brasil, España, México y la República Bolivariana de Venezuela, han participado presencialmente más de 3.500 integrantes de la comunidad académica regional - directivos, profesores, investigadores, estudiantes, funcionarios administrativos, representantes de gobiernos y de organismos nacionales, regionales e internacionales, de asociaciones y redes y otros interesados en Educación Superior. La CRES 2008 también fue trasmitida por Internet en cuatro idiomas a todos los países de América Latina y el Caribe (ALC) y el mundo desde los portales de la CRES, de la UNESCO-Paris, del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y del Ministerio de la Educación de Brasil, y otros medios como radio y televisión. Esta Conferencia ha contribuido a identificar los principales planteamientos de América Latina y el Caribe ante la Conferencia Mundial de Educación Superior, prevista para el año 2009, así como las ideas-fuerza para la consolidación, expansión y creciente calidad y pertinencia de la Educación Superior en la región.

La CRES 2008 se realiza a 10 años de la Conferencia Mundial de Educación Superior (1998), a 12 años de la Conferencia Regional de la Habana (1996) y a los 90 años de la Reforma de Córdoba, cuyos principios constituyen hoy orientaciones fundamentales en materia de autonomía universitaria, cogobierno, acceso universal y compromiso con la sociedad.

El amplio proceso de preparación de este evento ha contado con la activa participación de las comunidades académicas de la región, incluidos los estudiantes a través de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE). Dicha participación se ha dado en múltiples foros y encuentros de carácter nacional, subregional y regional, cuyas conclusiones nutren el evento. Por otra parte, los estudios coordinados por IESALC han conducido a la elaboración de los documentos ampliamente divulgados que sirven de base para el debate en esta Conferencia.

El balance realizado visualiza, en términos prospectivos, los retos y las oportunidades que se plantean en la Educación Superior de la región, a la luz de la integración regional y de los cambios en el contexto global. El objetivo es configurar un escenario que permita articular, de forma creativa y sustentable, políticas que refuercen el compromiso social de la Educación Superior, su calidad y pertinencia, y la autonomía de las instituciones. Esas políticas deben apuntar al horizonte de una Educación Superior para todos y todas, teniendo como meta el logro de una mayor cobertura social con calidad, equidad y compromiso con nuestros pueblos; deben inducir el desarrollo de alternativas e innovaciones en las propuestas educativas, en la producción y transferencia de conocimientos y aprendizajes, así como promover el establecimiento y consolidación de alianzas estratégicas entre gobiernos, sector productivo, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Deben también tomar en cuenta la riqueza de la historia, de las culturas, las literaturas y las artes del Caribe y favorecer la movilización de las competencias y de los valores universitarios de esta parte de nuestra región, para edificar una sociedad latinoamericana y caribeña diversa, fuerte, solidaria y perfectamente integrada.

La Conferencia Regional de Educación Superior 2008 hace un urgente y enfático llamado a los miembros de las comunidades educativas, particularmente a los encargados de la toma de decisiones políticas y estratégicas, a los responsables de los Ministerios de Educación, de Educación Superior, de Cultura y de Ciencia y Tecnología, a las organizaciones internacionales, a la propia UNESCO y a los actores y personas involucrados en las tareas educativas y universitarias, a considerar los planteamientos y las líneas de acción que se han derivado del debate sostenido en ella acerca de las prioridades que la Educación Superior debe asumir, sobre la base de una clara conciencia respecto de las posibilidades y aportes que ésta reviste para el desarrollo de la región.

Los desafíos y retos que debemos enfrentar son de tal magnitud que, de no ser atendidos con oportunidad y eficacia, ahondarán las diferencias, desigualdades y contradicciones que hoy impiden el crecimiento de América Latina y el Caribe con equidad, justicia, sustentabilidad y democracia para la mayoría de los países que la conforman. Esta Conferencia Regional señala que, si bien se ha avanzado hacia una sociedad que busca cambios y referentes democráticos y sustentables, aún faltan transformaciones profundas en los ejes que dinamizarán el desarrollo de la región, entre los cuales, uno de los más importantes, es la educación y en particular la Educación Superior.

Por ello, convencidos del valor primordial de la Educación Superior en el forjamiento de un futuro mejor para nuestros pueblos, declaramos:

A - Contexto

1 - La construcción de una sociedad más próspera, justa y solidaria y con un modelo de desarrollo humano integral sustentable, debe ser asumida por todas las naciones del Mundo y por la sociedad global en su conjunto. En este sentido, las acciones para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio deben constituirse en una prioridad fundamental.

2 - Nuestra región es marcadamente pluricultural y multilingüe. La integración regional y el abordaje de los desafíos que enfrentan nuestros pueblos requieren enfoques propios que valoren nuestra diversidad humana y natural como nuestra principal riqueza.

3 - En un mundo donde el conocimiento, la ciencia y la tecnología juegan un papel de primer orden, el desarrollo y el fortalecimiento de la Educación Superior constituyen un elemento insustituible para el avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático y la crisis energética, así como para la promoción de una cultura de paz.

B - La Educación Superior como derecho humano y bien público social

1 - La Educación Superior es un derecho humano y un bien público social. Los Estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho. Los Estados, las sociedades nacionales y las comunidades académicas deben ser quienes definan los principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de los ciudadanos y ciudadanas, velando por que ella sea pertinente y de calidad.

2 - El carácter de bien público social de la Educación Superior se reafirma en la medida que el acceso a ella sea un derecho real de todos los ciudadanos y ciudadanas. Las políticas educacionales nacionales constituyen la condición necesaria para favorecer el acceso a una Educación Superior de calidad, mediante estrategias y acciones consecuentes.

3 - Considerando la inmensa tarea de expandir la cobertura que se presenta para los países de América Latina y el Caribe, tanto el sector público como el privado están obligados a otorgar una Educación Superior con calidad y pertinencia, por lo que los gobiernos deben fortalecer los mecanismos de acreditación que garanticen la transparencia y la condición de servicio público.

4 - En América Latina y el Caribe, particularmente, se necesita una educación que contribuya eficazmente a la convivencia democrática, a la tolerancia y a promover un espíritu de solidaridad y de cooperación; que construya la identidad continental; que genere oportunidades para quienes hoy no las tienen y que contribuya, con la creación del conocimiento, a la trasformación social y productiva de nuestras sociedades. En un continente con países que vienen saliendo de la terrible crisis democrática que provocaron las dictaduras y que ostenta la penosa circunstancia de tener las mayores desigualdades sociales del Planeta, los recursos humanos y el conocimiento serán la principal riqueza de todas cuantas disponemos.

5 - Las respuestas de la Educación Superior a las demandas de la sociedad han de basarse en la capacidad reflexiva, rigurosa y crítica de la comunidad universitaria al definir sus finalidades y asumir sus compromisos. Es ineludible la libertad académica para poder determinar sus prioridades y tomar sus decisiones según los valores públicos que fundamentan la ciencia y el bienestar social. La autonomía es un derecho y una condición necesaria para el trabajo académico con libertad, y a su vez una enorme responsabilidad para cumplir su misión con calidad, pertinencia, eficiencia y transparencia de cara a los retos y desafíos de la sociedad. Comprende asimismo la rendición social de cuentas. La autonomía implica un compromiso social y ambos deben necesariamente ir de la mano. La participación de las comunidades académicas en la gestión y, en especial, la participación de los estudiantes resultan indispensables.

6 - La Educación Superior como bien público social se enfrenta a corrientes que promueven su mercantilización y privatización, así como a la reducción del apoyo y financiamiento del Estado. Es fundamental que se revierta ésta tendencia y que los gobiernos de América Latina y el Caribe garanticen el financiamiento adecuado de las instituciones de Educación Superior públicas y que estas respondan con una gestión transparente. La educación no puede, de modo alguno, quedar regida por reglamentos e instituciones previstas para el comercio, ni por la lógica del mercado. El desplazamiento de lo nacional y regional hacia lo global (bien público global) tiene como consecuencia el fortalecimiento de hegemonías que existen de hecho.

7 - La educación suministrada por proveedores transnacionales, exenta de control y orientación por parte de los Estados nacionales, favorece una educación descontextualizada en la cual los principios de pertinencia y equidad quedan desplazados. Ello amplía la exclusión social, fomenta la desigualdad y consolida el subdesarrollo. Debemos promover en nuestros países las leyes y los mecanismos necesarios para regular la oferta académica, especialmente la trasnacional, en todos los aspectos claves de una Educación Superior de calidad.

8 - La incorporación de la Educación como un servicio comercial en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha dado lugar a un rechazo generalizado por parte de muy diversas organizaciones relacionadas directamente con la Educación Superior. La referida incorporación constituye una fuerte amenaza para la construcción de una Educación Superior pertinente en los países que acepten los compromisos exigidos en el Acuerdo General de Comercio y Servicios, y ello supone graves daños para los propósitos humanistas de una educación integral y para la soberanía nacional. Por ende, desde la CRES, advertimos a los Estados de América Latina y el Caribe sobre los peligros que implica aceptar los acuerdos de la OMC y luego estar obligados por estos, entre otros aspectos lesivos, a orientar fondos públicos hacia emprendimientos privados extranjeros implantados en su territorio, en cumplimiento del principio del "trato nacional" que en ellos se establece. Asimismo afirmamos nuestro propósito de actuar para que la Educación en general y la Educación Superior en particular no sean consideradas como servicio comercial.

• C - Cobertura y modelos educativos e institucionales

1 - Para asegurar un significativo crecimiento de la cobertura educacional requerida para las próximas décadas, se hace imprescindible que la Educación Superior genere las estructuras institucionales y las propuestas académicas que garanticen el derecho a ella y la formación del mayor número posible de personas competentes, destinadas a mejorar sustancialmente el soporte sociocultural, técnico, científico y artístico que requieren los países de la región.

2 - Dada la complejidad de las demandas de la sociedad hacia la Educación Superior, las instituciones deben crecer en diversidad, flexibilidad y articulación. Ello es particularmente importante para garantizar el acceso y permanencia en condiciones equitativas y con calidad para todos y todas, y resulta imprescindible para la integración a la Educación Superior de sectores sociales como los trabajadores, los pobres, quienes viven en lugares alejados de los principales centros urbanos, las poblaciones indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, personas en régimen de privación de libertad, y otras poblaciones carenciadas o vulnerables.

3 - Se deben promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. El reto no es sólo incluir a indígenas, afrodescendientes y otras personas culturalmente diferenciadas en las instituciones tal cual existen en la actualidad, sino transformar a éstas para que sean más pertinentes con la diversidad cultural. Es necesario incorporar el diálogo de saberes y el reconocimiento de la diversidad de valores y modos de aprendizaje como elementos centrales de las políticas, planes y programas del sector.

4 - Dar satisfacción al aumento de las exigencias sociales por Educación Superior requiere profundizar las políticas de equidad para el ingreso e instrumentar nuevos mecanismos de apoyo público a los estudiantes (becas, residencias estudiantiles, servicios de salud y alimentación, tanto como el acompañamiento académico), destinados a permitir su permanencia y buen desempeño en los sistemas.

5 - Producir transformaciones en los modelos educativos para conjurar los bajos niveles de desempeño, el rezago y el fracaso estudiantil, obliga a formar un mayor número de profesores capaces de utilizar el conjunto de las modalidades didácticas presenciales o virtuales, adecuadas a las heterogéneas necesidades de los estudiantes y que, además, sepan desempeñarse eficazmente en espacios educativos donde actúan personas de disímiles procedencias sociales y entornos culturales.

6 - Avanzar hacia la meta de generalizar la Educación Superior a lo largo de toda la vida requiere reivindicar y dotar de nuevos contenidos a los principios de la enseñanza activa, según los cuales los principales protagonistas son individual y colectivamente quienes aprenden. Podrá haber enseñanza activa, permanente y de alto nivel sólo si ella se vincula de manera estrecha e innovadora al ejercicio de la ciudadanía, al desempeño activo en el mundo del trabajo y al acceso a la diversidad de las culturas.

7 - Ofrecer mayores opciones para los estudiantes al interior de los sistemas, a través de curricula flexibles que les faciliten un tránsito por sus estructuras, permitirá atender de modo eficiente sus intereses y vocaciones particulares, permitiéndoles acceder a nuevas formaciones de grado de naturaleza polivalente y acordes con la evolución de las demandas en el mundo del trabajo. Todo esto exige perfeccionar la articulación entre los distintos niveles de formación, mecanismos educativos formales y no formales, así como programas conciliables con el trabajo. Superar la segmentación y la desarticulación entre carreras e instituciones, avanzando hacia sistemas de Educación Superior fundados en la diversidad, permitirá la democratización, el pluralismo, la originalidad y la innovación académica e institucional, firmemente sustentada en la autonomía universitaria. Igualmente, resultan imprescindibles la desconcentración y regionalización de la oferta educativa para procurar la equidad territorial, tanto como para facilitar la incorporación de los actores locales en la Educación Superior.

8 - Las tecnologías de información y comunicación deben contar con personal idóneo, experiencias validadas y un sistema de estricto control de la calidad para ser una herramienta positiva de expansión geográfica y temporal del proceso de enseñanza- aprendizaje.

9 - Dado que la virtualización de los medios educativos y su uso intensivo en los procesos de enseñanza-aprendizaje tenderán a crecer aceleradamente, cobra enorme importancia el papel de la Educación Superior en la formación de personas con juicio crítico y estructuras de pensamiento capaces de transformar la información en conocimiento, para el buen ejercicio de sus profesiones y liderazgo en los sectores público y privado.

10 - La Educación Superior tendrá que hacer efectivo el desarrollo de políticas de articulación con todo el sistema educativo, colaborando en la formación de sólidas bases cognitivas y de aprendizaje en los niveles precedentes, de tal manera que los estudiantes que ingresan al nivel superior cuenten con los valores, las habilidades, destrezas y capacidades para poder adquirir, construir y transferir conocimientos en beneficio de la sociedad. La Educación Superior tiene una indudable responsabilidad en la formación de profesores para todo el sistema educativo, así como en la consolidación de la investigación pedagógica y la producción de contenidos educativos. Los Estados deben asumir en su plenitud la prioridad de garantizar una educación de calidad para todos, desde la educación inicial hasta la superior. En este sentido, las políticas de acceso a la Educación Superior deben también considerar la necesidad de la implementación de programas de enseñanza e investigación de calidad en los postgrados.

11 - Hay que reconocer al cuerpo docente como actor fundamental del sistema educativo, garantizando su formación, capacitación permanente, adecuadas condiciones laborales y regímenes de trabajo, salario y carrera profesional que permitan hacer efectiva la calidad en la enseñanza y la investigación.

12 - Es indispensable garantizar la universalización de la educación media. Igualmente, la incorporación de toda la población a las dinámicas del conocimiento exige, por parte de las instituciones de Educación Superior, el desarrollo de alternativas y trayectorias educativas conducentes a certificaciones para el trabajo, la alfabetización digital y el reconocimiento, de experiencias y saberes adquiridos fuera de los sistemas formales. En este sentido, debe rescatarse, entre otras, la experiencia de las Universidades Populares de los inicios del reformismo universitario.

• 13 - Las instituciones de Educación Superior de la región necesitan y merecen mejores formas de gobierno, capaces de responder a las transformaciones demandadas por los contextos internos y externos. Eso exige la profesionalización de los directivos y una vinculación clara entre la misión y propósitos de la institución y los instrumentos de gestión.

D - Valores sociales y humanos de la Educación Superior

1 - Es preciso hacer cambios profundos en las formas de acceder, construir, producir, transmitir, distribuir y utilizar el conocimiento. Como ha sido planteado por la UNESCO en otras oportunidades, las instituciones de Educación Superior, y, en particular, las Universidades, tienen la responsabilidad de llevar a cabo la revolución del pensamiento, pues ésta es fundamental para acompañar el resto de las transformaciones.

2 - Reivindicamos el carácter humanista de la Educación Superior, en función del cual ella debe estar orientada a la formación integral de personas, ciudadanos y profesionales, capaces de abordar con responsabilidad ética, social y ambiental los múltiples retos implicados en el desarrollo endógeno y la integración de nuestros países, y participar activa, crítica y constructivamente en la sociedad.

3 - Es necesario promover el respeto y la defensa de los derechos humanos, incluyendo: el combate contra toda forma de discriminación, opresión y dominación; la lucha por la igualdad, la justicia social, la equidad de género; la defensa y el enriquecimiento de nuestros patrimonios culturales y ambientales; la seguridad y soberanía alimentaría y la erradicación del hambre y la pobreza; el diálogo intercultural con pleno respeto a las identidades; la promoción de una cultura de paz, tanto como la unidad latinoamericana y caribeña y la cooperación con los pueblos del Mundo. Éstos forman parte de los compromisos vitales de la Educación Superior y han de expresarse en todos los programas de formación, así como en las prioridades de investigación, extensión y cooperación interinstitucional.

4 - La Educación Superior, en todos los ámbitos de su quehacer, debe reafirmar y fortalecer el carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe de nuestros países y de nuestra región.

5 - Las instituciones de Educación Superior deben avanzar en la configuración de una relación más activa con sus contextos. La calidad está vinculada a la pertinencia y la responsabilidad con el desarrollo sostenible de la sociedad. Ello exige impulsar un modelo académico caracterizado por la indagación de los problemas en sus contextos; la producción y transferencia del valor social de los conocimientos; el trabajo conjunto con las comunidades; una investigación científica, tecnológica, humanística y artística fundada en la definición explícita de problemas a atender, de solución fundamental para el desarrollo del país o la región, y el bienestar de la población; una activa labor de divulgación, vinculada a la creación de conciencia ciudadana sustentada en el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural; un trabajo de extensión que enriquezca la formación, colabore en detectar problemas para la agenda de investigación y cree espacios de acción conjunta con distintos actores sociales, especialmente los más postergados.

6 - Es necesario promover mecanismos que permitan, sin menoscabo de la autonomía, la participación de distintos actores sociales en la definición de prioridades y políticas educativas, así como en la evaluación de éstas.

• E - La educación científica, humanística y artística y el desarrollo integral sustentable

1 - La Educación Superior tiene un papel imprescindible en la superación de las brechas científicas y tecnológicas con los países hoy más desarrollados y al interior de la región. La existencia de dichas brechas amenaza con perpetuar en nuestros países situaciones de subordinación y pobreza. Se requiere incrementar la inversión pública en ciencia, tecnología e innovación, así como la formulación de políticas públicas para estimular una creciente inversión por parte de las empresas. Estas inversiones deben estar dirigidas al fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales para la generación, transformación y aprovechamiento del conocimiento, incluyendo la formación calificada, el acceso a la información el equipamiento necesario, la conformación de equipos humanos y comunidades científicas integradas en red.

2 - Las políticas nacionales, regionales e institucionales deben estar encaminadas fundamentalmente a lograr una transformación de los modelos de relación entre los grupos de investigación académica y los usuarios del conocimiento, sean estos empresas de producción, servicios públicos o comunidades, de forma que las necesidades sociales y productivas se articulen con las capacidades académicas, conformando líneas de investigación prioritaria.

3 - El desarrollo de las capacidades científicas, tecnológicas, humanísticas y artísticas con clara y rigurosa calidad debe estar vinculado a una perspectiva de sustentabilidad. El agotamiento del modelo predominante de desarrollo se evidencia en la contraposición entre las necesidades humanas, los modelos de consumo y la conservación de la habitabilidad del Planeta. Se trata de propiciar enfoques que apunten a combinar la atención de los problemas sociales, económicos y ambientales, reduciendo el hambre, la pobreza y la inequidad, a la vez que se mantienen la biodiversidad y los sistemas de soporte de la vida en la Tierra. La educación es crucial para transformar valores que hoy estimulan un consumo no sustentable. Las instituciones de conocimiento tienen un papel fundamental en la orientación de las nuevas tecnologías y la innovación hacia sistemas de consumo- producción que no condicionen las mejoras en el bienestar al consumo creciente de energía y materiales.

4 - Las nuevas tecnologías convergentes forman parte de la dinámica contemporánea del desarrollo científico-técnico que transformará a las sociedades en el curso de las próximas décadas. Nuestros países deberán sortear nuevos y difíciles desafíos para poder generar y utilizar este conocimiento e introducirlo y adaptarlo a metas sociales y económicas. Es necesario prestar especial atención a las barreras y potenciar la construcción de bases y plataformas científico-tecnológicas endógenas.

5 - El proceso de construcción de una agenda en ciencia, tecnología e innovación compartida por la universidad latinoamericana y caribeña debe apuntar a generar el conocimiento que nuestro desarrollo y el bienestar que nuestros pueblos demandan. Debe también propiciar una actividad científica fundada en las necesidades sociales y una creciente comprensión de la ciencia como un asunto público que concierne a la sociedad en su conjunto.

6 - Debe incrementarse la difusión y la divulgación del conocimiento científico y cultural a la sociedad, dando a los ciudadanos la oportunidad de participar en las decisiones sobre asuntos científicos y tecnológicos que puedan afectarlos directa o indirectamente, buscando convertirlos en soporte conciente de ellas, y al mismo tiempo abriendo el sistema científico a la crítica social.

7 - Tan importantes como la generación y socialización del conocimiento en las áreas de ciencias exactas, naturales y tecnologías de producción son los estudios humanísticos, sociales y artísticos con el fin de fortalecer perspectivas propias para el abordaje de nuestros problemas, responder a los retos en materia de derechos humanos, económicos, sociales y culturales, equidad, distribución de la riqueza, integración intercultural, participación, construcción democrática y equilibrio internacional, así como de enriquecer nuestro patrimonio cultural. Es indispensable acortar las distancias entre los campos científicos, técnicos, humanísticos, sociales y artísticos, entendiendo la complejidad y multidimensionalidad de los problemas y favoreciendo la transversalidad de los enfoques, el trabajo interdisciplinario y la integralidad de la formación.

8 - La formación de postgrado resulta indispensable para el desarrollo de la investigación científica, tecnológica, humanística y artística, basada en criterios rigurosos de calidad. El postgrado ha de estar fundamentado en líneas activas de investigación y creación intelectual para garantizar que sean estudios que promuevan las más altas calificaciones profesionales y la formación permanente, contribuyendo efectivamente a la generación, transformación y socialización del conocimiento.

• F - Redes académicas

1 - La historia y los avances construidos desde el ámbito de la cooperación han hecho a nuestras instituciones de Educación Superior actores con vocación de integración regional. Es mediante la constitución de redes que las instituciones de Educación Superior de la región pueden unir y compartir el potencial científico y cultural que poseen para el análisis y propuesta de solución a problemas estratégicos. Dichos problemas no reconocen fronteras y su solución depende de la realización de esfuerzos mancomunados entre las instituciones de Educación Superior y los Estados.

2 - Las redes académicas a escala nacional y regional son interlocutores estratégicos ante los gobiernos. Son, asimismo, los protagonistas indicados para articular de manera significativa identidades locales y regionales, y colaborando activamente en la superación de las fuertes asimetrías que prevalecen en la región y en el mundo frente al fenómeno global de la internacionalización de la Educación Superior.

• G - La emigración calificada

1 - Un tema que merece la mayor atención es la prevención de la sustracción de personal de alta calificación por vía de la emigración. La existencia de políticas explícitas por parte de países industrializados para la captación de dicho personal proveniente de los países del Sur significa, en muchos casos para éstos, la pérdida de capacidades profesionales indispensables. Resultan impostergables políticas públicas que atiendan al problema en su complejidad, salvaguardando el patrimonio intelectual, científico, cultural, artístico y profesional de nuestros países.

2 - La emigración se ve acelerada por el reclutamiento de jóvenes profesionales de la región por parte de los países centrales, para atender la disminución de su población estudiantil universitaria. Ello podrá enfrentarse mediante la apertura de ámbitos locales de trabajo acordes con sus capacidades, y el aprovechamiento, a través de mecanismos que minimicen el impacto de las pérdidas, de las ventajas estratégicas que puede significar la emigración calificada en otras regiones para el país de origen cuando éste no pueda absorberla directamente.

• H - Integración regional e internacionalización

1 - Es fundamental la construcción de un Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES), el cual debe formar parte de la agenda de los gobiernos y los organismos multilaterales de carácter regional. Ello es básico para alcanzar niveles superiores que apunten a aspectos fundamentales de la integración regional: la profundización de su dimensión cultural; el desarrollo de fortalezas académicas que consoliden las perspectivas regionales ante los más acuciantes problemas mundiales; el aprovechamiento de los recursos humanos para crear sinergias en escala regional; la superación de brechas en la disponibilidad de conocimientos y capacidades profesionales y técnicas; la consideración del saber desde el prisma del bienestar colectivo; y la creación de competencias para la conexión orgánica entre el conocimiento académico, el mundo de la producción, el trabajo y la vida social, con actitud humanista y responsabilidad intelectual.

2 - En el marco de la consolidación del ENLACES, es necesario acometer:

• a. la renovación de los sistemas educativos de la región, con el objeto de lograr una mejor y mayor compatibilidad entre programas, instituciones, modalidades y sistemas, integrando y articulando la diversidad cultural e institucional;
• b. la articulación de los sistemas nacionales de información sobre Educación Superior de la región para propiciar, a través del Mapa de la Educación Superior en ALC (MESALC), el mutuo conocimiento entre los sistemas como base para la movilidad académica y como insumo para adecuadas políticas públicas e institucionales.
• c. el fortalecimiento del proceso de convergencia de los sistemas de evaluación y acreditación nacionales y subregionales, con miras a disponer de estándares y procedimientos regionales de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior y de la investigación para proyectar su función social y pública. Los procesos de acreditación regionales deben estar legitimados por la participación de las comunidades académicas, contar con la contribución de todos los sectores sociales y reivindicar que calidad es un concepto inseparable de la equidad y la pertinencia;
• d. el mutuo reconocimiento de estudios, títulos y diplomas, sobre la base de garantías de calidad, así como la formulación de sistemas de créditos académicos comunes aceptados en toda la región. Los acuerdos sobre legibilidad, transparencia y reconocimiento de los títulos y diplomas resultan indispensables, así como la valoración de habilidades y competencias de los egresados y la certificación de estudios parciales; igualmente hay que dar seguimiento al proceso de conocimiento reciproco de los sistemas nacionales de postgrado, con énfasis en la calidad como un requisito para el reconocimiento de títulos y créditos otogardos en cada uno de los países de la región.
• e. el fomento de la movilidad intraregional de estudiantes, investigadores, profesores y personal administrativo, incluso a través de la implementación de fondos específicos;
• f. el emprendimiento de proyectos conjuntos de investigación y la creación de redes de investigación y docencia multiuniversitarias y pluridisciplinarias;
• g. el establecimiento de instrumentos de comunicación para favorecer la circulación de la información y el aprendizaje;
• h. el impulso a programas de educación a distancia compartidos, así como el apoyo a la creación de instituciones de carácter regional que combinen la educación virtual y la presencial;
• i. el fortalecimiento del aprendizaje de lenguas de la región para favorecer una integración regional que incorpore como riqueza la diversidad cultural y el plurilingüismo.
• 3 - En el plano internacional es preciso fortalecer la cooperación de América Latina y el Caribe con las otras regiones del Mundo, particularmente la cooperación Sur-Sur y, dentro de ésta, con los países africanos.

La Conferencia encomienda al IESALC designar una comisión encargada de presentar a la brevedad una hoja de ruta que permita la integración progresiva de las instituciones de Educación Superior de la región.

Los participantes en este encuentro reconocen la labor enjundiosa realizada por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO) en la preparación y realización de este evento, que ha permitido recoger la opinión de la comunidad académica regional con miras a la Conferencia Mundial de Educación Superior, París 2009.

La integración académica latinoamericana y caribeña es una tarea impostergable. Es necesaria para crear el futuro del Continente. Los participantes de la CRES 2008 ratifican el compromiso de asegurar esta tarea. Tenemos la obligación y la responsabilidad de crear un futuro propio.

Decimos con Gabriel García Márquez, desde su sentida Colombia, que nos toca avanzar hacia "una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra".

CRES, Junio de 2008.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) asistió este jueves al Salón Azul del Senado de la Nación, donde se llevó a cabo el encuentro inaugural del Foro "Hacia una nueva Ley de Educación Superior", que fue convocado por la Comisión de Educación de la Cámara Alta del Congreso con el objetivo central de avanzar hacia los "consensos necesarios", para garantizar una Nueva Ley de Educación Superior que se ajuste a la etapa política que vive el país.

El acto contó con la presencia del Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, el Ministro de Educación Juan Carlos Tedesco, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adriana Puiggrós, la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Blanca Osuna y el Secretario de Políticas Universitarias, Alberto Dibbern.

Mientras que en representación de CONADU estuvieron presentes su Secretario General, Carlos De Feo, Pedro Sanllorenti, Secretario Adjunto, y la Coordinadora del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, Yamile Socolovsky.

Durante su exposición, la Senadora Blanca Osuna explicó que "el sentido del encuentro es el de abrir y alentar los consensos necesarios para producir la mejor ley" y destacó que "las instituciones de Educación Superior aportan al bien público y social, a unos derechos humanos que hay que resguardar y a la riqueza nacional, que necesita ser distribuida con más equidad para la justicia de nuestro pueblo".

En ese marco el Ministro de Educación de la Nación, Juan Carlos Tedesco, señaló la "necesidad y urgencia" con que se plantea la sanción de una nueva ley, al destacar que el "conocimiento es el factor central que define las actividades productivas" y al resaltar que la nueva ley debe adecuar las instituciones al proceso de transformación que vive hoy el país y el mundo. En tal sentido remarcó que es necesario "articular políticas educativas amplias y construir consensos para garantizar la continuidad de las políticas de Estado".

Por su parte la diputada nacional de Frente Para la Victoria, Adriana Puiggrós, reivindicó los avances políticos que se produjeron en la reciente Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) realizada en Colombia, y repasó las tres principales posturas que están en discusión hoy en América Latina: la primera es aquella que desvirtuando la idea de autonomía, produce la captura del concepto de universidad por parte del mercado -esta posición, aunque minoritaria en Argentina, es muy fuerte en el resto de América Latina-, la segunda está relacionada con quienes pretenden restaurar la antigua universidad que, aunque querida y respetada, ya no es capaz de enfrentar los cambios que se han producido en la región y finalmente, quienes miran hacia el futuro hacia el mejoramiento de la calidad, la inclusión de todos, la definición de la pertinencia en relación a la articulación con la sociedad y el cumplimiento con las funciones que la sociedad y el Estado le asignan a la Educación Superior, lo cual no implica contradicción alguna con los principios de la Reforma del 18 que todos defendemos".

Durante su intervención el Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, destacó "la importancia de recuperar el sistema universitario, porque es el único que además de transmitir conocimiento lo genera. Remarcó también que la universidad y los universitarios deben asumir un fuerte compromiso con la sociedad que los sostiene, concepto que se conoce como responsabilidad social universitaria".

Tras la finalización del Foro, que implicó la exposición de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y los Legisladores, comenzó el desarrollo de la exposición de los conferencistas invitados: el Dr. Abraham Gak, Director del Plan Fénix, y Ana Lucía Gazzola, Directora de IESAL C-UNESCO.

Gak se refirió a uno de los puntos más discutidos sobre los aspectos de la nueva Ley de Educación Superior: la "autonomía". En ese sentido explicó que "existe un cierto consenso sobre la medida en que la autonomía universitaria se mantiene y en qué medida se relaciona con las necesidades sociales; nuestro sistema de carreras disciplinares es obsoleto, por lo cual habría que encontrar una forma de organización de las universidades que permita la interdisciplinariedad. Para Gak "no está en discusión la gratuidad de la enseñaza, pero sí la gratuidad de los posgrados que deberían contemplar a aquellos vinculados a la formación científica para la enseñanza y la investigación.

Por último la Doctora Ana Lucia Gazzola, Directora de IESALC - UNESCO, reivindicó en su exposición, denominada "Universidad, cooperación internacional y diversidad", la necesidad de mantener un sistema público y gratuito de educación, también en posgrados, para tener una inserción competitiva en un mundo globalizado. En ese marco rescató lo que entiende, fue una victoria de los países latinoamericanos y del Caribe, que hayan podido consensuar la declaración de Cartagena, donde se establece que la educación es un bien público, un derecho social y un deber del Estado.

En tal sentido reafirmó que la Universidad y la Educación superior "son y deben ser políticas de Estado y elementos estratégicos para el desarrollo sustentable; que no hay desarrollo que no sea sustentable - es decir, que el desarrollo para ser tal debe contemplar las dimensiones económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales- y que los valores de la Reforma del 18 deben ser reafirmados porque no han sido llevados a cabo plenamente, ya que está en su propia naturaleza el de ser un proceso de construcción permanente".

Secretaría de Prensa CONADU

El encuentro, que significó la continuidad de la reunión de trabajo en comisión desarrollada el 28 de mayo pasado, contó con la participación de los delegados del Colegio Manuel Belgrano, de Córdoba, el Comercial y el Politécnico de la Universidad Nacionald de Rosario, la Escuela Agraria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Escuela Normal de San Luís y de los Colegios de la Universidad Nacional de La Plata.

 Los delegados de base coincidieron que "es necesario avanzar hacia la unificación de las formas de liquidación de los haberes y de los montos que perciben los docentens preuniversitarios".

 Para ello concluyeron con la tarea de recabar información sobre las "formas de pago en las distintas universidades y montos que conforman la liquidación". En ese contexto los participantes del encuentro observaron "las importantes diferencias que en los dos aspectos existe entre las distintas universidades nacionales" y aseguraron que es indispensable "unificar los criterios de liquidación para modificar el nomenclador actual de estos establecimientos".

 En este punto hubo coincidencias en la necesidad de "redefinir las jerarquías y la forma de consignarlas" que actualmente figuran en el Proyecto de Convenio Colectivo de la Federación Nacional de Docentes Universitarios.

 Además los dirigentes de base avanzaron en la discusión que da cuenta de la "importancia de retornar a un sistema de puntos para establecer futuro incrementos salariales, de forma acorde a las reales y efectivas tareas que desarrollan los docentes".

 Por otra parte analizaron una presentación de la Escuela Normal Pringues de San Luís en la que fijan posición sobre la participación de los docentes de estos establecimientos educativos en el Honorable Consejo Superior, que será tratada mañana martes en sesión.

 Por ello, y al existir un proyecto alternativo al de la Asociación ADU de San Luis, el cual "implicaría una clara discriminación hacia los compañeros de la Escuela Normal", la Comisión de Escuelas que se reunió en CONADU redactó un documento que hizo llegar a la Asociación ADUSL para ser presentado en la sesión del Consejo Superior de esa Universidad Nacional.

 Asimismo, los delegados de los colegios preuniversitarios comenzaron a trabajar sobre temas vinculados a la representación, ciudadanía universitaria y carrera docente, como así también en la necesidad de cambiar la denominación, o la referencia, del sistema de "niveles preuniversitarios", puesto que este rótulo tiene distintas implicancias que es necesario comenzar a discutir.

 Al mismo tiempo que fijaron una nueva fecha de reunión para el día 28 de julio, también empezaron a definir la organización de un Congreso de Escuelas que dependen de las Universidades Nacionales, que se realizaría en el Colegio Monserrat de la ciudad de Córdoba en los primeros días de septiembre.

 Secretaría de Prensa CONADU

CONADU, al igual que la CTERA, considera que esta condena es sólo un paso más en la "Campaña Contra la Impunidad y por el Juicio y Castigo", impulsada por la conducción nacional de CTERA y ATEN con el objetivo de reclamar una profundización en la investigación, de manera tal que la misma permita avanzar en la causa hasta concluir en la condena a los autores intelectuales del asesinato de Fuentealba.

El cabo Poblete fue condenado a la pena de prisión perpetua por la Cámara Criminal Primera de Neuquén, que en forma unánime consideró a Poblete responsable del delito de "homicidio calificado con alevosía".

En los fundamentos de la sentencia, el presidente del tribunal, Mario Rodríguez Gómez, sostuvo que el cabo Poblete actuó con "dolo directo" ya que "a Carlos Fuentealba no le dieron la oportunidad de realizar la más elemental de las defensas: escapar, protegerse, correr. Y el imputado aprovechó esa indefensión para atacarlo".

En ese sentido el magistrado consideró que el policía actuó con "voluntad y conocimiento", pues "sabía lo que iba a ocurrir" después de disparar su arma lanzagases contra el auto en el que viajaba Fuentealba.

A pesar de este avance importante en la causa las organizaciones sindicales, políticas y sociales que acompañaron a los familiares de Fuentelaba coinciden en señalar que es necesario continuar la campaña hasta el esclarecimiento definitivo del caso.

Tras conocerse la sentencia la esposa de Fuentealba, Sandra Rodríguez, acompañada por Stella Maldonado, Secretaria General de CTERA, y Francisco Tito Nenna, Secretario General Adjunto, remarcó que "es la responsabilidad de todos nosotros que juzguen a Raúl Pascuarelli, ex secretario de Seguridad provincial, a Carlos Zalazar y Moisés Soto, ambos ex jefes policiales, y a Jorge Sobisch, ex gobernador provincial".

CONADU adhiere a la consigna expresada por CTERA de "NO A LA IMPUNIDAD, NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL" y reafirma su compromiso en la lucha por una patria más justa, libre y soberana.

Secretaría de Prensa CONADU

El próximo miércoles 16 de julio la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) participará de un encuentro organizado por las comisiones de "Presupuesto y Hacienda", "Educación" y "Previsión y Seguridad Social" de la Cámara de Diputados de la Nación, en el que la conducción de la Federación defenderá el proyecto de Ley de Jubilación del 82% que ya cuenta, desde fines del año 2007, con media sanción del Senado Nacional.

El encuentro será encabezado por la Dra. Adriana Puiggros, Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, Juan Carlos Diaz Roig, titular de la Comisión de Previsión, y Walter Agosto, Presidente de la Comisión de Presupuesto. Mientras que en representación de CONADU estarán presentes Carlos De Feo, Secretario General, Pedro Sanllortenti, Secretario Adjunto, y Yamile Socolovsky, Coordinadora del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU.

Para su implementación la iniciativa, que alcanza a la totalidad de los docentes del sistema universitario sin distinción de cargo y dedicación, deberá salir de las comisiones con despacho favorable y ser aprobada en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación.

El proyecto fue firmado en agosto del año 2007 por el ex Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y sostiene en su articulado lo siguiente: "Art. 1.- Ampliase al personal docente de las universidades nacionales, no comprendidos en el régimen de la ley Nº 22.929, el beneficio instituido en la Ley Nº 24.016, incluido el otorgado por el Decreto Nº 137/05, con las mismas modalidades de implementación."

Ello implica que el conjunto de los docentes universitarios tendrá derecho a cobrar, al jubilarse, el 82 % de su salario en actividad. Con lo cual, de aprobarse el proyecto impulsado por CONADU, "el haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal docente, será equivalente al 82% por ciento del promedio actualizado de la remuneración mensual del cargo u horas correspondientes a los últimos sesenta meses"

En el caso de los investigadores con dedicación exclusiva, afectados al régimen de jubilación especial del 85% (Ley 29.229), podrán optar por a este régimen que - con un haber escasamente menor - les permite jubilarse a los 57 años a las mujeres y a los 60 a los varones (frente al mínimo obligatorio de 60 años para las mujeres y 65 para los varones en el régimen que corresponde a la Ley 22.929 y al régimen general).

Si bien para CONADU la probación de este proyecto involucra un importante avance en materia de reivindicaciones docentes, su conducción entiende que este proceso concluirá cuando definitivamente sea reconocida la "movilidad de los haberes jubilatorios", que actualmente permanece regulada por la llamada Ley de "solidaridad provisional", impulsada por Domingo Cavallo cuando era Ministro de Economía.

La vigencia de la ley, diseñada por Cavallo, mantiene suspendida la vinculación directa entre los haberes de los trabajadores activos y los de los pasivos y condiciona la movilidad a la asignación de partidas específicas en la Ley de Presupuesto Nacional.

El reconocimiento de la movilidad de las jubilaciones sólo fue reconocida por los distintos fallos resueltos por la Corte suprema de Justicia en los últimos años, atendiendo al reclamo puntual de quienes iniciaron el camino de la demanda judicial.

Secretaría de Prensa CONADU

La iniciativa, denominada "Hacia una nueva Ley de Educación Superior", contó con la participación de Pedro Sanllorenti, Director del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, Yamile Socolovsky, Coordinadora del IEC, y Mario Olmedo, especialista en Educación y docente de esa Universidad Nacional.

La actividad, desarrollada en el marco de una serie de reuniones y foros en los que la Federación tiene una clara participación, fue organizado por la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Formosa (ADUFOR) y las autoridades de esta Universidad.

Durante la apertura del encuentro, declarado de "interés académico" por las autoridaes de esa casa de estudios, el Presidente de la Universidad Nacional de Formosa, el ingeniero Martín Romano, saludó la iniciativa del gremio ADUFOR y destacó la importancia de la convocatoria para comenzar a discutir con la comunidad universitaria el marco general de la futura Ley de Educación Superior.

En ese marco los participantes coincidieron al señalar la importancia que tiene la Universidad "en la construcción de un proyecto nacional orientado a generar condiciones para la redistribución de la riqueza en nuestro país".

La Secretaria General de ADUFOR, Nélida Malvitano, destacó la decisión de ADUFOR de "contribuir a generar instancias de debate sobre la problemática universitaria", y remarcó la decisión de su gremio de dar continuidad a estas actividades "para posibilitar la profundización de la discusión de aquellos temas que son de especial interés para los docentes universitarios formoseños".

El panel - coordinado por la Secretaria General de ADUFOR - se hizo eco de la reivindicación de la Educación Superior como "bien público, derecho social y deber del Estado", y sus integrantes coincidieron en subrayar el rol de la Universidad en la "construcción de un proyecto nacional orientado a generar condiciones para la redistribución de la riqueza en nuestro país"

Desde que fuera creado a comienzos del año 2007, el IEC comenzó a trabajar fuertemente en una serie de ideas para aportar a la discusión del marco constitutivo de la futura Ley de Educación Superior. Entre ellas se destaca el papel fundamental que la cabe a las Universidades Nacionales, y su articulación con un Estado-Nación más fortalecido, en la etapa histórica que vive el país. En ese sentido durante el encuentro en la Universidad Nacional de Formosa, los participantes junto al público presente, avanzaron en la consideración de los cambios que deberían llevarse a cabo en la legislación y en las políticas universitarias, con vistas a lograr los objetivos señalados por los expositores.

Las preguntas e intervenciones del público dieron lugar a una extensa deliberación sobre las proyecciones posibles de aquellas innovaciones en las situaciones particulares que caracterizan la vida académica en la Universidad de Formosa.

Instituto de Estudios y Capacitación (IEC)

Secrertaría de Prensa CONADU

En una condena que permite avanzar un paso más en el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad, cometidos por la dictadura militar a partir del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, el Tribunal Oral Federal n º 1 condenó a Luciano Benjamín Menéndez, quien fuera Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército con asiento en la provincia de Córdoba, a la pena de prisión perpetua.

La condena se inscribe en el marco del secuestro, tortura y asesinato, a fines de 1977, de cuatro militantes del PRT que estuvieron cautivos en el centro clandestino de detención conocido como La Perla. Lo acompañarán a prisión los suboficiales retirados Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován, y el ex personal civil de inteligencia Ricardo Lardone, quienes, también, fueron condenados a prisión perpetua. En tanto el coronel Hermes Oscar Rodríguez y al capitán Jorge Ezequiel Acosta, recibieron la pena de 22 años de prisión y el suboficial Carlos Alberto Vega a 18 años. Todos ex colaborados de Luciano Benjamín Menéndez, durante la dictadura militar.

Menéndez controló durante la dictadura militar el campo de exterminio denominado "La Perla", por el que pasaron 2300 prisioneros que luego fueron desaparecidos, de los que sólo hubo 17 sobrevivientes.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) celebra la decisión del tribunal encabezado por los magistrados Jaime Díaz Gavier, José Vicente Muscará y Carlos Otero Alvarez, pues esta decisión reafirma el compromiso de los tribunales de materializar la "justicia" tantas veces proclamada y reivindica la política de derechos humanos sostenida contra viento y marea por organismos de Derechos Humanos y organizaciones políticas y sociales.

Esta decisión es, además, un nuevo signo del fortalecimiento del Estado frente al pasado, el presente y el futuro, pues se trató de un fallo transparente y justo que garantiza la continuidad de la tarea de los magistrados en la búsqueda de la verdad y la recuperación de la memoria colectiva.

Secretaría de Prensa CONADU

Ante las consultas reiteradas de los afiliados de las organizaciones de base de CONADU sobre la liquidación del punto 4 del acuerdo paritario celebrado en el mes de abril, referido al pago de un adicional remunerativo por Título de Doctorado, la Federación Nacional de Docentes Universitarios aclara que según informaron distintas fuentes del Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaría de Políticas Universitarias se encuentra en plena tarea de procesamiento de los datos enviados por las Universidades Nacionales.

Esta sería la razón por la cual todavía no se hizo efectivo el pago a los docentes universitarios en condiciones de percibir este beneficio.

El acuerdo, firmado por CONADU y la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, contempla "Crear un adicional remunerativo por Título de Doctorado (debidamente acreditado por CONEAU, excepto aquellas carreras que hubieran sido aprobadas con anterioridad a la creación de la misma; en el caso de títulos obtenidos en el extranjero deberán contar con similares mecanismo de acreditación) del 15 % sobre el sueldo básico". Además de "trabajar sobre en al implementación, en futuros acuerdos, de adicionales por otros títulos de posgrado".

Según se informó el pago de este adicional, que alcanza a más de 8.000 docentes universitarios, "se haría efectivo" en el mes de agosto con retroactividad a la fecha de inicio del acuerdo paritario celebrado en el mes de abril.

El cruce de datos enviados por las Universidades Nacionales, para establecer fehacientemente si los títulos enviados cumplen con las condiciones de acreditación exigidas por la CONEAU, sería el motivo por el cual se produjo el retraso en la liquidación de este beneficio.

Secretaría de Prensa CONADU

Bajo las consignas “SI a EVO MORALES”, “SI al proceso de cambio en Bolivia y en América”, “ NO a los planes separatistas de la oligarquía racista de imperialismo”, el Colectivo Urgente Bolivia convoca a toda la población a que los acompañen a “La Plaza de los Dos Congresos” en apoyo al Presidente Evo Morales.

El punto de encuentro será en Callao y Rivadavia para luego continuar el recorrido por Callao - Corrientes - diagonal norte y finalizar en Plaza de Mayo.

El propósito del Colectivo Urgente Bolivia “es hacer frente a la embestida que el imperio y la oligarquía criolla están implementando, mediante la aplicación de la estrategia de guerra de "baja intensidad" cuyo objetivo es la de crear condiciones favorables, para derrocar a EVO MORALES AYMA y fragmentar el territorio boliviano a fin de apropiarse de la zonas más ricas en recursos naturales del país.”

“También es sabido que otro de los objetivos que alienta a la guerra de "baja intensidad" es la de fomentar el separatismo y la fragmentación, al igual que lo hicieron con la ex Yugoslavia, a fin de ejercer de esta forma un mejor dominio en la región.”

“Por este motivo se alienta y financia el movimiento de carácter separatista y profundamente racista en la llamada "media luna del oriente boliviano". Hermanos y hermanas esta movilización es una manera de enfrentar esta "estrategia" en el plano de la solidaridad internacional, razón por la cual esta marcha tiene también su lógica, se trata de que el protagonista de la misma sea de solidaridad del pueblo argentino.”

“Para que los medios de comunicación del enemigo no manipulen la información diciendo que a EVO solo lo apoya el movimiento indígena. por esta razón, en el ordenamiento que tendrá la marcha. La misma estará encabezada por las organizaciones sociales y políticas del país.”

“Por último queremos decir que esta movilización no es de los pueblos originarios o de la colectividad boliviana, es de la solidaridad argentina. Marchamos para alentar el pueblo boliviano para apoyar su deseo de cambio y contribuir a la derrota de la estrategia del imperio llamada "guerra de baja intensidad"”.

Convoca CTA – Colectivo Urgente Bolivia - CONADU

  El Plenario de Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), resolvió esta tarde solicitar a las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, la reapertura de la Mesa Nacional de Negociación Salarial para comenzar a discutir una actualización de los haberes de los trabajadores docentes universitarios.

   El pedido se inscribe en el marco del proceso inflacionario provocado por el "lock out" patronal del campo, llevado a cabo durante más de 120 días por los sectores agrarios, y que implicó un incremento en los bienes y productos de la canasta básica, un desabastecimiento generalizado en supermercados y comercios y un intento por parte de los sectores que impulsaron la medida, de desestabilizar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.

  La metodología de las cámaras agropecuarias, en su intento de promover un clima destituyente, lesionar los preceptos básicos de convivencia democrática y afectar el mantenimiento de las necesidades más básicas de la sociedad, impidieron la posibilidad de que el Estado Nacional pudiera hacer uso de las retenciones móviles a la renta extraordinaria, como una verdadera herramienta para promover la redistribución de la riqueza en la Argentina.

   En ese contexto, en el que el desajuste inflacionario impacta directamente sobre los salarios de los trabajadores, los Secretarios Generales de los gremios de base de CONADU, acordaron solicitar formalmente la apertura de la Mesa Nacional de Negociación Salarial y convocar a un nuevo Plenario de Secretarios Generales a realizarse el día 21 de agosto en la sede de la Federación para continuar discutiendo el tema.

   Durante los últimos meses la inflación se ha convertido en una suerte de instrumento de los sectores más concentrados de la economía, que impide el avance del conjunto de los trabajadores en el proceso de redistribución de la riqueza.

  Si bien en el caso de los docentes universitarios ha habido avances en materia de blanqueo de sumas, recomposición salarial y recomposición del nomenclador, la situación de confusión soliviantada por amplios sectores de la economía argentina, que pujan por orientar y consolidar un rumbo económico basado en la exportación de productos derivados del campo, la conducción de la Federación ha decidido comenzar a rediscutir nuevamente la cuestión salarial para ajustar los haberes de los docentes universitarios respecto de la evolución del índice inflacionario.

Secretaría de Prensa CONADU

La iniciativa forma parte de las actividades de formación organizadas por el Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU y la CTA. La idea de la propuesta está destinada al fortalecimiento de las organizaciones políticas, sociales y sindicales del campo popular  y a la formación de sus cuadros. Los encuentros serán coordinados por Luis Campos, Lucas Porcelli, Andrés Wainer, Cecilia Nahón, Mariana González, Nicolás Arceo  y Victoria Basualdo. La primera clase será el 28 de agosto en la sede de la CTA Nacional.   

CURSO DE ECONOMÍA

Organiza: IEC-CONADU/CTA -  2do. Semestre 2008

 Poder avanzar hacia una democracia que sea "más popular, más social, más transformadora", exige de todos nosotros una mejor comprensión de los procesos que han configurado la realidad que pretendemos modificar con nuestra acción.

Necesitamos multiplicar los ámbitos en los que el estudio nos permita desarrollar nuestra capacidad de debatir y resolver democráticamente cómo debería proyectarse hoy nuestra intervención en el proceso social, con vistas a modificar la correlación de fuerzas a favor de los sectores populares. Sobre la base del programa elaborado por un grupo de compañeros que suman a su capacitación la  voluntad de contribuir al fortalecimiento de las organizaciones populares, esta propuesta pretende ser un aporte a la actividad de formación de cuadros de la CTA.

Características centrales del curso:

• 7 clases quincenales (jueves, 9:30 a 12:30 hs.) en CTA Nacional

• Duración: 3 horas (2 horas de exposición, con tiempo para preguntas y debate)

• Dirigido a militantes de las organizaciones sindicales y territoriales de CTA, que deberán inscribirse a través de sus organizaciones, o a través de las regionales de CTA. Se entregarán certificados de asistencia.

Resumen del Programa[1]:

28 de agosto. La segunda fase de la sustitución de importaciones (1955-1976). Docente: Luis Campos.

11 de septiembre. La primera etapa del régimen de valorización financiera (1976-1989). Docentes: Lucas Porcelli y Andrés Wainer

25 de septiembre. La consolidación de la valorización financiera en los años noventa. Docente: Cecilia Nahón.

9 de octubre. Principales características del patrón de crecimiento instaurado en lapost-convertibilidad. Docente: Andres Wainer.

23 de octubre. El mercado de trabajo en la post-convertibilidad. Puntos de continuidad y ruptura con el patrón de crecimiento anterior. Docente: Mariana González.

6 de noviembre. La evolución del sector agropecuario y su rol en las diferentes etapas del desarrollo económico. Docente: Nicolás Arceo.

20 de noviembre. Las estrategias de organización y lucha de la clase trabajadora en las distintas etapas del desarrollo económico argentino en el siglo XX. Docente: Victoria Basualdo.

Consultas: iec@conadu.org.ar / 0221-156005261 (Yamile Socolovsky, Coordinadora del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU)

Inscripción: hasta el viernes 22 de agosto, a secretaria_iec@conadu.org.ar

Esta semana el Plenario de Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), resolvió reiterar el pedido a las comisiones de "Presupuesto y Hacienda", "Educación" y "Previsión y Seguridad Social" de la Cámara de Diputados de la Nación, para que acelere los pasos necesarios para dar pronto tratamiento al proyecto de Ley de Jubilación del 82% que ya cuenta, desde fines del año 2007, con media sanción del Senado Nacional.

El pasado 16 de julio estaba prevista una reunión en la comisión de "Presupuesto y Hacienda", "Educación" y "Previsión y Seguridad Social" de la Cámara de Diputados de la Nación, en el que iba a participar la conducción de la Federación para avanzar en el tema. Sin embargo la misma fue suspendida en virtud del tratamiento, por parte del Senado Nacional, del proyecto de Retenciones Móviles del Poder Ejecutivo.

El proyecto establece en su articulado lo siguiente: "Art. 1.- Ampliase al personal docente de las universidades nacionales, no comprendidos en el régimen de la ley Nº 22.929, el beneficio instituido en la Ley Nº 24.016, incluido el otorgado por el Decreto Nº 137/05, con las mismas modalidades de implementación."

Si el proyecto avanza en su aprobación, de acuerdo a lo que establece la iniciativa "el haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal docente, será equivalente al 82% por ciento del promedio actualizado de la remuneración mensual del cargo u horas correspondientes a los últimos sesenta meses"

En el caso de los investigadores con dedicación exclusiva, afectados al régimen de jubilación especial del 85% (Ley 29.229), podrán optar por a este régimen que - con un haber escasamente menor - les permite jubilarse a los 57 años a las mujeres y a los 60 a los varones (frente al mínimo obligatorio de 60 años para las mujeres y 65 para los varones en el régimen que corresponde a la Ley 22.929 y al régimen general).

En ese contexto la conducción de la Federación, al igual que el conjunto de los gremios que participan del debate y el análisis iniciado en la Cámara de Diputados de la Nación para evaluar la iniciativa del Poder Ejecutivo de implementar la movilidad de las jubilaciones, sigue con detenimiento el desarrollo del debate sobre los límites y alcances de la iniciativa, a la espera de una resolución favorable al conjunto de los trabajadores argentinos.

En tal sentido la Central de Trabajadores de la Argentina ha señalado sus críticas a los puntos que hacen referencia al modo en que deberían ajustarse los haberes jubilatorios, pues considera que los mismos no deberían depender de la "recaudación impositiva, que el índice de la movilidad debería estar atado a los aumentos salariales de los trabajadores en actividad y que se realice una recomposición de los haberes jubilatorios antes de que el futuro sistema se ponga en funcionamiento".

En ese marco los asesores de la CTA, hicieron un análisis de los artículos del proyecto en el que objetaron algunos puntos, entre los que se señala que "las cajas especiales no derogadas de docentes y científicos no pueden quedar al margen de los ajustes jubilatorios; que la Prestación Básica Universal (PBU) no esté atada al Presupuesto y que antes de la implementación del nuevo sistema se actualicen los haberes a través del índice fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Caso Badaro".

Secretaría de Prensa CONADU

Buenos Aires, 21 de agosto de 2008

 La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), reunida en Plenario de Secretarios Generales, en su sede de la calle Pasco nº 255 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manifiesta su preocupación por la situación planteada en la Universidad Nacional de Río Cuarto en el marco de la investigación por la tragedia ocurrida del 5 de diciembre de 2007.

En primer lugar manifestamos que las condiciones de seguridad en los ámbitos de trabajo es una responsabilidad indelegable de las autoridades de las Universidades Nacionales.

Entendemos que en el proceso de investigación judicial y administrativa es necesaria la participación de todas las partes involucradas directa o indirectamente en las comisiones que investiguen el caso.

Manifestamos nuestra preocupación a lo resuelto en primera instancia por el Rector y por el Consejo Superior, en su resolución del 19 de agosto de 2008, de no permitir la participación en las comisiones actuantes a los representantes del gremio de trabajadores docentes universitarios (AGDRC), el cual, además, actúa como querellante en la causa seguida por la Justicia Federal.

Declaramos además que bajo ninguna circunstancia puede prejuzgarse como culpables a las propias víctimas de terrible siniestro.

Por lo expuesto el plenario de Secretarios Generales de CONADU resuelve:

- Solicitar la revisión de la resolución del Consejo Superior que niega la participación del gremio docente en el sumario administrativo.

- Expresamos el rechazo el prejuzgamiento a las víctimas como forma de deslindar responsabilidades culpando, de esta manera, a quienes no tienen posibilidad de defenderse por haberse constituido en víctimas directas de la tragedia.

- Convocar a la totalidad de las Asociaciones de Base, y a las Universidades Nacionales en su conjunto, a adherir los días 5 de cada mes, a las 10:15, a realizar un minuto de silencio y actividades conmemorativas en memoria de los seis compañeros que perdieron sus vidas en la  explosión de diciembre de 2007.

Plenario de Secretarios Generales de CONADU

El Plenario de Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), resolvió este jueves 21 de agosto reiterar a las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación el pedido de apertura de la Mesa Nacional de Negociación Salarial.

   La decisión de los representantes de los gremios de base de la Federación, tiene por objetivo reclamar la aplicación de un incremento salarial del 20%, de manera tal que el aumento permita cubrir el "desfasaje provocado por la inflación", cuyos indicadores no estaban previstos en las estimaciones inflacionarias para este año al momento de firmar el acuerdo salarial del mes de abril del año 2008.

   A comienzos de este año el cálculo de la inflación, prevista para el año, rondaba el 15%, mientras que en la actualidad la expectativa indica que la inflación podría ubicarse entre el 25% y el 30%.

   En ese marco la conducción de la Federación, confirmó que la próxima semana mantendrá una reunión con funcionarios de la cartera educativa, donde se les transmitirá la inquietud respecto de la necesidad de realizar la apertura de la Mesa de Negociación Salarial, para comenzar a discutir un aumento de haberes para el conjunto de los docentes universitarios.

   Una vez transcurrida esta reunión, los miembros de la conducción de CONADU evaluarán el resultado de la misma para determinar con el Plenario de Secretarios Generales de la Federación los pasos a seguir.

   Los miembros de la conducción de CONADU, explicaron que de no haber avances en el pedido de apertura de la Mesa de Negociación no se descarta la posibilidad de implementar medidas de fuerza.

   Por otra parte insistirán con las gestiones tendientes a aceleren los pasos necesarios para la "pronta aprobación" del proyecto de jubilación del 82% que cuenta desde diciembre de 2007 con media sanción del Senado Nacional.

   La iniciativa prevé una ampliación "al personal docente de las universidades nacionales, no comprendidos en el régimen de la ley Nº 22.929, el beneficio instituido en la Ley Nº 24.016, incluido el otorgado por el Decreto Nº 137/05, con las mismas modalidades de implementación." Con lo cual "el haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal docente, será equivalente al 82% por ciento del promedio actualizado de la remuneración mensual del cargo u horas correspondientes a los últimos sesenta meses".

Secretaría de Prensa CONADU

Con la presencia del Dr. Alejandro Rofman, Profesor de la Universidad de Buenos Aires y miembro fundador del Plan Fénix y del Espacio Carta Abierta, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata, y el Espacio Carta Abierta de esa localidad, revitalizaron este martes 26 de agosto una discusión política de carácter nacional que todavía no ha quedado debidamente saldada a pesar del final que la misma tuvo durante su tratamiento en el Senado Nacional: las retenciones a la renta extraordinaria de las exportaciones de soja y otros productos del campo.

Que sea un sindicato de docentes universitarios, y un espacio conformado por intelectuales y docentes universitarios, los impulsores de foros y debates de esta naturaleza no es casual, pues se trata de una discusión sobre el papel que el estado nacional debe tener en esta nueva etapa que atraviesa el país y sobre las formas de intervención que las Universidades Nacionales -como parte del mismo- deberían tener en las discusiones de fondo que atraviesan a la sociedad en su conjunto.

Rofman, junto a los miembros del Plan Fénix, plantean la necesidad de interpretar la "complejidad" del conflicto con el campo desde una mirada "abarcativa", pues ello permitirá comprender que el incesante debate desarrollado durante tres meses entre el Gobierno Nacional y los sectores del campo tuvo como trasfondo una discusión política sobre el modelo de país, en el que el estado pone en práctica el uso de una herramienta de carácter social para apropiarse de una porción de la renta extraordinaria que le permita el desarrollo de una política de distribución del ingreso.

En algunos de sus trabajos Rofman retoma la discusión desde el punto de vista histórico al señalar que "desde David Ricardo en adelante nadie niega la existencia de la renta diferencial de la tierra, que es necesario captarla en beneficio de toda la sociedad y no de los que ocasionalmente producen bienes basados en la explotación de ese factor productivo".

Este argumento da en el centro de la reciente discusión entre gobierno y exportadores, con otro agregado del propio Rofman quien caracteriza a los sectores agropecuarios como un espacio altamente concentrado, en el que "un segmento muy importante (se estima en no menos del 50 % de la tierra bajo explotación agraria) funciona a partir de la desvinculación del dueño de la tierra del proceso de producción propiamente dicho pues el mismo se ha ido orientando a arrendar su predio a grupos financieros vinculados o no al sector".

Este fenómeno, según Rofman, contribuyó al desarrollo y consolidación de los denominados "pool de siembra", o consorcios productivos, a partir del aporte de capitales provenientes de distintos "fondos de inversión", lo que permite que medianas y grandes unidades productivas sean las que controlen el negocio de las exportaciones derivado de la creciente demanda internacional de soja y productos oleaginosos.

En ese marco, en el que la demanda internacional de alimentos condiciona y determina la evolución de los precios, son los estados nacionales los que deben definir una política económica tendiente a minimizar el impacto de esos precios en el costo de vida interno.

Por otra parte, es un deber indelegable del estado el de apropiarse de parte de esa renta extraordinaria que "no es producida por un incremento en la productividad" de las actividades del campo, sino por variaciones de precios de "commodities que no se generan internamente sino que son un dato de la actividad comercial internacional".

Durante el cierre de su exposición, el Dr. Rofman, señaló que el conflicto que mantuvo el gobierno nacional con los sectores agropecuarios es necesario analizarlo en términos de "relaciones de fuerza", pues para llevar adelante una política que le permita al estado avanzar en una política de carácter redistributivo es necesario construir un "escenario político y social" que posibilite continuar hacia la dirección que el estado pretende.

Secretaría de Prensa CONADU

La Junta Electoral de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), oficializó las listas que participarán en la elección de integrantes de Mesa Ejecutiva para el período 2008-2010.

La primera de ellas, denominada "Por la Unidad Docente", será encabezada por el actual Secretario General de la Federación, Carlos De Feo. La segunda, llamada "Frente de Recuperación Gremial Docente", postulará como candidato a Secretario General a Gustavo Brufman, actual Secretario General de COAD, gremio de base de la ciudad de Rosario.

La realización del Congreso Ordinario será los días 2 y 3 de octubre en la localidad de Puerto Iguazú, de la provincia de Misiones.

A continuación se reproduce parte del acta elaborado por la Junta Electoral de la Federación Nacional de Docentes Universitarios.

CONADU - JUNTA ELECTORAL

ACTA Nº 6

A los veintidos (22) días del mes de agosto del año dos mil ocho (2008), siendo las 01:00 hs se reúne la Junta Electoral de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), con la presencia de los integrantes titulares, y en cumplimiento del cronograma de actividades establecido en la reunión de Junta de fecha 11-07-2008 (acta Nº 1), con objetivo de evaluar la presentación de listas realizada ante esta Junta. Se hace constar en la presente acta que:

1) Luego de haber efectuado un análisis de la documentación presentada por las listas, dentro del plazo previsto oportunamente, esta Junta verificó y constató el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el Estatuto de CONADU (en particular en sus artículos 42º y 45º), en la ley Nº 23.551 -y sus modificatorias- y decreto 467/88; y cuya publicación se efectuó por medio de difusión escrito Diario Pagina 12 de fecha 25-07-2008.

2) Se dan por oficializadas las listas:

"FRENTE DE RECUPERACION GREMIAL DOCENTE "

"POR LA UNIDAD DOCENTE"

Listas oficializadas por cargo y postulantes:

Lista "FRENTE DE RECUPERACIÓN GREMIAL DOCENTE"

Secretario General: Gustavo Brufman

Secretario Adjunto: Moisés Dib

Titulares:

Sec. Gremial: Sandro Marcelo Ruiz

Sec. Técnico y de Relaciones Internacionales: Lilia Marta de la Vega

Sec. de Organización: Angel Oliva

Sec. de Finanzas: Isidoro Venegas

Sec. de Prensa y Difusión: Esteban Rossi

Sec. de Acción Social y DDHH: Delia Brizuela

Suplentes

Sec. Gremial: Walter Olguín

Sec. Técnico y de Relaciones Internacionales: María Alaniz

Sec. de Organización: Karina de Bellas

Sec. de Finanzas: Jorge Agustín Adaro

Sec. de Prensa y Difusión: Jesuana Aizcorbe

Sec. de Acción Social y DDHH: Juan Sánchez

Lista "POR LA UNIDAD DOCENTE"

Secretario Adjunto: Pedro Mariano Sanllorenti

Titulares

Sec. Gremial: Miguel Angel Ivorra

Sec. Técnico y de Relaciones Internacionales: Maria Livia Segienowicz

Sec. de Organización: Nelida Beatriz Malvitano

Sec. de Finanzas: Florencia Elena Antonini

Sec. de Prensa y Difusión: Federico Montero

Sec. de Acción Social y DDHH: Efraín Alejandro Moreno

Suplentes

Sec. Gremial: Fabio Saccone

Sec. Técnico y de Relaciones Internacionales: Delia López de Onocko

Sec. de Organización: Ricardo Adolfo Kienast

Sec. de Finanzas: Roxana Myriam Lisa

Sec. de Prensa y Difusión: Ana Maria Ledesa

Sec. de Acción Social y DDHH: Enrique Nicolás Martínez

Las listas oficializadas tendrán participación en la elección de integrantes de la Mesa Ejecutiva de la CONADU a realizarse en el marco del Congreso Ordinario que se efectuará los días jueves 2 y viernes 3 de Octubre del año 2008, en la sede fijada en calle Córdoba Nº 148 de la ciudad de Puerto Iguazú (Provincia de Misiones).

Junta Electoral Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU)

 La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), mantuvo una reunión esta semana con funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación con el objetivo de avanzar en la reapertura de la Mesa Nacional de Negociación salarial, para discutir una actualización salarial en los haberes de los docentes universitarios que permita cubrir el desfasaje ocasionado por la inflación.

  Sin embargo, y a pesar de la predisposición de la Federación de sostener el camino del diálogo -fue la única propuesta que surgió del Plenario de Secretarios Generales realizado la semana pasada-, las autoridades del Ministerio por ahora creen que es imposible la reapertura de la Mesa de Negociación Salarial.

  De hecho el propio Ministro de Educación de la Nación, Juan Carlos Tedesco, descartó a través de distintos medios, y agencias de noticias, la reapertura de la mesa y señaló que "a fin de año un profesor titular con dedicación exclusiva va a terminar ganando nueve mil pesos, más que el ministro de Educación, por lo que no pensamos abrir otra vez una negociación salarial".

  Tras los dichos del Ministro Tedesco, la conducción de CONADU lamentó que "el funcionario nacional tuviera que recurrir a falsedades de ese tipo para evitar la discusión".

  Al respecto los miembros de la Mesa Nacional de la Federación, recordaron que "cuando concluya el acuerdo firmado en el mes de abril de este año, los docentes que sean titulares con dedicación exclusiva no van a percibir 9 mil pesos, como sostiene el Ministro Tedesco, ya que el máximo cargo en el escalafón docente percibirá a partir de diciembre de 2008, una vez que concluya la última etapa del acuerdo salarial, 6.739,48 pesos de bolsillo, con lo cual aún agregando el adicional por doctorado, que será del 15% sobre el sueldo básico, no se llegaría a la cifra que estima el ministro".

  Además la conducción de CONADU destacó que "es necesario recordar que los cargos a los cuales hace referencia el Ministro Tedesco, Profesor Titular con Dedicación Exclusiva, sólo afectan al 5 % del conjunto de los trabajadores docentes universitarios".

  El planteo de los representantes de los gremios de base de la Federación, tiene por objetivo reclamar la aplicación de un incremento salarial del 20%, de manera tal que el aumento permita cubrir el "desfasaje provocado por la inflación", cuyos indicadores no estaban previstos en las estimaciones inflacionarias para este año al momento de firmar el acuerdo salarial del mes de abril del año 2008.

  A comienzos de este año el cálculo de la inflación, prevista para el año, rondaba el 15%, mientras que en la actualidad la expectativa indica que la inflación podría ubicarse entre el 25% y el 30.

  Tras la reunión, en la que participaron el Secretario General de CONADU, Carlos De Feo, y el Adjunto, Pedro Sanllorenti, la conducción de la Federación resolvió convocar a un nuevo Plenario de Secretarios Generales a realizarse el jueves 4 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que serán evaluados los pasos a seguir.

 Secretaría de Prensa CONADU

Este jueves 26 de agosto la Central de los Trabajadores Argentinos, y el Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, comenzaron el curso de economía destinado a militantes sindicales y territoriales de la CTA.

  Se trata de un espacio de formación cuyo objetivo es el de fortalecer saberes y capacidades para profundizar el proceso político que vive el país, con el objetivo de avanzar hacía "una democracia más popular, más social y más transformadora".

  La apertura y presentación del primer encuentro estuvo a cargo del economista, e investigador de FLACSO,  Eduardo Basualdo, quien destacó que "la formación y el debate en una central de trabajadores es fundamental,  pero especialmente en etapas tan peculiares como ésta porque, como se va a debatir en el curso, entre el '98 y el 2001 y el 2002 se desarrolla una crisis inédita en la Argentina, por su profundidad, y que estaba dando señales inequívocas que se terminaba un patrón de acumulación que había iniciado la dictadura en 1976 basado en la valorización financiera; y se abre una etapa de transición donde se están reconfigurando los bloques sociales y las alianzas políticas en la argentina. Lo del agro es el ejemplo más notorio y actual pero no es el único".

  Este espacio de formación, que constará de siete encuentros, será dictado por los docentes, e investigadores, Luís Campos, Lucas Porcelli, Andrés Wainer, Cecilia Nahón, Mariana González, Nicolás Arceo y Victoria Basualdo.

  Para comprender la crisis política y económica de la Argentina de los últimos años, los docentes trabajarán los encuentros desde el punto de vista histórico. En ese sentido, según Basualdo, esto nos permitirá comprender la "complejidad de la situación que vive la Argentina, desde el punto de vista de la clase trabajadora,  porque en estas etapas éstos re-alineamientos se generan por monumentales cambios que impusieron los sectores dominantes a la sociedad Argentina a lo largo de los años que median entre 1976 y el 2001 y los trabajadores no están exentos de estos cambios pues hemos tenido la disolución del mercado de trabajo en la Argentina, que fue la conquista básica de los trabajadores durante los primeros gobiernos peronistas."

  En ese contexto Basualdo señaló, como un elemento a considerar en la etapa de crecimiento económico que comenzó en el año 2003,  que en el país se ha constituido "una clase trabajadora heterogénea con diferencias muy fuertes no sólo entre ocupados y desocupados, sino entre los propios trabajadores ocupados en el que hay fuertes deferencias salariales. En la Argentina hoy está funcionando la aristocracia obrera y esto no es independiente de la CTA. La FETIA, que reúne a distintas representaciones sindicales de la CTA, hay en ella una parte significativa de la clase obrera: Villa Constitución, las refinerías de maíz, neumáticos, todos sectores de punta de un gran nivel de actividad pero, también, de salarios diferenciales y esto implica dificultades para poder aunar visiones comunes entre distancias tan grandes entre trabajadores. Son otras problemáticas, otras formas de vida, otros horizontes. Y en esto no estamos hablando de distintas clases, sino dentro de la clase trabajadora. Este un problema que también estuvo presente dentro de la segunda etapa de sustitución de importaciones que va de 1958 hasta 1976".

  Para Basualdo estas diferencias, desde el punto de vista histórico, sólo pudieron ser superadas por la "identidad política de los trabajadores". Sin embargo hoy se plantea como un tema "medular" que está en cuestión en la Argentina: ¿Cuál es la identidad de los trabajadores? ¿Cuál es su bloque social? ¿Cuál es su conformación y alianzas?.

  Según Basualdo esta es una discusión que "está presente en la CTA" y para ello es necesario "prestar atención a las otras etapas en las que esta cuestión fue superada". Uno de los ejemplos que utiliza para dar cuenta de las instancias de superación es la del "Peronismo Combativo" y la del "sindicalismo combativo", que "lograron aunar a estratos distintos de la clase trabajadora, pero hoy tenemos más dificultades porque tenemos que definir la identidad política y esto se tiene que hacer debatiendo e indagando en su densidad histórica".

                                     El patrón de acumulación del capital

  El curso de formación tiene como sustento básico el concepto de "patrón de acumulación del capital". Tan es así que el diseño del espacio de formación lo considera troncal en su desarrollo histórico y en su dimensión económica y social. En su presentación Basualdo explicó que es "un concepto que alude a la articulación de determinado comportamiento de las variables económicas como la industria, el consumo, que van a tener distinto comportamiento en cada patrón de acumulación".

  En su aporte introductorio Basualdo puso como ejemplo a los sectores agrarios que han estado en centro de la disputa a comienzos de año, al señalar que "los años 1976 y 1977 marcan la finalización del comportamiento tradicional del agro pampeano, del ciclo de alternancia entre agricultura y ganadería; hay un movimiento de variables que es fundamental para determinar el patrón de acumulación, pero no sólo eso sino determinada fisonomía estructural de la sociedad. Esto quiere decir que hay grandes actividades que son líderes en un patrón de acumulación y no en otro. La sustitución de importaciones alude al predominio industrial en la economía argentina, la valorización financiera alude a otro fenómeno que no excluye a las empresas industriales, porque ellas también entraron en la valorización financiera, pero sí como rasgos estructurales. En ese sentido el comienzo de la dictadura militar marca un proceso de regresividad  industrial que incluso es inédito en América Latina".

  Variables económicas, estructura y un tipo de estado son para la propuesta del espacio de formación "un trípode que va a influir y que se va a modificar con las luchas sociales y las características de los bloques sociales que no son los mismos en los patrones de acumulación".

  Se trata de discutir desde el presente cuáles son las particularidades del Estado Nacional Argentino y qué tipo de patrón de acumulación es el que rige el funcionamiento de la economía. Para Basualdo "estamos en una etapa de transición en el que no hay modificaciones en el estado Argentino, y no hay modificaciones porque todavía no se han replanteado los re-alineamientos sociales que den lugar a determinadas modificaciones del estado en un sentido, o en otro, y esto es lo que hoy se está discutiendo".

                                 Los tres patrones de acumulación

  La fuerte demanda de alimentos baratos de los grandes imperios es funcional al avance del proceso de industrialización en las grandes metrópolis. En ese marco es que se consolida el primero de los patrones de acumulación en nuestro país: el modelo agroexportador que tendrá una presencia sumamente importante hasta 1930.

  La primera etapa de sustitución de importaciones comienza allí, en un contexto de cambios importantes a nivel mundial y cambios en la teoría económica como una respuesta al pensamiento ortodoxo que sostiene como uno de sus principales pilares el ajuste automático de las economías.

  "Es en este período -explica Basualdo- se conforman las alianzas que van a consolidarse con el peronismo y que darán cuenta en su etapa pre-peronista de la necesidad de profundizar un desarrollo industrial compatibles con el predominio agropecuario. Ese fue el plan Pinedo, que fue el proyecto para la nación de una fracción de la oligarquía. En el peronismo habrá otra respuesta: hay una alianza social que se plantea la incorporación de la clase trabajadora como poder institucional en la vida política, social y económica en la argentina. Es un momento de ruptura con el orden oligárquico y es un momento en el que los trabajadores llegan a los niveles de participación de los ingresos más altos de la historia Argentina. Es la etapa en la que además se consolidad la industria".

   Hay diferencias respecto de la interpretación que las distintas escuelas económicas hacen sobre el fin de esta primera fase del período de desarrollo industrial por sustitución de importaciones. La perspectiva liberal, entiende Basualdo, "sostiene que el distribucionismo erosionó la acumulación, pero yo creo que la rentabilidad del sector industrial y la falta de inversión la que erosionó la posibilidad de que durante ese período de hegemonía política de la clase trabajadora en la Argentina, se plasmara una integración del espectro industrial que permitiera un avance de los sectores más livianos de la metalmecánica y de los sectores vinculados a la petroquímica, acero, papel, insumos industriales, que se van a dar bajo una hegemonía distinta ".

  La etapa de sustitución de importaciones tendrá su fase final a partir de 1958 y se prolongará hasta el golpe de estado de 1976. Según Basualdo en es período "será una etapa dura para los trabajadores pero sumamente gloriosa, porque se dará una derrota estrepitosa del Partido Militar en la Argentina. La segunda etapa de sustitución de importaciones es el recorrido de la derrota sistemática de los sectores dominantes por parte de los sectores populares."

   En ese marco explica, Basualdo, "habrá un avance importante de los sectores populares porque a partir del año 64, va a haber un crecimiento ininterrumpido de la economía y los trabajadores van a ganar participación en el ingreso, a excepción del año 71,  y esto no es por concesiones sino por imposición de las luchas sociales y esta es una de las claves para entender la revancha clasista que se inicia con la dictadura militar del año 1976, porque había una disputa real del poder en la Argentina".

  Con esta "revancha clasita" se inicia el período que Basualdo, y su equipo de trabajo, caracteriza como el de la "valorización de la renta". Allí comienza un nuevo patrón de acumulación en el que la Argentina "se incorpora al proceso de internacionalización financiera en tiempo real con sus características propias, en las que la fracción de la oligarquía agropecuaria, que integran los mayores terratenientes de la Argentina, pero que también es industrial en ese momento, va a conducir el estado y va a ser beneficiaria directa de la política económica. La década del 80 es al de mayor predominio de los grupos económicos como Bunge y Born, Loma Negra, Techint, entre otros, donde van a conducir el estado en el que los financiero es central, el endeudamiento, la valorización financiera en el mercado interno (la tasa de interés en el mercado interno es superior a la internacional) y la fuga de capitales locales al exterior. La Argentina termina en el año 2001 con tanta deuda externa como capitales locales fugados al exterior. La fuga de capitales reconoce un núcleo central que es la oligarquía Argentina, son grandes fugadores industriales y ello habla de una modificación sustantiva en el comportamiento de las grandes firmas en la Argentina, donde la tasa de ganancia financiera predomina sobre la tasa de ganancia de la producción en la economía real. Para poner un ejemplo Acindar gana más plata en al bicicleta financiera endeudamiento, valorización y fuga que produciendo acero. Este ha sido un obstáculo para que los trabajadores pudieran visualizar la naturaleza de este patrón de acumulación que pone en marcha la dictadura. En al década del 80 las fábricas producen menos y los dueños ganan más y fugan un excedente estratégico que es la inversión".

   Por último, sostiene Basualdo, que "si se hubiesen invertido los 250 mil millones de dólares que recibió la Argentina como endeudamiento público y privado estaríamos en otro país, si es dinero hubiera ido a un circuito de endeudamiento, inversión e incremento de la producción,  pero ocurrió todo lo contrario".

Secretaría de Prensa CONADU

  La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) participó activamente en el desarrollo del 11º Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario organizado por el Ministerio de Educación de la Nación.

   Las actividades fueron realizadas a través del Programa Nacional de Educación Solidaria, los días 27 y 28 de agosto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y estuvieron destinadas a directivos y docentes de escuelas, institutos terciarios y universidades, estudiantes que participan en proyectos solidarios, líderes comunitarios y de organizaciones sociales.

   Las actividades, que contaron con el apoyo del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS) y de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI),  tuvieron por objetivo ofrecer un espacio de capacitación y actualización para docentes, directivos y líderes comunitarios en la pedagogía del "aprendizaje-servicio". Promover el intercambio de ideas y experiencias entre escuelas, institutos terciarios y universidades argentinas, latinoamericanas y de otras regiones del mundo que desarrollan proyectos educativos solidarios y ampliar los espacios de intercambio entre las organizaciones sociales y el sistema educativo formal en beneficio de la equidad y calidad educativa.

    En ese marco el Secretario Adjunto de CONADU y Director del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC), Pedro Sanllorenti, participó del panel denominado "Compromiso social y aprendizaje-servicio: puntos de contacto entre diversas conceptualizaciones", en el que compartió la mesa de debate y discusión junto a la Dra. Marisa Martín, Instituto Superior Tecnológico de Monterrey, México, el Licenciado Néstor Cecchi (UN Mar del Plata) y la Arquitecta Daniela Gargantini, Vicerrectora de Medio Universitario y Universidad Católica de Córdoba.

   Para CONADU este encuentro significó la posibilidad de participar de un nuevo espacio de discusión, tendiente a debatir sobre los temas de actualidad que atraviesan al conjunto de las universidades nacionales desde sus distintas perspectivas. Y es a la vez un ámbito para aportar, desde la perspectiva de la Federación, elementos para el debate sobre el modelo de universidad nacional al cual aspiran los trabajadores docentes universitarios.

   La ceremonia de apertura estuvo a cargo del secretario de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, la subsecretaria de Educación de Ecuador, Gloria Vidal, el viceconsejero de Educación, Universidades e Investigación del gobierno vasco, Pedro Otxoa y Gustavo Toledo, representante del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior de Venezuela.

Secretaría de Prensa CONADU

   Los docentes de las universidades nacionales somos alcanzados por uno  de tres regímenes jubilatorios. Los docentes investigadores con  dedicación exclusiva, se jubilan por la ley 22.929; los docentes de niveles preuniversitarios, por la ley 24.016; y los restantes, por la ley 24.241. En los dos primeros casos, se trata de regímenes jubilatorios especiales, que prevén un haber del 85% móvil, y del 82% móvil respectivamente. En conjunto, estos sólo alcanzan a cerca del 20% de los docentes de las universidades. La inmensa mayoría de los docentes universitarios acceden al régimen general de jubilaciones y pensiones, y, por lo tanto, están en una situación claramente desfavorable e injusta, excluidos de aquellos beneficios.

Luego de cuatro años de trabajo paritario, y de realizar el necesario relevamiento del personal docente activo y pasivo de las Universidades Nacionales, hemos elaborado - en acuerdo con el PEN - un Proyecto de Ley que, de sancionarse, permitirá a la totalidad de los docentes universitarios integrarse al régimen definido por la ley 24.016, garantizando así su derecho a una jubilación del 82% móvil.

En agosto de 2007, el Presidente Kirchner firmó ante nuestra presencia el Proyecto de ley que, en diciembre pasado obtuvo POR UNANIMIDAD la media sanción del Honorable Senado de la Nación.

Sin embargo, hace 9 (NUEVE) MESES QUE ESTA INICIATIVA SE DEMORA INEXPLICABLEMENTE, sin ser tratada, en las Comisiones de Previsión, de Educación y de Presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; y, de mantenerse esta situación, a fin de año PERDERÍA ESTADO PARLAMENTARIO.

Como agravante, el Proyecto de Ley de MOVILIDAD JUBILATORIA enviado recientemente por el PEN al Congreso de la Nación, incluye a los regímenes especiales en la nueva modalidad de cálculo. De prosperar en las Cámaras esta interpretación promovida por el ANSES, los docentes universitarios nos veremos conducidos a impulsar nuevas causas judiciales reclamando la declaración de su inconstitucionalidad, ya que las Leyes de origen - 22.929 y 24.016 - consagraron la MOVILIDAD DIRECTA, tal como ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A pesar de los acuerdos oportunamente alcanzados con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con la Secretaría de Políticas Universitarias, con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con la Secretaría de Seguridad Social, con el Consejo Interuniversitario Nacional, y hasta con la Presidencia de la Nación - nuestro Proyecto no progresa en términos razonables, en las instancias parlamentarias responsables de su debate y sanción. De no modificarse esta situación, los docentes de las Universidades Nacionales volveremos a reclamar, mediante un nuevo plan de lucha, aquello que hace tiempo debería estar consagrado como nuestro derecho.

DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA NACIÓN:

BASTA DE DISCRIMINACIONES

GARANTICEN YA EL 82% MÓVIL

PARA TODOS LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

Carlos De Feo: Secretario General CONADU Pedro Sanllorenti: Secretario Adjunto CONADU]]> 177 2008-09-01 12:22:18 2008-09-01 17:22:18 closed open %c2%bfpor-que-se-demora-en-la-camara-de-diputados-de-la-nacion-la-sancion-de-la-ley-de-jubilacion-de-los-docentes-universitarios publish 0 0 post http://conadu.org.ar/wordpress/?p=176 Mon, 01 Sep 2008 17:48:50 +0000 conadu http://conadu.org.ar/wordpress/?p=176   El próximo jueves 4 de septiembre la Federación Nacional de Docentes Universitarios realizará, a través de su Instituto de Estudios y Capacitación (IEC),  la 1º Jornada denominada “Universidad, Investigación y Políticas de Estado”.  El encuentro se llevará a cabo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, ante la necesidad de continuar profundizando el debate sobre una nueva Ley de Educación Superior.

Ciclo de Debates

 LA UNIVERSIDAD PÚBLICA: POLÍTICAS DE ESTADO PARA UNA TRANSFORMACIÓN NECESARIA.

Hacia una nueva Ley de Educación Superior

1º JORNADA: UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN y POLÍTICAS DE ESTADO

Organiza: Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) - CONADU

Contactos: iec@conadu.org.ar  / www.iec-conadu.org.ar

  Ante la negativa de las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación de realizar la reapertura de la mesa nacional de negociación salarial, el Plenario de Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), resolvió esta tarde iniciar un plan de lucha en las Universidades Nacionales que contempla la realización de paros progresivos y rotativos.

   Las medidas comenzarán el día 10 de septiembre con un paro de 24 horas y afectara las actividades en las Universidades de San Luis, Mar del Plata, La Plata, Santiago del Estero, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Río Cuarto, Entre Ríos, Chilecito, UBA y Rosario.

   Durante la jornada de paro, CONADU prevé la realización de un nuevo Plenario de Secretarios Generales para evaluar los alcances de la medida de fuerza y definir las acciones futuras.

   Los gremios de base de la Federación reclaman un incremento salarial de emergencia del 20%, para cubrir el desfasaje provocado por la inflación en los salarios del conjunto de los trabajadores docentes universitarios.

    Al mismo tiempo la conducción de la Federación remarcó que la medida de fuerza, prevista para la semana que viene, se inscribe en el marco del reclamo de la pronta aprobación de la ley de jubilación del 82% móvil que cuenta con media sanción del Senado Nacional desde hace 9 meses y que "inexplicablemente" ha sido demorada  en las Comisiones de Previsión, de Educación y de Presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

   Los miembros de la Mesa Ejecutiva de CONADU, temen que de no aprobarse la iniciativa en un lapso breve de tiempo el proyecto podría perder estado parlamentario.

   Si bien la Mesa Ejecutiva de CONADU privilegio en todo momento el diálogo y la discusión en el marco de la apertura de la mesa nacional de negociación salarial, la negativa de los funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación de abrir nuevamente la mesa, que es el ámbito legítimo para atender el reclamo de los docentes universitarios, ha impulsado a los gremios de base de la Federación a endurecer la postura y diseñar un plan de lucha para avanzar en las reivindicaciones de los docentes universitarios.

  Secretaría de Prensa CONADU

  En el marco de la realización del ciclo de debates "LA UNIVERSIDAD PÚBLICA: POLÍTICAS DE ESTADO PARA UNA TRANSFORMACIÓN NECESARIA. Hacia una nueva Ley de Educación Superior, organizadas por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de CONADU, y cuyo eje central en la jornada organizada en la Facultad de Ingeniería de la UBA fue "UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN y POLÍTICAS DE ESTADO", fueron invitados a participar en el segundo panel el Dr. Eduardo Rinesi, Director del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, el Profesor Honorario de la UBA, Enrique Oteiza, y el Dr. Pedro Sanllorenti, Director del Instituto de Capacitación de CONADU.  

  Esta segunda instancia de debate, que fue coordinado por la Dra. Marina Versino investigadora y docente de la Universidad Nacional de La Plata, dio comienzo con la exposición del Dr. Eduardo Rinesi que hizo referencia a los principales problemas, y a la vez desafíos, que se presentan en esta etapa política que viven el país en los que puso de relieve dos cuestiones: la primera "una cierta distorsión, o alejamiento de la actividad universitaria de lo que me parece que tiene de más democratizante y de más propio, que es la formación de nuevas generaciones de estudiantes y la promoción de nuevas camadas de estudiantes universitarios de mejor calidad, y veo un riesgo cierto de distorsión de la función de la universidad en virtud de la aplicación de ciertas políticas bien intencionadas, y bien orientadas, pero que corren el riesgo de producir efectos contraproducentes. Y para ponerme aún más catastrofista, advierto un cierto riesgo de vaciamiento de ciertas zonas, ciertas áreas, ciertas actividades en la vida universitaria, en virtud de estas a aplicación de estas mismas políticas que en un sentido general encuentro razonablemente limitadas, pero insisto considerablemente incompletas como para producir efectos más saludables".

   En ese sentido señaló la presencia de dos cuestiones en materia de políticas de estado hacia las Universidades Nacionales  sobre las que es necesario pensar: "Una es la fuerte orientación (saludada por Rinesi) que las políticas públicas en materia de investigación están dando a la articulación entre la investigación y la formación de posgrado. Las políticas de becas, las orientaciones de los financiamientos, están tendiendo en esta última parte a articular la investigación con la política de formación de posgrados. Hay aquí un problema, o un riesgo, porque se hace sobre la base de un conjunto de supuestos que yo calificaría, al menos, de fetichista. A la idea fetichista de que el número de masters, doctores o posdoctores con los que cuenta un país, en relación a la población económicamente activa dice algo. A mí me parece que es falso y que puede llevar a equivocaciones de políticas de financiamiento y de políticas universitarias importante.

   Para reafirmar esa posición Rinesi se refirió a un documento público en el que se destaca como un  modelo a seguir el problema que el Director del Instituto de Desarrollo Humano de la UNGS plantea: "Creo que muchos hemos leído, u ojeado, un documento que circuló hace algunos años que orienta la política del actual gobierno nacional que comenzaba con una constatación que era que a un conjunto de países muy ricos y que les iba económicamente muy bien, Japón, Alemania, Inglaterra, eran países que tenían un cierto porcentaje de la población económicamente activa de doctores y posdoctores, entonces decía que pacía razonable que la argentina tratara de llegar a un porcentaje semejante porque eso parecía auspicioso. A mi me parece un disparate considerable porque esa idea cuantitativista organiza de hecho la orientación de las políticas públicas en función de los masters y doctores, que tienden a favorecer cada vez más a formaciones rápidas, muy eficientistas, formaciones muy vertiginosas. El mismo documento mencionaba que un obstáculo que tenía la argentina para promover una cantidad de master, doctores y posdoctores, era que no tenía en aquel momento una cantidad suficiente de master, doctores y posdoctores para que fueran directores o tutores de los master, doctores y posdoctores del futuro, con lo cual teníamos un problema que era producir los masters doctores y posdoctres que deberían formar a los master... ello llegó a algo que todos estamos protagonizando en nuestras universidades y es que llegamos a una especie de locura carrerista en materia de master, doctores y posdoctores con su correlato de recomendaciones cada vez más vigorosas de los secretarios de posgrados de las universidades y facultades de que en las tesis no hay que demorarse tanto... lo cual es de un gravedad extraordinaria, me parece que corre el riesgo de que los títulos de master, doctores y posdoctores empiecen a decir cada vez menos".

  Según Rinesi ello implica "nada relevante en términos de calidad de estudios, o de relevancia de las investigaciones, o de pertinencia social, política, productiva o académica. Y produce un efecto muy desfavorable respecto a la orientación de los estudios de grado de los cuales crecientemente tienden a huir, como de la peste, los jóvenes profesores que han obtenido su título de master o de doctores, de 24, 25, 26 o 27 años, muchas veces sin haber hecho ninguna actividad laboral en su vida previa porque han saltado ágilmente de beca en beca, y a los 27 años deciden que ellos están para dar clases en el doctorado, y sin haber pasado por la experiencia sumamente formativa de haber dado clases en el grado, se ponen a dar clases en los posgrados que también formaran a los futuros doctores con lo cual los viejos y queridos estudios de grado se van convirtiendo en una especie de premio consuelo. Pero me parece que es en la carrera de grado donde se pone de manifiesto lo que las universidades tienen de más masivo y de más democratizante, y que es donde se juega la calidad y el desafío más importante de la Universidad Pública".

  Rinesi concluye que ve "políticas públicas en materia de investigación bien orientadas, pero que en el contexto actual universitario fuertemente marcado por la cultura mercantilista, privatista, neoliberal, inscriptas en nuestra mentes durante los años 90, corre el riesgo de producir resultados catastróficos".

  Tras la exposición de Rinesi, le tocó el turno al Profesor Oteiza quien señaló en su intervención que "hay una necesidad imperiosa de encaminar los recursos del estado y las políticas públicas, y todo el esfuerzo, y la capacidad política que se logre juntar para ello, en la dirección de un modelo alternativo al heredado de la dictadura militar y que se profundizó en el período de Menem, y que todavía impregnas las acciones del estado nación".

   Luego de desarrollar una síntesis de la experiencia argentina sobre el desarrollo de la investigación, aseguró que "es responsabilidad de todos nosotros pasar a formular y desarrollar políticas públicas de mediano y largo plazo, y reformas del estado, que hagan posible la aplicación de un modelo alternativo con una mirada que permita el cambio de cultura política que necesitamos para que esa mirada se abra camino. Con mis compañeros, con los cuales soy colega y amigo, que vienen de las humanidades, de la Facultad de Filosofía y Letras, y de Ciencias Sociales es difícil hablar del problema de ciencia y tecnología porque el país perdió su capacidad, profundizó su analfabetismo científico y su falta de cultura respecto a la tecnología,  prevalece una cultura muy generalizada similar a la que puede tener un chico de diez años de querer construir un avión en el fondo de su casa. En nuestra militancia política aprendimos que además de la voluntad política hay que ser capaces de formular políticas de estado y que tiene que haber dirigentes que puedan sostenerlas a lo largo de los períodos gubernamentales. Porque si no resulta que está la voluntad, están las políticas y no está la capacidad para llevarla adelante".

   Con la conclusión de la exposición del Profesor Oteiza, intervino en el desarrollo de la jornada el Dr. Pedro Sanllorenti, Director del Instituto de Estudios e Investigación de CONADU, quien señaló como punto de partida que la comunidad universitaria "ha depositado esperanzas en la futura Ley de Educación Superior" y que "muchas de las cuestiones que fueron mencionadas durante el encuentro deben ser cambiadas más desde el lugar en el que trabajamos, que es el interior de las universidades, que de una ley. Pues por el hecho de que en una ley se digan muchas cuestiones no implican necesariamente que vaya a haber algún cambio".

   En ese marco Sanllorenti explicó que "el modelo científico tecnológico con el cual trabajamos, en su conformación actual tuvo un grado de desarrollo proveniente de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y en gran medida comandado por la potencia ganadora de esa guerra que genera una serie de condiciones para que ese sistema se desarrolle a escala mundial. Ese sistema se caracteriza por un lado en que se basa en juicios de pares, juicios de pares que generalmente son réferis, referatos en revistas internacionales, o evaluadores del sistema científico tecnológico y la consecuencia de ello son las publicaciones periódicas que suponen, o presuponen, que una vez que determinados pares evalúan la producción científica este conocimiento vale la pena ser puesto a disposición del resto de la comunidad. Esto es en teoría porque no es tan fácil acceder a este conocimiento y no es tan fácil aprovecharlo".

   El desarrollo de este modelo fue lo que permitió la creación de la "cientometría" que es el sistema de medición de la producción científica basado en el conteo, de diversas maneras, de la producción científicas a través de esas publicaciones periódicas y este sistema se constituye a su vez en el sistema de acreditación y de evaluación de los profesionales, investigadores y el ingreso a determinadas categorías. En realidad el conocimiento que se genera en ese esquema no es fácilmente aprovechable, porque si bien es un conocimiento de punta, quienes pueden traducirlo en una base de desarrollo real deben tener la capacidad para hacerlo. Pero desde la posguerra ese conocimiento es aprovechado por las empresas multinacionales".

   En tal sentido Sanllorenti destacó que ese conocimiento que se produce "por lo general está bastante alejado de las problemáticas nacionales, y problemáticas nacionales, regionales y problemáticas sociales, que muchos creemos deberían ser emprendidas y comprendidas por los investigadores de nuestras universidades nacionales".

 Secretaría de Prensa CONADU

En la 1° Jornada, Yamile Socolovsky abrió el ciclo de paneles que inician el debate sobre las políticas universitarias y el rol de Estado en función de la sanción de la futura Ley de Educación Superior (LES).

Allí, la Coordinadora del IEC  planteó la necesidad de implementar transformaciones pensadas como políticas de estado a partir de los requerimientos sociales del país y la región que demandan la participación de todos los actores al concebir la Educación Superior como bien público.

Carlos De Feo, destacó que hay que enmarcar la LES en el contexto latinoamericano caracterizado por los procesos de cambio iniciados en el 2001 con nuevos mandatarios en los países de la región que modificaron el rumbo de las políticas neoliberales generando otra relación entre la Universidad y el Estado aún en disputa.

Mientras en la década del '90  se consideró a la Universidad como autárquica, autónoma, es decir, por fuera del Estado, actualmente CONADU la recupera como institución estatal. Esto lleva a discutir, por un lado, las políticas de Estado y, por el otro, la intervención de la Universidad en dichas políticas, según De Feo.

"La Universidad tiene la obligación de intervenir como institución en el debate por la disputa del rol y el rumbo del Estado", sentenció De Feo. A la vez que planteó la necesidad de que exista una estructura estatal por encima del CIN que permita definir las políticas de Estado hacia la Universidad.

  Luego problematizó tres cuestiones pertinentes al debate en torno a la Universidad, como son la autonomía, el rol docente y los criterios de evaluación y acreditación.

En cuanto a la autonomía, El Secretario General de CONADU planteó que existen dos niveles: uno vinculado a las formas de organización y a la estructura académica de la Universidad; otro, relacionado con las políticas de Estado; nivel en el que la LES tiene que avanzar ya que la Universidad no puede quedar por fuera de ellas.

A su vez, la implementación de políticas de Estado claras contribuyen transparentar los criterios de evaluación y acreditación, así como el modo de financiamiento de la Universidad. Si bien De Feo instó al avance en las formas de  evaluación y acreditación resaltó que "de no existir la CONEAU tendríamos 80 universidades privadas".

Por último, destacó que para avanzar en la democratización es necesaria la presencia activa de los docentes con el fin de integrar en las políticas de la Universidad y en el cogobierno a todos los actores ya que no sólo con el voto directo logramos más participación, y, en este sentido saludó la iniciativa del Congreso que se esfuerza por incorporar a los universitarios en la discusión en torno a la LES.

Por su parte, Blanca Osuna, destacó que si bien desde el Congreso promulgaron en los últimos dos años leyes que modificaron la ingeniería educativa del país, aún falta la LES que generó diferentes debates y ámbitos de encuentro con sectores pertenecientes a la Universidad y por fuera de ella.

Asimismo, destacó que el sentido de la LES es formular una definición de la educación como bien público en tanto derecho humano del que el Estado es responsable. Osuna aseguró que "podemos discutir sobre cuestiones operativas pero hay un contexto que forma parte de todos los procesos políticos de diversos actores".

Dicho contexto propicia debates que no terminarán planteados en el propio texto de la Ley pero si alimentarán a las políticas educativas para que el derecho a la educación se cumpla como servicio del Estado, según Osuna.

En este sentido, aclaró que una mayor partida presupuestaria no resuelve todos los problemas de la Universidad y que hoy "tenemos en mano la oportunidad de generar debates que, una vez sancionada la Ley, superen su texto y empujen su aplicación junto a políticas colaterales".

A su turno,  Abraham Gak expresó que esta Ley redondearía el proceso de cambio ya que la descentralización del sistema educativo permitió la existencia de una Argentina de primera, una de segunda y una de tercera.

Para Gak es importante modificar la Ley porque la experiencia que marca la discusión ayudará a ver en qué medida las universidades públicas asumirán un compromiso en el proceso de cambio del país.

La tarea de la Universidad es, centralmente, la formación de recursos humanos y hoy queda en segundo plano la investigación; pero la LES tiene que modificar esta situación para crear conocimiento endógeno. El país debe financiar investigaciones para el desarrollo científico y tecnológico, opinó Gak.

Con respecto a la tarea de los diputados y senadores sobre la LES, si bien Gak se mostró asombrado por los avances, admitió que no sabe cómo van a conciliar las propuestas de los 9 proyectos existentes y aseguró que le preocupa que el tema no este socialmente instalado.

Además, planteó que en los proyectos hay consensos que permiten por un lado, la evaluación privada, por el otro, la evaluación mixta  y en tercer lugar, un único sistema de evaluación externo oficial.

Si bien considera que el Estado es el único que debe evaluar, le preocupa que en los proyectos no cobre relevancia el tema de la evaluación interna, ya que sólo ella es motivadora de cambios. Así, según Gak, la evaluación externa debería basarse en la que realizan las propias universidades.

Para Gak la educación superior universitaria pública debe ser financiada por el Estado pero no concibe que suceda lo mismo con la educación superior privada, ya que debe buscar sus propios recursos.

A la vez que planteó la necesidad de preparar las condiciones para la demanda de acceso de los sectores pobres que deben ingresar a la Universidad porque si sólo acceden los ricos replican el sistema de injusticia que se expresa, por ejemplo, en el sistema actual de becas que examina a los sectores vulnerables mientras el rico no debe preocuparse.

Secretaría de Prensa FEDUBA-CONADU

Con un alto grado de acatamiento se cumplió hoy el paro de 24 horas dispuesto por el Plenario de Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitario (CONADU). La medida de fuerza, que se llevó adelante en las Universidades Nacionales de San Luis, Mar del Plata, La Plata, Santiago del Estero, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Río Cuarto, Entre Ríos, Chilecito, UBA y Rosario, forma parte de un plan de lucha que se inscribe en la la negativa de las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación de concretar la reapertura de la mesa nacional de negociación salarial.

Los gremios de base de la Federación reclaman “un incremento salarial de emergencia del 20%, para cubrir el desfasaje provocado por la inflación” en los salarios del conjunto de los trabajadores docentes universitarios y la “pronta aprobación de la ley de jubilación del 82% móvil, que cuenta con media sanción del Senado Nacional desde hace 9 meses y que “inexplicablemente” ha sido demorada en las Comisiones de Previsión, de Educación y de Presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. De no aprobarse en lo inmediato el proyecto, la conducción de la Federación cree que “la iniciativa podría perder estado parlamentario”.

En ese marco el Plenario de Secretarios Generales de CONADU se reunió esta tarde para analizar los alcances de la medida de fuerza y definir la modalidad que tendrá el Plan de Lucha previsto la semana pasada.

En ese sentido las conducciones de los gremios de base de la Federación resolvieron “realizar la próxima semana jornadas de protesta en todas las Universidades Nacionales y llevar adelante una campaña de difusión masiva cuyos ejes serán el reclamo salarial de los docentes universitarios y la necesidad de que se apruebe en forma inmediata el proyecto de jubilación del 82% móvil.

Por último la conducción de CONADU confirmó la realización de un nuevo paro de 48 horas que se realizará los días 22 y 23 del mismo mes.

Secretaría de Prensa CONADU

Distintas organizaciones políticas y sociales expresaron durante las últimas horas su respaldo al gobierno y democracia boliviana, y su más enérgico repudio a la actitud golpista de aquellos sectores que se resisten al desarrollo de políticas redistributivas que reivindican a los sectores históricamente postergados del pueblo boliviano, e intentan debilitar el funcionamiento y la profundización de una democracia con equidad en América Latina. CONADU, como parte integrante de la Central de los Trabajadores Argentinos, convoca a la marcha que se realizará el lunes 15 en respaldo al proceso iniciado por el Presidente Evo Morales en la República de Bolivia. 

  Así se resolvió en un encuentro realizado en las últimas horas en el Congreso de la Nación, que contó con la presencia de más de 50 dirigentes que representan a distintas organizaciones política, sociales, sindicales y de derechos humanos.

 Durante el encuentro el Secretario de la CTA, Hugo Yasky, fue el encargado de dar lectura al documento en "Apoyo al Gobierno y la Democracia boliviana", el que contempla, además, la realización de una movilización hacia la Embajada de Bolivia ubicada en Corrientes 545, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La concentración será este lunes 15 de septiembre a las 15 horas en la esquina de Diagonal Norte y Carlos Pellegrini.

El documento, cuyo título manifiesta su "Apoyo al Gobierno y la democracia boliviana", y que es acompañado por la firma del Secretario General de CONADU, Carlos De Feo, entro otros dirigentes gremiales, intelectuales, docentes, científicos, artistas y referentes de organismos de Derechos Humanos, expresa lo siguiente:

"De cara a los sucesos que tienen lugar durante estas horas en la hermana República de Bolivia, los y las abajo firmantes queremos manifestar nuestro claro y rotundo compromiso con el proceso democrático y el Gobierno constitucional del presidente Evo Morales. Asimismo, expresamos e invitamos a expresar un enérgico repudio respecto al accionar de quienes apelan a la violencia y el racismo para desestabilizar la Democracia e imponer sus intereses en contra de las necesidades y deseos del pueblo de ese país.

Sectores minoritarios y concentrados, con la asistencia de poderes económicos locales y extranjeros y del gobierno de Estados Unidos, pretenden vulnerar las legítimas decisiones del Gobierno boliviano, que acaba de obtener un indudable respaldo electoral en el referéndum en apoyo al proceso político que encabeza el presidente Evo Morales. Por eso, nuestro llamado es a favor de la Democracia, de la Paz, de la Autodeterminación de los Pueblos, de la Unidad territorial y del respeto al rumbo de transformaciones elegido y avalado por la enorme mayoría de ciudadanos y ciudadanas de Bolivia.

Ningún intento de reivindicación sectorial y autonómica ha de ser legítimo si se recurre a medios violentos para expresarse y menos aún si se apoya en actitudes e incitaciones segregacionistas, en las que se manifiesta un profundo desprecio por quienes más sufren y por quienes sufrieron durante siglos la exclusión, la miseria y la explotación en Bolivia y en toda Latinoamérica.

Por la Democracia y la Paz en el continente, por la unidad de los pueblos de la región, por la continuidad y profundización de las políticas transformadoras en Bolivia, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo boliviano y con el Gobierno del presidente Evo Morales, y nuestro absoluto repudio a quienes pretenden avasallarlos sirviéndose, una vez más, de la violencia y la desestabilización".

Secretaría de Prensa CONADU

El reclamo autonomista, impulsado por el poder económico y la oligarquía racista de Bolivia, pretende detener el avance de las políticas redistributivas y de inclusión que lleva adelante con decisión el gobierno de Morales. Es manifiesta la intervención, en este conflicto, del gobierno de los Estado Unidos, que pretende continuar condicionando el destino de las naciones latinoamericanas.

El proceso democratizador que con enormes dificultades transita Bolivia - siguiendo un rumbo que fue refrendado hace muy pocos días, de manera contundente, en la prueba del referéndum revocatorio - es, sin duda, una referencia fundamental para todos los pueblos de la región. El imperalismo y las minorías que son funcionales al proyecto neo-colonial, pretenden evitar que nuestros pueblos logren consolidar el sentido emancipatorio de un proceso político que, en todo el continente, continúa reafirmando la voluntad mayoritaria de abandonar el programa neoliberal, y de comenzar a revertir sus efectos perversos. 

En defensa de la continuidad del cambio democrático en Bolivia, y de la legitimidad de su gobierno popular; y para reafirmar la necesaria unidad de los pueblos en la lucha contra la exclusión y la desigualdad, convocamos a movilizarnos - junto a la CTA y otras organizaciones - hacia la Embajada de Bolivia, el lunes 15 a las 15 hs, desde Carlos Pellegrini y Diagonal Norte, Ciudad de Buenos Aires.

Secretaría General CONADU

IEC Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU

  Los trabajadores docentes de las Universidades Nacionales firmamos este año un acuerdo paritario que representaba un paso importante en el proceso de recomposición gradual de nuestros salarios. Es indudable que la inflación ha modificado las condiciones que hacían satisfactorio aquel resultado. Más allá de las maniobras especulativas que, sobre la base de la incertidumbre generada por la situación irregular del INDEC, promueven algunos sectores interesados, es manifiesto que, luego de la crisis producida por el lock-out de las entidades patronales del sector agropecuario, los asalariados hemos visto mermado el poder adquisitivo de nuestros ingresos. Desde hace dos meses, estamos reclamando a la Secretaría de Políticas Universitarias, y al Ministerio de Educación de la Nación, la reapertura de la mesa de negociación salarial, sin que hasta el momento se nos haya dado ninguna respuesta. 

   Por otra parte, el año pasado, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto de Ley que incorpora a los universitarios al régimen jubilatorio docente del 82% móvil, garantizado por la Ley 24.016. Pero hace nueve meses que esta iniciativa se demora, inexplicablemente, en las Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación; situación que, de mantenerse, implicaría a fin de año la pérdida de estado parlamentario de un proyecto firmado en agosto del 2007 por el entonces Presidente Néstor Kirchner.

  El Poder Ejecutivo, así como los integrantes de las bancadas mayoritarias en ambas Cámaras Legislativas, han manifestado reiteradamente su determinación de defender la  educación pública, y de promover la integración de las Universidades Nacionales en un proyecto de desarrollo nacional autónomo, que posibilite la construcción de una sociedad inclusiva, igualitaria, y más democrática. Compartimos plenamente tal objetivo, y asumimos, como trabajadores, nuestro compromiso con las tareas que su cumplimiento exige.

  Sin embargo, compete a quienes tienen la mayor responsabilidad institucional en la República tomar las decisiones necesarias para asegurar que las Universidades puedan desempeñar efectivamente el rol que se les asigna. Los pasos positivos que hasta ahora se han dado, deben concurrir a una política que avance decididamente en el sentido anunciado en los discursos. Tal como hemos expresado en anteriores ocasiones, es preciso debatir y consensuar una política de Estado que contribuya a hacer de la Universidad Pública un actor fundamental en la transformación democrática de nuestra sociedad. Pero ese desempeño requiere, en lo inmediato, que se provean las condiciones básicas para la dignificación del quehacer universitario.

  Es por ello que, para reclamar la inmediata apertura de la mesa de negociaciónsalarial, y el pronto tratamiento de la Ley de Jubilación del 82% móvil para los trabajadores docentes de las Universidades Nacionales, el Plenario de Secretarios Generales de CONADU ha resuelto convocar a un PARO NACIONAL DE 48 hs., los días 22 y 23 de septiembre.

Desde CONADU continuamos sosteniendo firmemente que el proceso político de revisión del pasado, abierto en la Argentina en los últimos años, y que es el resultado del esfuerzo del conjunto de los organismos de Derechos Humanos y de las organizaciones políticas y sociales en la búsqueda de verdad y justicia, es una oportunidad histórica para profundizar una tarea que nos permita la reconstrucción histórica del período más oscuro que le tocó atravesar a nuestro país desde el punto de vista político, social y cultual.

 En ese contexto la Federación Nacional de Docentes Universitarios, manifiesta su firme convicción en la lucha del pueblo por buscar la verdad sobre el destino final de nuestros militantes populares desaparecidos por el golpe genocida. Pues avanzar en ese sentido, implica fortalecer el camino que hemos comenzado a transitar con el conjunto del pueblo en la construcción de una democracia con equidad y justicia.

 Por ello exigimos la aparición con vida de Jorge julio López y juicio y castigo a los culpables.

  Secretaría de Prensa CONADU

La medida de fuerza se inscribe en el marco del reclamo de la reapertura de la mesa nacional de negociación salarial al Ministerio de Educación de la Nación, solicitud que todavía no tuvo una respuesta favorable de parte de los funcionarios de la cartera educativa.

La conducción de CONADU manifestó que "la contundencia de la medida de fuerza demuestra el grado de legitimidad que tiene el reclamo y el creciente malestar del conjunto de los docentes universitarios frente a una situación que sigue sin resolverse".

CONADU reclama "un ajuste salarial del 20% para cubrir el desfasaje provocado por la inflación y la pronta aprobación del proyecto de jubilación del 82% móvil que ya tiene media sanción del Senado Nacional y que inexplicablemente todavía no ha sido tratado por la Cámara de Diputados".

El paro se lleva adelante en las Universidades Nacionales de Mar del Plata, San Luís, UBA, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Plata, Rosario, Chilecito, Formosa, Río Cuarto y Santiago del Estero.

En ese marco la Federación publicó la semana pasada una solicitada donde recordó, entre otras cuestiones, que "el Poder Ejecutivo, así como los integrantes de las bancadas mayoritarias en ambas Cámaras Legislativas, han manifestado reiteradamente su determinación de defender la educación pública, y de promover la integración de las Universidades Nacionales en un proyecto de desarrollo nacional autónomo, que posibilite la construcción de una sociedad inclusiva, igualitaria, y más democrática", objetivos que comparte CONADU pero que considera es necesario profundizar con el aporte del conjunto de los trabajadores docentes universitarios a través de medidas que impliquen avances en ese sentido, como por ejemplo la aprobación del proyecto de jubilación que constituye una reivindicación histórica de la comunidad universitaria.

En cuanto al reclamo salarial, CONADU pidió la reapertura de la mesa de negociación salarial hace dos meses pero todavía no hubo respuestas favorables. En ese sentido la Federación aspira a actualizar los salarios en función del proceso inflacionario registrado en los últimos meses .

Por último la conducción de la Federación aseguró que "si los funcionarios del Ministerio de Educación no atienden el pedido las medidas de fuerza podrían profundizarse".

Secretaría de Prensa CONADU

El paro de actividades fue resuelto por el Plenario de Secretarios Generales "ante la falta de respuestas al pedido de reapertura de la mesa nacional de negociación salarial y por la pronta aprobación del proyecto de jubilación del 82% móvil que, desde diciembre de 2007, cuenta con media sanción del Senado de la Nación.

CONADU reclama al Ministerio de Educación un incremento salarial del 20% para cubrir el desfasaje salarial provocado por la inflación registrada en los últimos meses. En ese marco se suma la necesidad de que el proyecto de jubilación del 82% móvil sea aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación en carácter de urgente, pues si la iniciativa no es tratada en lo inmediato la misma podría perder estado parlamentario y quedar sin efecto.

La conducción de la Federación explicó que "de no haber una respuesta satisfactoria de parte de los funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación, las medidas de fuerza en las universidades nacionales podrían profundizarse".

En ese sentido explicaron que "la efectividad del paro de 48 horas demuestra el grado de legitimidad, y adhesión, que tiene el reclamo salarial y el pedido de aprobación del proyecto de jubilación del 82% móvil, como así también el malestar creciente del conjunto de los docentes universitarios frente a la falta de voluntad de las autoridades del Ministerio de Educación de avanzar en la resolución de los temas que son de su competencia".

Durante la primer parte del año, CONADU alcanzó un acuerdo salarial que le permitió continuar con el proceso sostenido de recomposición salarial desarrollado en los últimos años, pero este avance se ha visto modificado por los efectos de la inflación, que comenzó a registrarse durante el lock-out patronal llevado adelante por las entidades agropecuarias.

En ese marco es que la Federación reclama a los funcionarios de la cartera educativa, la necesidad de reabrir la mesa de negociación salarial para discutir un ajuste de haberes para los docentes de las universidades nacionales.

Secretaría de Prensa CONADU

   Artículo 1° Amplíase  al personal docente de las universidades públicas nacionales, no comprendidos en las leyes Nº  22.929, 23.026 y 23.626 el beneficio instituido en la Ley Nº 24.016 ratificado por el Decreto Nº 137 /2005, con los requisitos y modalidades establecidos en los siguientes incisos:

             a) Tendrán derecho a la  Jubilación Ordinaria docente universitaria los docentes universitarios que reúnan los siguientes requisitos:

1.-Tener 25 (veinticinco) años de servicios universitarios docentes  de los cuales diez (10) como mínimo continuos o discontinuos deben ser al frente de alumnos.

 Cuando no puedan acreditarse períodos completos del lapso exigido de servicios universitarios, los mismos serán considerados servicios comunes a los efectos del haber de la prestación, rigiéndose por el régimen previsional general vigente.

Cuando sea posible acreditar un mínimo de 10 (diez) años  de servicios docentes universitarios  en forma simultánea con 30 (treinta) o más años de servicios comunes, a la prestación obtenida en el régimen previsional general, se adicionará el beneficio de simultaneidad establecido en la presente ley.

2.-Haber cumplido  los  60 (sesenta) años de edad en el caso de las mujeres y 65 (sesenta y cinco) años de edad los varones. En ambos casos, ante la intimación del empleador, cualquiera fuere, los docentes universitarios podrán optar por permanecer  en la actividad laboral  durante 5 (cinco) años más después de los 65 (sesenta y cinco) años de edad.

3.-Registrar el último cese de su actividad laboral en la docencia universitaria.

b) El haber  mensual de las jubilaciones ordinarias del personal docente no podrá ser inferior al 82%  del mejor cargo desempeñado durante un período de 24 (veinticuatro) meses durante toda su carrera docente universitaria. El beneficio será liquidado conforme a lo establecido por la ley previsional general y, de existir diferencias para alcanzar el porcentual señalado en el párrafo anterior, el mismo será liquidado por el Fondo especial docente universitario

Si correspondiera abonar la prestación por simultaneidad  a la jubilación ordinaria  del régimen previsional general, se adicionará  el 2.7333% del 82%  del mejor cargo desempeñado durante 24 (veinticuatro) meses en toda la carrera de servicios universitarios, por cada año de servicios simultáneos docentes., hasta el máximo del porcentual señalado. La simultaneidad estará a cargo del Fondo  especial docente universitario. La prestación por simultaneidad no corresponderá cuando los servicios fueran simultáneos con otros desempeñados en regímenes especiales.

c) En los casos en que en la determinación de los beneficios existieran servicios cumplidos en regímenes generales y especiales, se aplicará la movilidad de la Ley general a la totalidad del haber inicial. En los beneficios en los que solo se acrediten  servicios docentes universitarios y en la simultaneidad se aplicará la movilidad establecida en la Ley Nº 24.016,

d) Cuando la aplicación del presente régimen  especial arroje un haber menor al haber mínimo del régimen previsional general, vigente, el haber se liquidará de acuerdo con el monto del haber mínimo. Dicho haber mínimo  legal  rige para las tres contingencias cubiertas, aunque el beneficiario se encontrare en el régimen de capitalización.

e) La compatibilidad o incompatibilidad con el reingreso a la actividad se regirá de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 24.241

(Art. 34°)

f) Los  docentes universitarios tendrán derecho a la Jubilación por Invalidez, cualquiera fuese su edad, cuando se incapaciten física y/o intelectualmente. Deberán reunir los siguientes requisitos:

1.-Encontrarse en  actividad docente universitaria al momento de sufrir las condiciones que determinan su invalidez.

2.-Poseer un índice de discapacidad profesional que supere el 66% de su capacidad psicofísica.

3.-En los 2 (dos) casos citados en los incisos "a" y "b" del presente artículo no se requieren tiempos mínimos de servicios cumplidos.

El beneficio de jubilación por invalidez se liquidará de idéntico modo y con los mismos porcentajes que el beneficio de jubilación ordinaria

g) Los derechohabientes establecidos en la ley previsional general tendrán derecho a la pensión conforme lo establecido en esta ley cuando:

El deceso se produjera mientras el docente se encuentra en ejercicio de la actividad docente, cualquiera fuere su antigüedad o falleciera habiendo obtenido la jubilación ordinaria o por invalidez conforme la presente ley.

El beneficio de pensión se liquidara de idéntico modo y con los mismos porcentajes que el beneficio de jubilación ordinaria

h)              La aplicación del presente régimen especial es independiente de la cotización diferencial del 2%  que el docente universitario hubiere efectuado o no durante su trabajo en la docencia universitaria.

i)               Cuando los servicios universitarios docentes, desempeñados por el beneficiario arrojaran un cómputo menor que de no haber existido los mismos en la historia laboral del beneficiario, podrán renunciarse  para el cómputo del haber inicial aun cuando fueren necesarios para reunir los requisitos exigidos en el régimen previsional general vigente. En estos casos el beneficiario quedara excluido de la ley especial .Cuando se presentaran servicios correspondientes a dos regímenes especiales el beneficiario quedara encuadrado en el régimen especial mas beneficioso  sin que pueda sumarse dos o mas regímenes especiales. Entiéndase, a los efectos mencionados, a los beneficios derivados de esta ley como un régimen especial distinto al establecido en la ley 24.016

Artículo 2° : Los docentes universitarios,comprendidos en el art. 1 de la presente ley,   deberán aportar una alícuota diferencial del dos por ciento (2 %) por sobre el porcentaje vigente de acuerdo con el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones-Ley N° 24.241 y sus modificatorias, quedando, para esta actividad, obligatoriamente incluidos en el régimen previsional vigente-. Este aporte se aplicará a partir de las remuneraciones que se devenguen para el mes siguiente  al de la promulgación de la presente medida e integrara un fondo diferenciado e independiente del fondo previsto en el decreto 137/05

Artículo 3°: El Poder Ejecutivo Nacional, dictará en el plazo de sesenta (60) días corridos, a partir de la fecha de su publicación, las normas reglamentarias que fueren menester.

Artículo 4°: De forma.

Esta mañana se reunieron las Comisiones de Previsión, Educación y Presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para tratar el proyecto de Ley de jubilaciones de los docentes universitarios que desde diciembre de 2007 cuenta con media sanción del Senado de la Nación.

Durante el encuentro, realizado en la Sala 8 del 3er piso del Anexo del Congreso de la Nación, quedó confirmado a partir del debate generado por los miembros de la comisión y de las entidades sindicales invitadas a participar, entre ellas CONADU, que el proyecto original que fuera enviado por el Poder Ejecutivo, y aprobado por los senadores nacionales, sufrirá una serie de modificaciones.

En ese sentido los miembros de la conducción de CONADU, que participaron del encuentro, explicaron que "la mayoría de estas modificaciones constituyen un avance en la consideración de la modalidad de trabajo específica de los docentes universitarios".

De aprobarse el proyecto en las respectivas comisiones, la iniciativa podría ser tratada en el recinto de la Cámara de Diputados el próximo 8 de octubre. Si ello ocurre, el proyecto debería volver a la Cámara de Senadores para su nuevo tratamiento, puesto que allí fue aprobado en diciembre del año pasado el texto original. En ese marco los legisladores aseguraron que en la Cámara de Senadores hay consenso para que el proyecto modificado tenga un rápido tratamiento.

Estas modificaciones al texto original, son el resultado de las sugerencias de los propios miembros de las comisiones y de los representantes de las entidades sindicales que siguieron de cerca la discusión y el debate del proyecto.

Tras la reunión el Secretario Adjunto de CONADU, Pedro Sanllorenti, hizo un recuento de las claves del nuevo proyecto entre los que se destacan los siguientes puntos:

1.- La iniciativa alcanza a los docentes universitarios no comprendidos por las leyes 22.929, referida al régimen de jubilación de los investigadores, y 24.016 que alcanza a los docentes nacionales.

2.- Se requiere tener 25 años de servicios universitarios docentes, de los cuales 10 como mínimo deben ser frente a alumnos.

3.- Tener como mínimo 60 años las mujeres y 65 los varones.

4.- Ante la intimación del empleador, podrán optar por permanecer en la actividad laboral durante 5 años más después de los 65.

5.- Se prevé el beneficio de simultaneidad para quienes tienen otros trabajos. De esta manera los que se jubilen en función de otras tareas podrán jubilarse con el 82% móvil del cargo docente universitario.

6.- Se prevén 2 casos distintos de movilidad: para quienes tengan servicios en regímenes generales y especiales se aplicará la movilidad general. Para el caso de quienes tengan sólo servicios docentes universitarios y en la simultaneidad la movilidad es la prevista en la ley 24.016 (directa).

7.- El haber inicial de las jubilaciones no podrá ser inferior al 82% del mejor cargo desempeñado durante un período mínimo de 24 meses durante toda su carrera universitaria.

8.- Se garantiza el derecho a la jubilación por invalidez cualquiera fuese su edad, cuando se incapaciten física y/o intelectualmente.

9.- Se garantiza la pensión para los derechohabientes

10.- Al igual que en los otros regímenes especiales, los docentes deberán aportar un 2% adicional por sobre el porcentaje del sistema de jubilaciones general.

11.- Todos los aportes de los docentes universitarios por sus tareas específicas en la universidad, estarán incluidos en el régimen previsional público.

Secretaría de Prensa CONADU

  La lista denominada "Por la Unidad Docente", será encabezada por el actual Secretario General de la Federación, Carlos De Feo. Mientras que la segunda, llamada "Frente de Recuperación Gremial Docente", tendrá como candidato a Secretario General a Gustavo Brufman, actualmente Secretario General del gremio COAD, Asociación de Base de la ciudad de Rosario.

  Con la realización del 25º Congreso Ordinario de CONADU se cumplirá un ciclo que estuvo fuertemente signado por los avances que la Federación obtuvo en materia de reivindicaciones salariales, en la recuperación del nomenclador docente, en la posibilidad concreta de que en el mes de octubre los Diputados Nacionales aprueben el Proyecto de Jubilación del 82% móvil para el conjunto de los Docentes Universitarios, en la posibilidad de comenzar a definir los primeros capítulos del Convenio Colectivo de Trabajo que se refieren a las condiciones en las cuales los docentes universitarios ejercitan su tarea, en la posibilidad de poder instrumentar en las universidades nacionales programas de capacitación gratuita y de otorgamiento de rentas par los docentes con cargos ad honorem, como así también en el desarrollo de una fuerte tarea política tendiente a intensificar la presencia de CONADU en todos los ámbitos educativos y legislativos, en los cuales se discutió y debatió sobre la necesidad de que el estado en sus distintas formas, junto a las organizaciones sindicales y sociales,  profundicen la discusión de ideas para la formulación de una nueva Ley de Educación Superior.

   Este ciclo que concluye marca, sin embargo, el camino para la continuidad de una acción política comprometida con la necesidad de fortalecer el estado y promover su intervención en todos los aspectos de la vida social, política y cultural, de la Argentina. Un camino que necesariamente deberá ser fortalecido con la participación del conjunto de las organizaciones populares, para así lograr una distribución justa y equitativa de la riqueza, el desarrollo de un país autónomo y en la búsqueda de un perfil industrial que permita superar los límites de un modelo que los sectores más concentrados de la economía pretenden acentuar en la exportación de productos de origen agropecuario.

  Para ello la conducción de CONADU, como parte integrante de la Central de los Trabajadores Argentinos, ha tenido en estos dos años de mandato una fuerte presencia gremial con el objetivo de atender las cuestiones que forman parte de las reivindicaciones históricas de los docentes universitarios, pero sin desatender los frentes de orden político que plantea la coyuntura y que están vinculados con la necesidad de constituir un espacio sindical capaz de desarrollar propuestas y hacer aportes a la discusión del rumbo político y económico de nuestro país.

  En ese sentido, además de avanzar en torno a los legítimos reclamos de los trabajadores docentes universitarios, la Federación ha tenido una activa participación en todos aquellos acontecimientos de carácter político y social en los que fue necesario fijar una posición política clara frente al conjunto de la sociedad. Así lo hizo ante el lock-out patronal de las cámaras agropecuarias, que impidieron que el estado hiciera uso de la aplicación de las retenciones móviles a la renta extraordinaria de las exportaciones  como una herramienta legítima para la distribución del ingreso; frente a la condena a los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad o expresando su posición en torno a las situaciones de crisis que vivieron los países latinoamericanos que vieron peligrar, por distintas razones, el proceso político que vive la región en su conjunto.

  La conducción de CONADU, ante la inminencia de un nuevo proceso de renovación de autoridades, reafirma su compromiso de seguir profundizando el proceso de consolidación de la Federación para avanzar hacia las reivindicaciones de los trabajadores docentes universitarios, al tiempo que reitera su firme voluntad de continuar desarrollando una tarea política tendiente a aportar a la transformación de las  Universidades Públicas y a la construcción de una sociedad más igualitaria, más equitativa y más democrática.

La misma se impuso por 34 votos a 15, en una elección en la que participaron congresales de los gremios de base de La Plata , Mar del Plata, Formosa, Entre Ríos, Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chilecito, UBA, Rosario, Córdoba, Río Cuarto y San Luís.  

  De este modo Carlos De Feo y Pedro Sanllorenti, estarán al frente de la conducción de la Federación durante un nuevo período de dos años. Con la obtención del 70% de los votos, los congresales ratificaron los avances en materia política y gremial que la conducción de CONADU desarrolló en estos dos años.   

  Durante el encuentro los congresales de los gremios de base de la Federación aprobaron el balance de gastos del período 2007-2008, la memoria correspondiente al mismo período, el apoyo al Presidente Evo Morales y el repudio a la actitud golpista de los sectores reaccionarios de la Media Luna , y el rechazo a la nueva medida dispuesta por las Cámaras Patronales del Campo que anunciaron la realización de un nuevo lock-out en el mes de octubre.

  La conducción de la Federación , dividió la presentación de la memoria en tres ejes que son considerados fundamentales para caracterizar el contexto político en el que desarrolla su actividad: una “Memoria Política”, cuyos ejes centrales trazan un panorama de la situación política de América Latina, una “Memoria Gremial” en el que la conducción de CONADU explica cuáles son los temas vinculados a las reivindicaciones de los docentes universitarios sobre los que avanzó la Federación , y una memoria del Instituto de Estudios y Capacitación en el que se detallan los espacios de formación política y gremial en los que CONADU trabajó junto a la Central de los Trabajadores Argentinos y distintas organizaciones sociales.

  En ese marco los congresales de la Federación debatieron fuertemente sobre el momento político del país y la fuerte “disputa que hay entorno al estado”. En ese sentido, el documento político que obra como parte de la memoria de CONADU expresa que “el objetivo de avanzar en al redistribución de la riqueza, y de crear las condiciones para la igualdad y la justicia social, requiere, sin duda, de la intervención de un Estado fortalecido en su condición democrática, capaz de promover y preservar el interés de las mayorías frente a la gravitación del poder económico concentrado, y frente a todo grupo que –apelando a su capacidad de controlar resortes estratégicos para la vida de la sociedad- pretenda imponer al conjunto su interés particular”.

  En ese contexto, en el que la conducción de CONADU intenta desarrollar una visión de conjunto de los problemas de América Latina, el país y las Universidades Nacionales, sostiene fuertemente a través del “documento político” que  la discusión de una nueva Ley de Educación Superior “ofrece una oportunidad para plantear que el cambio más relevante que podría introducir una nueva ley sería, justamente, la institución de un ámbito público y representativo para el debate y la elaboración de los lineamientos y criterios generales que deberían constituir una política de Estado para las universidades”.

  De hecho CONADU participó durante todo el año 2007, y el presente año, en la generación de actividades destinadas a ampliar los espacios de discusión con la comunidad universitaria, sobre los aspectos centrales que debería contemplar una nueva Ley de Educación Superior. Al mismo tiempo fue invitada a participar de las jornadas organizadas por la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación en las que la Diputada Nacional del Frente para la Victoria , Adriana Puiggros, y la Senadora Nacional del mismo partido, Blanca Osuna, debatieron junto a CONADU los lineamientos generales que deberían constituir la futura LES.

CONADU EN LA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN

    Durante el desarrollo del Congreso Ordinario, el Secretario General de la Federación Carlos De Feo, dio lectura a la carta enviada por las autoridades de la Internacional de Educación en la que notifica a la Mesa Ejecutiva de la “aprobación por unanimidad” de la afiliación de CONADU a la Internacional.

   En la carta la vicepresidenta de la Internacional , Jucara Dutra, explica que el ingreso de la Federación fue resuelto por el Comité Ejecutivo Mundial y que ello significa el fortalecimiento de la internacional y el primer paso para “promover el camino par la organización del sector docente de la educación superior en América Latina”.

  Dutra afirma en el comunicado de la Internacional que con el ingreso de CONADU a la entidad “se verá fortalecido el movimiento sindical internacional”.

  CONADU tramitó su ingreso a la Internacional en el año 2007, cuestión que fue resuelta en los últimos días por la conducción de la Internacional y que significa el ingreso como miembro pleno de la Federación a la Internacional y con la perspectiva de encabezar el desarrollo sindical de carácter universitario en América Latina.

Secretaría de Prensa CONADU

La jornada, que comenzará a las 10 de la mañana, estará dividida en dos paneles. El primero, cuyo eje temático será "Políticas de Evaluación y Financiamiento", contará con la presencia de Antonio Camou (Profesor - Investigador UNLP) Ernesto Villanueva (Profesor - Investigador UNQ) y Alberto Cantero Gutiérrez (Diputado Nacional Frente para la Victoria).

El segundo panel, que dará comienzo a las 13:00 horas, tendrá como eje temático "La Construcción de un Sistema de Educación Superior" y estará integrado por Claudio Suasnábar (Director del Departamento de Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades, UNLP), Pedro Krotsch (Profesor - Investigador UBA, UNLP) y Adriana Puiggros (Diputada Nacional Frente para la Victoria).

La propuesta, que CONADU comenzó desarrollar fuertemente desde el año 2007, es la de profundizar una discusión que permita aportar elementos para la elaboración de una nueva Ley de Educación Superior.

En ese marco la Federación Nacional de Docentes Universitarios entiende que las Universidades Nacionales "deben cumplir un rol activo en el proceso político-social actual, contribuyendo a fortalecer y profundizar su sentido democratizador".

Para ello una de las tareas centrales de CONADU es la de "promover cambios en las condiciones en las que se desarrolla la actividad universitaria y elaborar una política de Estado para el Sistema de Educación Superior, cuyos lineamientos generales, resultantes de un debate amplio y riguroso, deben expresarse en las definiciones, garantías, y dispositivos provistos por una nueva Ley, que permita dar impulso y continuidad a una transformación necesaria".

Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) - CONADU

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 Secretaría de Prensa CONADU

  La medida de fuerza se inscribe en el marco del reclamo de un "ajuste salarial que permita cubrir el desfasaje provocado por la inflación" en los salarios de los trabajadores docentes universitarios y por la pronta aprobación del proyecto de jubilación del 82% móvil que desde hace nueve meses cuenta con media sanción del Senado Nacional.

  La conducción de la Federación ratificó la medida de fuerza ante la falta de respuestas por parte del Ministerio de Educación al reclamo salarial y ante el temor de que el proyecto de jubilación del 82% móvil, que inexplicablemente todavía no ha sido aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación,  "pierda estado parlamentario si no es tratado en lo inmediato".

  La medida, cuyo grado de legitimidad quedó evidenciado con el alto grado de acatamiento que tuvo el paro de 48 horas desarrollado los días 22 y 23 de de septiembre, es el emergente de una modificación que hubo en el proceso sostenido de recomposición salarial de los salarios docentes universitarios en los últimos años; modificación que es resultado del efecto inflacionario que comenzó a sentirse con mayor intensidad a partir del lock-out patronal realizado por las entidades agropecuarias.

Secretaría de Prensa CONADU