Informe IEC-CONADU: el ajuste permanente del gobierno en las universidades

El Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU (IEC – CONADU) elaboró un informe que confirma el proceso de ajuste en base al ahogo presupuestario que el gobierno de Cambiemos lleva adelante desde 2016, condicionando de esta forma el normal funcionamiento de las universidades nacionales.

Sobre la base de datos disponibles en la Secretaría de Políticas Públicas (SPU) y el Ministerio de Hacienda, se destaca, además, cómo la sub-ejecución presupuestaria, la ejecución tardía de partidas y los recortes paralizaron programas necesarios para asegurar el derecho a la educación y la democratización del sistema universitario.

“Estamos reclamando un 25% con la innegociable aplicación de la cláusula de actualización, o cláusula gatillo. El gobierno no dio ninguna respuesta y no ha convocado a ninguna nueva reunión. Existe una decisión de provocar. Sobre todo porque el conflicto salarial se inscribe en uno mayor, que es el ajuste presupuestario que están sufriendo las universidades en los últimos dos años a través del achicamiento del presupuesto o sub-ejecución de las partidas”, declaró el Secretario General de CONADU, Carlos De Feo.

Puntos destacables del Informe

En primer lugar, el Informe del IEC-CONADU señala que la inversión en las universidades nacionales —que creció de manera sostenida en la década anterior: de 0,55% en 2006 a 0,86% en 2015— disminuyó a 0,79% en 2016 —el nivel más bajo desde 2011— en relación con un PBI que decreció un 2,3% en términos reales. También fue el más bajo del período el nivel de ejecución de las transferencias nacionales a las universidades nacionales durante 2016 y 2017. Esto significa que quedaron sin ejecutar 700 millones de pesos destinados al sector en 2016 y $738 millones en 2017.

“Durante todo el año 2016 hubo atrasos en los pagos a las universidades nacionales, obstaculizándose el normal desenvolvimiento de las actividades. En 2017 se siguieron manifestando las mismas tendencias: concentración del gasto en los salarios y bajos niveles de ejecución en el presupuesto asociado con los programas de desarrollo universitario. También es muy fuerte la subejecución en las partidas destinadas a financiar los hospitales universitarios”, subrayó Yamile Socolovsky, directora del IEC-CONADU.

Finalmente, al achicamiento relativo del presupuesto universitario producto de la inflación y el bajo nivel de ejecución, se suman atrasos en los pagos. En 2017 el monto adeudado a las universidades llegó a $10.993,4 millones. De este total, $10.807 millones correspondieron al Ministerio de Educación.

Con respecto a los salarios, el informe del IEC-CONADU explicita que el acuerdo salarial alcanzado en 2017 —de más del 25% con “cláusula gatillo”— superó la pauta del 17% que pretendía establecer el gobierno nacional como resultado de un intenso plan de lucha sindical. Este año, Cambiemos pretende fijar otro techo del 15% mientras todas las previsiones indican que la inflación anual superará el 20%, con altas probabilidades de alcanzar un 25%.

El ajuste presupuestario, además de condicionar los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, afecta las condiciones de aprendizaje de los estudiantes al recortar la cantidad de becas otorgadas por la SPU. Las becas para carreras prioritarias disminuyeron de 39715 en 2015 a 29.520 en 2017; y las becas para estudiantes de bajos recursos cayeron desde 23.019 a 14.985 en 2017.

 

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