«Rectores en alerta por el reparto desigual a universidades», Clarín
Una pelea de $ 1.000 millones. Es porque se incluyó un plus que dejó afuera a 34 casas de estudio y sólo benefició a 22.
La aprobación del presupuesto en Diputados generó gran malestar entre los rectores de la mayoría de las universidades nacionales, luego de que se agregara a último momento una partida extra –la “planilla B”– de $ 1.028 millones que se distribuirán sólo entre 22 universidades, excluyendo a otras 34. Desde el propio oficialismo y la oposición denunciaron “discrecionalidad” en la asignación de esa partida. La inclusión de estos fondos generó críticas al interior de Cambiemos, encabezadas por el radical José Luis Riccardo, presidente de la comisión de Educación y ex rector de la Universidad de San Luis (excluida de las 22 beneficiadas).
La planilla “B” también fue rechazada desde el Ministerio de Educación. “No avalamos esta distribución discrecional, que surge de un acuerdo en Diputados. Queremos una asignación equilibrada de recursos entre las universidades. El Ministerio va a subsanar estas inequidades”, aseguró Danya Tavela, subsecretaria de Políticas Universitarias.
En la lista de las 22 universidades beneficiadas hay grandes asimetrías. Las más favorecidas son la UNSAM, con $ 140 millones; Córdoba, con $ 120 millones; y la Tecnológica, con $ 100 millones. La de Avellaneda, en cambio, recibirá $ 10 millones. Su rector, Jorge Calzoni, fue uno de los 18 que firmaron una carta en rechazo a este reparto.
“Cualquier incremento adicional (…) debería alcanzar a la totalidad de las universidades nacionales”, expresaron. El año pasado, la “planilla B” había asignado 400 millones repartidos entre las 56 universidades. Este año son 1.028 millones, solo para 22 instituciones.
Ana Jaramillo, rectora de la Universidad de Lanús, cuestionó que “no se haya respetado el modelo de pautas de distribución consensuado por el Consejo Interuniversitario Nacional”. Y agregó: “No se entiende tanta discrecionalidad”.
También hubo un fuerte rechazo desde la Universidad Nacional de las Artes (UNA), que este año se declaró en “emergencia económica”, tras denunciar que el Poder Ejecutivo le debe unos 18 millones de pesos correspondientes a la ejecución del presupuesto 2016. “Es una distribución arbitraria, arreglada entre algunos rectores y diputados”, aseguró la rectora, Sandra Torlucci.
Desde CONADU, Yamile Socolovsky sumó críticas: advirtió que el presupuesto universitario “pone un techo del 17% a la negociación salarial de 2017” y “prevé el congelamiento de las plantas docentes”.
